La sospecha razonable

Mucho se insiste que los gobiernos no pueden hacer nada, porque el entramado legal y las presiones de grupos y comunidades operan como un conjunto de obstáculos que abortan o demoran la toma de decisiones y la ejecución de obras y programas.  Seguramente hay mucho de eso, pero si no fuera por esos filtros los perjuicios para el país de ciertas decisiones serían mayores.  No solamente porque algunas son erradas o costosas, sino porque también pueden incluir componentes indeseables:  los negocios personales o “chorizos”. 

La sospecha razonable pende sobre las decisiones que toman los poderes de la República, fundamentalmente el ejecutivo.  Todo hay que examinarlo con cuidado y pese a ello los filtros a veces no funcionan por descuido o por mandatos omisos, que impiden la acción de los órganos contralores.  En esos casos la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental, como ha sucedido con la concesión a OAS, que la Contraloría había dejado pasar sin más.

La semana anterior, en un artículo de opinión publicado en La Nación, el ministro René Castro dejó en claro las presiones recibidas en torno al asunto de Crucitas, por parte del ex presidente Arias.  Dijo que había exigido que en la campaña electoral de 2010 se “…diera seguridades en privado y en público a Industrias Infinito”.  Probablemente se sentía con derecho a hacer esa y otras exigencias, a una candidata que él impulsó y que consideraba debería seguir en lo fundamental las líneas trazadas por su gobierno.  Al fin y al cabo “la mesa quedaba servida”, como afirmó Arias en abril de 2010, y Laura Chinchilla tenía que limitarse a administrar la herencia que se le dejaba.

Menuda herencia:  déficit fiscal, Crucitas, negociación con la empresa china para la construcción de una refinería en Limón, una carretera a Caldera con problemas, la concesión de la carretera La Sabana – San Ramón y otros asuntillos.  Parte fundamental de esa herencia se ha caído en estos días, gracias a las luchas desarrolladas por comunidades y organizaciones ciudadanas y a las denuncias formuladas ante las instancias correspondientes. 

Primero se detuvo la concesión de obra en la carretera Sabana-San Ramón, asunto que todavía no termina de finiquitarse.  En segundo lugar, la Sala Constitucional parece haber puesto fin al capítulo de Crucitas, al menos en los estrados nacionales.  Finalmente, la Contraloría, tarde pero no demasiado, se trajo prácticamente abajo el proyecto de la refinería, alegando vicios en la contratación del estudio de factibilidad.  Una refinería que parece ser un buen negocio para los chinos, pero pésimo para las y los costarricenses.

Pero no todo es herencia.  En estos días también la Contraloría ha dictado nulidad en la adjudicación del diseño de la Trocha Fronteriza, que forma parte de la colección de meteduras de pata de este gobierno.

Partidos descafeinados

El tipo de partido que prevalece en el país, con excepciones por supuesto, es el descafeinado. Conservan el saborcillo, pero han perdido algunos de sus componentes esenciales, quedando reducidos a maquinarias electorales que funcionan cada cuatro años. Ya no proporcionan la energía movilizadora de antaño, ni proveen a las personas de identidades políticas basadas en visiones particulares sobre el papel del estado y la vida en sociedad.

En los períodos electorales buscan atraer “consumidores” con frases y lemas que sean atractivos a públicos diversos, promoviendo candidaturas con maquillajes vistosos que buscan disimular carencias, intenciones ocultas o los grupos de interés que manejan el partido. Como en un espectáculo de títeres, se trata de distraer la atención de los potenciales votantes, que terminan olvidándose de quienes manejan los hilos de los muñecos y votan, entonces, por candidaturas y listas de diputados y regidores que aparentemente representan a todos y a nadie en particular.

Los partidos políticos y la representación ciudadana en la Asamblea Legislativa son dos incómodas piedras en los zapatos de esta democracia. Se necesitan reformas urgentes en ambos ámbitos, pero, ¿cómo llevarlas a cabo si la mayor parte de las transformaciones deben hacerse con la aprobación de los partidos y estos no muestran mayor interés en empujarlas? ¿Hasta dónde tendremos que caer en el pozo de la desconfianza y la falta de legitimidad social para que las camarillas y grupos que los controlan las acepten?

Para muestra un botón: la propuesta para bajar el monto de la deuda política del 0,19% al 0,11% del Producto Interno Bruto ocupa el lugar 57 de la agenda legislativa, sin que se sepa si se va a aprobar, a unos pocos meses de iniciar la campaña electoral. Si no se aprueba se derrocharían miles de millones de colones que podrían tapar muchos de los agujeros existentes.

Un mejoramiento de la representación pasa por invertir la dinámica prevaleciente: primero se elige al candidato o candidata y luego se intenta montarle una plataforma electoral. Si fuera al revés, es decir, si los partidos definieran sus plataformas con anterioridad y con base en ellas se seleccionaran las candidaturas, sabríamos a qué atenernos al votar. Además, las y los potenciales electores deberían intervenir más en la selección de las listas partidarias y en la elección final de diputadas y diputados. Eso pasa por el establecimiento de un sistema mixto de elección: listas nacionales o provinciales y candidaturas individuales en nuevos distritos electorales.

También por la existencia de mecanismos institucionalizados de relación con la ciudadanía, y de participación directa de ésta en algunos ámbitos de la toma de decisiones, lo que de todas maneras ha venido ocurriendo en lo que va del siglo, a la fuerza, en las calles, desde el “combo del ICE” en adelante.

