En la comisión especial legislativa que estudia las concesiones otorgadas por el Estado costarricense, la Contralora General de la República, Rocío Aguilar, afirmó que en este tema “todos estamos aprendiendo”. Una afirmación poco feliz, sobre todo proviniendo de una persona que ocupó la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones, de mayo de 2002 a junio de 2005.
Puesto que el Consejo tiene más de diez años de existencia, es de suponer que algún aprendizaje se hubiera adquirido y acumulado. No es posible que después de este tiempo se diga tranquilamente que todavía estamos aprendiendo, porque están comprometidos servicios necesarios y dineros públicos en grandes cantidades. Si la afirmación es cierta, entonces el tiempo ha pasado en vano y estamos como empezando, dispuestos a seguir cometiendo, como principiantes, los mismos errores.
Durante años se ha afirmado que la única forma de realizar estas obras es mediante la concesión, porque el Estado carece de fondos y capacidad para realizarlas y administrarlas adecuadamente. Esta afirmación tiene mucho de la ideología predominante en las últimas décadas, que se resume en aquello de “menos Estado y más mercado”. Ideología que ha justificado la entrega de porciones del Estado a la explotación privada, sin mayores discusiones, sobre todo en otros países.
Se alega falta de financiamiento; pero, ¿cuánto habrá invertido el Estado costarricense en poner en operación el mecanismo de concesión de obra? ¿Cuánto del financiamiento de los concesionarios ha provenido de los bancos estatales? Y, ¿cuánto han costado los atrasos y las tortas? Algo de aprendizaje tendría que habernos dejado toda esta historia.
Me pregunto si uno de los obstáculos para la acumulación de aprendizaje es la integración del Consejo. Es un organismo muy político, compuesto por tres ministros, el Presidente Ejecutivo del Banco Central y tres representantes de instancias interesadas de la sociedad civil. Es por tanto una instancia sujeta a las variaciones de la política nacional y a los juegos de intereses que se mueven alrededor de ella. No solamente cambia cada cuatro años, sino que dentro del mismo período presidencial ministros van y vienen, cada uno con sus propias ideas sobre lo que se debe hacer.
En otro aparte de su intervención, la Contralora puso en duda la capacidad del Consejo para supervisar, fiscalizar y controlar estos contratos. Aviados estamos entonces. Y en esas condiciones se pretende entregar en concesión los muelles de Limón y Moín.
Para buena parte de la ciudadanía, concesión de obra es sinónimo de carretera a Caldera. Es decir, de improvisación, ineficiencia, pérdida de derechos para muchos de quienes viven en las inmediaciones de la carretera, peligro y quizás chorizo. Antes de pensar en nuevas concesiones habría que aclarar el panorama.
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