Acuerdos y acuerditos

El jueves pasado, en declaraciones dadas al diario La República, el nuevo titular de Hacienda, Edgar Ayales, anunció que en los próximos seis meses la Presidenta Chinchilla presentará a consideración de la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de reforma tributaria. Me temo que muchas personas arrugaron la cara, a pesar de que aclaró que previo a esa presentación se buscará alcanzar el consenso con los sectores sociales y productivos, y con los partidos políticos. En otras palabras, que se intentará que el debate se haga antes de que el proyecto entre en la corriente legislativa, posiblemente buscando que no se entrampe en los vericuetos del juego político, sobre todo a las puertas de un nuevo proceso electoral.
Bueno, algo se aprendió del fracaso del proyecto de solidaridad tributaria. Pero, ¿se volverá a caer en el error de presentar otra propuesta compleja, mezclando impuestos diferentes, o se intentará primero una reforma del impuesto de renta, y, separadamente, la reforma de otros impuestos, incluyendo por supuesto consumo? Veremos qué sale de Hacienda en los próximos meses. Por ahora el ministro Ayales nos tranquilizó, porque afirmó que “…la situación económica a corto tiempo no es preocupante y puede sostenerse con el Plan ‘B’ que se lanzó luego de que la Sala Constitucional frenara el proyecto fiscal…” ¡Y tanto miedo que nos metieron!

Dicho sea de paso, jugar abusivamente con el factor “miedo” es peligroso, porque las gentes terminan por acostumbrarse, echan callo y dejan de preocuparse. Total, tantas veces nos han asustado con que el mundo se acaba si no se aprueba tal ley o tratado, que cuando eso efectivamente vaya a suceder, pues no lo vamos a creer.

En todo caso, el ofrecimiento de un proceso de consulta previa no puede despreciarse, como dicen los entendidos, a priori. Es decir, antes de que nos presenten la nueva propuesta y la “metodología” de consulta a diferentes sectores.

Porque en este país se necesitan acuerdos amplios sobre el rumbo a seguir en política económica y social, en reforma del estado y en reforma política. Acuerdos en serio, y no “acuerditos” como los que se han venido realizando en las últimas semanas en el ámbito legislativo sobre unos cuantos proyectos, algunos sin ninguna importancia nacional, pero que pomposamente se anuncian como “acuerdos de gobernabilidad”.

La gobernabilidad se alcanza cuando se logra movilizar al grueso de la sociedad en pos de una propuesta o un proyecto que prenda la imaginación colectiva, que haga a la mayoría partícipe en su construcción y en sus beneficios a mediano y largo plazo. Una propuesta o un proyecto que, por encima de los sacrificios presentes, permita vislumbrar un nuevo horizonte de bienestar general.

Y eso, amigas y amigos, no se logra con acuerditos entre partidos que representan muy poco, o a nadie, en el ámbito legislativo. A propósito, ¿quién les representa a ustedes en la Asamblea?

Identidades políticas diluidas

 Una de las funciones que cumplían los partidos políticos en el pasado era proporcionar identidad política a sectores más o menos amplios de la población. Cuando la mayoría de los partidos se corrió hacia un centro derecha, y los diferentes gobiernos comenzaron a parecerse cada vez más en materia de política económica y social; cuando se borraron las fronteras entre social demócratas y neoliberales, y la política fue absorbida por la economía y la tecnocracia, la identidad política se perdió y la confusión se instaló en la mayoría ciudadana.

Hoy en día la “identidad política”, si se puede hablar de ella, la adquiere la ciudadanía a través de los medios de comunicación, fundamentalmente por los noticieros de televisión, como lo revela una encuesta telefónica realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en las dos últimas semanas de abril. Como es telefónica, a pesar de que se realizaron 810 entrevistas, los resultados solamente son generalizables a las personas en hogares con teléfono fijo, que es aproximadamente el 65% del total. Es posible, sin embargo, que el conjunto de la población piense y actúe en forma similar.

La mayoría de las personas entrevistadas (74%) afirmó que es a través de los noticieros de televisión donde se informa sobre política. Dada la preponderancia de la nota roja en esos espacios y la ausencia de análisis sobre la política nacional e internacional, la conclusión es fácil de obtener: ciudadanas y ciudadanos con identidades políticas nulas o diluidas. Por supuesto que no toda la carga de esta disolución la llevan los medios, sino que partidos -o lo que queda de ellos- y políticos, con sus diarias actuaciones, incluyendo la corrupción, se encargan de aumentarla y de alejar a la masa ciudadana de la política. Entre más lejos esté, mejor para sus propósitos.

