Revisar el financiamiento

Aunque el proceso electoral no finaliza todavía, es posible señalar algunos aspectos que convendría revisar.  De acuerdo con un análisis preliminar realizado en conjunto con un grupo de colegas, el aporte estatal sigue ofreciendo problemas.

Ha quedado claro que es excesivo el monto del 0,19% del PIB fijado en el artículo 96 de la Constitución Política, como contribución del estado al financiamiento de las campañas electorales.   Podría ser mucho menor; seguramente entre el 0,08% y el 0,11% del PIB sería suficiente.  La desaparición de las plazas públicas y la pérdida de importancia de la propaganda en medios significa una considerable reducción de los gastos, reducción que podría ser mayor si se da un paso adelante para hacer más equitativa la presencia de los partidos en televisión, radio y prensa escrita.  El Tribunal Supremo de Elecciones podría destinar una suma para hacer la contratación de espacios, que se distribuirían de acuerdo a una fórmula que combine el peso electoral de los partidos establecidos y la necesidad de los nuevos de darse a conocer.  Vale la pena revisar la experiencia de México en este aspecto.

Los bancos se han convertido en actores de primer orden en los procesos electorales.  A ellos deben recurrir los partidos para negociar adelantos, generalmente en condiciones desfavorables.  Los bancos sueltan el dinero o lo retienen de acuerdo con criterios de bolsa, es decir, de rentabilidad de la inversión.  Esta intervención distorsiona el principio constitucional, pues en la búsqueda de financiamiento real y oportuno, los partidos caen en manos de bancos que, además de ganar mucho dinero con las operaciones, pueden torcer los resultados finales de un proceso electoral, según abran o cierren la llave del financiamiento.  El uso de las encuestas políticas para la reducción del riesgo ha mostrado sus límites en un escenario donde un sector considerable del electorado no emite opinión.  Se impone entonces una revisión a fondo del mecanismo definido por el TSE.

De acuerdo con informaciones de medios, los votos en el exterior triplicaron el costo estimado, debido a que solamente se presentaron a votar 2.771 personas, de las 12.654 que se habían inscrito.  La alta inversión y los magros resultados obtenidos, a pesar de su interesante significado simbólico, también obliga a replantear el procedimiento.  En un mundo donde a diario ocurren innovaciones en las tecnologías de información y comunicación seguramente se podrán encontrar otras formas seguras de involucrar en los procesos electorales a las poblaciones de ticos en el exterior, que no demanden traslados tan costosos de personal y de material para el fisco.  Pero también costos elevados en tiempo y dinero para muchos de los posibles votantes, porque no viven cerca de los consulados donde se instalaron las mesas de votación.  El sistema implementado conlleva entonces un principio de discriminación que debería eliminarse.