La reciente admisión por parte de la Sala Constitucional de dos recursos presentados por el Diputado Luis Fishman, que frena, al menos en el corto plazo, la aprobación en segundo debate de la Ley de Solidaridad Tributaria, ha vuelto a enfrentarnos a un hecho incuestionable: el importante papel político que juega ese Tribunal, muchas veces determinante en el rumbo de los acontecimientos.
Como lo he señalado otras veces, junto con la Defensoría de los Habitantes, la Sala ha sido, por más de veinte años, un elemento de garantía ciudadana contra los abusos perpetrados por las instituciones públicas. Sin embargo, una de sus competencias, la consulta legislativa, la ha colocado en el centro de las discusiones políticas y la ha convertido en una especie de poder por encima del Legislativo. Muchas iniciativas valiosas mueren cuando se trasladan de la Asamblea a la Sala, sin posibilidad de rescate mediante la negociación y los acuerdos legislativos.
Quizás ahí es en donde está el problema, porque la Sala no actúa de oficio, sino a instancias de los propios diputados, y estos recurren a ella ante la imposibilidad de parlamentar y resolver los conflictos dentro de los límites de la propia Asamblea Legislativa. Esta imposibilidad es el resultado de un conjunto de factores, entre los que se cuenta ciertamente el reglamento legislativo, pero también, por un lado, la lógica las mayorías partidarias enceguecidas, que pierden de vista el interés general y tratan de imponer sus puntos de vista contra viento y marea. Por el otro, la insensatez de algunas minorías, que también procuran, mediante la obstrucción, que sus puntos de vista predominen.
En tiempos del bipartidismo el manejo legislativo era más fácil. La presencia de un número mayor de corrientes partidarias dificulta la negociación y la búsqueda de acuerdos, pero no las anula. Lo que ocurre es que algunos partidos no han logrado asimilar las transformaciones ocurridas en el ámbito legislativo y siguen actuando como si el tiempo se hubiera detenido.
En esas condiciones la Sala Constitucional se ha convertido en un territorio en disputa entre diferentes fuerzas políticas, que tratan de controlar sus decisiones mediante el nombramiento de magistrados que de algún modo garanticen sus intereses partidarios. No se busca la capacidad para el cargo, sino la seguridad de que sus votos futuros estén enmarcados dentro de determinados límites.
Por supuesto que no todos los nombramientos se han hecho siguiendo esa lógica, porque la puja entre fracciones permite a veces la emergencia de personas con capacidad e independencia de criterio. Y otros, nombrados dentro de esa lógica, una vez en el cargo actúan con independencia de los intereses que los promovieron.
Si la Asamblea realmente funcionara como un parlamento, el peso político de la Sala sería considerablemente menor.
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