Mal de muchos...

Mientras las y los participantes en un Foro que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México, examinábamos las carencias que muestran los parlamentos en sus relaciones con la ciudadanía, en la calle se escuchaban las airadas voces de las personas que se manifestaban en el Zócalo y sus alrededores, protestando contra una controversial reforma educativa impulsada por el actual gobierno de Peña Nieto.  Indudablemente la presencia masiva de maestras y maestros en la calle le agregó un especial ingrediente al encuentro.

El "Primer Foro Internacional sobre Mecanismos de Innovación del Poder Legislativo", inicialmente se planteó como un encuentro entre diputados y diputadas de América Latina, con investigadores universitarios sobre el tema, con el fin de intercambiar experiencias y resultados de investigaciones.

No se pudo reunir un grupo parlamentario grande, pero el Foro arrojó información suficiente como para tener una idea de lo que está sucediendo en la región en cuanto al funcionamiento de los parlamentos y su relación con otros poderes y con la ciudadanía.  En todos los casos nacionales analizados los parlamentos están en números rojos en ese último tipo de  relaciones.  Parlamentos y ciudadanía parecen caminar por sendas diferentes.

Lo lamentable del examen realizado a lo largo de cuatro días fue la constatación de que hay poca innovación en la mayoría de los parlamentos latinoamericanos.  Poco que aprender de otras latitudes.  Incluso hay países en los que los atrasos son mayores a los del nuestro, y esto no lo señalo precisamente para que nos sirva de consuelo.  Hay que aclarar que el análisis fue en alguna medida parcial, porque no hubo participantes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde, pese a lo que se dice, están en marcha procesos que habría que examinar con cuidado.

¿Será que el mecanismo de la representación política está llegando a su fin, tal y como lo conocemos?  Hans Kelsen, el conocido jurista austriaco, hace casi un siglo llegaba a la conclusión que dicho mecanismo tenía mucho de ficción, porque el vínculo entre representantes y representados era débil, sobre todo después de las elecciones.  Hoy en día con las transformaciones en la estructura social, con la pérdida de orientación de los partidos y con los influjos de la globalización, ese vínculo se ha vuelto raquítico.

¿Qué va a pasar?  Vivimos un cambio de época,  la señalización no existe y debemos transitar en medio de la incertidumbre.  Pero por algún lado habría que empezar, quizás reconociendo la existencia del problema y la necesidad de búsqueda de soluciones reales.  Un proceso en el que deben participar todos los actores, porque no es un asunto que compete solamente a las elites o a los partidos.  El problema es que hay actores invisibles que determinan muchas veces el rumbo de los acontecimientos, a espaldas de las opiniones y los sentires ciudadanos.  Desenmascararlos es parte de la tarea a realizar.

¿Campaña basura o sustantiva?

Está claro:  la mayoría de los partidos quiere disponer de una gorda chequera para dilapidar dineros en la campaña electoral que se ha iniciado.  No quieren jugársela rebajando solo el monto de la contribución estatal del 0,19% al 0,11% del PIB.  El PLN, el PUSC, el ML y los diputados cristianos dicen que están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando se les abran otros portillos:  de nuevo las contribuciones de las sociedades anónimas y con ellas la posibilidad de introducción de dineros sucios.

Es que la democracia es cara, se argumenta; pero me pregunto:  ¿esas campañas plagadas de cancionetas, lemas vacíos y pactados debates entre candidatos, contribuye en algo a engrandecer nuestra veterana democracia?  Personalmente creo que no; que una campaña basura lo que hace es acrecentar los males que padecemos, estimular la corrupción y alejar a más personas de la política. 

¿Será que es eso lo que se persigue?  Porque entre menos votantes acudan a las urnas, mejor para los partidos que todavía conservan fieles seguidores.  Más votantes, sobre todo si votan por otros partidos, pueden poner en serios aprietos a quienes supuestamente van adelante en las encuestas, de alcanzar el umbral del 40% de los votos válidamente emitidos.

Mantener el 0,19 del PIB es una locura.  Bajarlo al 0,11% todavía significa una gran suma de dinero, que no nos dolería tanto si se empleara en una campaña sustantiva.  Es decir, en una campaña corta y muy intensa, donde se discutieran seriamente los principales problemas del país, con muchos cara a cara entre candidatos sin intermediarios.  Claro, la presencia de una decena o más de candidatos embrolla el asunto, porque todos quieren ser tomados en cuenta en igualdad de condiciones.  Pero los niveles son desiguales, y no es tan cierto que si se invita a todos las preferencias ciudadanas van a cambiar radicalmente. 

Todos, eso sí, deberían tener posibilidades de acceso a los medios, sobre todo a la televisión.  Lástima grande que nosotros no hayamos aprobado una regulación como la que existe en México, donde a los partidos se les asigna un tiempo en radio y televisión, incluyendo a aquellos que todavía no tienen representación en el Congreso de la Unión.  A los partidos con representación en esa entidad se les asigna el 30% del espacio adquirido por el Instituto Federal Electoral en forma igualitaria, y el 70% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.  Ningún partido puede contratar individualmente espacios en esos medios.

Un elemento que también eleva el gasto es la contratación de personal de diverso nivel.  Ahora hay gerentes para todo, que por supuesto tienen que tener otras personas bajo su mando y la cadena se alarga.  Se arguye que la tecnificación de las campañas lo justifica, pero también opera como una especie de bumerán, porque desincentiva la participación voluntaria.  Si hay dinero para tirar, no pocos querrán quedarse fuera del festín.

