Una fría mañana de estas, comiéndonos un delicioso tamalito, acompañado de café negro, un grupo de colegas comentábamos acerca de los efectos en la opinión pública de la entrevista televisiva realizada a José María Figueres.
Según el sondeo telefónico hecho por la firma Borge y Asociados, el 61,3% de las personas que la vieron, considera que fue montada. Un porcentaje alto, dentro de los límites del sondeo, que movió al entrevistador a salir inmediatamente a defenderse, a pesar que él mismo afirma en su artículo en La Nación, que la "La entrevista se defiende sola". Pero mejor aclarar, porque la gente, dado que no pocas veces le han metido gato por liebre, se ha vuelto muy desconfiada. Y en buena hora.
Sin embargo, como lo muestran el sondeo y la evidencia impresionista, esto es, las conversaciones con amigos y extraños y los comentarios que se oyen en la calle, es que la entrevista "pegó" en un sector de la ciudadanía, y que, por tanto, los objetivos buscados por Figueres y sus allegados, se logró en buena medida: el 43,3% de las personas que vieron la entrevista, afirma que fue "sincero" y "muy sincero".
Es decir, que para estas personas, seguramente la mayoría constituida por simpatizantes liberacionistas, las vagas explicaciones que dio sobre su participación en el asunto ALCATEL fueron satisfactorias y, lo más preocupante, que, por encima de cualquier explicación, pudo más en el ánimo de estas gentes la queja acompañada de suspiros sobre los años que lleva sin comerse un tamal en diciembre. El "efecto tamal", como dijo una distinguida y aguda colega que desayunaba a la par nuestra.
De ser el expresidente peor calificado en las encuestas, Figueres asciende, aparentemente, de nivel. Años de silencio o de explicaciones a medias quedaron en el olvido. Ciertamente, la Fiscalía dijo que no había delito, pero ¿en qué quedamos en el plano de la ética? Porque la contratación y el pago, se diga lo que se diga, fue para influir, de alguna manera, en una decisión que tenía que tomar el ICE.
Errores en la función pública y en la acción política se pueden cometer, y se cometen a diario; pero hay errores y "errores". ¿Cómo se puede exigir transparencia en la política y honestidad en la función pública si estamos dispuestos a disimular o perdonar fácilmente algunos de estos "errores"? Mal estamos si nos damos por satisfechos con explicaciones a medias y nos conmovemos fácilmente ante golpes de efecto destinados a evadir el reconocimiento de las responsabilidades y, en el caso que nos ocupa, a reconocer que lo ocurrido es éticamente reprobable. Ojalá el efecto tamal sea pasajero.
No favorezco el linchamiento mediático, pero me repugna la memoria flaca y la condescendencia irresponsable.
Y con esta me despido… por este año. Felices fiestas y lo mejor para todas y todos en el 2012. Estaremos de vuelta en la segunda semana de enero.
(si no desea recibir más la columna indíquemelo por favor. ¡Gracias!)
lunes, 19 de diciembre de 2011
martes, 13 de diciembre de 2011
La cuarta reinvención de JMF
En la entrevista realizada por Ignacio Santos, director de Telenoticias, al Expresidente José María Figueres, este afirmó que se ha tenido que reinventar al menos tres veces durante su vida. La entrevista parece ser el inicio de la cuarta, dado su anuncio de pronto regreso al país.
Muchas cosas se podrían decir, pero el espacio no permite un análisis exhaustivo de la entrevista. Así que nos limitaremos a unas pocas cosas. En primer lugar, hay que establecer diferencias entre los objetivos de Telenoticias al buscar y lograr la entrevista, después de años de intentos, según se dijo, y los objetivos del Expresidente al concederla. Telenoticias buscaba una primicia y la logró; mientras que Figueres seguramente quería enviar un globo de ensayo, para tantear, una vez transmitida la entrevista, el clima favorable o desfavorable para su regreso.
Dicho eso, hay que reconocer que la entrevista estuvo bien preparada, y que Santos hizo en general las preguntas que había que hacer, repreguntando cuando la respuesta se quedaba corta, pero cuidándose de no caer en el acoso.
En segundo lugar, aunque tardíamente, Figueres resistió durante 66 minutos, a veces con mucha dificultad, bastantes preguntas más que incómodas. Por supuesto que quedó debiendo en la explicación sobre las tareas que realmente él y sus socios realizaron para ALCATEL, tareas que fueron recompensadas con la enorme suma de $900.000 para cada uno de ellos. La luz sobre dicho asunto peliagudo esta vez tampoco llegó.
En tercer lugar, aunque le estaba hablando al país, su público meta primordial era, sobre todo en la parte final, los liberacionistas, tanto los convencidos como los resfriados. A ellos se dirigió cuando afirmó que regresaría a tomar el Partido para limpiarlo de virus y de otras infecciones y alimañas que lo carcomen. Figueres sabe bien que el Partido está en manos de los hermanos Arias, pero que hay descontento y desánimo con esa situación. Él y el grupo que lo apoya habrán pensado que el campo está abonado para su regreso como una especie de hijo pródigo que pondrá orden en casa. La determinación mostrada en esta parte de la entrevista, incluidos los tacos en la garganta y los sollozos reprimidos, habrá calado en esa mayoría liberacionista que se siente perdida, y que, en lenguaje llano, todavía está dispuesta a comer cuento.
Aseveró que ha madurado con todos los golpes recibidos, y que el roce internacional le ha permitido afinar su visión del país, aunque en este punto tampoco dijo mayor cosa. La pregunta que salta es qué habrá aprendido de los personajes con que se ha relacionado, muchos de ellos responsables, por los niveles de codicia a que llegaron, de la difícil situación que atraviesa la mayor parte de la humanidad.
Hasta ahora José María ha sido el Expresidente peor calificado en las encuestas. Veremos si en las próximas la entrevista logra mover el marcador.
Muchas cosas se podrían decir, pero el espacio no permite un análisis exhaustivo de la entrevista. Así que nos limitaremos a unas pocas cosas. En primer lugar, hay que establecer diferencias entre los objetivos de Telenoticias al buscar y lograr la entrevista, después de años de intentos, según se dijo, y los objetivos del Expresidente al concederla. Telenoticias buscaba una primicia y la logró; mientras que Figueres seguramente quería enviar un globo de ensayo, para tantear, una vez transmitida la entrevista, el clima favorable o desfavorable para su regreso.
Dicho eso, hay que reconocer que la entrevista estuvo bien preparada, y que Santos hizo en general las preguntas que había que hacer, repreguntando cuando la respuesta se quedaba corta, pero cuidándose de no caer en el acoso.
En segundo lugar, aunque tardíamente, Figueres resistió durante 66 minutos, a veces con mucha dificultad, bastantes preguntas más que incómodas. Por supuesto que quedó debiendo en la explicación sobre las tareas que realmente él y sus socios realizaron para ALCATEL, tareas que fueron recompensadas con la enorme suma de $900.000 para cada uno de ellos. La luz sobre dicho asunto peliagudo esta vez tampoco llegó.
En tercer lugar, aunque le estaba hablando al país, su público meta primordial era, sobre todo en la parte final, los liberacionistas, tanto los convencidos como los resfriados. A ellos se dirigió cuando afirmó que regresaría a tomar el Partido para limpiarlo de virus y de otras infecciones y alimañas que lo carcomen. Figueres sabe bien que el Partido está en manos de los hermanos Arias, pero que hay descontento y desánimo con esa situación. Él y el grupo que lo apoya habrán pensado que el campo está abonado para su regreso como una especie de hijo pródigo que pondrá orden en casa. La determinación mostrada en esta parte de la entrevista, incluidos los tacos en la garganta y los sollozos reprimidos, habrá calado en esa mayoría liberacionista que se siente perdida, y que, en lenguaje llano, todavía está dispuesta a comer cuento.
Aseveró que ha madurado con todos los golpes recibidos, y que el roce internacional le ha permitido afinar su visión del país, aunque en este punto tampoco dijo mayor cosa. La pregunta que salta es qué habrá aprendido de los personajes con que se ha relacionado, muchos de ellos responsables, por los niveles de codicia a que llegaron, de la difícil situación que atraviesa la mayor parte de la humanidad.
Hasta ahora José María ha sido el Expresidente peor calificado en las encuestas. Veremos si en las próximas la entrevista logra mover el marcador.
martes, 6 de diciembre de 2011
Navegar en dos aguas
El apoyo al proyecto Solidaridad Tributaria ha puesto al PAC a navegar en dos aguas, debido a las disímiles posiciones adoptadas por dos grupos de diputados que integran la bancada legislativa: los que están de acuerdo con el proyecto con las reformas introducidas y los que lo apoyan a regañadientes.
Estas posiciones empezaron a dibujarse desde el momento en que el líder del Partido, Otón Solís, llegó al conocido acuerdo con la presidenta Chinchilla, con el apoyo de la mayor parte de la Comisión Política.
El punto culminante de esta discrepancia parece que se ha alcanzado el último día de noviembre, cuando el grupo disconforme intentó traerse abajo el proyecto mediante una resolución emitida por Juan Carlos Mendoza, presidente legislativo, quien señaló los vicios de procedimiento en que habría incurrido la comisión que dictaminó el mencionado proyecto, vicios que según él obligaban a echar marcha atrás y comenzar de nuevo la tramitación.
Por supuesto que la resolución fue inmediatamente apelada por el diputado Villanueva Monge, jefe de fracción del PLN, con los resultados conocidos: 24 diputados liberacionistas y siete del PAC votaron favorablemente la apelación.
La imagen trasmitida por la televisión no puede ser más elocuente: siete diputados del PAC de pié, mientras que cuatro permanecieron sentados, al igual que los diputados del ML, del PUSC, del PASE y del Frente Amplio. Como todavía está fresco lo sucedido con las fracciones parlamentarias de los dos períodos anteriores, inevitablemente el fantasma de la división ha vuelto a hacer su aparición, y la gente se pregunta si no estamos ante la repetición del fenómeno.
Un día después, la Presidenta del Partido y la Secretaria General, emitieron un documento en el que se apoya por igual a Mendoza y a los diputados que votaron junto con el PLN, asegurando que dentro del PAC es posible sostener posiciones diferentes bajo un mismo paraguas, en un intento de acabar con las especulaciones sobre división. Sin embargo, en un asunto tan delicado como la aprobación de una reforma tributaria no es posible que el partido tenga dos caras.
En otras palabras, que una resolución como la emitida no debería haberse hecho al margen de los órganos competentes del Partido, a no ser que, como podrían pensar algunos mal intencionados, se trata de un doble juego: por un lado el partido honra su compromiso con la presidenta Chinchilla, y por el otro le hace un giño a los sectores inconformes con el proyecto en discusión. Por supuesto que no creo que esa sea la situación. Sabemos que la integridad ética e intelectual de Juan Carlos Mendoza le impide prestarse a tal juego. Actuó honesta y valientemente, pero dejó otra vez la credibilidad del PAC en entredicho.
¿Tenía razón en sus argumentaciones? Difícil saberlo porque es un asunto de interpretación de reglamentos y resoluciones, que ni la santa Sala Cuarta podrá resolver sin dejar dudas.
Estas posiciones empezaron a dibujarse desde el momento en que el líder del Partido, Otón Solís, llegó al conocido acuerdo con la presidenta Chinchilla, con el apoyo de la mayor parte de la Comisión Política.
El punto culminante de esta discrepancia parece que se ha alcanzado el último día de noviembre, cuando el grupo disconforme intentó traerse abajo el proyecto mediante una resolución emitida por Juan Carlos Mendoza, presidente legislativo, quien señaló los vicios de procedimiento en que habría incurrido la comisión que dictaminó el mencionado proyecto, vicios que según él obligaban a echar marcha atrás y comenzar de nuevo la tramitación.
Por supuesto que la resolución fue inmediatamente apelada por el diputado Villanueva Monge, jefe de fracción del PLN, con los resultados conocidos: 24 diputados liberacionistas y siete del PAC votaron favorablemente la apelación.
La imagen trasmitida por la televisión no puede ser más elocuente: siete diputados del PAC de pié, mientras que cuatro permanecieron sentados, al igual que los diputados del ML, del PUSC, del PASE y del Frente Amplio. Como todavía está fresco lo sucedido con las fracciones parlamentarias de los dos períodos anteriores, inevitablemente el fantasma de la división ha vuelto a hacer su aparición, y la gente se pregunta si no estamos ante la repetición del fenómeno.
Un día después, la Presidenta del Partido y la Secretaria General, emitieron un documento en el que se apoya por igual a Mendoza y a los diputados que votaron junto con el PLN, asegurando que dentro del PAC es posible sostener posiciones diferentes bajo un mismo paraguas, en un intento de acabar con las especulaciones sobre división. Sin embargo, en un asunto tan delicado como la aprobación de una reforma tributaria no es posible que el partido tenga dos caras.
En otras palabras, que una resolución como la emitida no debería haberse hecho al margen de los órganos competentes del Partido, a no ser que, como podrían pensar algunos mal intencionados, se trata de un doble juego: por un lado el partido honra su compromiso con la presidenta Chinchilla, y por el otro le hace un giño a los sectores inconformes con el proyecto en discusión. Por supuesto que no creo que esa sea la situación. Sabemos que la integridad ética e intelectual de Juan Carlos Mendoza le impide prestarse a tal juego. Actuó honesta y valientemente, pero dejó otra vez la credibilidad del PAC en entredicho.
¿Tenía razón en sus argumentaciones? Difícil saberlo porque es un asunto de interpretación de reglamentos y resoluciones, que ni la santa Sala Cuarta podrá resolver sin dejar dudas.
martes, 29 de noviembre de 2011
El país es una enorme presa
En los últimos días me ha tocado andar de presa en presa vehicular. No hay caso, casi por cualquier lugar donde usted se mueva se va a encontrar con una presa y casi a todas horas del día. La situación es prácticamente inaguantable en las horas pico, y ni hablar si ha ocurrido un choque o si hay alguna protesta en las calles.
Si le toca un bloqueo de la llamada "flota roja", de los arroceros, de los motociclistas, de los taxistas piratas o de cualquier otro grupo social o político, que con justa razón o sin ella, se sienta molesto o agraviado por alguna medida tomada por el gobierno, por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa o por la falta de respuesta institucional a sus demandas, mejor no salir de la casa. Busque alguna excusa válida para no llegar a donde va, o agéncieselas para que le den una incapacidad en la Caja.
Lo cotidiano ha sido alterado por la irracionalidad del flujo del tránsito. Si usted quiere llegar a un sitio a una determinada hora, ya sea que use transporte público o auto privado, tendrá que salir mucho antes de lo acostumbrado y quizás ni aún así logre llegar a tiempo. Tal vez en una moto, irrespetando las leyes del tránsito. Como resultado, las jornadas de trabajo se han alargado, los períodos de descanso se han acortado y ha aumentado la tensión en las gentes.
Cuando usted está en medio de una presa nada se puede hacer. No puede moverse ni para adelante ni para atrás. Es como si de pronto usted fuera parte de un enorme reptil que lentamente se arrastra por calles y carreteras. Tiene que moverse al ritmo de un colectivo que depende a su vez de la velocidad de otros, de vías en mal estado, de señales mal colocadas o de ausencia de ellas, de semáforos nada “inteligentes” o de oficiales que dan vía o detienen el tránsito sin obedecer a ninguna lógica. En fin, el caos como parte de nuestras vidas o algo muy cercano a él.
¿Acaso no sucede lo mismo con el país? ¿No tiene usted la sensación de que estamos atrapados, como sociedad, en una inmensa presa que no se mueve, que no se sabe si se moverá, y si lo hace, cuál dirección tomará? ¿En una presa ante la cual los tráficos, léase los políticos, enfrascados en juegos de interés y peleas partidarias sin sentido, no están en disposición o son incapaces de dirigir eficientemente al colectivo hacia mejores y mayores metas de bienestar general? Y lo peor, ¿que a la mayoría de nosotros, ciudadanas y ciudadanos, no parece importarnos tampoco el destino final del colectivo, tal vez porque se siente impotente y prefiere la búsqueda individual de la subsistencia en medio de esa presa interminable?
No se si estoy cargando demasiado las tintas, pero antes de escribir esta columna me quedé otra vez atrapado en una presa y me dio por filosofar, mientras esperaba impotente que en algún momento del día se reanudara la circulación.
Si le toca un bloqueo de la llamada "flota roja", de los arroceros, de los motociclistas, de los taxistas piratas o de cualquier otro grupo social o político, que con justa razón o sin ella, se sienta molesto o agraviado por alguna medida tomada por el gobierno, por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa o por la falta de respuesta institucional a sus demandas, mejor no salir de la casa. Busque alguna excusa válida para no llegar a donde va, o agéncieselas para que le den una incapacidad en la Caja.
Lo cotidiano ha sido alterado por la irracionalidad del flujo del tránsito. Si usted quiere llegar a un sitio a una determinada hora, ya sea que use transporte público o auto privado, tendrá que salir mucho antes de lo acostumbrado y quizás ni aún así logre llegar a tiempo. Tal vez en una moto, irrespetando las leyes del tránsito. Como resultado, las jornadas de trabajo se han alargado, los períodos de descanso se han acortado y ha aumentado la tensión en las gentes.
Cuando usted está en medio de una presa nada se puede hacer. No puede moverse ni para adelante ni para atrás. Es como si de pronto usted fuera parte de un enorme reptil que lentamente se arrastra por calles y carreteras. Tiene que moverse al ritmo de un colectivo que depende a su vez de la velocidad de otros, de vías en mal estado, de señales mal colocadas o de ausencia de ellas, de semáforos nada “inteligentes” o de oficiales que dan vía o detienen el tránsito sin obedecer a ninguna lógica. En fin, el caos como parte de nuestras vidas o algo muy cercano a él.
¿Acaso no sucede lo mismo con el país? ¿No tiene usted la sensación de que estamos atrapados, como sociedad, en una inmensa presa que no se mueve, que no se sabe si se moverá, y si lo hace, cuál dirección tomará? ¿En una presa ante la cual los tráficos, léase los políticos, enfrascados en juegos de interés y peleas partidarias sin sentido, no están en disposición o son incapaces de dirigir eficientemente al colectivo hacia mejores y mayores metas de bienestar general? Y lo peor, ¿que a la mayoría de nosotros, ciudadanas y ciudadanos, no parece importarnos tampoco el destino final del colectivo, tal vez porque se siente impotente y prefiere la búsqueda individual de la subsistencia en medio de esa presa interminable?
No se si estoy cargando demasiado las tintas, pero antes de escribir esta columna me quedé otra vez atrapado en una presa y me dio por filosofar, mientras esperaba impotente que en algún momento del día se reanudara la circulación.
martes, 22 de noviembre de 2011
Los ticos: ¿hipercríticos o incongruentes?
Frecuentemente los medios de comunicación destacan resultados de encuestas y otros estudios que alimentan el ego nacional. Por ejemplo, que somos el país más feliz del mundo. No le dan igual divulgación a otros resultados que ponen en entredicho algunos de los lugares comunes que se repiten sin la menor pizca de crítica, o a las incongruencias entre respuestas.
La Corporación Latinobarómetro ha venido realizando encuestas anuales en 18 países de América Latina, entre ellos Costa Rica, que suministran importante información política, con las limitaciones, por supuesto, que tienen estos estudios. Se miden opiniones y percepciones, y se parte del supuesto de que todas las personas que se entrevistan tienen información sobre lo que se pregunta, lo cual no siempre es cierto. Con ese cuidado veamos algunos de los resultados sobre nuestro país.
Lo primero que llama la atención es la desaprobación a la gestión de los gobiernos, entre los años 2000 y 2011. Aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas desaprueba la gestión de los presidentes y presidenta, salvo en 2003 y 2005, cuando ese porcentaje se vino abajo (37 y 32 por ciento respectivamente), y en 2009, cuando la evaluación fue muy alta: 75 por ciento.
El apoyo a la democracia como forma de gobierno se ha mantenido oscilante desde el 2000, con una tendencia a la disminución que se agudiza en el último año: disminuye 7 puntos porcentuales entre 2010 y 2011, situándose en el 65%. Pero el nivel de satisfacción con la democracia real del país es mucho más bajo: 44%. Además, a las personas entrevistadas se les pidió calificar la democracia de Costa Rica en una escala de 1 a 10. El promedio de las calificaciones resulto ser 7,5. Es decir, que pasamos raspando.
Un poco más de la mitad de los ticos, aproximadamente, considera que a esta democracia le falta reducir los niveles de corrupción, y a una tercera parte le parece que le falta garantizar la justicia social, aumentar la transparencia del Estado y la participación ciudadana. Solamente un 11% considera que está bien como está. Por otra parte, la confianza en la Asamblea Legislativa es muy baja (27%), lo mismo sucede con el Poder Judicial (34%), y los partidos políticos apenas alcanzan un 19%.
En cuanto a distribución del ingreso, solo el 24% considera que es justa y muy justa. En concordancia con esa respuesta, únicamente el 18% considera que el gobierno actúa para el bien de todo el pueblo, con una caída espectacular de 13 puntos con relación a la medición de 2010. Además, la mayoría de las personas considera que el país está estancado (82%).
En medio de estos descontentos, ¿cómo entender que la mayoría de los entrevistados dice estar satisfecha con la vida (88%)? ¿Hipercríticos, incongruentes, o fallas en la medición? ¡Vaya usted a saber!
La Corporación Latinobarómetro ha venido realizando encuestas anuales en 18 países de América Latina, entre ellos Costa Rica, que suministran importante información política, con las limitaciones, por supuesto, que tienen estos estudios. Se miden opiniones y percepciones, y se parte del supuesto de que todas las personas que se entrevistan tienen información sobre lo que se pregunta, lo cual no siempre es cierto. Con ese cuidado veamos algunos de los resultados sobre nuestro país.
Lo primero que llama la atención es la desaprobación a la gestión de los gobiernos, entre los años 2000 y 2011. Aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas desaprueba la gestión de los presidentes y presidenta, salvo en 2003 y 2005, cuando ese porcentaje se vino abajo (37 y 32 por ciento respectivamente), y en 2009, cuando la evaluación fue muy alta: 75 por ciento.
El apoyo a la democracia como forma de gobierno se ha mantenido oscilante desde el 2000, con una tendencia a la disminución que se agudiza en el último año: disminuye 7 puntos porcentuales entre 2010 y 2011, situándose en el 65%. Pero el nivel de satisfacción con la democracia real del país es mucho más bajo: 44%. Además, a las personas entrevistadas se les pidió calificar la democracia de Costa Rica en una escala de 1 a 10. El promedio de las calificaciones resulto ser 7,5. Es decir, que pasamos raspando.
Un poco más de la mitad de los ticos, aproximadamente, considera que a esta democracia le falta reducir los niveles de corrupción, y a una tercera parte le parece que le falta garantizar la justicia social, aumentar la transparencia del Estado y la participación ciudadana. Solamente un 11% considera que está bien como está. Por otra parte, la confianza en la Asamblea Legislativa es muy baja (27%), lo mismo sucede con el Poder Judicial (34%), y los partidos políticos apenas alcanzan un 19%.
En cuanto a distribución del ingreso, solo el 24% considera que es justa y muy justa. En concordancia con esa respuesta, únicamente el 18% considera que el gobierno actúa para el bien de todo el pueblo, con una caída espectacular de 13 puntos con relación a la medición de 2010. Además, la mayoría de las personas considera que el país está estancado (82%).
En medio de estos descontentos, ¿cómo entender que la mayoría de los entrevistados dice estar satisfecha con la vida (88%)? ¿Hipercríticos, incongruentes, o fallas en la medición? ¡Vaya usted a saber!
martes, 15 de noviembre de 2011
Centroamérica importa
En general los ticos tendemos a pensar que el resto de países que conforman Centroamérica poco tienen que ver con nosotros, con nuestra realidad social y política. Miramos los toros desde la barrera, como se dice, y solamente reaccionamos cuando tenemos algún problema fronterizo con Nicaragua.
Se olvida que, para bien y para mal, ocupamos una porción del territorio conocido como Centroamérica, y por tanto, importa lo que sucede en el resto de países de la subregión, pese a las características sociales y políticas distintivas de cada uno de ellos. No solamente compartimos un pasado histórico y muchos rasgos culturales, sino que también estamos conectados en el plano comercial, con ventajas evidentes para Costa Rica.
Traigo esto a colación a raíz de las elecciones en Nicaragua, donde Ortega fue reelecto por una sorprendente mayoría, pese a las denuncias de la oposición, y la segunda vuelta en Guatemala, que confirmó al general Otto Pérez Molina, como presidente electo de la República. Aunque los medios han destacado estos procesos electorales, sobre todo el nicaragüense, lo cierto es que la mayoría ciudadana ha permanecido ajena, sin conectarlos con nuestro particular momento histórico.
Importa, sin embargo, saber si el gobierno ha analizado los resultados de ambas elecciones en el marco de una política exterior hacia la subregión y si está reaccionando de acuerdo con ella. Porque, ¿cómo podemos interpretar la felicitación al presidente electo guatemalteco y el silencio frente al reelecto Ortega? Está bien, el asunto de Isla Calero, cuya resolución depende del Tribunal Internacional de La Haya, ha tensado las relaciones entre ambos gobiernos y ha dado origen a subidos intercambios verbales. Pero, nos guste o no, el hecho es que Ortega estará en el sillón presidencial por cinco años más, al menos, y seguirá por tanto siendo interlocutor del gobierno de Costa Rica.
Puesto que Ortega no tuvo que usar el Río San Juan e Isla Calero como elementos destacados de su campaña, es posible que el clima de tensión entre ambos gobiernos cambie, pero hay que enviar una señal, o un globo de ensayo, para saber a que atenerse. Una protocolaria felicitación por el triunfo obtenido tal vez hubiera servido para ese propósito.
Guatemala está un poco más al norte, pero la elección de un general con un pasado no muy claro durante los años de la guerra interna en ese país, debería preocuparnos. Ha prometido reducir la criminalidad y el narcotráfico con una ofensiva combinada de la policía y de unidades del ejército como los kaibiles, un cuerpo de élite que ha sido objeto de no pocas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque ha afirmado que no está entre sus intenciones seguir el camino mexicano de guerra interna al narcotráfico, esa posibilidad no se puede desechar. Las consecuencias serían funestas para el resto de la subregión.
Así que ojo con las felicitaciones y los silencios.
Se olvida que, para bien y para mal, ocupamos una porción del territorio conocido como Centroamérica, y por tanto, importa lo que sucede en el resto de países de la subregión, pese a las características sociales y políticas distintivas de cada uno de ellos. No solamente compartimos un pasado histórico y muchos rasgos culturales, sino que también estamos conectados en el plano comercial, con ventajas evidentes para Costa Rica.
Traigo esto a colación a raíz de las elecciones en Nicaragua, donde Ortega fue reelecto por una sorprendente mayoría, pese a las denuncias de la oposición, y la segunda vuelta en Guatemala, que confirmó al general Otto Pérez Molina, como presidente electo de la República. Aunque los medios han destacado estos procesos electorales, sobre todo el nicaragüense, lo cierto es que la mayoría ciudadana ha permanecido ajena, sin conectarlos con nuestro particular momento histórico.
Importa, sin embargo, saber si el gobierno ha analizado los resultados de ambas elecciones en el marco de una política exterior hacia la subregión y si está reaccionando de acuerdo con ella. Porque, ¿cómo podemos interpretar la felicitación al presidente electo guatemalteco y el silencio frente al reelecto Ortega? Está bien, el asunto de Isla Calero, cuya resolución depende del Tribunal Internacional de La Haya, ha tensado las relaciones entre ambos gobiernos y ha dado origen a subidos intercambios verbales. Pero, nos guste o no, el hecho es que Ortega estará en el sillón presidencial por cinco años más, al menos, y seguirá por tanto siendo interlocutor del gobierno de Costa Rica.
Puesto que Ortega no tuvo que usar el Río San Juan e Isla Calero como elementos destacados de su campaña, es posible que el clima de tensión entre ambos gobiernos cambie, pero hay que enviar una señal, o un globo de ensayo, para saber a que atenerse. Una protocolaria felicitación por el triunfo obtenido tal vez hubiera servido para ese propósito.
Guatemala está un poco más al norte, pero la elección de un general con un pasado no muy claro durante los años de la guerra interna en ese país, debería preocuparnos. Ha prometido reducir la criminalidad y el narcotráfico con una ofensiva combinada de la policía y de unidades del ejército como los kaibiles, un cuerpo de élite que ha sido objeto de no pocas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque ha afirmado que no está entre sus intenciones seguir el camino mexicano de guerra interna al narcotráfico, esa posibilidad no se puede desechar. Las consecuencias serían funestas para el resto de la subregión.
Así que ojo con las felicitaciones y los silencios.
martes, 8 de noviembre de 2011
Los vivillos y la Asamblea
El historial de acusaciones penales y civiles por deudas y otros comportamientos punibles, de un diputado liberacionista, debe llamarnos a la reflexión, una vez más, sobre la forma en que los partidos designan las candidaturas a diputados y otros cargos de elección popular.
Como lo que prevalece en la mayoría de los partidos es la adhesión incuestionada o el vasallaje al líder de turno, los otros aspectos de la trayectoria de las personas que aspiran a cargos como los señalados quedan ocultos o se disimulan, sobre todo si tienen que ver con la falta de honorabilidad, la inconsistencia política ideológica y, por supuesto, con la ausencia de vínculos con las comunidades que aspiran representar. Y mejor no hablemos del grado de conocimientos sobre el funcionamiento del estado y sus instituciones, sobre su razón de ser y sobre sus funciones dentro de una democracia.
••
No existen los filtros que impidan a personas con antecedentes delictivos o moralmente cuestionables postularse y llegar a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades y a las alcaldías municipales. Las listas que se presentan a consideración de los electores muchas veces contienen nombres de personas que no deberían aspirar a ningún cargo, por alguna de las razones señaladas. La posibilidad de inmunidad parlamentaria resulta muy atractiva para algunos de estos personajes.
Una vez que logran “colarse” en una papeleta, sobre todo en uno de los lugares elegibles, difícilmente se les puede parar, porque el sistema de listas cerradas y bloqueadas impide a la ciudadanía confeccionar, al menos parcialmente, su propia lista de candidatos y candidatas. Hay que votar por las listas que nos presenta cada partido, donde van personas que merecen ser electas pero también otras que no deberían figurar. Por supuesto que queda la opción de no votar o de anular el voto, pero eso es una especie de derecho al berreo.
••
La ciudadanía no está exenta de culpa. Ingenuamente algunos votantes justifican su voto por un partido porque figura una persona que les gusta o les parece bien, sin darse cuenta del efecto de arrastre que tiene ese acto. Es decir, que ese voto favorece al conjunto, no la candidatura específica que le interesa. Por eso llegan a las municipalidades y a la Asamblea personas “non sanctas”, que seguramente no pasarían, o tendrían dificultades para hacerlo, si el sistema de elección fuera cuando menos mixto.
La mayor parte de los votantes solamente se fija, cuando lo hace, en las cualidades y propuestas de candidatas y candidatos a la presidencia de la República y, por arrastre también, vota por las listas de candidaturas que aquellos les presentan a consideración.
Si no nos dejáramos llevar por la pasión y fuéramos un poco más reflexivos, a pesar de los defectos señalados en el sistema electoral, podríamos evitar que algunos ángeles del cielo, como los que se mencionan en estos días, llegaran a la Asamblea Legislativa.