Por eso no debe extrañar que las diferentes encuestas indiquen que aproximadamente el 50% de la población afirme no simpatizar, y menos pertenecer, a algún partido, y que una elevada proporción de las y los votantes cambie de partido de una elección a otra.

En la encuesta del CIEP, el 50% de las personas que afirmaron haber votado en 2010 indicaron que no volverían a votar igual para presidente, si las elecciones se realizaran hoy. Ese porcentaje se eleva al 56% cuando se pregunta por la elección de diputados.

Los porcentajes de personas arrepentidas son entonces altos y afectan a todos los partidos, pero fundamentalmente a quienes votaron por el PLN (54%), al Movimiento Libertario (59%), y al PUSC (57%). Menor desgaste sufrieron el PASE (40%), el PAC (45%) y el Frente Amplio (50%). ¿Han cumplido con lo que ofrecieron candidatas y candidatos de hace poco más de dos años? El 85% de las personas entrevistadas dijo que no: una mayoría contundente.

En esas condiciones, ¿qué podemos esperar del escenario electoral de 2014?

Cambio de vía

 Lo sucedido el primero de mayo ha sido objeto de amplios y sesudos análisis. Sin embargo, creo que nadie se ha preguntado sobre el sentido de lo que se hace en la Asamblea Legislativa ese día. Ciertamente, es la fecha de arranque de un nuevo año legislativo, ocasión en la cual el presidente o presidenta en ejercicio visita la Asamblea para dirigir una alocución a los diputados y al país. Pero, ¿tiene esa ceremonia algún significado para el conjunto de la sociedad?

La visita presidencial es una tradición que se remonta a 1849, cuando José María Castro Madriz inauguró las sesiones del primer Congreso Constitucional de la recién creada República. Tradición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque en algunos años la visita ocurrió en otras fechas.

En el discurso que pronunció Castro Madriz, después de hacer un corto relato de la situación de la naciente República, dijo que no iba a entrar en los detalles y pormenores de los diferentes ramos de la administración; que eso lo dejaba para los informes impresos de los ministros, que debían ser enviados dentro del término constitucional. Es decir, el sentido original de los mensajes presidenciales era la apertura del año legislativo, momento apropiado para hacer un examen general de la situación del país, trazar rumbos y señalar responsabilidades.

Incluso en el inciso 4 del artículo 139 de la actual Constitución, el énfasis del mensaje escrito que se pide al presidente o presidenta de la República está colocado en la perspectiva, en lo propositivo, en el mirar adelante.

Esa intencionalidad se ha perdido casi totalmente, y los discursos presidenciales del primero de mayo se han convertido en una aburrida lectura de reales o supuestos logros de la gestión de ministerios e instituciones, una especie de “lista de supermercado”, carente de un marco de interpretación que permita su localización dentro de una cierta perspectiva política.

El segundo informe de la presidenta Chinchilla siguió esa pauta, fue más de lo mismo. La salsa con que se sirvió no logró ocultar el carácter de la lista. No hubo un análisis profundo de la situación del país y de su gobierno, muy maltrecho por los últimos acontecimientos. El momento era el apropiado para decir hacia dónde quiere llevarnos en lo que resta de su mandato, y qué es lo que se necesita hacer desde el ejecutivo y desde el legislativo para el logro de esas metas.

No se cuánta gente escuchó el mensaje y cuánta siguió con algún nivel de atención lo que pasó en la Asamblea ese día. Pese a que los medios se vuelcan sobre esos actos, me temo que es una minoría la que realmente siente que lo que ahí sucede tiene alguna conexión con su vida cotidiana. De lo que estoy seguro es que este primero de mayo no se produjo ningún cambio de vía del tren de la política, que siguió circulando por una que se separa cada vez más de la que sigue el tren de la sociedad. ¿Hasta cuándo será posible aguantar esa separación?

El mes de los descabezamientos

Abril ha sido un mes plagado de sorpresivos acontecimientos políticos.  Rodaron cabezas, en términos figurativos, de altos funcionarios del gobierno de la presidenta Chinchilla y de personajes de la oposición; se cayó la Ley de Solidaridad Tributaria y una nueva encuesta de UNIMER mostró la realidad del deterioro de la imagen del gobierno, que se vino en picada hasta niveles parecidos a los de Figueres y Pacheco, que han sido los gobernantes peor evaluados de las últimas décadas.  Finalmente, el matutino La Nación, que con sus investigaciones provocó las caídas de funcionarios, también quedó maltrecho al revelarse que puede enfrentar un juicio por impuestos no pagos por un monto de 1.918 millones de colones.

La Alianza por Costa Rica no logró reponerse a tiempo del descabezamiento, y mientras los diputados del PAC no terminaban de aceptar los nombres que ofrecía el Movimiento Libertario, los dirigentes de la fracción liberacionista, ni cortos ni perezosos, se los madrugaron ofreciendo al PASE el confite de la presidencia legislativa y otros  cargos, a cambio del control de las comisiones y, por debajo, del Directorio de la Asamblea.  Un acuerdo llamado de “gobernabilidad”, que no está sustentado en propuestas compartidas para sacar al país del atolladero en que está metido, sino en negaciones:  no al estado laico, no a las uniones entre personas del mismo sexo, no al aborto.

¿Por qué le llamarán acuerdo de gobernabilidad a este parto de los montes?  Ya debería prohibirse el uso indiscriminado del término gobernabilidad, que igual sirve para un roto que un cosido, pero que en la retórica de los gobernantes, significa disponer del suficiente poder para hacer lo que venga en gana, sin tener que negociar con incómodas oposiciones. 

Llegamos así a un nuevo primero de mayo, con un gobierno prácticamente en el suelo, en buena parte por culpa del anterior, sin reforma tributaria, con poco que mostrar de obra real y sin aparente perspectiva sobre el camino a seguir en los dos años que le quedan.  Con una Asamblea Legislativa dividida en dos bloques, cuyo accionar seguramente no va a ser nada fluido, porque el acuerdo PASE-PLN podría haber reunificado a la oposición.  Pero también --hay que decirlo-- con partidos de oposición que no dan muestras de claridad sobre como salir del actual empantanamiento.

Tiempos oscuros nos esperan, a menos que aparezcan iluminados que nos indiquen qué hacer.  Poco se puede esperar de los partidos y menos de un PLN enfrascado en una prematura lucha de tendencias, pese a que Figueres ha amenazado con presentar en breve una propuesta de país que entregará al gobierno para su desarrollo.  Pero de estas propuestas que vienen de afuera ya estamos curados.

¿No será que ha llegado la hora de la sociedad civil, que ante la ausencia de pensamiento en el gobierno y los partidos, promueva acuerdos políticos amplios y viables antes de que la situación se deteriore aún más?

Cambiar las campañas electorales

Entre las medidas de emergencia propuestas por la presidenta Chinchilla para mitigar el déficit fiscal, que están lejos de conformar todavía un plan B, alternativo a la fenecida Ley de Solidaridad Tributaria, se ha mencionado la disminución del aporte estatal a las campañas electorales. Como se sabe la Constitución Política fija dicho monto en el 0,19 % del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de las elecciones para presidente, vicepresidentes y diputados.

Para de 2010 se logró aprobar una reforma transitoria que redujo dicho aporte al 0,11% del PIB; ahora se propone reducirlo al 0,08%, es decir, a menos de la mitad de lo estipulado en la Constitución. La propuesta seguramente contará con la simpatía y el apoyo amplio de la ciudadanía, pero, aunque los jefes de fracción de los principales partidos, con la excepción del Movimiento Libertario, han dicho que están de acuerdo, habrá que esperar la opinión de los aspirantes a candidatos presidenciales, quienes en última instancia podrán sentirse perjudicados, además, por supuesto, de la madeja de proveedores privados que esperan con ansia los períodos electorales para engordar sus arcas.

Si la reducción propuesta se vuelve efectiva, quizás ayude a cambiar la forma en que se realizan las campañas, donde el dinero de los contribuyentes se tira improductivamente en cortos de televisión y de radio, en signos externos, en transporte y en otros gastos innecesarios. Eso sin mencionar los gastos fantasmas y los abusos, con fuerte olor a corrupción, que han sido de conocimiento de la ciudadanía y que son investigados por la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Investigaciones que tocan por ahora a los partidos Movimiento Libertario, Liberación Nacional y Renovación Costarricense.

Estos manejos no virtuosos de dineros, que podrían ser muy bien aprovechados en otros menesteres, ponen de manifiesto la necesidad de cambiar las campañas electorales. Que deben ser más cortas y más efectivas en el planteamiento de programas viables de gobierno y en el debate de ideas. La mayoría ciudadana ya está cansada de los cortos de televisión vacíos, que promueven las candidaturas como si fueran marcas de jabón o prendas de vestir, campañas que lejos de elevar la capacidad analítica de electoras y electores, les rebaja en su calidad de personas que deben hacer escogencias ojalá con la mayor información posible.

Si no hay voluntad de reforma en los partidos para mejorar las campañas electorales, si no sienten la presión ciudadana para que ello ocurra, los gastos seguirán siendo millonarios, pero esta vez para sostenerlos se tendrán que ampliar los montos de las contribuciones individuales, con las consecuencias políticas que conocemos, en términos de influencia en gobiernos y otros males. Además, más dineros de procedencia dudosa se podrían introducir a hurtadillas, burlando los controles establecidos.