Davos es un lujoso centro vacacional situado en los Alpes suizos, donde anualmente, en el mes de enero, se reúne el Foro Económico Mundial, integrado por grandes empresarios y políticos de todo el mundo, y también por destacados periodistas e intelectuales. Fundado en 1971 por el profesor suizo de economía Klaus M. Schwab, el Foro está financiado por 100 grandes empresas, y en él se discuten los principales problemas del mundo, empezando por supuesto, por los problemas económicos, con un enfoque capitalista.
Este año el Foro se ha reunido en un momento crucial para la mayoría de los países europeos, sumidos en el desconcierto ante los problemas que enfrentan las economías de la denominada zona Euro. Sin recetas probadas para enfrentar la situación, incluso con el riesgo de cometer serios errores, según destacados economistas como Joseph Stiglitz, Premio Nobel en 2001, la Unión Europea parece dar palos de ciego.
La política decretada de ajustes golpea duramente a países como Grecia, Italia, España y Portugal, además de Irlanda e Islandia, que hasta el año pasado parecían ser casos aislados. Incluso Francia ha tenido que seguir la misma senda, después del choque sufrido con el descenso en la escala de calificación de riesgos de la economía, con los consiguientes efectos en la política, a escasos 100 días de las elecciones presidenciales.
No se sabe qué hacer en parte porque se evita señalar con claridad el origen de los problemas. Llama la atención que en las primeras sesiones del Foro de Davos, que algunos jefes de las empresas más importantes del mundo reconocieran que el capitalismo ha agravado las desigualdades sociales. Es por esa razón que, en vez de ajustes que empeoren la situación de los sectores de ingresos medios y bajos, muy golpeados por la crisis, algunos políticos han enfatizado la necesidad de ajustar los tributos, para que quienes más tienen más paguen.
Por ejemplo, en el discurso de inicio a su campaña, François Hollande, candidato socialista a las elecciones presidenciales francesas de abril, anunció que subirá el impuesto sobre la renta del 41% actual, al 45% para quienes ganan más de €150.000 al año, y que suprimirá gran parte de las exenciones fiscales a grandes patrimonios y empresas.
Por su parte Obama, en su informe anual a la Nación, defendió lo que se ha dado en llamar la “tasa Buffett”, un impuesto especial denominado así en honor del millonario del mismo apellido, quien en 2011 hizo un llamado a los ricos para que contribuyan más al fisco, en un país donde estos gozan de grandes privilegios. Una situación que fue nuevamente puesta en evidencia con la confesión del precandidato republicano Mitt Romney, de que solamente ha pagado en los dos últimos años un 13,9% de sus ingresos, mientras que la gran mayoría de sus conciudadanos paga más del doble.
¿Y en Costa Rica? Pues seguimos con miedo de tomar al toro por los cuernos.
martes, 31 de enero de 2012
martes, 24 de enero de 2012
La sala cuarta: un territorio en disputa
La reciente admisión por parte de la Sala Constitucional de dos recursos presentados por el Diputado Luis Fishman, que frena, al menos en el corto plazo, la aprobación en segundo debate de la Ley de Solidaridad Tributaria, ha vuelto a enfrentarnos a un hecho incuestionable: el importante papel político que juega ese Tribunal, muchas veces determinante en el rumbo de los acontecimientos.
Como lo he señalado otras veces, junto con la Defensoría de los Habitantes, la Sala ha sido, por más de veinte años, un elemento de garantía ciudadana contra los abusos perpetrados por las instituciones públicas. Sin embargo, una de sus competencias, la consulta legislativa, la ha colocado en el centro de las discusiones políticas y la ha convertido en una especie de poder por encima del Legislativo. Muchas iniciativas valiosas mueren cuando se trasladan de la Asamblea a la Sala, sin posibilidad de rescate mediante la negociación y los acuerdos legislativos.
Quizás ahí es en donde está el problema, porque la Sala no actúa de oficio, sino a instancias de los propios diputados, y estos recurren a ella ante la imposibilidad de parlamentar y resolver los conflictos dentro de los límites de la propia Asamblea Legislativa. Esta imposibilidad es el resultado de un conjunto de factores, entre los que se cuenta ciertamente el reglamento legislativo, pero también, por un lado, la lógica las mayorías partidarias enceguecidas, que pierden de vista el interés general y tratan de imponer sus puntos de vista contra viento y marea. Por el otro, la insensatez de algunas minorías, que también procuran, mediante la obstrucción, que sus puntos de vista predominen.
