Un acto de dios

Así calificó el Director del CONAVI, echándole la culpa al de arriba, de lo ocurrido con las bases de los puentes Bailey colocados sobre el Río María Aguilar, en la ruta de circunvalación.  De esa manera intentó responder a las críticas lanzadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que señalaron riesgos en la apertura prematura de los puentes, debido a la inestabilidad del terreno y a las posibilidades de deslave.  Señalamientos que no fueron atendidos.

En lugar de aceptar la responsabilidad que le compete, el ministro Castro no solamente arremetió contra las instituciones mencionadas, sino que también retó al LANAMME para que asuma la construcción de las obras “a ver si dura menos tiempo”.  Pero, como es sabido, el papel del laboratorio universitario se circunscribe a señalar problemas y sugerir soluciones.  Se le contrata para eso y sus criterios no pueden ser olímpicamente descalificados por el jerarca del MOPT.  Ciertamente, pueden discutirse en el plano técnico, pero pareciera que no es el camino que esté dispuesto a seguir dicho funcionario y otros más del actual gobierno.  

Porque ante señalamientos concretos hechos por instituciones cuya función es la fiscalización, hemos observado que desde la Presidenta hacia abajo, las reacciones frente a informes y señalamientos son muy defensivas.  A priori se descalifican los documentos, si no se ajustan a lo que el gobierno y los jerarcas consideran que es lo correcto.  Así ha ocurrido, por ejemplo, con los señalamientos hechos por la Contraloría General de la República en cuanto al cumplimiento de las metas de la Red de Cuido.  En estos meses, además, cualquier crítica se procura desestimarla bajo el pretexto de que se trata de propaganda electoral de los opositores del PLN.

Desestimar críticas o calificarlas de propaganda electoral podría ser un mal menor, ante la posibilidad de un repunte de la llamada “judicialización de la política”.  Es decir, que cualquier crítica o señalamiento ciudadano pueda inmediatamente ser llevado a los tribunales, mutilando una vez más la discusión política.  La piel de quienes se meten en política no puede ser tan delicada.  Ciertamente, hay límites, pero la vida de las democracias se alimenta de la discusión abierta, de la confrontación, de las denuncias, de la exigencia de transparencia y de la amplia rendición de cuentas.

Los asuntos públicos, que incumben a ciudadanas y ciudadanos, no pueden ni deben ser personalizados.  Las diferencias de criterio existen, además de que son muchos los intereses que se mueven en torno a las decisiones de los entes estatales.  Parte de los “trabamientos” de la administración pública se deben a la incomprensión de la mayor parte de la clase política de que vivimos en otros tiempos y que las soluciones del pasado son inaplicables en la sociedad más informada de nuestros días.