martes, 18 de diciembre de 2012

Indulto controvertido

La semana anterior el Consejo de Gobierno concedió el indulto a cuatro mujeres y cinco hombres, de un total de 82 solicitudes presentadas. De los indultos concedidos, uno ha sido objeto de controversia, por varias circunstancias: la Sala Tercera había confirmado la sentencia; la persona beneficiada se encontraba en la fase inicial de cumplimiento de ella; el Instituto Nacional de Criminología no había recomendado el indulto, por esa y otras razones, y, finalmente, porque en la gestión realizada por vecinos de la comunidad medió la mano de un connotado diputado de oposición.

Es delicado emitir criterio sobre un asunto que involucra directamente las vidas de dos personas concretas, e indirectamente la de muchas más. Dos personas que no tenían historial delictivo, que se ven enfrentadas desigualmente en un hecho de violencia, que termina por afectar también desigualmente sus vidas y su futuro. Uno de ellos convicto y ahora indultado; el otro, con las huellas del incidente en su cuerpo y en su alma, que le acompañarán por el resto de sus días. No sobra decir que los protagonistas del incidente están en dos situaciones sociales diametralmente diferentes, que les ayudarán o les impedirán retomar la línea de desarrollo de sus vidas.

Por eso llama poderosamente la atención que en hecho tan controvertido, ministros del gobierno y la propia presidenta Chinchilla hayan tomado partido, olvidando la otra cara de la moneda. No solamente estuvieron de acuerdo con el indulto, sino que a posteriori se han dedicado a defender a quien en su momento un tribunal condenó, y a justificar la acción con argumentos destinados a tocar fibras sensibles de un sector posiblemente amplio de la ciudadanía: la defensa de la familia y la propiedad privada. En esta línea de argumentaciones les ha salido un cirineo: Ottón Solís.

Se olvida el marco social en que ocurrió este desgraciado incidente, y otros similares: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que enfrentan importantes sectores de la población. En la región Huetar Norte la pobreza afecta al 25% de las personas. Una situación marcada, además, por inseguridad ciudadana, exagerada a veces por los medios de comunicación, que lleva a algunas personas a adquirir armas que les proporcionan un falso sentimiento de seguridad, pero que entrañan un doble peligro: la propia muerte por accidentes o por enfrentar delincuentes expertos y la toma de la justicia por mano propia.

La Presidenta y los ministros, con el indulto y su argumentación, están incentivando esta última acción, con los peligros que entraña para la estropeada institucionalidad costarricense. También este indulto lleva inevitablemente a preguntarse si se cumple el precepto constitucional de igualdad ante la ley, o si estamos ante un sistema que al final de cuentas distribuye la justicia desigualmente. Es decir ante una justicia para ricos y otra para pobres.

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