Los miserables

La película “Los miserables” conmueve a las mayorías de espectadores hasta el punto de las lágrimas, por situaciones escenificadas en la Francia del siglo diecinueve. La novela del escritor Víctor Hugo, presentada ahora como comedia musical, es en realidad una reflexión sobre la justicia, sobre el bien y el mal, sobre la ley y la ética, entre otras cosas. No sé si esto lo percibe esa mayoría de espectadores, que seguro tampoco relacionan lo que miran y les conmueve, con lo que sucede en Costa Rica con la justicia y el sistema carcelario actual.

Para empezar, la diferencia entre la capacidad real de la mayoría de los centros carcelarios está rebasada por mucho. Esto quiere decir que la generalidad de las personas indiciadas o condenadas se encuentra en condiciones que chocan abiertamente con lo que se pregona dentro y fuera del país: que somos respetuosos de los derechos humanos.

Los datos son contundentes. La sobrepoblación carcelaria es de 35,6 por ciento en todo el país; pero en San José es de 64,9 por ciento y en La Reforma de 59,5 por ciento. En otras palabras, que si pagar con cárcel un delito implica restricciones, penurias y estigmas para quienes los cometen, les estamos recetando un castigo adicional, al obligarles a vivir en condiciones de hacinamiento propios de otra época. La televisión a veces nos permite asomarnos a ese mundo oscuro y desconocido para la mayor parte de la población.

Llama la atención el número de indiciados, es decir, de personas que están en prisión preventiva porque son sospechosas de haber cometido delitos, pero que aún no han sido formalmente acusados: 3259 personas. Como se sabe, los tribunales no son precisamente expeditos, y no pocas veces el indiciado termina siendo liberado de toda culpa, pero ¿qué pasa con el tiempo que estuvo encarcelado?

Las gentes demandan mano dura y cárcel para delincuentes y se queja de que muchos son liberados rápidamente, pero no se dan cuenta que las cárceles están a reventar, y que hay una sobrepoblación carcelaria que vive en condiciones sórdidas, que de ninguna manera favorecen la reincorporación de una buena parte de esas personas, sobre todo de quienes cometieron delitos menores.

Las pésimas condiciones en que viven estas personas no son solamente producto de la incapacidad de las instituciones encargadas de construir y mantener en buenas condiciones las cárceles. Son también el resultado de legislación aprobada en los últimos veinte años, que receta cárcel a personas cuyos delitos podrían ser tratados de otra forma. Es la vieja discusión en el derecho penal entre los llamados “abolicionistas”, y quienes consideran que la cárcel es la única solución frente al delito.

Una discusión que está presente en nuestro medio, que seguramente está en el fondo de las aguas que se mueven en torno a la próxima elección de la persona que presidirá el Poder Judicial, y de quienes ocuparán las vacantes en la Sala Constitucional.