¡Ojo con las cortinas de humo!

Al final de la manifestación convocada por la jerarquía de la Iglesia Católica en apoyo a la familia "conforme el diseño de Dios", el Obispo Angel Sancasimiro conminó a los candidatos presidenciales a manifestar abiertamente su posición sobre la vida, el matrimonio y el aborto.  Aunque posteriormente aclaró, en entrevista concedida a La Nación, que “…la Iglesia no quiere, en ningún momento, obligar a nadie a que se pronuncie sobre un tema concreto”, lo cierto es que su petición sonó a exigencia.

Vivimos en un régimen de respeto a las libertades civiles, lo que significa que nadie puede ser molestado, censurado o perseguido por expresar lo que piensa o dice.  La discrepancia y la disidencia son la savia de la vida en democracia, y la tolerancia y el respeto hacia el pensamiento divergente son virtudes dentro de un estado que se considere democrático.

Sin embargo, las manifestaciones de Sancasimiro no son las de un ciudadano más, sino las de un connotado representante de la jerarquía católica, expresadas ante miles de fieles, en medio de una campaña electoral en el cual la mayoría de potenciales electores todavía no manifiesta abiertamente sus opciones de voto.  En esas circunstancias sus palabras pueden tener un gran peso en las decisiones que tomen, con miras a las elecciones de febrero próximo, muchas de las personas que profesan la fe católica, que como se sabe, todavía son mayoría en el país.

Si bien es cierto que no dijo abiertamente por quién votar, indirectamente estaba llamando a no hacerlo por aquellos candidatos cuyas posiciones no coincidan con las sostenidas por la Jerarquía católica en temas como el aborto, la fecundación in vitro y las uniones entre personas del mismo sexo.  Pero, ¿son acaso estos temas los llamados a convertirse en los principales ejes de la actual discusión electoral?  No negamos su importancia, así como la necesidad de un debate serio alrededor de ellos, pero no durante un proceso electoral y mucho menos invocando las creencias religiosas de una parte del electorado.

Este es un país trabado en muchos aspectos, con una institucionalidad estatal ineficiente, con una corrupción política indudable, con índices de pobreza que no descienden, con una mayor desigualdad social, con un desempleo elevado y con un alto porcentaje del empleo en malas condiciones.  Como sociedad enfrentamos una situación complicada, y no podemos cometer la torpeza de elegir o no a un candidato por lo que piensa sobre el aborto, la fecundación in vitro y las uniones entre personas del mismo sexo.

No se vale, entonces, intentar, usando los credos religiosos, que nos enfrasquemos en esta clase de polémicas, que impiden centrarnos en lo esencial. ¿Quién podría resultar favorecido? ¡Ojo con las cortinas de humo!

La disputa de los porcentajes

A estas alturas del proceso electoral hay un candidato que va adelante, ciertamente, pero dentro de un inédito panorama de indecisión electoral.  Los estrategas de la campaña de Johnny Araya insisten en que las elecciones están prácticamente ganadas, apoyándose en una lectura inexacta de los datos arrojados por la controvertida encuesta de Borge y Asociados.  Han pagado páginas en los periódicos con un engañoso gráfico, según el cual su candidato obtendría el 50,1% de los votos válidos. 

Pero manipulan los datos y omiten información vital:  del total de la muestra el 37% de las personas entrevistadas no respondió o dijo no saber por quién votar, y el 22,8% indicó que no votará por ninguno de los candidatos.  Es decir, que prácticamente el 60% de las personas no sabe por quién votar o si lo hará en las elecciones de febrero.

Otras veces nos hemos ocupado de las encuestas, de su utilidad, sus limitaciones y también del manejo inadecuado que a veces se hace de sus resultados.  Sobra decir que las consideramos herramientas útiles para el conocimiento de realidades sociales y políticas.  Pero la lectura de los resultados tiene que hacerse con cuidado, so pena de caer en interpretaciones erróneas, como en el caso que comentamos. 

Se supone que las instancias académicas o las empresas que las realizan lo hacen ateniéndose a los cánones científicos establecidos internacionalmente, que no “cocinan” resultados y que observan estrictos códigos éticos en el uso de la información que se extrae de las personas entrevistadas.  Lamentablemente no siempre se puede dar fe del manejo correcto de los instrumentos de recolección y procesamiento de los datos, sobre todo en las encuestas políticas, dado el hermetismo con que se manejan.

El problema es que dichas encuestas se usan también para impresionar audiencias, aunque con resultados dudosos, según opinan los expertos.  Pero como la mayoría de la población no maneja el “abc” de los métodos de investigación e interpretación de resultados, se confunden ante publicaciones como la señalada.  Porque se da como un hecho la victoria de un candidato dentro de un escenario incierto, se minimizan las posibilidades de los otros y se hace caso omiso de una de las particularidades de las encuestas políticas:  la posibilidad de una rápida pérdida de validez de los resultados, sobre todo en situaciones tan abiertas como la actual.

En interpretaciones como la señalada, lo real y lo engañoso de los resultados de una encuesta se juntan, y en esa tarea contribuyen algunos periodistas que buscan titulares de primera plana y que, ingenuamente o sabiendo muy bien lo que hacen, se lanzan por el despeñadero de las deducciones antojadizas sin la mínima crítica. 

El TSE exige una serie de requisitos a las empresas y a las instancias académicas que hacen encuestas políticas en períodos electorales.  ¿No debería también verificar la calidad de los resultados que se divulgan?