¿Campaña basura o sustantiva?

Está claro:  la mayoría de los partidos quiere disponer de una gorda chequera para dilapidar dineros en la campaña electoral que se ha iniciado.  No quieren jugársela rebajando solo el monto de la contribución estatal del 0,19% al 0,11% del PIB.  El PLN, el PUSC, el ML y los diputados cristianos dicen que están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando se les abran otros portillos:  de nuevo las contribuciones de las sociedades anónimas y con ellas la posibilidad de introducción de dineros sucios.

Es que la democracia es cara, se argumenta; pero me pregunto:  ¿esas campañas plagadas de cancionetas, lemas vacíos y pactados debates entre candidatos, contribuye en algo a engrandecer nuestra veterana democracia?  Personalmente creo que no; que una campaña basura lo que hace es acrecentar los males que padecemos, estimular la corrupción y alejar a más personas de la política. 

¿Será que es eso lo que se persigue?  Porque entre menos votantes acudan a las urnas, mejor para los partidos que todavía conservan fieles seguidores.  Más votantes, sobre todo si votan por otros partidos, pueden poner en serios aprietos a quienes supuestamente van adelante en las encuestas, de alcanzar el umbral del 40% de los votos válidamente emitidos.

Mantener el 0,19 del PIB es una locura.  Bajarlo al 0,11% todavía significa una gran suma de dinero, que no nos dolería tanto si se empleara en una campaña sustantiva.  Es decir, en una campaña corta y muy intensa, donde se discutieran seriamente los principales problemas del país, con muchos cara a cara entre candidatos sin intermediarios.  Claro, la presencia de una decena o más de candidatos embrolla el asunto, porque todos quieren ser tomados en cuenta en igualdad de condiciones.  Pero los niveles son desiguales, y no es tan cierto que si se invita a todos las preferencias ciudadanas van a cambiar radicalmente. 

Todos, eso sí, deberían tener posibilidades de acceso a los medios, sobre todo a la televisión.  Lástima grande que nosotros no hayamos aprobado una regulación como la que existe en México, donde a los partidos se les asigna un tiempo en radio y televisión, incluyendo a aquellos que todavía no tienen representación en el Congreso de la Unión.  A los partidos con representación en esa entidad se les asigna el 30% del espacio adquirido por el Instituto Federal Electoral en forma igualitaria, y el 70% restante en forma proporcional a su fuerza electoral.  Ningún partido puede contratar individualmente espacios en esos medios.

Un elemento que también eleva el gasto es la contratación de personal de diverso nivel.  Ahora hay gerentes para todo, que por supuesto tienen que tener otras personas bajo su mando y la cadena se alarga.  Se arguye que la tecnificación de las campañas lo justifica, pero también opera como una especie de bumerán, porque desincentiva la participación voluntaria.  Si hay dinero para tirar, no pocos querrán quedarse fuera del festín.

Confusiones entre política y religión

La romería y los oficios católicos del 2 de agosto forman parte de las tradiciones costarricenses. Es un acto al que asiste una gran cantidad de files y curiosos, razón por la cual es de esperar que muchos políticos y funcionarios también se hagan presentes, sean o no católicos.

En las festividades de la Coronación de la Virgen de los Ángeles, el 2 de agosto de 1926, don Ricardo Jiménez, de reconocida raigambre liberal, se hizo presente en Cartago, con miembros de su gabinete. Muchos otros presidentes lo han hecho, sobre todo después de los años cuarenta, cuando el llamado estado liberal llegó a su fin.

Sin embargo, esa presencia de políticos no desvirtuaba el carácter religioso del acto, aunque en no pocas ocasiones la jerarquía de la Iglesia aprovechó el momento para lanzar duras críticas a algunas políticas públicas, que presidentes y funcionarios se veían obligados a escuchar estoicamente, sin poder responder en forma inmediata.

Con la declaratoria de la presidenta Chinchilla como “hija predilecta de María” por parte del Obispo de Cartago, las relaciones entre la iglesia católica y el gobierno se estrecharon, y un catolicismo conservador impregnó la esfera de muchas de las acciones gubernamentales. Dentro de los actos religiosos del 2 de agosto se incluyó un mensaje de la Presidenta y el acto pasó a ser religioso político. Así que no es de extrañar que se considerara “natural”, la lectura del documento de consagración que tanto polvo ha levantado, y con justificada razón.

De acuerdo con el artículo 194 de la Constitución, los funcionarios públicos juran a Dios y prometen a la patria, “…observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes…” de su destino. No juran cumplir con los diez mandamientos. Como funcionarios públicos no pueden pedir perdón por las transgresiones que cometan en contra de ellos. Ese es un asunto personal que cada uno verá como lo hace.

No pueden consagrar a Dios el gobierno de la República y sus instituciones, salvo que hayamos involucionado hacia un estado teocrático o semiteocrático, como El Vaticano, Irán, Israel y otros en Asia y África. Tampoco pueden rehuir sus responsabilidades, dejando en las “manos amorosas” de Dios o de María, el gobierno de la República, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial.

Si cometen transgresiones contra la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus funciones, son los tribunales comunes o las instancias correspondientes las encargadas de juzgarles, y ningún tribunal celestial puede eximirlos si ese fuera el caso. Así que sobra la solicitud de perdón.

La religión católica es la de poco más de la mitad de la población, pero quienes encabezan los poderes públicos no pueden olvidar que también representan a esos otros compatriotas que profesan otras religiones o que no tienen ninguna, y que no por eso son ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría.