La presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha estado vacante desde el 17 de febrero pasado, a raíz del fallecimiento de don Luis Paulino Mora. Se fijó para el 10 de abril la elección de la persona que desempeñaría el cargo por el período correspondiente, pero posteriormente se decidió, a instancias del magistrado Jinesta, postergar dicha elección hasta tanto no se realizaran unas jornadas de reflexión sobre el Poder Judicial y su rumbo. Hasta el momento en que esta columna fue escrita no se había fijado una nueva fecha para la elección, a pesar de que han pasado más de sesenta días desde que quedó vacante.
El magistrado Vega Robert, en declaraciones para el diario La Nación, ha afirmado que la demora obedece a cálculos políticos de posibles a aspirantes al cargo, que esperan que la demora desgaste a los rivales y aumente sus posibilidades de alcanzar la presidencia. No hay que olvidar que la magistrada Calzada se retira al final del mes, y que, por tanto, no votará, y que la Asamblea Legislativa debe hacer dos nuevos nombramientos para llenar las vacantes en la Sala Constitucional. Nombramientos que pueden alterar, positiva o negativamente, las aspiraciones de unos y de otros. Por supuesto que la mayoría de magistradas y magistrados negó lo afirmado por Vega Robert o dio la callada por respuesta, salvo el magistrado Fernando Cruz, quien admitió la existencia de una situación anómala.
Por ahora no hay candidaturas abiertas, pero en corrillos se manejan algunos nombres, incluyendo por supuesto el de la magistrada Zarela Villanueva, hermana del también aspirante a conducir la Asamblea Legislativa en el último año de la Administración Chinchilla, Luis Gerardo Villanueva. Seguramente esta situación es uno de los factores que ha demorado la elección de la presidencia de la Corte, como también los juegos de poder internos, producto de diferencias personales, políticas, ideológicas y de criterio en torno al ejercicio de la justicia.
Las presiones externas también existen y en determinadas situaciones políticas la proclamada independencia de poderes tiende a volverse muy débil, como durante la discusión del TLC. No es posible descartar tampoco los intentos del poder político y económico de integrar una Corte vasalla a sus intereses. Como bien lo señaló el desaparecido Luis Paulino Mora en su discurso “Una silla vacía”, en noviembre del año pasado, hay fuerzas a las que les gustaría tener a su disposición una Corte complaciente.
En este marco hay que situar, además, el nombramiento de la presidencia de la Sala Tercera, también en la mira de ciertos intereses políticos y económicos. Como es conocido, a esta Sala le ha tocado examinar y fallar algunos de los sonados casos de corrupción política. Para muestra un botón: en 2012 la Sala resolvió 29 procesos contra miembros de los supremos poderes. Así que no solamente lo que pasa en la Sala Constitucional preocupa a esos intereses.
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