Día de la democracia

Este año pasó desapercibida la celebración del “día de la democracia costarricense”, paradójicamente en medio de un proceso electoral.  La verdad es que siempre me ha parecido un tanto engañosa tal celebración, instituida para conmemorar la supuesta defensa del sufragio ocurrida el 7 de noviembre de 1889.  En esa ocasión, según cuentan los historiadores, varios miles de josefinos, armados con palos y machetes salieron a las calles demandando respeto a los resultados de unas elecciones en las que participaba fundamentalmente la elite económica del país.

Es importante recordar que por entonces en esos procesos votaban solamente los varones nacidos en el país o naturalizados, con “…veinte años cumplidos o dieciocho si fuesen casados o profesores de alguna ciencia; siempre que unos y otros posean además alguna propiedad u oficio honesto, cuyos frutos o ganancias sean suficientes para mantenerlos en proporción a su estado”.  Además, votaban en elecciones primarias por electores, quienes eran los que realmente designaban a los presidentes de la República.  Estos electores tenían que ser propietarios de no menos de quinientos pesos de la época, o recibir una renta anual de doscientos, además de saber leer y escribir.

Este sistema de elección, parecido al estadounidense, se mantuvo hasta 1913, cuando se aprobó el voto directo para los hombres que tenían la calidad de ciudadanos.  Las mujeres no entraban dentro de esa categoría, razón por la cual no pudieron votar sino hasta después de 1949, cuando entró en vigencia la Constitución aprobada ese año. 

Pero independientemente de fechas y celebraciones, ¿qué entendemos ticos y ticas por democracia?  Hago la pregunta porque me llama la atención algunos de los resultados del “Latinobarómetro 2013”, ese estudio anual que se realiza en 18 países de América Latina.  Según se indica en dicho documento, Costa Rica está entre los siete países donde ha disminuido el apoyo a la democracia entre 2009 y el año en curso.  No cualquier disminución por cierto, porque el bajonazo es abrupto:  16 puntos.  En 2009 el 74% de las personas entrevistadas indicó su apoyo a la democracia, mientras que en 2013 lo hizo el 53%.

¿Realmente ha disminuido el apoyo a la democracia o más bien lo que expresan estos resultados es un malestar con la ineficiencia y la corrupción de los últimos gobiernos electos en procesos electorales democráticos?  De acuerdo con los autores del estudio, el bajonazo está relacionado con la apreciación sobre corrupción que se tiene en el país, que es la más elevada de todos los casos analizados:  20%.  Dato que no debe extrañar dada la colección de casos de ese tipo ocurridos en estos años. Y de la ineficiencia institucional mejor ni hablar.

Muchos de los que hoy están pidiendo el voto son responsables de tal estado de cosas, pero también lo son las electoras y los electores que votan descuidadamente cada cuatro años. ¿Lo harán igual en febrero de 2014?

Guerra de guerrillas

Unos cuantos cortos de televisión, algunas comparecencias públicas, una que otra caravana automovilística y otras pocas apariciones de candidatos, conforman hasta ahora lo que hemos visto de la campaña electoral.  Poco dinamismo, por arriba, ciertamente, porque por debajo otras cosas ocurren que escapan a las apreciaciones del común de los mortales, que no tiene conexión a internet o si la tiene, no sigue con pasión lo que pasa en las llamadas redes sociales.

En ese nivel se libra una verdadera guerra de guerrillas, con tiradores emboscados, que lanzan todo tipo de proyectiles a los enemigos partidarios.  Fotos arregladas, videos comprometedores y comentarios insidiosos y anónimos, conteniendo medias verdades, infundios y hasta calumnias, circulan por las redes.  Algunos de ellos se convierten lo que se conoce como “memes”, es decir, productos cuya difusión llega a alcanzar proporciones comparables a las infecciones virales.  De esa manera miles y miles de personas quedan expuestas al contagio, la mayoría de las veces sin que personajes políticos y partidos aludidos puedan reaccionar a tiempo.

Esta es otra de las novedades de esta campaña, que marca una diferencia significativa con las anteriores, porque en ellas el mundo de las redes era secundario.  Hoy en día los partidos no pueden ignorarlo y el hecho es que las principales agrupaciones están metidas de cabeza en él, con grupos de expertos y equipos sofisticados.  Aunque internet y redes sociales no llega todavía a la mayor parte de las y los costarricenses, que se sigue informando básicamente a través de los noticieros de televisión, si tiene influencia sobre los sectores más jóvenes, que, como se sabe, conforman un importante fragmento electoral.  Incluso algunos de esos productos logran saltar a los medios tradicionales, que hacen eco de ellos.

Mucho de lo que circula por redes podría ser clasificado como “campaña sucia”, porque está destinado a golpear los tobillos de los contrincantes, desde el anonimato.  Este tipo de campaña, por ahora parece que se va a mantener en ese nivel, donde el Tribunal Supremo de Elecciones no puede intervenir, porque no hay regulaciones al respecto.  Y quizás sea bueno que no existan, porque no todo lo que se dice puede ser calificado como “suciedad”.  Algunos de esos productos entran más bien en la categoría de “campaña negativa”, que busca hacer del conocimiento de electoras y electores, aspectos del desempeño público y privado de los contendientes por la presidencia de la República, que los descalificarían para el ejercicio de ese cargo. 

Por esa razón, bienvenida la “campaña negativa”, y ojalá que no se quede en redes sociales sino que salte al espacio público, de manera tal que el grueso del electorado disponga de mayores informaciones positivas y negativas sobre los contendientes en el actual proceso electoral.  Sus selecciones de candidatos podrían realizarse más apropiadamente. ¿No les parece?