La representación pervertida

Formalmente diputadas y diputados son los representantes del pueblo que los eligió. Ese debería ser, entonces, el norte para su comportamiento en la Asamblea Legislativa. Pero la realidad es otra. Porque si bien es cierto que hay personas en esos cargos que tratan de comportarse como verdaderos representantes, la mayoría no lo hace.

¿Por ignorancia, tontería o beneficio personal y político? Seguramente hay mucho de ello. Para nadie es un secreto que la calidad de nuestro parlamento ha venido en picada. Pero no se trata solamente de un asunto personal, de mayor o menor congruencia política, o de mejor selección de las personas que van ser electas. Hay que introducir también en la discusión otros factores que favorecen una representación ficticia como la que tenemos.

Lo que ocurre es que en realidad no elegimos representantes sino grupos partidarios o fracciones, con base en las listas bloqueadas y cerradas que nos presentan los partidos cada cuatro años. Votamos, en teoría, no por representantes sino por partidos con candidaturas, propuestas y programas con los cuales nos identificamos. Por tanto, ayudamos a integrar fracciones que, en el gobierno o en la oposición, se supone que van a procurar cumplir con lo prometido en las campañas electorales. Como sabemos, esta suposición casi siempre termina siendo falsa.

El compromiso de diputadas y diputados no es con sus electores, sino con sus partidos y, sobre todo, con quienes se postulan para ocupar la presidencia de la República, a quien deben, en la gran mayoría de los casos, su nombramiento. En esas condiciones, las mujeres y los hombres que integran la fracción parlamentaria de un partido ganador en las elecciones terminan siendo compañeros de viaje del gobernante o gobernanta de turno. Los electores, los supuestos representados, no pinchan ni cortan nada, salvo que se movilicen y hagan valer sus demandas, a través de grupos de presión o en las calles. Cuentan como votantes, pero no mucho como ciudadanos y ciudadanas.

Esa es la cruda realidad, aquí y en la mayoría de los países democráticos. Por eso es que los parlamentos están en crisis. Han dejado de lado la conexión con las gentes, que cada vez más les miran como instituciones que corresponden a otra época del desarrollo político de las sociedades, y no a esta era de la información.

La situación es más complicada en nuestro medio, porque casi no tenemos partidos políticos con vida más allá de las elecciones. Sus únicas actividades reales son la conformación y renovación de la estructura electoral, para responder a las exigencias de leyes y códigos, razón por la cual solamente se acercan a ellos las personas interesadas en ocupar un determinado cargo en el plano nacional o en el local. No hay tiempo ni gusto por la discusión de ideas y el desarrollo de planteamientos programáticos.

¿Qué sentido tiene entonces la representación?

¿Son inevitables los partidos?

Una de las características destacadas del momento preelectoral que vivimos es una mayor participación de grupos de ciudadanas y ciudadanos en la acción política, pero fuera de los partidos. Mientras que los partidos formales están ocupados en armar sus cuchitriles para las elecciones de 2014, el aquí y el ahora de la política, entendida en su significado original, como la intervención en el gobierno de la sociedad, discurre por otros canales.

Hoy en día son los “foros” los que expresan las preocupaciones ciudadanas, los que deliberan sobre proyectos y propuestas del gobierno y sus instituciones, los que señalan y denuncian perjuicios y “chorizos”, los que protagonizan las acciones callejeras de resistencia, y también los que han empezado a proponer alternativas viables a esas propuestas. La política no formalizada, la política viva, la protagonizan estos y otros grupos de la sociedad civil también muy activos en el plano propositivo. Los partidos, enfrascados en llenar los requisitos que pide el Tribunal Supremo de Elecciones, se han convertido en plataformas electorales que carecen de vida, sobre todo en los períodos entre elecciones.

Ciudadanas y ciudadanos que antaño canalizaban sus preocupaciones a través de ellos, hoy han dejado de hacerlo porque la realidad les ha mostrado que poco o nada se logra por esa vía. Claro que hay individuos, grupos y comunidades que siguen recurriendo a diputados y dirigencias locales por la necesidad de resolver grandes y pequeños problemas que les afectan. Esa necesidad les lleva a convertirse en clientelas electorales. Para ellos los partidos son útiles, como también lo son para la minoría que aspira a puestos y cargos, sin ningún referente ideológico o programático, y para los poderosos grupos económicos que necesitan gobiernos afines a sus intereses. Pero la mayoría de las personas no les encuentra utilidad real en las condiciones actuales del país. Es más, los mira como fuentes de corrupción y como un peso muerto cada vez más difícil de arrastrar.

Pero, solamente pueden participar en elecciones los partidos que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa electoral. No hay otra manera de hacerlo. Es a través de estos partidos que se eligen gobiernos, diputados, alcaldes municipales y munícipes. Estamos en una situación realmente embarazosa, porque se necesita una “limpia” de la política formal y una revisión a fondo de la relación ciudadanía-partidos, que no se puede hacer porque no les interesa a los que ganan elecciones, forman gobiernos y controlan las instituciones. El descontento y el malestar ciudadano se topan con límites, con barreras, que no pueden rebasar. El panorama es complicado, porque la política discurre por dos cauces cuya confluencia no se vislumbra en el corto plazo.

¿Entrevén ustedes alguna salida posible al túnel en que estamos metidos? ¿Qué es lo que hace falta para encontrarla?

(for): budući da, dok, iz, jer, na, po, pošto, što, u ime, usprkos, za, zbog

---

(i): administer, also, and, as, ought, plus, too