En tiempos del bipartidismo el manejo legislativo era más fácil. La presencia de un número mayor de corrientes partidarias dificulta la negociación y la búsqueda de acuerdos, pero no las anula. Lo que ocurre es que algunos partidos no han logrado asimilar las transformaciones ocurridas en el ámbito legislativo y siguen actuando como si el tiempo se hubiera detenido.
En esas condiciones la Sala Constitucional se ha convertido en un territorio en disputa entre diferentes fuerzas políticas, que tratan de controlar sus decisiones mediante el nombramiento de magistrados que de algún modo garanticen sus intereses partidarios. No se busca la capacidad para el cargo, sino la seguridad de que sus votos futuros estén enmarcados dentro de determinados límites.
Por supuesto que no todos los nombramientos se han hecho siguiendo esa lógica, porque la puja entre fracciones permite a veces la emergencia de personas con capacidad e independencia de criterio. Y otros, nombrados dentro de esa lógica, una vez en el cargo actúan con independencia de los intereses que los promovieron.
Si la Asamblea realmente funcionara como un parlamento, el peso político de la Sala sería considerablemente menor.
Como lo he señalado otras veces, junto con la Defensoría de los Habitantes, la Sala ha sido, por más de veinte años, un elemento de garantía ciudadana contra los abusos perpetrados por las instituciones públicas. Sin embargo, una de sus competencias, la consulta legislativa, la ha colocado en el centro de las discusiones políticas y la ha convertido en una especie de poder por encima del Legislativo. Muchas iniciativas valiosas mueren cuando se trasladan de la Asamblea a la Sala, sin posibilidad de rescate mediante la negociación y los acuerdos legislativos.
Quizás ahí es en donde está el problema, porque la Sala no actúa de oficio, sino a instancias de los propios diputados, y estos recurren a ella ante la imposibilidad de parlamentar y resolver los conflictos dentro de los límites de la propia Asamblea Legislativa. Esta imposibilidad es el resultado de un conjunto de factores, entre los que se cuenta ciertamente el reglamento legislativo, pero también, por un lado, la lógica las mayorías partidarias enceguecidas, que pierden de vista el interés general y tratan de imponer sus puntos de vista contra viento y marea. Por el otro, la insensatez de algunas minorías, que también procuran, mediante la obstrucción, que sus puntos de vista predominen.
En tiempos del bipartidismo el manejo legislativo era más fácil. La presencia de un número mayor de corrientes partidarias dificulta la negociación y la búsqueda de acuerdos, pero no las anula. Lo que ocurre es que algunos partidos no han logrado asimilar las transformaciones ocurridas en el ámbito legislativo y siguen actuando como si el tiempo se hubiera detenido.
En esas condiciones la Sala Constitucional se ha convertido en un territorio en disputa entre diferentes fuerzas políticas, que tratan de controlar sus decisiones mediante el nombramiento de magistrados que de algún modo garanticen sus intereses partidarios. No se busca la capacidad para el cargo, sino la seguridad de que sus votos futuros estén enmarcados dentro de determinados límites.
Por supuesto que no todos los nombramientos se han hecho siguiendo esa lógica, porque la puja entre fracciones permite a veces la emergencia de personas con capacidad e independencia de criterio. Y otros, nombrados dentro de esa lógica, una vez en el cargo actúan con independencia de los intereses que los promovieron.
Si la Asamblea realmente funcionara como un parlamento, el peso político de la Sala sería considerablemente menor.
martes, 17 de enero de 2012
Somos menos
Los resultados iniciales del Censo de Población, que se realizó entre el 30 de mayo y 3 de junio de 2011, son inquietantes. No somos 4.6 millones de habitantes, como lo señalaban las estimaciones, sino 4.3 millones. En el camino se perdieron 300.000 personas.
La jerarquía del Instituto Nacional de Estadística y Censos ha dado una explicación preliminar doble. Por un lado, se dice que han descendido los niveles de fecundidad en la última década; es decir, que ticas y ticos se reproducen menos. En el año 2000 el número de nacimientos por cada 100.000 habitantes era de 19,9; en 2011 descendió a 15,5. Antes los hijos por mujer eran 2,39; ahora 1,82.
Como otros estudios señalan con preocupación el aumento de los embarazos en mujeres adolescentes, la conclusión a la que se podría llegar es que el descenso en la fecundidad ha ocurrido en mujeres entre los 18 y los 40 años. Si eso es así, detrás del cambio podrían estar las transformaciones en el mundo del trabajo, donde se han ido incorporando más mujeres, así como la difícil situación económica que fuerza a la mayoría de personas de ingresos medios y bajos a no tener muchos hijos.
