Indulto controvertido

La semana anterior el Consejo de Gobierno concedió el indulto a cuatro mujeres y cinco hombres, de un total de 82 solicitudes presentadas. De los indultos concedidos, uno ha sido objeto de controversia, por varias circunstancias: la Sala Tercera había confirmado la sentencia; la persona beneficiada se encontraba en la fase inicial de cumplimiento de ella; el Instituto Nacional de Criminología no había recomendado el indulto, por esa y otras razones, y, finalmente, porque en la gestión realizada por vecinos de la comunidad medió la mano de un connotado diputado de oposición.

Es delicado emitir criterio sobre un asunto que involucra directamente las vidas de dos personas concretas, e indirectamente la de muchas más. Dos personas que no tenían historial delictivo, que se ven enfrentadas desigualmente en un hecho de violencia, que termina por afectar también desigualmente sus vidas y su futuro. Uno de ellos convicto y ahora indultado; el otro, con las huellas del incidente en su cuerpo y en su alma, que le acompañarán por el resto de sus días. No sobra decir que los protagonistas del incidente están en dos situaciones sociales diametralmente diferentes, que les ayudarán o les impedirán retomar la línea de desarrollo de sus vidas.

Por eso llama poderosamente la atención que en hecho tan controvertido, ministros del gobierno y la propia presidenta Chinchilla hayan tomado partido, olvidando la otra cara de la moneda. No solamente estuvieron de acuerdo con el indulto, sino que a posteriori se han dedicado a defender a quien en su momento un tribunal condenó, y a justificar la acción con argumentos destinados a tocar fibras sensibles de un sector posiblemente amplio de la ciudadanía: la defensa de la familia y la propiedad privada. En esta línea de argumentaciones les ha salido un cirineo: Ottón Solís.

Se olvida el marco social en que ocurrió este desgraciado incidente, y otros similares: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que enfrentan importantes sectores de la población. En la región Huetar Norte la pobreza afecta al 25% de las personas. Una situación marcada, además, por inseguridad ciudadana, exagerada a veces por los medios de comunicación, que lleva a algunas personas a adquirir armas que les proporcionan un falso sentimiento de seguridad, pero que entrañan un doble peligro: la propia muerte por accidentes o por enfrentar delincuentes expertos y la toma de la justicia por mano propia.

La Presidenta y los ministros, con el indulto y su argumentación, están incentivando esta última acción, con los peligros que entraña para la estropeada institucionalidad costarricense. También este indulto lleva inevitablemente a preguntarse si se cumple el precepto constitucional de igualdad ante la ley, o si estamos ante un sistema que al final de cuentas distribuye la justicia desigualmente. Es decir ante una justicia para ricos y otra para pobres.

Estamos en diciembre

Lo que más me gusta de esta época del año es el cambio en la declinación del sol. Al iluminar desde otro ángulo los árboles, las edificaciones y las montañas, de pronto, redescubrimos lo que vemos todos los días. Mejor dicho, lo que no vemos, por estar más preocupados por llegar a tiempo al trabajo o temprano a casa, o por las tensiones y congojas que sufrimos diariamente. Paisajes y realidades del presente que se nos escapan por vivir en las alegrías o en las amarguras del pasado, o en las incertidumbres del futuro.

Vivo con sentimientos encontrados la alegría y las muestras de afecto que se desbordan en este mes, porque me parece que detrás de las apariencias hay mucha hipocresía. Eso de alegrarse por decreto y tener que sonreír cuando no se tienen ganas, me produce un poco de picazón.

Lo que menos me gusta de esta época es el consumismo desatado. Un consumismo que ahora se inicia en noviembre, con las supuestas o reales ofertas del llamado “viernes negro”. Una moda que viene del norte y que empieza a arrastrar en mayor o menor medida a una parte de nuestra sociedad. Porque para la otra las ofertas no significan nada. Son aquellas personas que con grandes dificultades logran, un día sí y otro quizás no, conseguir lo mínimo necesario para mantenerse vivos.