Como lo que prevalece en la mayoría de los partidos es la adhesión incuestionada o el vasallaje al líder de turno, los otros aspectos de la trayectoria de las personas que aspiran a cargos como los señalados quedan ocultos o se disimulan, sobre todo si tienen que ver con la falta de honorabilidad, la inconsistencia política ideológica y, por supuesto, con la ausencia de vínculos con las comunidades que aspiran representar. Y mejor no hablemos del grado de conocimientos sobre el funcionamiento del estado y sus instituciones, sobre su razón de ser y sobre sus funciones dentro de una democracia.
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No existen los filtros que impidan a personas con antecedentes delictivos o moralmente cuestionables postularse y llegar a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades y a las alcaldías municipales. Las listas que se presentan a consideración de los electores muchas veces contienen nombres de personas que no deberían aspirar a ningún cargo, por alguna de las razones señaladas. La posibilidad de inmunidad parlamentaria resulta muy atractiva para algunos de estos personajes.
Una vez que logran “colarse” en una papeleta, sobre todo en uno de los lugares elegibles, difícilmente se les puede parar, porque el sistema de listas cerradas y bloqueadas impide a la ciudadanía confeccionar, al menos parcialmente, su propia lista de candidatos y candidatas. Hay que votar por las listas que nos presenta cada partido, donde van personas que merecen ser electas pero también otras que no deberían figurar. Por supuesto que queda la opción de no votar o de anular el voto, pero eso es una especie de derecho al berreo.
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La ciudadanía no está exenta de culpa. Ingenuamente algunos votantes justifican su voto por un partido porque figura una persona que les gusta o les parece bien, sin darse cuenta del efecto de arrastre que tiene ese acto. Es decir, que ese voto favorece al conjunto, no la candidatura específica que le interesa. Por eso llegan a las municipalidades y a la Asamblea personas “non sanctas”, que seguramente no pasarían, o tendrían dificultades para hacerlo, si el sistema de elección fuera cuando menos mixto.
La mayor parte de los votantes solamente se fija, cuando lo hace, en las cualidades y propuestas de candidatas y candidatos a la presidencia de la República y, por arrastre también, vota por las listas de candidaturas que aquellos les presentan a consideración.
Si no nos dejáramos llevar por la pasión y fuéramos un poco más reflexivos, a pesar de los defectos señalados en el sistema electoral, podríamos evitar que algunos ángeles del cielo, como los que se mencionan en estos días, llegaran a la Asamblea Legislativa.
martes, 1 de noviembre de 2011
¡Ahora la culpa la tiene el PAC!
El acuerdo del PAC con el gobierno, que parecía una buena jugada de Otón Solís para mostrar patriotismo, capacidad de gobierno y perspectiva de mediano y largo plazo en el análisis de los problemas del país, pasadas unas pocas semanas parece estarse convirtiendo en un gran clavo en el zapato del Partido.
En este momento el proyecto de reforma tributaria es de todo, menos popular. Está siendo torpedeado por todos lados, mientras el gobierno está calladito, no lo defiende más allá de ciertos límites, incluso la Presidenta ha dicho que es un proyecto malo, dejando que al PAC le llueva tieso y parejo. En una especie de transmutación de las almas, el proyecto para mal, se convirtió en el proyecto del PAC, con consecuencias sumamente negativas para su imagen.
¿Qué ha pasado? En primer lugar, en un escenario dominado por el descalabro de la Caja, que ha mostrado más que claramente a los extremos a que se puede llegar en el mal manejo de los dineros aportados por trabajadores y empresarios, la iniciativa de darle más recursos al gobierno no puede ser vista con buenos ojos, salvo que existan garantías de que los nuevos fondos van a ser empleados adecuadamente. Dentro de ese escenario la precaria situación del fisco ha pasado a un segundo o tercer plano en el ámbito de las preocupaciones ciudadanas.
Quizás esta sea, vista en perspectiva, una de las fallas del acuerdo del PAC con el gobierno: la ausencia de un marco de reformas institucionales, de mejoramiento del desempeño y de garantías de cumplimiento que aseguren que los nuevos ingresos van a ser bien empleados. Porque, ¿quién podrá afirmar que dentro de unos años no estemos en una situación similar a la actual? El PAC pudo haber pedido mucho más por sus votos, sobre todo por la vía rápida, porque ahora resulta que el proyecto del gobierno podría ser votado fácilmente sin su ayuda: solamente necesita veintinueve votos.
En segundo lugar, me parece que el PAC carece de posibilidades de respuesta rápida a los interrogantes que se le han lanzado al proyecto. Por ejemplo, en la sesión legislativa del lunes 24 de octubre, el diputado José María Villalta hizo una serie de cuestionamientos y arrojó un conjunto de dudas sobre el proyecto. Enfiló las baterías contra el impuesto al valor agregado (IVA) que supuestamente servirá para recaudar el 70 por ciento de los nuevos recursos, lo que según él, se reflejará en una alza generalizada de precios, incluyendo un conjunto de bienes y servicios hasta ahora exentos del pago de impuestos, alza que afectará a grupos sociales de menores ingresos y al funcionamiento de muchas instituciones. Fue una extensa intervención que no fue replicada por nadie. Las dudas entonces quedaron sembradas.
Para colmo de males, el jueves 27 de octubre, el diputado del PAC Claudio Monge, dijo en Diario Extra que su partido pecó de ingenuo en el acuerdo con el gobierno. ¿A quién creerle?
En este momento el proyecto de reforma tributaria es de todo, menos popular. Está siendo torpedeado por todos lados, mientras el gobierno está calladito, no lo defiende más allá de ciertos límites, incluso la Presidenta ha dicho que es un proyecto malo, dejando que al PAC le llueva tieso y parejo. En una especie de transmutación de las almas, el proyecto para mal, se convirtió en el proyecto del PAC, con consecuencias sumamente negativas para su imagen.
¿Qué ha pasado? En primer lugar, en un escenario dominado por el descalabro de la Caja, que ha mostrado más que claramente a los extremos a que se puede llegar en el mal manejo de los dineros aportados por trabajadores y empresarios, la iniciativa de darle más recursos al gobierno no puede ser vista con buenos ojos, salvo que existan garantías de que los nuevos fondos van a ser empleados adecuadamente. Dentro de ese escenario la precaria situación del fisco ha pasado a un segundo o tercer plano en el ámbito de las preocupaciones ciudadanas.
Quizás esta sea, vista en perspectiva, una de las fallas del acuerdo del PAC con el gobierno: la ausencia de un marco de reformas institucionales, de mejoramiento del desempeño y de garantías de cumplimiento que aseguren que los nuevos ingresos van a ser bien empleados. Porque, ¿quién podrá afirmar que dentro de unos años no estemos en una situación similar a la actual? El PAC pudo haber pedido mucho más por sus votos, sobre todo por la vía rápida, porque ahora resulta que el proyecto del gobierno podría ser votado fácilmente sin su ayuda: solamente necesita veintinueve votos.
En segundo lugar, me parece que el PAC carece de posibilidades de respuesta rápida a los interrogantes que se le han lanzado al proyecto. Por ejemplo, en la sesión legislativa del lunes 24 de octubre, el diputado José María Villalta hizo una serie de cuestionamientos y arrojó un conjunto de dudas sobre el proyecto. Enfiló las baterías contra el impuesto al valor agregado (IVA) que supuestamente servirá para recaudar el 70 por ciento de los nuevos recursos, lo que según él, se reflejará en una alza generalizada de precios, incluyendo un conjunto de bienes y servicios hasta ahora exentos del pago de impuestos, alza que afectará a grupos sociales de menores ingresos y al funcionamiento de muchas instituciones. Fue una extensa intervención que no fue replicada por nadie. Las dudas entonces quedaron sembradas.
Para colmo de males, el jueves 27 de octubre, el diputado del PAC Claudio Monge, dijo en Diario Extra que su partido pecó de ingenuo en el acuerdo con el gobierno. ¿A quién creerle?
martes, 25 de octubre de 2011
Trifulcas y carreras
La semana política ha estado movida. La posibilidad de un recorte presupuestario que aparentemente pondría en aprietos a instituciones y programas en 2012, provocó una repentina y desconocida movilización hacia la Asamblea Legislativa de jerarcas de los poderes de la República, de instituciones y ministerios. Ya quisiera la Federación de Fútbol tener un llenazo en el partido contra España como el que tuvo la Asamblea el miércoles.
Y mientras todos corrían en Cuesta de Moras, en Casa Presidencial alguien tuvo la genial idea de darle una dosis adicional de dramatismo al asunto, dejando oír los acordes del “Duelo de la Patria” al inicio de una conferencia de prensa de los ministros de la Presidencia y de Hacienda. En fin, todo un “follón” político, como dirían los españoles.
••
Al final el primer acto de esta tragicomedia terminó como sabemos: la diputada Bejarano del PUSC le zafó la tabla a su jefe de fracción y los recortes se esfumaron por ahora, no sin antes dejar algunas cosas al descubierto que es conveniente señalar, más allá de las machaconas críticas a la Alianza por Costa Rica y su manejo del parlamento.
En primer lugar, que la Asamblea Legislativa no está para aprobar todo lo que sale de Zapote y que la oposición parlamentaria existe porque una parte importante de la ciudadanía considera que el poder ejecutivo tiene que ser moderado y controlado. Si la razón de ser de la Asamblea fuera solamente la aprobación de leyes más o menos sensatas, bien podría ser sustituida por un cuerpo integrado por tecnócratas, designados por un mecanismo diferente a la elección popular.
En segundo lugar, que en una democracia todo es discutible, que nada está escrito en piedra en materia de decisiones políticas y que las discusiones y remezones son útiles para aclarar el aire y sacar a la luz lo que hay en el fondo de los asuntos que se plantean. Los presupuestos son instrumentos de trabajo, muchos de ellos muy bien elaborados pero otros no tanto y algunos son pésimos. El legislador está en la obligación de examinar con lupa lo que se le presenta, de leer entre líneas, de cuestionar y de pedir explicaciones. Un dolor de cabeza para los tecnócratas de la política, pero es parte de la esencia de la democracia.
Por supuesto que pueden darse excesos, por posiciones ideológicas, ignorancia, impericia, politiquería o una combinación de todos esos elementos. La discusión abierta, frente a la ciudadanía, es la que se encarga de aclarar hasta qué punto los cuestionamientos son razonables.
••
En tercer lugar, pese a quien le pese, lo sucedido es un indicador más de que la Asamblea ha comenzado a recuperar el protagonismo perdido en todos estos años, animando la discusión entre las figuras de la política y permitiendo que se ventilen públicamente asuntos de interés general.
En política prefiero las trifulcas y las carreras que la paz de los cementerios de la pretendida gobernabilidad absoluta.
Y mientras todos corrían en Cuesta de Moras, en Casa Presidencial alguien tuvo la genial idea de darle una dosis adicional de dramatismo al asunto, dejando oír los acordes del “Duelo de la Patria” al inicio de una conferencia de prensa de los ministros de la Presidencia y de Hacienda. En fin, todo un “follón” político, como dirían los españoles.
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Al final el primer acto de esta tragicomedia terminó como sabemos: la diputada Bejarano del PUSC le zafó la tabla a su jefe de fracción y los recortes se esfumaron por ahora, no sin antes dejar algunas cosas al descubierto que es conveniente señalar, más allá de las machaconas críticas a la Alianza por Costa Rica y su manejo del parlamento.
En primer lugar, que la Asamblea Legislativa no está para aprobar todo lo que sale de Zapote y que la oposición parlamentaria existe porque una parte importante de la ciudadanía considera que el poder ejecutivo tiene que ser moderado y controlado. Si la razón de ser de la Asamblea fuera solamente la aprobación de leyes más o menos sensatas, bien podría ser sustituida por un cuerpo integrado por tecnócratas, designados por un mecanismo diferente a la elección popular.
En segundo lugar, que en una democracia todo es discutible, que nada está escrito en piedra en materia de decisiones políticas y que las discusiones y remezones son útiles para aclarar el aire y sacar a la luz lo que hay en el fondo de los asuntos que se plantean. Los presupuestos son instrumentos de trabajo, muchos de ellos muy bien elaborados pero otros no tanto y algunos son pésimos. El legislador está en la obligación de examinar con lupa lo que se le presenta, de leer entre líneas, de cuestionar y de pedir explicaciones. Un dolor de cabeza para los tecnócratas de la política, pero es parte de la esencia de la democracia.
Por supuesto que pueden darse excesos, por posiciones ideológicas, ignorancia, impericia, politiquería o una combinación de todos esos elementos. La discusión abierta, frente a la ciudadanía, es la que se encarga de aclarar hasta qué punto los cuestionamientos son razonables.
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En tercer lugar, pese a quien le pese, lo sucedido es un indicador más de que la Asamblea ha comenzado a recuperar el protagonismo perdido en todos estos años, animando la discusión entre las figuras de la política y permitiendo que se ventilen públicamente asuntos de interés general.
En política prefiero las trifulcas y las carreras que la paz de los cementerios de la pretendida gobernabilidad absoluta.
martes, 18 de octubre de 2011
Intereses en juego
Advertimos que alrededor de la discusión sobre la reforma tributaria se irían perfilando los diferentes grupos de interés, tratando de acarrear agua a sus molinos, o lo que es lo mismo, evitando que lo que salga de la Asamblea Legislativa los perjudique.
El acuerdo entre el Gobierno y el PAC ha sido el detonador. Dos elementos dignos de señalar: primero, que la discusión inicialmente se ha centrado en torno al tema de los dividendos de las empresas de zonas francas, que se pretende gravar con la tarifa general del 15 por ciento y con impuestos municipales hasta 100 mil dólares, a partir del 2015. Los defensores de este tipo de inversión externa, que en algún momento se dijo que solamente era necesaria por un tiempo, usan los argumentos de siempre: el peligro de que emigre a otros países, perjudicando a la economía nacional, porque se alega que deja 8 dólares por cada uno de exención, y que emplea a cerca de 60.000 trabajadores.
Lo segundo es que estos intereses han encontrado fuerte resonancia en la fracción legislativa de Liberación Nacional, lo que pone en entredicho el compromiso adquirido por la presidenta Chinchilla. Pero no nos precipitemos, la rebelión todavía no es abierta; por ahora se ha evitado ese escenario. La táctica empleada va por otro rumbo, al menos momentáneamente: se ha pateado la bola hacia el campo del PAC, pidiéndole que reconsidere su posición en torno a este asunto, dada la contundencia de los argumentos empleados, según se dice.
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Como era de esperar, el PAC se ha sacudido rápidamente, y ha pedido a la Presidenta que honre el compromiso adquirido a cambio de los votos de sus diputados en la discusión sustantiva del proyecto de reforma tributaria, que ahora contiene los 17 puntos introducidos por aquel partido. Se entenderá que el PAC no puede echar marcha atrás en ese asunto ni hacer la mínima concesión so pena de perder credibilidad entre sus simpatizantes y dentro de la opinión pública en general. ¿Nos estamos entonces acercando a un escenario donde algunos votos de Liberación junto con los del Movimiento Libertario podrían frenar o atrasar la aprobación del proyecto?
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El influjo de la Presidenta sobre su fracción legislativa está nuevamente en juego. Veremos si la Casa Presidencial logra mantener su posición y colocar en línea a diputados perturbadores del acuerdo, o si otros intereses terminan imponiéndose. En lugar de mantener una posición de defensa de su base social, donde destacan los sectores de ingresos bajos y medios, buena parte de la fracción del PLN ha perdido la brújula y se ha decantado por otros intereses sociales. De alguna manera el PLN ha sustituido al PUSC de antaño, que se asentaba en una base social popular, pero con una cúpula oligárquica.