Por el otro lado, se indica un posible descenso en la presencia de extranjeros, principalmente de nicaragüenses, y, lo que es preocupante, un aumento de la salida de nacionales hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos. Como es conocido, hay zonas del país donde el fenómeno de emigración hacia el norte es muy fuerte, como Pérez Zeledón y la llamada “zona de los santos”. Las condiciones sociales propias de esos cantones y la situación económica del país parecen estar propiciando esa búsqueda en el exterior de oportunidades de mejoramiento que no encuentran aquí.
Pero más allá de hipótesis sobre las causas del descenso en el crecimiento de la población, lo interesante es que los nuevos números nos obligan a modificar algunas ideas y apreciaciones que nos hemos hecho, pensando que éramos más habitantes. Obligan también a modificaciones en políticas públicas de mediano y largo plazo, porque hay que volver a estimar el tamaño de la población en los años venideros, así como sus necesidades en educación, salud, pensiones, vías de comunicación, transporte, etc.
Pero también tiene importancia en el plano político electoral, porque puede variar la distribución de los diputados por provincia, según lo establece el artículo 106 de la Constitución Política. De acuerdo con esos datos preliminares, San José podría perder un diputado, que ganaría Heredia, una provincia cuyo índice de crecimiento es el segundo más alto en estos once años. ¿A qué partido o corriente política favorecería o afectaría tal cambio?
Lo curioso de todo esto es que somos menos pero son más los problemas sin resolver. ¡Extraña paradoja por cierto! Mientras que otros países con poblaciones mayores logran resolver sus problemas, nosotros permanecemos “enclochados”.
La jerarquía del Instituto Nacional de Estadística y Censos ha dado una explicación preliminar doble. Por un lado, se dice que han descendido los niveles de fecundidad en la última década; es decir, que ticas y ticos se reproducen menos. En el año 2000 el número de nacimientos por cada 100.000 habitantes era de 19,9; en 2011 descendió a 15,5. Antes los hijos por mujer eran 2,39; ahora 1,82.
Como otros estudios señalan con preocupación el aumento de los embarazos en mujeres adolescentes, la conclusión a la que se podría llegar es que el descenso en la fecundidad ha ocurrido en mujeres entre los 18 y los 40 años. Si eso es así, detrás del cambio podrían estar las transformaciones en el mundo del trabajo, donde se han ido incorporando más mujeres, así como la difícil situación económica que fuerza a la mayoría de personas de ingresos medios y bajos a no tener muchos hijos.
Por el otro lado, se indica un posible descenso en la presencia de extranjeros, principalmente de nicaragüenses, y, lo que es preocupante, un aumento de la salida de nacionales hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos. Como es conocido, hay zonas del país donde el fenómeno de emigración hacia el norte es muy fuerte, como Pérez Zeledón y la llamada “zona de los santos”. Las condiciones sociales propias de esos cantones y la situación económica del país parecen estar propiciando esa búsqueda en el exterior de oportunidades de mejoramiento que no encuentran aquí.
Pero más allá de hipótesis sobre las causas del descenso en el crecimiento de la población, lo interesante es que los nuevos números nos obligan a modificar algunas ideas y apreciaciones que nos hemos hecho, pensando que éramos más habitantes. Obligan también a modificaciones en políticas públicas de mediano y largo plazo, porque hay que volver a estimar el tamaño de la población en los años venideros, así como sus necesidades en educación, salud, pensiones, vías de comunicación, transporte, etc.
Pero también tiene importancia en el plano político electoral, porque puede variar la distribución de los diputados por provincia, según lo establece el artículo 106 de la Constitución Política. De acuerdo con esos datos preliminares, San José podría perder un diputado, que ganaría Heredia, una provincia cuyo índice de crecimiento es el segundo más alto en estos once años. ¿A qué partido o corriente política favorecería o afectaría tal cambio?
Lo curioso de todo esto es que somos menos pero son más los problemas sin resolver. ¡Extraña paradoja por cierto! Mientras que otros países con poblaciones mayores logran resolver sus problemas, nosotros permanecemos “enclochados”.
domingo, 15 de enero de 2012
¿El fin de la pasividad ciudadana?
Durante muchos años se nos ha vendido la idea, con bastante éxito por cierto, que la esencia de la democracia es la participación en elecciones cada cierto tiempo. Es decir, que la acción ciudadana se circunscribe a emitir un voto cada cuatro años y delegar toda la responsabilidad a quienes han resultado electos: presidentes, diputados y munícipes. En los últimos años se ha agregado a la lista de los cargos elegibles el de alcalde municipal.
Entre períodos electorales lo que se espera es la pasividad ciudadana. Se ha elegido a quienes tienen que tomar las decisiones en política nacional y local, y si no gusta lo que hacen, pues en los próximos comicios puede castigárseles votando por otro partido. Así de simple.