Son las personas que se encuentran en una situación que las estadísticas oficiales denominan “pobreza extrema”. La Encuesta Nacional de Hogares indica que en 2012 hay cerca de 1.098.377 costarricenses que son pobres. De ese grupo, 336.997 están en condición de pobreza extrema. Hay que señalar, además, que en las zonas rurales la presencia de la pobreza es mayor, sobre todo en los confines de las regiones Chorotega, Brunca, Pacífico Central y Huetar Atlántica.

Desde los años setenta del siglo pasado el país no logra reducir significativamente los índices de pobreza, es decir, que por lo menos un 25% de la población está condenado a sufrir y reproducir esa inhumana condición. Es una realidad que no puede ocultar la propaganda engañosa que nos presenta como el país “más feliz” del mundo.

Muchas y muchos de nosotros no nos acordamos que existen, sumergidos en el consumismo que nos arrastra. O porque hacemos nuestras vidas en zonas en las que no les vemos. Como corrientemente no nos topamos con ellas, solo por excepción, terminamos borrándolas del paisaje o situándolas en una lejanía en la que se desdibujan totalmente sus contornos.

Pero las estadísticas están ahí. Nos indican que gobiernos vienen y gobiernos van, que no solamente no logran resolver los problemas básicos de infraestructura o transporte público, sino que fracasan, y nosotros con ellos, en disminuir la pobreza y bajar la creciente desigualdad económica y social que se percibe en el ambiente.

¡Que el consumismo innecesario, los tamales y el alcohol, no nos hagan perder de vista esta realidad!

Un país enredado

No sé cómo estarán evaluando los últimos acontecimientos en los predios presidenciales de Zapote o de Villarreal. En sus declaraciones públicas, la Presidenta y sus ministros de la presidencia y de comunicación tratan de restarles importancia. Pero si nos concentramos en el lenguaje no verbal, es decir, en la tensión de los rostros, en los ceños fruncidos y en la dureza de las miradas, nos atreveríamos a decir que reflejan tensión, molestia, frustración e impotencia. Como si la situación se les hubiera ido de las manos.

El país no está bien. Está enredado. Hay una acumulación de problemas de todo tipo, para los cuales no hay respuesta o la respuesta es tardía. No defiendo los excesos de la protesta de los motociclistas, pero su caso es un ejemplo de ineficacia institucional. El problema se desencadenó hace más de un año. Hubo tiempo suficiente para solucionar la desproporción en el pago del marchamo. Sin embargo, el año pasó y con el pase de bola institucional finalmente no se llegó a nada. Necesariamente la protesta callejera tenía que aflorar.

Algo similar sucedió con el Hospital de Grecia. ¿Desde cuándo los asegurados de ese cantón han venido señalando las insuficiencias y la necesidad de una acción decidida de las autoridades de la Caja? Hasta que se vinieron a San José y marcharon por la avenida segunda, con el apoyo de otros grupos, en una acción de protesta innecesariamente reprimida por la violencia policial, la Caja actuó. Muchos otros ejemplos similares pueden darse.

En general la gente no sale a las calles porque les gusta hacerlo o porque quiere incomodar a transeúntes y personas que se movilizan en vehículos. Lo hace porque no obtiene respuestas oportunas y adecuadas a sus demandas. Lo preocupante es que, como solamente así se les oye, el mecanismo de la protesta callejera tiende a “institucionalizarse”. En otras palabras, que empieza a ser visto como la única manera de recibir la atención que solicitan de instituciones y jerarcas. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, una mayoría considera la protesta callejera como “un acto legítimo de la democracia”.

Planteado así el cuadro, no puede dejar de preocupar la respuesta del gobierno. Por un lado la Presidenta se deja decir que se trata de un fenómeno internacional, provocado en parte por las redes sociales, al cual no hay que tenerle miedo (ver Diario Extra del 22 de noviembre). Nos damos por enterados: hay permiso presidencial para seguir marchando. ¡Bonita manera de evadir el análisis de sus causas reales en Costa Rica y de minimizar su importancia!

Como las redes sociales parecen ser la causa de la protesta, para el próximo año el gobierno va a gastar 220 millones de colones para refutar lo que ahí se diga, lo mismo que en los espacios de opinión. ¿También para acusaciones en los tribunales?