Finalmente, en este asunto llama la atención la ausencia de presión sobre los diputados, hasta ahora, de grupos y organizaciones representativas de sectores de bajos y medios ingresos.
El acuerdo entre el Gobierno y el PAC ha sido el detonador. Dos elementos dignos de señalar: primero, que la discusión inicialmente se ha centrado en torno al tema de los dividendos de las empresas de zonas francas, que se pretende gravar con la tarifa general del 15 por ciento y con impuestos municipales hasta 100 mil dólares, a partir del 2015. Los defensores de este tipo de inversión externa, que en algún momento se dijo que solamente era necesaria por un tiempo, usan los argumentos de siempre: el peligro de que emigre a otros países, perjudicando a la economía nacional, porque se alega que deja 8 dólares por cada uno de exención, y que emplea a cerca de 60.000 trabajadores.
Lo segundo es que estos intereses han encontrado fuerte resonancia en la fracción legislativa de Liberación Nacional, lo que pone en entredicho el compromiso adquirido por la presidenta Chinchilla. Pero no nos precipitemos, la rebelión todavía no es abierta; por ahora se ha evitado ese escenario. La táctica empleada va por otro rumbo, al menos momentáneamente: se ha pateado la bola hacia el campo del PAC, pidiéndole que reconsidere su posición en torno a este asunto, dada la contundencia de los argumentos empleados, según se dice.
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Como era de esperar, el PAC se ha sacudido rápidamente, y ha pedido a la Presidenta que honre el compromiso adquirido a cambio de los votos de sus diputados en la discusión sustantiva del proyecto de reforma tributaria, que ahora contiene los 17 puntos introducidos por aquel partido. Se entenderá que el PAC no puede echar marcha atrás en ese asunto ni hacer la mínima concesión so pena de perder credibilidad entre sus simpatizantes y dentro de la opinión pública en general. ¿Nos estamos entonces acercando a un escenario donde algunos votos de Liberación junto con los del Movimiento Libertario podrían frenar o atrasar la aprobación del proyecto?
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El influjo de la Presidenta sobre su fracción legislativa está nuevamente en juego. Veremos si la Casa Presidencial logra mantener su posición y colocar en línea a diputados perturbadores del acuerdo, o si otros intereses terminan imponiéndose. En lugar de mantener una posición de defensa de su base social, donde destacan los sectores de ingresos bajos y medios, buena parte de la fracción del PLN ha perdido la brújula y se ha decantado por otros intereses sociales. De alguna manera el PLN ha sustituido al PUSC de antaño, que se asentaba en una base social popular, pero con una cúpula oligárquica.
Finalmente, en este asunto llama la atención la ausencia de presión sobre los diputados, hasta ahora, de grupos y organizaciones representativas de sectores de bajos y medios ingresos.
martes, 11 de octubre de 2011
Otro doce de octubre
El 12 de octubre de 1492 arribaron a la isla Guanahaní, hoy territorio de Bahamas, los tres navíos del grupo expedicionario comandado por Cristóbal Colón. Durante muchos años se habló, todavía hoy algunas personas lo repiten, del “Descubrimiento de América”.
El hecho es que América ya estaba habitada por varios millones de seres humanos, con algunas culturas muy desarrolladas, y ese día lo que se produjo fue el primer contacto entre el mundo conocido por los europeos y este otro mundo. Aunque hoy en día se afirma que posiblemente hubo otros contactos anteriores, sin la amplitud del español, con algunos nórdicos y chinos.
••
Seguramente si no hubiera ocurrido en 1492, más temprano que tarde, el “descubrimiento” se habría realizado, por los avances europeos en conocimientos geográficos y en la construcción de navíos. Seguramente también el contacto habría terminado en lo que terminó: en el avasallamiento de las culturas indígenas, en la explotación inmisericorde de recursos naturales y de personas, y en la imposición de la religión católica y de los modos de vida predominantes en la metrópoli española y, en general, en Europa.
El desarrollo del capitalismo europeo en los siglos posteriores está en gran medida asentado en el oro procedente de América y, por supuesto, en el trabajo esclavo de indígenas y también de los africanos forzados a abandonar su continente. La destrucción de las culturas y la muerte de millones de indígenas no pueden ser olvidadas en esta fecha, ni tampoco borradas por los perdones pronunciados por autoridades españolas y de la iglesia católica. Ocurrió y debe aceptarse como tal.
Desgraciadamente la subordinación impuesta a los indígenas sigue vigente en muchos de los países de América Latina, algunos muy cercanos, como Guatemala, donde a pesar de cambios constitucionales y leyes específicas, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda categoría. Pero dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno, porque bastantes vigas tenemos en el propio.
••
A pesar de que muchas veces se niegue su existencia y se insista en la “similitud racial” de la nación tica, el hecho es que tenemos una importante población indígena y también negra. La mayoría de los indígenas siguen hoy en día en situación precaria, recibiendo poca atención de las autoridades de ministerios e instituciones, y sufriendo invasiones en sus territorios, como les sucedió a los bribris de Keköldi, que acaban de recuperar las tierras que habían sido ocupadas por extraños. Son también muchas veces objeto de discriminaciones diversas y humillaciones por parte de funcionarios e instituciones.
Que este 12 de octubre sirva para reflexionar sobre la situación de los descendientes de los pueblos originarios de Costa Rica que, a pesar de las dificultades y múltiples agresiones, mantienen vivo gran parte de su rico cúmulo cultural.
El hecho es que América ya estaba habitada por varios millones de seres humanos, con algunas culturas muy desarrolladas, y ese día lo que se produjo fue el primer contacto entre el mundo conocido por los europeos y este otro mundo. Aunque hoy en día se afirma que posiblemente hubo otros contactos anteriores, sin la amplitud del español, con algunos nórdicos y chinos.
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Seguramente si no hubiera ocurrido en 1492, más temprano que tarde, el “descubrimiento” se habría realizado, por los avances europeos en conocimientos geográficos y en la construcción de navíos. Seguramente también el contacto habría terminado en lo que terminó: en el avasallamiento de las culturas indígenas, en la explotación inmisericorde de recursos naturales y de personas, y en la imposición de la religión católica y de los modos de vida predominantes en la metrópoli española y, en general, en Europa.
El desarrollo del capitalismo europeo en los siglos posteriores está en gran medida asentado en el oro procedente de América y, por supuesto, en el trabajo esclavo de indígenas y también de los africanos forzados a abandonar su continente. La destrucción de las culturas y la muerte de millones de indígenas no pueden ser olvidadas en esta fecha, ni tampoco borradas por los perdones pronunciados por autoridades españolas y de la iglesia católica. Ocurrió y debe aceptarse como tal.
Desgraciadamente la subordinación impuesta a los indígenas sigue vigente en muchos de los países de América Latina, algunos muy cercanos, como Guatemala, donde a pesar de cambios constitucionales y leyes específicas, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda categoría. Pero dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno, porque bastantes vigas tenemos en el propio.
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A pesar de que muchas veces se niegue su existencia y se insista en la “similitud racial” de la nación tica, el hecho es que tenemos una importante población indígena y también negra. La mayoría de los indígenas siguen hoy en día en situación precaria, recibiendo poca atención de las autoridades de ministerios e instituciones, y sufriendo invasiones en sus territorios, como les sucedió a los bribris de Keköldi, que acaban de recuperar las tierras que habían sido ocupadas por extraños. Son también muchas veces objeto de discriminaciones diversas y humillaciones por parte de funcionarios e instituciones.
Que este 12 de octubre sirva para reflexionar sobre la situación de los descendientes de los pueblos originarios de Costa Rica que, a pesar de las dificultades y múltiples agresiones, mantienen vivo gran parte de su rico cúmulo cultural.
martes, 4 de octubre de 2011
Por una reforma tributaria justa
Dicen que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, sobre todo, creo yo, cuando se opina sobre impuestos. Las instituciones del Estado no funcionan sin el combustible de los impuestos. Si se quiere mejores calles y carreteras, buena educación pública y servicios de salud de calidad, hay que pagar impuestos. Solo los loquitos del Tea Party de los Estados Unidos y sus imitadores locales postulan cero impuestos o muy bajos, sobre todo para el gran capital. Hay que evitar seguir tales ejemplos.
Como en Costa Rica la distribución de la riqueza no es igualitaria sino todo lo contrario, nadie en su sano juicio puede pretender que todos paguemos por igual. Un principio de justicia distributiva es que quienes más ingresos reciben, o más ganancias obtienen, contribuyan mayormente a los gastos del gobierno. Por eso los impuestos deben ser principalmente directos y escalonados, de manera tal que se acerquen al cumplimiento del principio.
••
Los impuestos indirectos, que nos cobran al comprar o consumir bienes y servicios, afectan a los grupos sociales que reciben ingresos modestos por concepto de salarios o actividades propias. Los impuestos al consumo tienen ese problema, a pesar de las exenciones que se hacen de grupos de alimentos y de bienes y servicios de primera necesidad.
Otro principio fundamental es que el grueso de los impuestos recaudados se dedique a inversión pública. Por supuesto que hay que pagar administradores, técnicos y personal diverso, pero los salarios deberían ser un porcentaje minoritario de lo recaudado. El problema es que en este país las instituciones del Estado siguen siendo proveedoras de empleo, ante las insuficiencias de inversión y desarrollo del sector privado.
••
¿Pero adónde quiero ir? Bueno, a respaldar una reforma tributaria que sea justa, es decir, que no se haga a costillas de las personas y familias de medios y bajos ingresos, como ha sido la tónica de los llamados “paquetazos fiscales”. Estoy convencido que con el nivel de recaudación actual poco se puede hacer. Hay que mejorar la recaudación, pero aún así una reforma tributaria justa se necesita. También estoy convencido que deben hacerse otras cosas paralelamente, como mejorar la eficiencia de las instituciones, combatir la corrupción en todos los niveles, mejorar la recaudación de impuestos y luchar ferozmente contra el fraude y la evasión.
Tiene la palabra la Asamblea Legislativa. Pero no seamos ingenuos: lo que de ahí salga en mucho dependerá del juego entre fuerzas económicas y políticas, de las influencias que tengan en los partidos representados en ese cuerpo y del clima de opinión favorable o desfavorable que logren crear a través de los medios de comunicación. Mucha atención, porque si bajamos la guardia podríamos encontrarnos con la desagradable sorpresa de otro paquetazo fiscal.
Como en Costa Rica la distribución de la riqueza no es igualitaria sino todo lo contrario, nadie en su sano juicio puede pretender que todos paguemos por igual. Un principio de justicia distributiva es que quienes más ingresos reciben, o más ganancias obtienen, contribuyan mayormente a los gastos del gobierno. Por eso los impuestos deben ser principalmente directos y escalonados, de manera tal que se acerquen al cumplimiento del principio.
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Los impuestos indirectos, que nos cobran al comprar o consumir bienes y servicios, afectan a los grupos sociales que reciben ingresos modestos por concepto de salarios o actividades propias. Los impuestos al consumo tienen ese problema, a pesar de las exenciones que se hacen de grupos de alimentos y de bienes y servicios de primera necesidad.
Otro principio fundamental es que el grueso de los impuestos recaudados se dedique a inversión pública. Por supuesto que hay que pagar administradores, técnicos y personal diverso, pero los salarios deberían ser un porcentaje minoritario de lo recaudado. El problema es que en este país las instituciones del Estado siguen siendo proveedoras de empleo, ante las insuficiencias de inversión y desarrollo del sector privado.
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¿Pero adónde quiero ir? Bueno, a respaldar una reforma tributaria que sea justa, es decir, que no se haga a costillas de las personas y familias de medios y bajos ingresos, como ha sido la tónica de los llamados “paquetazos fiscales”. Estoy convencido que con el nivel de recaudación actual poco se puede hacer. Hay que mejorar la recaudación, pero aún así una reforma tributaria justa se necesita. También estoy convencido que deben hacerse otras cosas paralelamente, como mejorar la eficiencia de las instituciones, combatir la corrupción en todos los niveles, mejorar la recaudación de impuestos y luchar ferozmente contra el fraude y la evasión.
Tiene la palabra la Asamblea Legislativa. Pero no seamos ingenuos: lo que de ahí salga en mucho dependerá del juego entre fuerzas económicas y políticas, de las influencias que tengan en los partidos representados en ese cuerpo y del clima de opinión favorable o desfavorable que logren crear a través de los medios de comunicación. Mucha atención, porque si bajamos la guardia podríamos encontrarnos con la desagradable sorpresa de otro paquetazo fiscal.
martes, 27 de septiembre de 2011
PALESTINA
Palestina es una herida abierta en el costado de la humanidad. Más allá de la palabrería usual en estos casos, y los argumentos en pro y en contra del Estado Palestino, lo real y concreto es que hay un pueblo que perdió su territorio y la posibilidad de construcción de un Estado desde 1948.
••
Diseminado en países, territorios y campamentos, el pueblo palestino ha subsistido en condiciones sumamente difíciles más de cincuenta años, construyendo a pesar de ello una identidad nacional, con una bandera, unos valores, con instituciones y tradiciones. Tiene derecho a un Estado independiente.
Así fue prácticamente reconocido en los Acuerdos de Oslo, después de una negociación entre el gobierno israelí, representado por Isaac Rabin, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), entonces bajo el liderazgo de Yasser Arafat. Firmados en 1993, los acuerdos fueron vistos como el inicio de un proceso que conduciría a una paz real y sostenible entre los palestinos e israelíes. Rabin y Arafat merecieron por ello el Premio Nobel de la Paz.
La esperanza se encendió en la mayoría de los palestinos y en los israelíes conscientes de la realidad de su sociedad y de la difícil situación del otro pueblo que le ha tocado vivir al lado, en el mismo espacio. Por supuesto que fue desaprobado en Israel por los fanáticos religiosos, que piensan que se deben recuperar los territorios bíblicos y expulsar definitivamente a los palestinos, y, entre estos, las organizaciones político militares, que no aceptan el Estado de Israel y pretenden echar a los judíos al mar.
••
Todos sabemos lo que pasó después: Isaac Rabín fue asesinado en 1995 por un fanático religioso judío, la derecha israelí tomó el mando, y los acuerdos de Oslo se fueron por el caño del desagüe. Desde entonces las conversaciones se estancaron, aumentando la frustración de los palestinos, y haciendo prácticamente imposible la construcción de un Estado nacional, con las fronteras de 1967.
La verdad es que a la derecha y al gobierno israelíes no les interesa dar paso a un Estado palestino y con ese fin han creado en los territorios ocupados una red de colonias, zonas de seguridad, áreas militares, puestos de control y muros, que se extienden en la mayor parte del territorio conocido como Cisjordania. Y ni qué hablar de Gaza, que con el pretexto de que su gobierno está en manos de Hamás, producto de unas elecciones limpias, se le ha intentado arrasar por la fuerza de las armas y por el estrangulamiento económico.
Es en esas condiciones de desesperación que hay que localizar el reclamo de reconocimiento hecho a las Naciones Unidas por el presidente palestino Mahmud Abbas. No nos perdamos en calificaciones necias sobre la oportunidad del pedido o las supuestas consecuencias negativas para una negociación que no existe. Hay una deuda mundial pendiente con los palestinos que se debe saldar. Costa Rica no puede negar su contribución.
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Diseminado en países, territorios y campamentos, el pueblo palestino ha subsistido en condiciones sumamente difíciles más de cincuenta años, construyendo a pesar de ello una identidad nacional, con una bandera, unos valores, con instituciones y tradiciones. Tiene derecho a un Estado independiente.
Así fue prácticamente reconocido en los Acuerdos de Oslo, después de una negociación entre el gobierno israelí, representado por Isaac Rabin, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), entonces bajo el liderazgo de Yasser Arafat. Firmados en 1993, los acuerdos fueron vistos como el inicio de un proceso que conduciría a una paz real y sostenible entre los palestinos e israelíes. Rabin y Arafat merecieron por ello el Premio Nobel de la Paz.