Cualquier crítica es, en general, mal vista por los gobernantes de turno, sobre todo cuando la gente, cansada de la falta de atención a sus demandas o de la irresponsabilidad institucional, termina saliendo a la calle. Se habla entonces de ingobernabilidad, de irresponsabilidad ciudadana y se recurre a todo tipo de argucias para descalificar a los protestantes o para disimular su efecto social. Claro que hay varios tipos de protesta, algunas razonables y otras censurables. Por ejemplo, protestas que afectan o ponen en peligro derechos ciudadanos básicos, como la salud y la educación, son también mal vistos por la mayoría de las personas y no deberían ocurrir.
Pero la pasividad ciudadana entre elecciones parece que se empieza a romper, al menos en el ámbito local, donde el Código Municipal permite la revocatoria del mandato de los alcaldes. Pérez Zeledón ha dado el campanazo de salida de un movimiento que puede extenderse a otras regiones del país, donde los alcaldes no solo no dan la talla en el desempeño de sus funciones, sino que han entronizado el despilfarro y la corrupción. La ciudadanía pasiva es en buena parte culpable de que esto ocurra, porque la participación en esas elecciones ha sido escasa, como es bien conocido. Eso ha hecho que lleguen a las alcaldías, no las personas mejor calificadas para el cargo, sino aquellas que logran movilizar las clientelas partidarias.
Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el padrón electoral en Pérez Zeledón en 2010 estaba compuesto por un total de 98.271 votantes potenciales. En las elecciones de diciembre de ese año participó aproximadamente el 36% de la ciudadanía inscrita, y resultó electo Luis Mendieta Escudero, del PLN, por 11.778 votos. En el plebiscito celebrado el domingo 18 de diciembre, fue destituido por casi el doble de los votos que le dieron la victoria un año antes.
El ejemplo seguramente será seguido por otros cantones, dada la cantidad de denuncias de todo tipo presentadas contra los alcaldes. Si la revocatoria de mandato también se ejerciera en el plano nacional, podríamos deshacernos de muchos funcionarios electos que resultan ineficientes, corruptos o ambas cosas a la vez. ¿Qué les parece?
Entre períodos electorales lo que se espera es la pasividad ciudadana. Se ha elegido a quienes tienen que tomar las decisiones en política nacional y local, y si no gusta lo que hacen, pues en los próximos comicios puede castigárseles votando por otro partido. Así de simple.
Cualquier crítica es, en general, mal vista por los gobernantes de turno, sobre todo cuando la gente, cansada de la falta de atención a sus demandas o de la irresponsabilidad institucional, termina saliendo a la calle. Se habla entonces de ingobernabilidad, de irresponsabilidad ciudadana y se recurre a todo tipo de argucias para descalificar a los protestantes o para disimular su efecto social. Claro que hay varios tipos de protesta, algunas razonables y otras censurables. Por ejemplo, protestas que afectan o ponen en peligro derechos ciudadanos básicos, como la salud y la educación, son también mal vistos por la mayoría de las personas y no deberían ocurrir.
Pero la pasividad ciudadana entre elecciones parece que se empieza a romper, al menos en el ámbito local, donde el Código Municipal permite la revocatoria del mandato de los alcaldes. Pérez Zeledón ha dado el campanazo de salida de un movimiento que puede extenderse a otras regiones del país, donde los alcaldes no solo no dan la talla en el desempeño de sus funciones, sino que han entronizado el despilfarro y la corrupción. La ciudadanía pasiva es en buena parte culpable de que esto ocurra, porque la participación en esas elecciones ha sido escasa, como es bien conocido. Eso ha hecho que lleguen a las alcaldías, no las personas mejor calificadas para el cargo, sino aquellas que logran movilizar las clientelas partidarias.
Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el padrón electoral en Pérez Zeledón en 2010 estaba compuesto por un total de 98.271 votantes potenciales. En las elecciones de diciembre de ese año participó aproximadamente el 36% de la ciudadanía inscrita, y resultó electo Luis Mendieta Escudero, del PLN, por 11.778 votos. En el plebiscito celebrado el domingo 18 de diciembre, fue destituido por casi el doble de los votos que le dieron la victoria un año antes.
El ejemplo seguramente será seguido por otros cantones, dada la cantidad de denuncias de todo tipo presentadas contra los alcaldes. Si la revocatoria de mandato también se ejerciera en el plano nacional, podríamos deshacernos de muchos funcionarios electos que resultan ineficientes, corruptos o ambas cosas a la vez. ¿Qué les parece?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)