El malestar ciudadano con lo que pasa en el país es pan de cada día. Está en el ambiente; salta en las conversaciones con familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo y otras personas con las que nos relacionamos cotidianamente. No es solamente malestar con el gobierno de turno, o cabreo con los políticos. Es algo más profundo, que toca las bases mismas de la institucionalidad democrática construida a lo largo de años y décadas.
La sensación de que nada funciona, que las instituciones públicas están desbordadas; que no son capaces de darle solución rápida prácticamente a ningún problema, desde los relativamente simples hasta los más complejos, como la crisis financiera y de funcionamiento de la Caja. En fin, la sensación de que los problemas se van acumulando, por ineficiencia o corrupción, sin que se logre vislumbrar soluciones reales a mediano y largo plazo.
Mientras tanto la ciudadanía mira azorada como muchos de los políticos se saltan el presente, sin decir ni pio sobre lo que sucede en la sociedad costarricense, para prometernos el paraíso terrenal después de febrero de 2014, si nos decidimos a elegirlos. Otros se trenzan en estériles luchas personalistas dentro de los partidos, y solamente unos pocos se ocupan de los problemas que afectan a la gran mayoría ciudadana.
El malestar ha empezado a reflejarse sistemáticamente en las encuestas y otros estudios de opinión, bajo la forma de desilusión con la democracia. El Informe del Estado de la Nación, con datos del Barómetro de las Américas, muestra cómo el apoyo ciudadano al sistema político costarricense ha venido cayendo sostenidamente desde hace muchos años, hasta llegar en 2011 al punto más bajo. También la encuesta de UNIMER, recientemente dada a conocer, muestra resultados parecidos. El apoyo al sistema político costarricense y el respeto por las instituciones públicas están a la baja.
Me parece que ese desencanto tiene que ver en mucho con el hecho de que la elección libre y periódica de las principales autoridades no está sirviendo para elegir a mujeres y hombres con programa y con capacidad para ejecutarlo. Es cierto, existe una maraña de leyes y normas que obstaculizan la función pública, pero también lo es el hecho de que buena parte de quienes son electos o son nombrados por razones políticas no tienen los conocimientos, la experiencia ni la capacidad para desempeñar adecuadamente los cargos que ejercen. ¡Y ni qué decir de las calidades éticas!
El cabreo ciudadano está a flor de piel, por lo que no debe extrañar los frecuentes desbordes y excesos que ocurren. No otra cosa se puede esperar cuando un sistema no da respuestas rápidas y oportunas a los problemas que nos aquejan. Más bien es curioso que el país no esté inundado por protestas callejeras de diversa índole.
¡Es una realidad que no puede ser cambiada por la fuerza de los garrotes policiales!
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