La esperanza se encendió en la mayoría de los palestinos y en los israelíes conscientes de la realidad de su sociedad y de la difícil situación del otro pueblo que le ha tocado vivir al lado, en el mismo espacio. Por supuesto que fue desaprobado en Israel por los fanáticos religiosos, que piensan que se deben recuperar los territorios bíblicos y expulsar definitivamente a los palestinos, y, entre estos, las organizaciones político militares, que no aceptan el Estado de Israel y pretenden echar a los judíos al mar.
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Todos sabemos lo que pasó después: Isaac Rabín fue asesinado en 1995 por un fanático religioso judío, la derecha israelí tomó el mando, y los acuerdos de Oslo se fueron por el caño del desagüe. Desde entonces las conversaciones se estancaron, aumentando la frustración de los palestinos, y haciendo prácticamente imposible la construcción de un Estado nacional, con las fronteras de 1967.
La verdad es que a la derecha y al gobierno israelíes no les interesa dar paso a un Estado palestino y con ese fin han creado en los territorios ocupados una red de colonias, zonas de seguridad, áreas militares, puestos de control y muros, que se extienden en la mayor parte del territorio conocido como Cisjordania. Y ni qué hablar de Gaza, que con el pretexto de que su gobierno está en manos de Hamás, producto de unas elecciones limpias, se le ha intentado arrasar por la fuerza de las armas y por el estrangulamiento económico.
Es en esas condiciones de desesperación que hay que localizar el reclamo de reconocimiento hecho a las Naciones Unidas por el presidente palestino Mahmud Abbas. No nos perdamos en calificaciones necias sobre la oportunidad del pedido o las supuestas consecuencias negativas para una negociación que no existe. Hay una deuda mundial pendiente con los palestinos que se debe saldar. Costa Rica no puede negar su contribución.
martes, 20 de septiembre de 2011
El acuerdo Gobierno-PAC
El PAC y el gobierno llegaron a un acuerdo sobre modificaciones al proyecto de reforma tributaria, que aparentemente facilitaría su aprobación. Se necesitan 38 votos, razón por la cual habría que allegar tres más, suponiendo que no haya deserciones de última hora en las bancadas del PAC y del PLN. Como no puede descartarse esa eventualidad, sería necesario sumar más votos entre el PASE y el PUSC, porque de los libertarios no puede esperarse apoyo alguno.
El acuerdo ha introducido aire nuevo en las relaciones entre el gobierno y el PAC. Atrás han quedado los duros calificativos y las recriminaciones, al punto que la Presidenta, en su discurso oficial del 15 de setiembre, destacó la madurez del PAC y, mirando al presidente de la Asamblea, Juan Carlos Mendoza, dijo: “Reconozco en su partido una visión de trascendencia”. De esa manera, el Partido del “no”, como se le acostumbraba a llamar despectivamente, pasó a ser el Partido del “sí”.
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Pasado el desconcierto inicial que produjo la reunión entre Chinchilla y Solís, porque no se sabía si se trataba de una iniciativa personal de este último, o si había un acuerdo previo de Partido, lo cierto es que se lograron diecisiete modificaciones al segundo proyecto elaborado por Hacienda, quebrando la resistencia a modificaciones que habían mostrado las autoridades de ese Ministerio, en aspectos tales como la renta global y la renta mundial.
Esas modificaciones hacen más progresiva la propuesta, es decir, que se pone más el acento en los sectores de mayores ingresos como contribuyentes principales en el pago de impuestos. Paralelamente, se introducen medidas que tienden a suavizar el impacto de la reforma sobre los sectores de ingresos medios y bajos, a pesar de que se mantiene el aumento del IVA al 14%, que afectará seguramente más a la clase media.
Hay que reconocer que el PAC ha jugado bien sus cartas, como principal partido de oposición: ha mostrado flexibilidad en la negociación política, pero al mismo tiempo congruencia, porque ha mantenido su posición conocida respecto al tema de reforma tributaria. Aunque internamente ha producido roces, lo cierto es que Otón Solís fue el gran protagonista de este acuerdo, lo que, a pesar de sus reiteradas negativas, lo vuelve a catapultar como primera figura de cara a las elecciones de 2014.
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Seguramente la imagen del PAC mejorará en buena parte de la ciudadanía, pero no se puede negar que el acuerdo favorece la posición del gobierno, porque le permite ver alguna luz al final del túnel, es decir, alguna salida a la difícil situación en que se encuentra.
Por supuesto que se ha enrarecido el aire dentro de la Alianza por Costa Rica, que controla el Directorio Legislativo, arrojando dudas sobre su continuación a partir del 1 de mayo de 2012; pero en el tema tributario sería iluso esperar una propuesta única del conjunto de partidos que conforman la oposición legislativa.
El acuerdo ha introducido aire nuevo en las relaciones entre el gobierno y el PAC. Atrás han quedado los duros calificativos y las recriminaciones, al punto que la Presidenta, en su discurso oficial del 15 de setiembre, destacó la madurez del PAC y, mirando al presidente de la Asamblea, Juan Carlos Mendoza, dijo: “Reconozco en su partido una visión de trascendencia”. De esa manera, el Partido del “no”, como se le acostumbraba a llamar despectivamente, pasó a ser el Partido del “sí”.
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Pasado el desconcierto inicial que produjo la reunión entre Chinchilla y Solís, porque no se sabía si se trataba de una iniciativa personal de este último, o si había un acuerdo previo de Partido, lo cierto es que se lograron diecisiete modificaciones al segundo proyecto elaborado por Hacienda, quebrando la resistencia a modificaciones que habían mostrado las autoridades de ese Ministerio, en aspectos tales como la renta global y la renta mundial.
Esas modificaciones hacen más progresiva la propuesta, es decir, que se pone más el acento en los sectores de mayores ingresos como contribuyentes principales en el pago de impuestos. Paralelamente, se introducen medidas que tienden a suavizar el impacto de la reforma sobre los sectores de ingresos medios y bajos, a pesar de que se mantiene el aumento del IVA al 14%, que afectará seguramente más a la clase media.
Hay que reconocer que el PAC ha jugado bien sus cartas, como principal partido de oposición: ha mostrado flexibilidad en la negociación política, pero al mismo tiempo congruencia, porque ha mantenido su posición conocida respecto al tema de reforma tributaria. Aunque internamente ha producido roces, lo cierto es que Otón Solís fue el gran protagonista de este acuerdo, lo que, a pesar de sus reiteradas negativas, lo vuelve a catapultar como primera figura de cara a las elecciones de 2014.
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Seguramente la imagen del PAC mejorará en buena parte de la ciudadanía, pero no se puede negar que el acuerdo favorece la posición del gobierno, porque le permite ver alguna luz al final del túnel, es decir, alguna salida a la difícil situación en que se encuentra.
Por supuesto que se ha enrarecido el aire dentro de la Alianza por Costa Rica, que controla el Directorio Legislativo, arrojando dudas sobre su continuación a partir del 1 de mayo de 2012; pero en el tema tributario sería iluso esperar una propuesta única del conjunto de partidos que conforman la oposición legislativa.
martes, 13 de septiembre de 2011
Independientes pero…
Esta semana se conmemora el día de la independencia. Miles y miles de niños y adolescentes marcharán por calles y avenidas en desfiles alusivos a la celebración. Muchos discursos se escucharán, y la televisión y la radio estarán saturadas de cortos donde se nos dirá cuán felices y orgullosos debemos sentirnos por ser independientes.
Son días en los que hay que armarse de paciencia, porque pocos, muy pocos, usarán los espacios para reflexionar con alguna profundidad sobre el significado real de la independencia en el momento histórico en que se produjo, sobre sus consecuencias posteriores y, por encima de todo, sobre sus límites y posibilidades hoy en día.
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En 190 años de vida independiente hemos intentado construir una identidad nacional claramente diferente de otras, pero los esfuerzos han tenido éxitos parciales. Más allá de los mitos sobre una sociedad esencialmente democrática, sin grandes disparidades sociales, y semejante desde el punto de vista cultural y de color de piel, la realidad es mucho más compleja.
En primer lugar, es cierto que vivimos dentro de un clima de libertades individuales bastante amplio, incluyendo la posibilidad de elegir y ser electos. Pero votar cada cuatro años no significa necesariamente que elegimos los gobiernos que queremos, porque la mayor parte de las veces somos ajenos a los procesos de conformación de partidos y de candidaturas. Al final se nos presentan “productos acabados” y, ciertamente, podemos elegir entre unos y otros, pero sin control real sobre su “fabricación” y menos sobre su posterior desempeño.
En segundo lugar, varios “países” cohabitan en el mismo territorio. Las diferencias sociales, culturales y espaciales son cada vez mayores, y aunque en el fondo todos estamos interconectados por los hilos de la economía, es como si viviéramos en círculos concéntricos que no terminan de tocarse. Intentamos reconocernos unos con otros usando la “roja de la sele” el día en que hay partidos internacionales de fútbol, pero como casi siempre nos va mal, hasta ese elemento de identidad ha terminado por debilitarse bastante.
En tercer lugar, nuestra independencia social y política está cada vez más recortada. Siempre fue limitada por razones de nuestra pequeñez geográfica, la escasez de recursos naturales y nuestra inevitable dependencia económica. Pero en tiempos de globalización, el recorte se ha acentuado y muchas decisiones en economía y política que antes se tomaban dentro del país, hoy en día han pasado a manos del mercado mundial, de las transnacionales y de los organismos internacionales. Aquí solamente nos toca decir sí o sí.
Estas realidades no deben conducirnos necesariamente a la inacción y a la depresión. Al contrario, tomar conciencia de ellas puede llevarnos, a pesar de las limitaciones, a intentar sacar mayor partido de nuestras acciones en los espacios políticos y sociales en los que participamos. ¡Feliz día de la independencia!
Son días en los que hay que armarse de paciencia, porque pocos, muy pocos, usarán los espacios para reflexionar con alguna profundidad sobre el significado real de la independencia en el momento histórico en que se produjo, sobre sus consecuencias posteriores y, por encima de todo, sobre sus límites y posibilidades hoy en día.
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En 190 años de vida independiente hemos intentado construir una identidad nacional claramente diferente de otras, pero los esfuerzos han tenido éxitos parciales. Más allá de los mitos sobre una sociedad esencialmente democrática, sin grandes disparidades sociales, y semejante desde el punto de vista cultural y de color de piel, la realidad es mucho más compleja.
En primer lugar, es cierto que vivimos dentro de un clima de libertades individuales bastante amplio, incluyendo la posibilidad de elegir y ser electos. Pero votar cada cuatro años no significa necesariamente que elegimos los gobiernos que queremos, porque la mayor parte de las veces somos ajenos a los procesos de conformación de partidos y de candidaturas. Al final se nos presentan “productos acabados” y, ciertamente, podemos elegir entre unos y otros, pero sin control real sobre su “fabricación” y menos sobre su posterior desempeño.
En segundo lugar, varios “países” cohabitan en el mismo territorio. Las diferencias sociales, culturales y espaciales son cada vez mayores, y aunque en el fondo todos estamos interconectados por los hilos de la economía, es como si viviéramos en círculos concéntricos que no terminan de tocarse. Intentamos reconocernos unos con otros usando la “roja de la sele” el día en que hay partidos internacionales de fútbol, pero como casi siempre nos va mal, hasta ese elemento de identidad ha terminado por debilitarse bastante.
En tercer lugar, nuestra independencia social y política está cada vez más recortada. Siempre fue limitada por razones de nuestra pequeñez geográfica, la escasez de recursos naturales y nuestra inevitable dependencia económica. Pero en tiempos de globalización, el recorte se ha acentuado y muchas decisiones en economía y política que antes se tomaban dentro del país, hoy en día han pasado a manos del mercado mundial, de las transnacionales y de los organismos internacionales. Aquí solamente nos toca decir sí o sí.
Estas realidades no deben conducirnos necesariamente a la inacción y a la depresión. Al contrario, tomar conciencia de ellas puede llevarnos, a pesar de las limitaciones, a intentar sacar mayor partido de nuestras acciones en los espacios políticos y sociales en los que participamos. ¡Feliz día de la independencia!
martes, 6 de septiembre de 2011
La platina fiscal
El término “platina” ha terminado siendo sinónimo de “remiendo mal hecho” o de “parche”, por obra y gracia de los desdichados arreglos del puente del Río Virilla en la Ruta 1. El hecho es que hay muchas platinas en el país, algunas visibles, otras no tanto. Entre las visibles destaca la fiscal, por lo que está ocurriendo en esta materia.
Como es conocido, alegando insuficiencia de recursos para cubrir gastos, desde enero de este año en la corriente legislativa hay un proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno. Aunque tarde, la Presidenta tuvo que aceptar que una reforma de ese tipo era necesaria, pese a que en campaña dijo lo contrario.
Al proyecto se le han realizado observaciones críticas y se han hecho ajustes a la versión original. Seguramente tendrá que sufrir otras modificaciones, pero es un intento de entrarle al problema en forma más integral. Pero mientras la discusión avanza lentamente en el seno de la comisión dictaminadora, se aprueban nuevas cargas que desconciertan a la ciudadanía y refuerzan la idea que se tiene de improvisación y desorden.
En las últimas semanas se han aprobado gravámenes que tocarán el bolsillo de los costarricenses en forma diferenciada. Uno de los impuestos aprobados es el de 158.000 colones anuales que deberán pagar las sociedades anónimas activas y de 79.000 colones para las inactivas. La intención del Ejecutivo es que el nuevo tributo genere ingresos que dedicará a financiar la lucha contra la delincuencia. Por ahora el proyecto está en consulta en la Sala Constitucional, por iniciativa de los diputados libertarios.
También se aprobó un impuesto de 1,75 por ciento mensual sobre los recibos de luz. El cargo se hará hasta un máximo de 1.750 kilovatios hora; aunque las personas y familias cuyo consumo mensual sea igual o menor a 100 kilovatios no lo pagarán. Los recursos se destinarán a fortalecer la infraestructura del Cuerpo de Bomberos y a la construcción de 30 estaciones en varios puntos del país.
Pero ahí no termina el cuento, porque el Ministro de Hacienda afirmó el 1 de setiembre, al presentar a consideración de la Asamblea Legislativa la propuesta de presupuesto para 2012, que en la corriente legislativa hay 60 proyectos a la espera de aprobación, supuestamente por iniciativa de los diputados, que no cuentan con respaldo financiero. Es decir, que generarán más gasto sin que se indique de dónde se tomarán los recursos.
En esa misma línea, el proyecto de presupuesto, como se ha informado, repite la historia de los últimos años, porque en un 45 por ciento tendrá que ser cubierto con deuda. Casi la mitad de los salarios será solventada con préstamos, lo que es una práctica ilegal, porque según se estipula en la Ley de Administración Financiera, el gasto corriente no puede financiarse de esa manera.
En fin, que vamos de platina en platina, mientras el grueso de la mayoría ciudadana no se da cuenta de lo que sucede.
Como es conocido, alegando insuficiencia de recursos para cubrir gastos, desde enero de este año en la corriente legislativa hay un proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno. Aunque tarde, la Presidenta tuvo que aceptar que una reforma de ese tipo era necesaria, pese a que en campaña dijo lo contrario.
Al proyecto se le han realizado observaciones críticas y se han hecho ajustes a la versión original. Seguramente tendrá que sufrir otras modificaciones, pero es un intento de entrarle al problema en forma más integral. Pero mientras la discusión avanza lentamente en el seno de la comisión dictaminadora, se aprueban nuevas cargas que desconciertan a la ciudadanía y refuerzan la idea que se tiene de improvisación y desorden.
