Cerrado por remodelación

Ese es el cartel que algunos políticos y tecnócratas colocarían gustosos al estado costarricense.  Claro, no sin antes haber asegurado poderes amplios para hacer transformaciones a diestra y siniestra tras la ansiada gobernabilidad.  Léase:  la posibilidad de gobernar sin los incómodos contrapesos que establecen algunas instituciones como la Defensoría, la Sala Constitucional y la Contraloría, y, por supuesto, la sociedad civil organizada.

Lo que ha ocurrido en Holanda seguramente despierta envidias por estos rumbos.  Nos referimos al anuncio que por boca del nuevo rey hizo la coalición de liberales y social demócratas que actualmente gobierna aquel país:  la sustitución del “clásico estado de bienestar de la segunda mitad del siglo XX por una sociedad participativa”.  Una forma curiosa de comunicar que la crisis hace imposible el mantenimiento de programas dirigidos a sectores de población que necesitan de cuidados de larga duración.  Los ayuntamientos tendrán que hacerse cargo de los programas sociales, pero con la mitad de los recursos que el estado holandés destinaba para esos fines.

Lo que ocurre en Holanda no es novedad en Europa, donde acontece una sistemática ofensiva contra los derechos sociales de la población, es decir, sobre ese conjunto de instituciones y políticas públicas, conocidas bajo la denominación de “estado de bienestar”, que elevaron sostenidamente, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el nivel de vida de la población en países como Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca y otros más.  Un mejoramiento sustantivo que permitió el disfrute ampliado de los derechos civiles y políticos.  Porque cuando las desigualdades sociales son muy pronunciadas, esos derechos son prácticamente letra muerta, salvo para una minoría.

En nuestro país, donde algunas de esas instituciones y políticas se lograron establecer de los años cuarenta en adelante, el intento de desmontaje se dio principalmente en los años ochenta y noventa, aunque todavía algunos persisten en la idea de su desmantelamiento total.  Cerrar el ICE y pasar el grueso de la salud pública al sector privado, son amenazas que siguen presentes, pese a que los mejores tiempos del neoliberalismo ya pasaron.  La resistencia abierta de la mayoría ciudadana impidió el éxito de la ofensiva.  Pero esas y otras instituciones recibieron golpes de los que todavía no se han repuesto.  Se vino abajo la calidad de la educación pública, la Caja inició su camino hacia la crisis, y otros programas sociales fueron afectados. 

A pesar de lo dicho, consideramos que la arquitectura del estado costarricense debe ser revisada y remodelada; pero para beneficio de todas y todos los costarricenses, y no, como ha ocurrido en otras latitudes, para satisfacer intereses privados.  ¿Acaso no es eso lo que está pasando en Europa y los Estados Unidos con los grandes bancos y en general con el sector financiero?