¿Conflicto entre poderes?

El bloqueo de los diputados de oposición al proyecto de ley para la emisión de los eurobonos, hasta tanto la presidenta Chinchilla no pida la renuncia del vicepresidente Liberman y destituya al ministro Garnier, ha creado una situación complicada.

No se sabe si los diputados de oposición están dispuestos o pueden mantener el bloqueo hasta doblegar a la Presidenta, o si el gobierno puede desbaratar esta alianza circunstancial de la oposición, pactando con una o varias de las fracciones que la integran, manteniendo a los funcionarios en sus cargos sin ninguna sanción, a cambio de algunos beneficios para partidos o individuos.

La Asamblea ha entrado en receso, lo que baja en lo inmediato la presión y da tiempo para buscar algún arreglo antes de que termine el período de sesiones ordinarias, y se inicie el de extraordinarias de agosto. Sin embargo, a estas alturas parece difícil arribar a algún acuerdo sin sacrificios para las partes, porque las posiciones se llevaron innecesariamente al extremo, a mi juicio.

Para empezar creo que la presidenta Chinchilla y sus inmediatos colaboradores se precipitaron ante el Informe de la Procuraduría de la Ética Pública. Al fin y al cabo el párrafo final de dicho Informe dice textualmente lo siguiente: “Debido a lo que antecede se remite el presente Informe a la señora Presidenta de la República, a fin de que proceda como en derecho corresponda”. Y, ¿qué es lo que corresponde? No lo sé; quizás una llamada de atención hubiera sido suficiente para terminar con el asunto.

Pero lo desautorizaron sin tomarse el tiempo para estudiar el contenido, evaluar las posibles respuestas, medir su impacto dentro de la actual situación política nacional, y tomar la decisión que mejor conviniera a los intereses del gobierno y del país. Si así lo hubieran hecho, me parece que habrían evitado la actual crispación política o al menos podrían haber recortado sus contornos más agudos.

Tengo la impresión que la Presidenta y sus inmediatos colaboradores no están haciendo una lectura adecuada de la situación política del gobierno, o si lo han hecho, no quieren aceptarla. Porque el momento es muy malo, con reclamos procedentes de diversos sectores y rompimientos con algunos de ellos, que amenazan con agravarse, deteriorando aún más la imagen pública que se proyecta, como lo muestran los sondeos de opinión. La precipitada reacción del gobierno ha venido a fortalecer la idea de que ante la corrupción no se hace nada, independientemente de la calificación que merezcan los actos atribuidos a Liberman y a Garnier.

A la pésima reacción del gobierno, siguió otra parecida de la oposición legislativa, que tampoco goza de muy buena imagen pública, y ahora estamos donde estamos: ante las puertas de una crisis entre poderes, salvo que unos u otros cedan en los próximos días o semanas, con costos políticos que pueden ser elevados para el gobierno o para la oposición.