En las últimas semanas se han aprobado gravámenes que tocarán el bolsillo de los costarricenses en forma diferenciada. Uno de los impuestos aprobados es el de 158.000 colones anuales que deberán pagar las sociedades anónimas activas y de 79.000 colones para las inactivas. La intención del Ejecutivo es que el nuevo tributo genere ingresos que dedicará a financiar la lucha contra la delincuencia. Por ahora el proyecto está en consulta en la Sala Constitucional, por iniciativa de los diputados libertarios.
También se aprobó un impuesto de 1,75 por ciento mensual sobre los recibos de luz. El cargo se hará hasta un máximo de 1.750 kilovatios hora; aunque las personas y familias cuyo consumo mensual sea igual o menor a 100 kilovatios no lo pagarán. Los recursos se destinarán a fortalecer la infraestructura del Cuerpo de Bomberos y a la construcción de 30 estaciones en varios puntos del país.
Pero ahí no termina el cuento, porque el Ministro de Hacienda afirmó el 1 de setiembre, al presentar a consideración de la Asamblea Legislativa la propuesta de presupuesto para 2012, que en la corriente legislativa hay 60 proyectos a la espera de aprobación, supuestamente por iniciativa de los diputados, que no cuentan con respaldo financiero. Es decir, que generarán más gasto sin que se indique de dónde se tomarán los recursos.
En esa misma línea, el proyecto de presupuesto, como se ha informado, repite la historia de los últimos años, porque en un 45 por ciento tendrá que ser cubierto con deuda. Casi la mitad de los salarios será solventada con préstamos, lo que es una práctica ilegal, porque según se estipula en la Ley de Administración Financiera, el gasto corriente no puede financiarse de esa manera.
En fin, que vamos de platina en platina, mientras el grueso de la mayoría ciudadana no se da cuenta de lo que sucede.
martes, 30 de agosto de 2011
Contribuir en proporción a ingresos
Se afirma que el gobierno costarricense está con el agua al cuello debido al déficit fiscal, relativamente elevado, que desde 2010 ha empezado a ser cubierto con deuda externa. Pero eso tiene un límite y antes de llegar a él es necesario buscar soluciones reales y duraderas. Una de ellas, no la única, es la elevación de los ingresos del fisco.
Pero cuando se habla de pagar más tributos, las aguas se encrespan y algunas veces se desata la tormenta. Todos los sectores sienten amenazados sus ingresos; pero hay diferencias, a veces abismales, entre unos y otros. Mientras a unos apenas les alcanza para mal vivir, a otros les sobra en exceso. Mientras unos habitan en covachas, otros lo hacen en palacios. Por supuesto que entre los extremos hay una gran diversidad de situaciones.
Muchas veces las decisiones de gobiernos y parlamentos terminan haciéndole la vida más difícil a las personas de ingresos medios y bajos. Las de ingresos altos y muy altos casi siempre se oponen a cualquier elevación de tributos que haga justicia a las diferencias económicas, alegando que se desestimula la inversión, sobre todo la externa, y que se pone en peligro el empleo del que dependen las clases no propietarias. Como normalmente tienen muchas posibilidades de influencia y presión, sus posiciones terminan prevaleciendo.
Warren Buffett, un estadounidense señalado como el tercer hombre más rico del mundo, instó a los legisladores de su país, en una entrevista reciente para el New York Times, a elevar los impuestos a los ricos como él, para ayudar a reducir el déficit presupuestario. Según él, los impuestos nunca han asustado a la gente que invierte para ganar dinero. Dejen de malcriar a los ricos y tratarlos como si fueran "especies en extinción”, afirmó.
Esto en los Estados Unidos es una herejía, porque hay sectores súper conservadores, como la famosa ala derecha de los republicanos, el Tea Party, para quienes los impuestos son prácticamente asunto del demonio, lo mismo que los gastos de tipo social. Recientemente provocaron una crisis institucional, combatiendo ferozmente los impuestos propuestos por Obama para hacer frente a la deuda.
La sugerencia de Buffett ha sido seguida por 16 directivos de grandes empresas francesas, quienes hicieron la siguiente declaración: "Nosotros, presidentes o directivos de empresas, hombres o mujeres de negocios, financieros, profesionales o ciudadanos adinerados deseamos que se instaure una contribución especial que afecte a los contribuyentes franceses más favorecidos". El gobierno francés, ni lerdo ni perezoso, anunció inmediatamente, dentro de un paquete destinado a combatir la crisis, un impuesto del 3% para aquellas rentas que superen los 500.000 euros, que se eliminará cuando el déficit público se sitúe en el 3% del PIB.
Buenos ejemplos que podrían ser seguidos en Costa Rica por las personas de ingresos altos y muy altos. ¿No les parece?
martes, 23 de agosto de 2011
La Volpe y Nazareth
Agosto ha estado marcado, entre otras cosas, por la salida de dos directores extranjeros de instituciones nacionales: Ricardo La Volpe y Daniel Nazareth. El primero director técnico de la selección nacional de fútbol, y el segundo director de la Orquesta Sinfónica Nacional.
No sé prácticamente nada de fútbol, nunca voy a los estadios, aunque me gusta mirar un buen partido por la televisión, sobre todo si se trata del Barça contra el Real Madrid. Tampoco soy un experto en música, aunque suelo asistir a conciertos y realmente disfruto de escuchar música sinfónica, un buen cantante de ópera o una camerata. Así que no estoy en condiciones de emitir juicios sobre el desempeño profesional y las calidades humanas de ambos directores salientes. Eso se los dejo a las personas entendidas.
Sin embargo, al leer o escuchar algunas de esas opiniones, la sensación que queda es que ambos, si no fracasaron en sus cometidos, por lo menos los dejaron inconclusos, por razones diferentes, por supuesto. Hay controversia sobre la labor que realizaron, y en ambos casos, curiosamente, destaca, como centro de las críticas, la valoración acertada o equivocada que hicieron sobre futbolistas, músicos y cantantes nacionales.
En la salida de ambos también ha estado presente la discusión sobre sus salarios. Pero en este punto las diferencias son colosales, porque mientras La Volpe devengaba cincuenta mil dólares mensuales, Nazareth cobraba cuarenta mil anuales, y una de las explicaciones que se da sobre su salida es que no se le podían pagar los veinte mil dólares adicionales que estaba demandando. Es decir, más de medio millón de dólares de diferencia entre el salario anual de uno y de otro.
El mundo patas arriba: sobra plata para el fútbol, no para otros deportes, y falta para el desarrollo musical y las artes en general. Me dirán que la comparación no viene al caso, porque mientras el fútbol es un negocio multimillonario que mueve a miles y miles de aficionados en el plano nacional y a millones en el mundial, la Sinfónica Nacional y la música que interpreta apenas interesan, en comparación, a poquísimos costarricenses. Si nos dejamos guiar solamente por el mercado y el consumismo que propicia, quienes así opinan tienen razón; pero precisamente por eso el mundo está como está: revuelto.
Sin ignorar la realidad del mercado, ni tampoco que el fútbol es en mucho un asunto de cabeza, como decía el difunto Parmenio Medina, creo que también las diferencias en recursos dedicados a unas y otras actividades es un asunto de prioridades en política pública.
Alegando solapadamente que el apoyo al desarrollo artístico no convoca a las masas y por lo tanto no atrae votos, poco es realmente lo que se hace en este campo y se deja para el consumo de minorías pudientes, los espectáculos de alta calidad artística y otras manifestaciones culturales de ese tipo. ¡Un círculo vicioso difícil de romper!
martes, 16 de agosto de 2011
Un mundo revuelto
Marchas de indignados en España, que siguen ocupando calles y plazas; graves disturbios y saqueos en ciudades de Inglaterra, producto de la irritación acumulada en décadas; multitudinarias protestas en Israel, que muestran profundas brechas sociales encubiertas por el enfrentamiento con los palestinos, y miles y miles de estudiantes, profesores y padres de familia en la calle en Chile, demandando reformas en el sistema educativo heredado del pinochetismo, son algunas de las noticias que han acaparado los titulares de los principales medios de comunicación. Por supuesto que siguen los enfrentamientos en Libia, sin que se logre vislumbrar el fin del conflicto y algo parecido sucede en Siria y en Yemen, y en menor grado en Egipto y Túnez.
Un mundo revuelto sobre el telón de fondo de una nueva recaída de la economía, que no logró en realidad superar la crisis de 2008 y 2009, y que amenaza con arrastrar a la mayor parte de la población del planeta a calamidades sin fin. Estrafalario escenario, donde los ricos y famosos del norte y también del sur, siguen abarrotando los más lujosos centros vacacionales de Europa y del mundo, ajenos a lo que se viene y a las tribulaciones y los sufrimientos de las mayorías.
En el otro lado del mundo, la locura de la derecha encabezada por el Tea Party, logró hincar al presidente Obama, impidiendo la aprobación de impuestos para la minoría rica, poniendo en peligro los escasos servicios sociales destinados a los sectores de más bajos ingresos, y afectando, además, la imagen internacional de los Estados Unidos, que luce como una potencia alicaída, sin energías suficientes para seguir conduciendo al mundo. Un caso de ideología extrema que logra imponerse por encima de la realidad, contribuyendo de esa manera a empujar la recesión en puertas.
En Costa Rica las principales autoridades nos advierten que el país está mal preparado para enfrentar una nueva crisis, que la situación es muy diferente a 2008 y 2009, cuando todavía la situación de las finanzas públicas no era tan complicada como ahora, y cuando se logró financiar el déficit fiscal con deuda externa, suavizando de esa manera los efectos sociales y políticos de aquella crisis.
Una situación en la que la presidenta Chinchilla luce inmóvil y solitaria, sin apoyo legislativo real, porque la mayor parte de la fracción de su partido sigue siendo leal a Óscar Arias, como lo muestran los hechos. Ante sus críticas abiertas y veladas al gobierno actual y al conjunto de la institucionalidad pública, el miércoles pasado, la mayoría de diputados liberacionistas corre por la noche a la residencia del Expresidente, según ellos a tomarse unos vinitos y ver el partido de fútbol. ¡Podrían ensayar mejor explicación!
Con un gobierno débil, una crisis en puertas y una oposición que no termina de encontrar la brújula, el panorama político social no puede ser más desolador.
martes, 9 de agosto de 2011
Otra vez el conservadurismo
La romería anual a Cartago es un acto de fe para la gran mayoría de las personas que participan en ella. Esa mayoría merece respeto, en particular quienes hacen varias jornadas de caminata, bajo el sol y bajo la lluvia, y ahora también expuestos a morir por la imprudencia de algún conductor. Lamentablemente este año hubo romeros heridos y romeros muertos por accidentes de tránsito. ¡Qué paradójico! Personas que van a agradecer por la vida, o a pedir por ella, por la sanación de una enfermedad o por la mejora en las condiciones de existencia, terminan perdiendo la vida en tal empeño.
Me parece que esta celebración del 2 de agosto hay que separarla en dos actos que tienen diferencias notables. La romería es un acto de fe; pero la misa del día siguiente es una mezcla de religión y política. No solamente por la asistencia casi en pleno de las jerarquías de los poderes del Estado, encabezadas por la Presidenta de la República, sino también por el contenido de sermones y discursos que pronuncian dignatarios y políticos.
En años anteriores el contenido de las homilías ha sido objeto de comentarios y análisis, porque tocaron temas sociales y económicos que incomodaron a gobernantes y políticos. Por ejemplo, el 2 de agosto de 2005, monseñor Barrantes hizo una denuncia sobre la desigualdad social que se había establecido en el país. Dijo: “…he comprobado que existen varias Costa Rica. Una, impenetrable, de grandes mansiones y lujo, de personas que viven casi como en otro mundo. Otra, la de gente sencilla, accesible, con raíz y estirpe campesina, gente pobre pero dispuesta siempre a colaborar. Hay aun otra Costa Rica, la que vive en precarios, en cuevas, hacinada, sumida en la extrema pobreza, excluida de los bienes y servicios que el país ha logrado; esta es la Costa Rica desconocida; es la OTRA COSTA RICA”.
Una denuncia que levantó roncha en los sectores conservadores del país. Pero los tiempos cambiaron y la celebración de la semana anterior tuvo una elevada dosis de conservadurismo político religioso. Desde las palabras de monseñor Ulloa el día uno de agosto, llamando a las mujeres a vestir con recato y con pudor, culpabilizándolas nuevamente de esa manera por la violencia masculina hacia ellas, hasta las palabras de la Presidenta, pasando por el mensaje del Papa enviado vía el cardenal mexicano Francisco Robles Ortega, el acto destiló conservadurismo. ¿De qué otra manera puede entenderse la retrógrada recomendación de Robles Ortega a las mujeres de volver a concentrarse en su función materna y familiar, para redescubrir, según él, el significado original e insustituible del trabajo en la casa y de la educación de los hijos? Una desvalorización de las conquistas de las mujeres, y un irrespeto para las que trabajan.
En fin, nueva ola de conservadurismo que nos azota, encabezada por la jerarquía católica costarricense, con el apoyo abierto de la cúspide del gobierno. ¿Estado laico, dónde estás?
martes, 2 de agosto de 2011
Reorganización o desplome
La ciudadanía ha venido observando con preocupación los cambios ocurridos en el gabinete de la presidenta Chinchilla, y en las cimas de algunas instituciones autónomas. Son cambios que no obedecen a una reorganización planificada de la nómina de ministros, ministras y presidentes ejecutivos, producto de una evaluación del desempeño del gabinete en el logro de los objetivos que se dice buscar, sino que se van produciendo sin orden ni concierto, por obra y gracia de las circunstancias.
La verdad es que algunos de ellos debieron producirse semanas o meses atrás, por ineficiencia probada en el desempeño de los cargos o por francas “metidas de pata”. Se sabía que los días estaban contados para los ministros Vargas, Tijerino y Castro, y la salida del Presidente de AyA se debió haber forzado semanas antes. Cuando la grave situación de la Caja se hizo pública y se alzaron las voces pidiendo responsables, se dijo que el “estilo” presidencial no contemplaba la búsqueda de responsables, pero cuando la presión aumentó, no quedó más camino que decirle adiós a Doryan. Las diferencias de enfoque en torno a qué hacer con la Caja entre la ministra Ávila y la Presidenta, tampoco parecen ser cosa de ayer.
Se ha tratado de justificar la forma en que han ocurrido estos cambios con la cantinela de que se trata de un nuevo estilo de liderazgo. Sin embargo la ciudadanía lo que observa es una incapacidad para aceptar la ineficiencia y los conflictos, y tomar oportunamente las decisiones que corresponden. La negación parece que se ha establecido en Casa Presidencial, porque se niegan repetidamente los hechos, hasta que revientan.
Los resultados de estas indecisiones han sido fatales para la imagen de la Presidenta. De acuerdo con la última encuesta de UNIMER-La Nación, el 73% de las personas entrevistadas califica la labor de la Presidenta como regular o mala; el 57% considera que no ha demostrado liderazgo para dirigir el país; el 55% dice que no está preparada para gobernar y el 55% que no es firme en sus decisiones. En otras palabras, que esa encuesta realizada en junio encendía suficientes luces amarillas como para preocuparse; pero la respuesta de la Casa Presidencial fue pésima: la ciudadanía no está entendiendo el estilo de la Presidenta.
Si a esos resultados agregamos que solo el 9% de las personas entrevistadas considera que el país va en la dirección correcta, el panorama se vuelve gris. Si la encuesta se repitiera en estos días, seguramente las opiniones ciudadanas serían francamente negativas. En fin, que la presidenta no está precisamente en un lecho de rosas.
Me pregunto si en estos momentos, en lugar de seguir poniendo parches, no se impone un golpe de timón y una reorganización del equipo. De otra manera se podría estar caminando hacia el desplome, que es lo que la mayoría ciudadana empieza a vislumbrar en el horizonte.
La verdad es que algunos de ellos debieron producirse semanas o meses atrás, por ineficiencia probada en el desempeño de los cargos o por francas “metidas de pata”. Se sabía que los días estaban contados para los ministros Vargas, Tijerino y Castro, y la salida del Presidente de AyA se debió haber forzado semanas antes. Cuando la grave situación de la Caja se hizo pública y se alzaron las voces pidiendo responsables, se dijo que el “estilo” presidencial no contemplaba la búsqueda de responsables, pero cuando la presión aumentó, no quedó más camino que decirle adiós a Doryan. Las diferencias de enfoque en torno a qué hacer con la Caja entre la ministra Ávila y la Presidenta, tampoco parecen ser cosa de ayer.
Se ha tratado de justificar la forma en que han ocurrido estos cambios con la cantinela de que se trata de un nuevo estilo de liderazgo. Sin embargo la ciudadanía lo que observa es una incapacidad para aceptar la ineficiencia y los conflictos, y tomar oportunamente las decisiones que corresponden. La negación parece que se ha establecido en Casa Presidencial, porque se niegan repetidamente los hechos, hasta que revientan.
Los resultados de estas indecisiones han sido fatales para la imagen de la Presidenta. De acuerdo con la última encuesta de UNIMER-La Nación, el 73% de las personas entrevistadas califica la labor de la Presidenta como regular o mala; el 57% considera que no ha demostrado liderazgo para dirigir el país; el 55% dice que no está preparada para gobernar y el 55% que no es firme en sus decisiones. En otras palabras, que esa encuesta realizada en junio encendía suficientes luces amarillas como para preocuparse; pero la respuesta de la Casa Presidencial fue pésima: la ciudadanía no está entendiendo el estilo de la Presidenta.
Si a esos resultados agregamos que solo el 9% de las personas entrevistadas considera que el país va en la dirección correcta, el panorama se vuelve gris. Si la encuesta se repitiera en estos días, seguramente las opiniones ciudadanas serían francamente negativas. En fin, que la presidenta no está precisamente en un lecho de rosas.
Me pregunto si en estos momentos, en lugar de seguir poniendo parches, no se impone un golpe de timón y una reorganización del equipo. De otra manera se podría estar caminando hacia el desplome, que es lo que la mayoría ciudadana empieza a vislumbrar en el horizonte.
martes, 26 de julio de 2011
Los pies sobre la tierra
La huelga decretada por los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido calificada como inoportuna. La Institución está en la mira, tanto por su crítica situación financiera como por la calidad de los servicios que ofrece.
Tal parece que los dirigentes sindicales interpretaron mal el clima nacional prevaleciente de opinión, que es de ansiedad por el futuro de la Caja, y consideraron que era el momento de lanzar un movimiento por reclamaciones laborales específicas, ajenas a la mayoría ciudadana. Para esa mayoría el problema es la Caja en su conjunto, no los intereses sectoriales de un grupo que, justa o injustamente, en el sentir de la gente aparece como uno de los elementos que ha ayudado a desencadenar la crisis. Con el estallido de la huelga los sindicalistas han reforzado esa idea, porque a la ciudadanía le parecen excesivas sus demandas.
Ciertos comentaristas de la realidad nacional y algunos medios de comunicación siempre están dispuestos a condenar las huelgas independientemente de sus motivos. No es mi caso. He sido un defensor de las libertades sindicales y siempre he llamado la atención sobre su irrespeto en el sector privado, así como sobre la hipocresía de quienes se dicen defensores de la democracia pero cierran los ojos ante estos hechos.
En el sector salud, sin embargo, siempre he pensado que a los dirigentes sindicales les falta encuadrar adecuadamente sus luchas e imaginar otras formas de lograr objetivos. Las huelgas perjudican, a veces gravemente, al conjunto de personas aseguradas y no crean apoyo en la población y por tanto presión sobre jerarcas y políticos. Sabemos las dificultades para conseguir una cita especializada o la inclusión oportuna dentro de la lista de operaciones. Una huelga atrasa todo eso y provoca malestar contra los huelguistas, no contra la jerarquía.
Hace muchas décadas, con un grupo de estudiantes de Trabajo Social hicimos una visita a Golfito, para conocer la situación de los trabajadores de las plantaciones de banano. Nos entrevistamos con varias personas, entre ellos Isaías Marchena, el histórico líder sindical comunista, quien explicó detalladamente las difíciles condiciones de trabajo y de vida en la zona. El relato provocó un gran impacto en los estudiantes, al punto que una de ellas le preguntó por qué no iban a la huelga. La respuesta de Marchena fue contundente: una huelga es algo muy serio; es un instrumento de lucha al que se debe recurrir solamente en última instancia, porque es mucho lo que se arriesga, y a los trabajadores y sus familias se les somete a muchos sufrimientos y tensiones.
En el caso de la Caja son muchas las cosas que están en riesgo, incluyendo la salud de personas concretas; no era entonces el momento para crear distractores que pueden ocultar la gravedad de la situación y la responsabilidad de quienes con sus decisiones y actuaciones contribuyeron a provocarla.
Tal parece que los dirigentes sindicales interpretaron mal el clima nacional prevaleciente de opinión, que es de ansiedad por el futuro de la Caja, y consideraron que era el momento de lanzar un movimiento por reclamaciones laborales específicas, ajenas a la mayoría ciudadana. Para esa mayoría el problema es la Caja en su conjunto, no los intereses sectoriales de un grupo que, justa o injustamente, en el sentir de la gente aparece como uno de los elementos que ha ayudado a desencadenar la crisis. Con el estallido de la huelga los sindicalistas han reforzado esa idea, porque a la ciudadanía le parecen excesivas sus demandas.
Ciertos comentaristas de la realidad nacional y algunos medios de comunicación siempre están dispuestos a condenar las huelgas independientemente de sus motivos. No es mi caso. He sido un defensor de las libertades sindicales y siempre he llamado la atención sobre su irrespeto en el sector privado, así como sobre la hipocresía de quienes se dicen defensores de la democracia pero cierran los ojos ante estos hechos.
En el sector salud, sin embargo, siempre he pensado que a los dirigentes sindicales les falta encuadrar adecuadamente sus luchas e imaginar otras formas de lograr objetivos. Las huelgas perjudican, a veces gravemente, al conjunto de personas aseguradas y no crean apoyo en la población y por tanto presión sobre jerarcas y políticos. Sabemos las dificultades para conseguir una cita especializada o la inclusión oportuna dentro de la lista de operaciones. Una huelga atrasa todo eso y provoca malestar contra los huelguistas, no contra la jerarquía.
Hace muchas décadas, con un grupo de estudiantes de Trabajo Social hicimos una visita a Golfito, para conocer la situación de los trabajadores de las plantaciones de banano. Nos entrevistamos con varias personas, entre ellos Isaías Marchena, el histórico líder sindical comunista, quien explicó detalladamente las difíciles condiciones de trabajo y de vida en la zona. El relato provocó un gran impacto en los estudiantes, al punto que una de ellas le preguntó por qué no iban a la huelga. La respuesta de Marchena fue contundente: una huelga es algo muy serio; es un instrumento de lucha al que se debe recurrir solamente en última instancia, porque es mucho lo que se arriesga, y a los trabajadores y sus familias se les somete a muchos sufrimientos y tensiones.
En el caso de la Caja son muchas las cosas que están en riesgo, incluyendo la salud de personas concretas; no era entonces el momento para crear distractores que pueden ocultar la gravedad de la situación y la responsabilidad de quienes con sus decisiones y actuaciones contribuyeron a provocarla.
martes, 19 de julio de 2011
Rescatar la Caja
Lo que está pasando en la Caja Costarricense de Seguro Social es algo que se veía venir desde hace muchos años. Decisiones equivocadas, deudas no cubiertas por gobiernos, morosidad privada, intentos de privatización o semiprivatización, expoliación de recursos y otras agresiones han terminado por llevar a la institución a la difícil situación en que se encuentra, amenazando la salud de todo el país.
Por enésima vez se vuelve a hablar de comisiones técnicas y propuestas integrales de reestructuración, pero la verdad es que muchos diagnósticos se han realizado y muchas propuestas se han hecho, con escasos resultados prácticos. El problema es que no se trata de un asunto meramente de ingeniería organizacional, sino que también lo ideológico y lo político están presentes. No se puede olvidar, además, que alrededor de la Caja y su destino gira una maraña de intereses económicos de la más diversa índole, porque es mucho el dinero que está en juego. También internamente se mueve una madeja de intereses de los diversos estamentos de profesionales médicos y funcionarios que operan en los diferentes niveles de atención.
Ahora todos piden acciones para salvar y transformar la Caja, pero aunque unos y otros parece que están hablando de lo mismo, lo cierto es que están pensando en cosas diferentes. Lo que puede estar conjeturando una persona identificada con el modelo solidario que dio origen a la Caja seguramente es muy diferente a lo que proponen individuos y grupos que consideran que los servicios médicos deben estar sujetos a las leyes del mercado, y que, primordialmente, deben ser proporcionados por la empresa privada. Probablemente entre estos dos extremos hay una gama de posiciones intermedias.
Por eso, cuando se habla de una comisión de expertos para que elaboren una propuesta, hay que preguntar quiénes son y cuáles pueden ser los intereses que representan. Porque, con todo respeto, no hay expertos en el vacío, químicamente puros. En todo caso, la discusión sobre el rumbo que ha de tomar la Caja no puede quedar solamente en manos de expertos, políticos, empresarios y sindicatos. Es un asunto que atañe a la mayoría ciudadana que contribuye al funcionamiento de la institución, y que, diaria y pacientemente acude a EBAIS, clínicas y hospitales, soportando largas colas y demoras en las citas especializadas, porque no tiene otra posibilidad de recibir atención médica.
Mientras la institución se deteriora, hay personas concretas que sufren por falta de atención médica oportuna y de calidad, como el padre de un lector de estas columnas, que sufrió una quebradura de cadera a sus ochenta años, y que yace dos semanas hospitalizado sin que, hasta la hora en que escribo estas líneas, se haya programado su operación. Me pregunto cuántos de los que opinan sobre la crisis de la Caja alguna vez habrán tenido que enfrentar situaciones como la que señalo.
¡Hay que rescatar la Caja para el pueblo!
Por enésima vez se vuelve a hablar de comisiones técnicas y propuestas integrales de reestructuración, pero la verdad es que muchos diagnósticos se han realizado y muchas propuestas se han hecho, con escasos resultados prácticos. El problema es que no se trata de un asunto meramente de ingeniería organizacional, sino que también lo ideológico y lo político están presentes. No se puede olvidar, además, que alrededor de la Caja y su destino gira una maraña de intereses económicos de la más diversa índole, porque es mucho el dinero que está en juego. También internamente se mueve una madeja de intereses de los diversos estamentos de profesionales médicos y funcionarios que operan en los diferentes niveles de atención.
Ahora todos piden acciones para salvar y transformar la Caja, pero aunque unos y otros parece que están hablando de lo mismo, lo cierto es que están pensando en cosas diferentes. Lo que puede estar conjeturando una persona identificada con el modelo solidario que dio origen a la Caja seguramente es muy diferente a lo que proponen individuos y grupos que consideran que los servicios médicos deben estar sujetos a las leyes del mercado, y que, primordialmente, deben ser proporcionados por la empresa privada. Probablemente entre estos dos extremos hay una gama de posiciones intermedias.
Por eso, cuando se habla de una comisión de expertos para que elaboren una propuesta, hay que preguntar quiénes son y cuáles pueden ser los intereses que representan. Porque, con todo respeto, no hay expertos en el vacío, químicamente puros. En todo caso, la discusión sobre el rumbo que ha de tomar la Caja no puede quedar solamente en manos de expertos, políticos, empresarios y sindicatos. Es un asunto que atañe a la mayoría ciudadana que contribuye al funcionamiento de la institución, y que, diaria y pacientemente acude a EBAIS, clínicas y hospitales, soportando largas colas y demoras en las citas especializadas, porque no tiene otra posibilidad de recibir atención médica.
Mientras la institución se deteriora, hay personas concretas que sufren por falta de atención médica oportuna y de calidad, como el padre de un lector de estas columnas, que sufrió una quebradura de cadera a sus ochenta años, y que yace dos semanas hospitalizado sin que, hasta la hora en que escribo estas líneas, se haya programado su operación. Me pregunto cuántos de los que opinan sobre la crisis de la Caja alguna vez habrán tenido que enfrentar situaciones como la que señalo.
¡Hay que rescatar la Caja para el pueblo!
martes, 12 de julio de 2011
Derrumbes políticos
De acuerdo con los resultados de la última encuesta de UNIMER publicados por el matutino La Nación, al gobierno y a la clase política les ha pasado lo de la ruta a Caldera: están afrontando serios derrumbes. ¡Y el invierno apenas está comenzando!
El gobierno de la presidenta Chinchilla sale mal en casi todos los aspectos contemplados en esta medición, confirmando una tendencia al deterioro de la imagen en las percepciones de la mayoría ciudadana. El principal reclamo, aparte del incumplimiento de las promesas de campaña, apunta hacia el insuficiente control del timón del barco. La sensación que flota en el ambiente, que la encuesta viene a confirmar, es que la presidenta no toma decisiones en el momento oportuno y que le hace falta firmeza. Seguramente no pocos casos se podrían señalar donde no actuó ni con la celeridad ni con la firmeza requeridas.
Muchas justificaciones pueden darse a estas percepciones de la ciudadanía, pero no se puede negar la gravedad del derrumbe gubernamental, precisamente al cumplirse un año de mandato y cuando todavía le faltan tres. Tampoco puede negarse la existencia de serios problemas, algunos de ellos heredados de la anterior administración, ni la indolencia con que algunos jerarcas de ministerios e instituciones los encaran. Y ni hablar de los abusos y la corrupción.
Pero no solo el gobierno central sale mal en esta medición. La encuesta deja entrever una crítica generalizada a la clase política, por lo menos a las cabezas más visibles, que ven disminuida considerablemente la apreciación popular. Para empezar, el expresidente Arias, quien cae 14 puntos porcentuales en las opiniones favorables, a pesar de que sigue encabezando la lista. Su hermano comparte el frio sótano con dos controvertidos expresidentes.
Las instituciones públicas no salen muy bien paradas tampoco, salvo unas pocas, como la Defensoría de los Habitantes y la misma Caja, ahora tan bombardeada. La Cruz Roja, que seguramente es la que mayor presencia tiene en los medios, tanto por la cantidad de accidentes y hechos violentos, como por el manejo de las noticias, es la institución aparentemente más apreciada. Mucho más abajo se localizan instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala IV y la Contraloría.
Pero, en segundo lugar, muy por encima de las otras instituciones, destacan las universidades públicas, hecho que llama sumamente la atención, dada la campaña orquestada contra ellas el año anterior, cuando se discutía su financiamiento. No es la primera vez que esto ocurre. Seguramente en medio de derrumbes, la mayoría ciudadana sigue visualizando en las universidades públicas una esperanza de mejoramiento futuro. Ojalá universitarios y universitarias sepan responder a estas expectativas ciudadanas.
En fin, es un hecho: Caldera, el gobierno y la clase política, provocan inseguridad y desconfianza a la mayoría ciudadana.
El gobierno de la presidenta Chinchilla sale mal en casi todos los aspectos contemplados en esta medición, confirmando una tendencia al deterioro de la imagen en las percepciones de la mayoría ciudadana. El principal reclamo, aparte del incumplimiento de las promesas de campaña, apunta hacia el insuficiente control del timón del barco. La sensación que flota en el ambiente, que la encuesta viene a confirmar, es que la presidenta no toma decisiones en el momento oportuno y que le hace falta firmeza. Seguramente no pocos casos se podrían señalar donde no actuó ni con la celeridad ni con la firmeza requeridas.
Muchas justificaciones pueden darse a estas percepciones de la ciudadanía, pero no se puede negar la gravedad del derrumbe gubernamental, precisamente al cumplirse un año de mandato y cuando todavía le faltan tres. Tampoco puede negarse la existencia de serios problemas, algunos de ellos heredados de la anterior administración, ni la indolencia con que algunos jerarcas de ministerios e instituciones los encaran. Y ni hablar de los abusos y la corrupción.
Pero no solo el gobierno central sale mal en esta medición. La encuesta deja entrever una crítica generalizada a la clase política, por lo menos a las cabezas más visibles, que ven disminuida considerablemente la apreciación popular. Para empezar, el expresidente Arias, quien cae 14 puntos porcentuales en las opiniones favorables, a pesar de que sigue encabezando la lista. Su hermano comparte el frio sótano con dos controvertidos expresidentes.
Las instituciones públicas no salen muy bien paradas tampoco, salvo unas pocas, como la Defensoría de los Habitantes y la misma Caja, ahora tan bombardeada. La Cruz Roja, que seguramente es la que mayor presencia tiene en los medios, tanto por la cantidad de accidentes y hechos violentos, como por el manejo de las noticias, es la institución aparentemente más apreciada. Mucho más abajo se localizan instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala IV y la Contraloría.
Pero, en segundo lugar, muy por encima de las otras instituciones, destacan las universidades públicas, hecho que llama sumamente la atención, dada la campaña orquestada contra ellas el año anterior, cuando se discutía su financiamiento. No es la primera vez que esto ocurre. Seguramente en medio de derrumbes, la mayoría ciudadana sigue visualizando en las universidades públicas una esperanza de mejoramiento futuro. Ojalá universitarios y universitarias sepan responder a estas expectativas ciudadanas.
En fin, es un hecho: Caldera, el gobierno y la clase política, provocan inseguridad y desconfianza a la mayoría ciudadana.
martes, 5 de julio de 2011
Conversaciones en Rohrmoser
El martes de la semana anterior se realizó una nueva conversación entre la presidenta Chinchilla y el exmandatario Arias, esta vez, aparentemente, por iniciativa del ministro de la presidencia, Carlos Ricardo Benavides. No hubo declaraciones al finalizar el encuentro. El ministro Benavides dijo que fue una reunión de amigos, donde se trataron temas importantes de gobierno, pero no dio detalles.
Que la presidenta converse con un exmandatario y le pida consejo no tiene nada de raro; está dentro de la normalidad de la política que tales intercambios se realicen. Que no se informe en detalle sobre lo conversado es comprensible en la mayoría de los casos, pero no en este, porque las conversaciones entre Chinchilla y Arias no pueden catalogarse precisamente de intercambios entre amigos.
Se sabe que las relaciones han sido tensas no solamente porque Arias ha mantenido una actitud crítica sobre el gobierno de Chinchilla, sino por el asunto de las interferencias abiertas y veladas de su hermano Rodrigo, virtual precandidato del PLN, quien tiene una importante cuota de poder dentro de la fracción liberacionista en la Asamblea Legislativa.
Como en política lo simbólico cuenta a veces más que lo discursivo, no podemos dejar de recalcar que esta vez el intercambio no se realizó en terreno más o menos neutral, como la casa de Francisco Antonio Pacheco, sino en Rohrmoser, en la casa de Arias. No en la Casa Presidencial ni en la casa particular de la presidenta, sino en la de Arias. Puesto que el expresidente no está enfermo de gravedad ni cosa parecida, la visita no parece procedente dadas las circunstancias señaladas. Inevitablemente, entonces, tenemos que preguntarnos si se nos está enviando algún mensaje sobre la realidad actual del poder político en Costa Rica.
En la partida Zapote versus Rohrmoser ¿hubo algún acuerdo o alguien habrá puesto en jaque al otro? No lo sabemos, porque no hubo declaración sobre el contenido de las conversaciones, pero como con Arias nunca se sabe por dónde salta la liebre, resulta que dos días después, en una actividad organizada por las cámaras empresariales suelta un par de frases que dejan nuevamente mal parada, o quizás bien parada, depende como se vea la situación, a la presidenta Chinchilla.
Arias se une al coro que señala al gobierno falta de claridad en el rumbo a seguir, aunque, por supuesto, por razones diferentes a las que pueden tener otros sectores de la ciudadanía. No pidió apoyo para la presidenta, sino que volvió a reafirmar su criterio de que su gobierno había dejado todo muy armado, o la mesa servida, y lo que se ha hecho después es chapucería. No lo dijo con esas palabras, pero no hay que hacer grandes esfuerzos de interpretación para sacar conclusiones.
Otra bandera blanca rechazada. ¿Hasta cuándo la presidenta decidirá tomar las riendas, dejar de depender de esta especie de poder fáctico, y hacer su propio camino?
Que la presidenta converse con un exmandatario y le pida consejo no tiene nada de raro; está dentro de la normalidad de la política que tales intercambios se realicen. Que no se informe en detalle sobre lo conversado es comprensible en la mayoría de los casos, pero no en este, porque las conversaciones entre Chinchilla y Arias no pueden catalogarse precisamente de intercambios entre amigos.
Se sabe que las relaciones han sido tensas no solamente porque Arias ha mantenido una actitud crítica sobre el gobierno de Chinchilla, sino por el asunto de las interferencias abiertas y veladas de su hermano Rodrigo, virtual precandidato del PLN, quien tiene una importante cuota de poder dentro de la fracción liberacionista en la Asamblea Legislativa.
Como en política lo simbólico cuenta a veces más que lo discursivo, no podemos dejar de recalcar que esta vez el intercambio no se realizó en terreno más o menos neutral, como la casa de Francisco Antonio Pacheco, sino en Rohrmoser, en la casa de Arias. No en la Casa Presidencial ni en la casa particular de la presidenta, sino en la de Arias. Puesto que el expresidente no está enfermo de gravedad ni cosa parecida, la visita no parece procedente dadas las circunstancias señaladas. Inevitablemente, entonces, tenemos que preguntarnos si se nos está enviando algún mensaje sobre la realidad actual del poder político en Costa Rica.
En la partida Zapote versus Rohrmoser ¿hubo algún acuerdo o alguien habrá puesto en jaque al otro? No lo sabemos, porque no hubo declaración sobre el contenido de las conversaciones, pero como con Arias nunca se sabe por dónde salta la liebre, resulta que dos días después, en una actividad organizada por las cámaras empresariales suelta un par de frases que dejan nuevamente mal parada, o quizás bien parada, depende como se vea la situación, a la presidenta Chinchilla.
Arias se une al coro que señala al gobierno falta de claridad en el rumbo a seguir, aunque, por supuesto, por razones diferentes a las que pueden tener otros sectores de la ciudadanía. No pidió apoyo para la presidenta, sino que volvió a reafirmar su criterio de que su gobierno había dejado todo muy armado, o la mesa servida, y lo que se ha hecho después es chapucería. No lo dijo con esas palabras, pero no hay que hacer grandes esfuerzos de interpretación para sacar conclusiones.
Otra bandera blanca rechazada. ¿Hasta cuándo la presidenta decidirá tomar las riendas, dejar de depender de esta especie de poder fáctico, y hacer su propio camino?
martes, 28 de junio de 2011
¿Los trapos sucios se lavan adentro?
Una desafortunada salida del director general del Hospital Nacional de Niños, motivada por informaciones publicadas por un matutino sobre problemas en el área de cirugías cardíacas, resulta ser, sin embargo, una contribución importante al debate sobre transparencia y rendición de cuentas de la institucionalidad pública.
Porque, seguramente, al igual que este funcionario, muchos otros pensarán lo mismo: que los problemas, las diferencias de criterio y los errores se discuten y se resuelven en casa o, lo que es lo mismo, que los chuicas sucios se lavan adentro, como se dice popularmente. Pero las instituciones públicas, llámense ministerios, instituciones autónomas, juzgados u hospitales, no son precisamente familias ni entes privados que responden a intereses particulares. Son instituciones públicas que deben estar sujetas al escrutinio directo o indirecto de la ciudadanía, no solo porque son financiadas por el conjunto de la población del país, sino, porque, fundamentalmente, de sus decisiones buenas o malas, depende en mucho el destino de esta sociedad.
Aquí no vale el escudo protector de la técnica o del conocimiento especializado, muy usado para mantener la opacidad en las decisiones. Alegar que no es conveniente discutir decisiones y políticas institucionales públicamente, porque la mayoría de las personas carece de información o de formación y, por tanto, no está en capacidad de entender, y puede ser fácilmente manipulada, es una mala escusa para justificar un ocultamiento que favorece la irresponsabilidad institucional. El hermetismo que caracteriza a algunas instituciones no va con la democracia ni con los tiempos, porque hoy en día mucha información y muchos documentos pueden ser conseguidos con relativa facilidad a través de internet.
Si la ciudadana y el ciudadano de a pie no son versados en la materia, para eso están las discusiones públicas entre especialistas y las investigaciones realizadas por los medios. Y si los medios destapan tortas, corrupción o asuntos mal manejados, sobre todo en el ámbito de la salud, bienvenido sea el destape. Estoy de acuerdo que a veces se abusa, sobre todo porque un cierto periodismo lo que busca es el escándalo, el drama, la nota roja, la noticia teatralizada, en suma, el sensacionalismo sin análisis alguno. Pero es peor un periodismo complaciente con funcionarios e instituciones, que ayuda a cubrir la realidad, a disimular los errores, porque responde más al volumen de la facturación por la publicidad institucional que a los intereses de la mayoría ciudadana.
Durante mucho tiempo la transparencia y la rendición de cuentas no han pasado de ser, en la gran mayoría de los casos, pura palabrería institucional; pero hoy son demandas sentidas de la ciudadanía. Los funcionarios y políticos que no lo entiendan, como sucedió con algunos diputados y diputadas el 1 de mayo, están fuera de este mundo.
Porque, seguramente, al igual que este funcionario, muchos otros pensarán lo mismo: que los problemas, las diferencias de criterio y los errores se discuten y se resuelven en casa o, lo que es lo mismo, que los chuicas sucios se lavan adentro, como se dice popularmente. Pero las instituciones públicas, llámense ministerios, instituciones autónomas, juzgados u hospitales, no son precisamente familias ni entes privados que responden a intereses particulares. Son instituciones públicas que deben estar sujetas al escrutinio directo o indirecto de la ciudadanía, no solo porque son financiadas por el conjunto de la población del país, sino, porque, fundamentalmente, de sus decisiones buenas o malas, depende en mucho el destino de esta sociedad.
Aquí no vale el escudo protector de la técnica o del conocimiento especializado, muy usado para mantener la opacidad en las decisiones. Alegar que no es conveniente discutir decisiones y políticas institucionales públicamente, porque la mayoría de las personas carece de información o de formación y, por tanto, no está en capacidad de entender, y puede ser fácilmente manipulada, es una mala escusa para justificar un ocultamiento que favorece la irresponsabilidad institucional. El hermetismo que caracteriza a algunas instituciones no va con la democracia ni con los tiempos, porque hoy en día mucha información y muchos documentos pueden ser conseguidos con relativa facilidad a través de internet.
Si la ciudadana y el ciudadano de a pie no son versados en la materia, para eso están las discusiones públicas entre especialistas y las investigaciones realizadas por los medios. Y si los medios destapan tortas, corrupción o asuntos mal manejados, sobre todo en el ámbito de la salud, bienvenido sea el destape. Estoy de acuerdo que a veces se abusa, sobre todo porque un cierto periodismo lo que busca es el escándalo, el drama, la nota roja, la noticia teatralizada, en suma, el sensacionalismo sin análisis alguno. Pero es peor un periodismo complaciente con funcionarios e instituciones, que ayuda a cubrir la realidad, a disimular los errores, porque responde más al volumen de la facturación por la publicidad institucional que a los intereses de la mayoría ciudadana.
Durante mucho tiempo la transparencia y la rendición de cuentas no han pasado de ser, en la gran mayoría de los casos, pura palabrería institucional; pero hoy son demandas sentidas de la ciudadanía. Los funcionarios y políticos que no lo entiendan, como sucedió con algunos diputados y diputadas el 1 de mayo, están fuera de este mundo.
martes, 21 de junio de 2011
Son nombramientos políticos
A qué viene eso de horrorizarse de que la política intervenga en los nombramientos que hace la Asamblea Legislativa. Si alguna vez no fue así, por favor que alguien me recuerde esa dorada época.
Hasta donde recuerdo, la política partidista ha estado presente en los nombramientos de magistrados, contralores y subcontralores, y, desde hace más de una década, de defensores y defensores adjuntos de los habitantes. Lo que ocurre es que los tiempos han cambiado y ahora resulta difícil ocultar el trasfondo político de las designaciones. Antes, sin negar la honorabilidad y preparación de muchas y muchos de los escogidos, los nombramientos se manejaban por debajo, de acuerdo a cuotas. Se valoraban los méritos, pero, en general, la simpatía o militancia política terminaba imponiéndose.
Sobre todo en los tiempos del bipartidismo, se procuraba mantener un equilibrio que les asegurara a ambos partidos que sus intereses no iban a ser inquietados más allá de ciertos límites, por funcionarios con independencia política y calidades morales a prueba de presiones. Solamente unos pocos escapaban a ese tipo de cálculo y eran nombrados por méritos, más allá de sus simpatías o preferencias partidarias. A veces eso ocurría porque los nombramientos se empantanaban y la única forma de acabar con el atasco era la designación de personas que ni siquiera se mencionaban como candidatas al cargo.
En la última década, sin embargo, en la debacle del bipartidismo y el tránsito hacia otro arreglo partidario, el equilibrio se rompió y algunos gobernantes y partidos sucumbieron a la tentación del control total, sobre todo después de que la Sala Constitucional, por incapacidad de la Asamblea Legislativa, terminó resolviendo asuntos que en sentido estricto correspondían a esta. Se abusó y por eso ahora todos los partidos manejan con pinzas los nombramientos, procurando de alguna manera restablecer el equilibrio perdido en otro nivel, como corresponde a un sistema de multipartidismo moderado. Eso cuesta entenderlo.
El complicado mecanismo que se usa para establecer ternas, parecido al que se utiliza para nombrar profesores universitarios, de poco ha servido, porque al final quien tiene los votos es escogido. Ha servido, eso sí, para obligar a las personas que buscan una designación a recorrer un penoso camino, yendo de una a otra oficina de diputados, e incluso transitando por otros pasadizos no tan visibles al público, en la promoción de sus candidaturas.
Pero los tiempos han cambiado. El bipartidismo no existe y la negociación parlamentaria se ha vuelto muy complicada. Quizás sea el momento para que los partidos reflexionen a fondo y busquen un sistema de nombramientos donde se valoren adecuadamente méritos, la independencia política y, sobre todo, la integridad moral de las personas. Solo de esa manera la ciudadanía volverá a recuperar la credibilidad en las instituciones, ahora tan maltrecha.
Hasta donde recuerdo, la política partidista ha estado presente en los nombramientos de magistrados, contralores y subcontralores, y, desde hace más de una década, de defensores y defensores adjuntos de los habitantes. Lo que ocurre es que los tiempos han cambiado y ahora resulta difícil ocultar el trasfondo político de las designaciones. Antes, sin negar la honorabilidad y preparación de muchas y muchos de los escogidos, los nombramientos se manejaban por debajo, de acuerdo a cuotas. Se valoraban los méritos, pero, en general, la simpatía o militancia política terminaba imponiéndose.
Sobre todo en los tiempos del bipartidismo, se procuraba mantener un equilibrio que les asegurara a ambos partidos que sus intereses no iban a ser inquietados más allá de ciertos límites, por funcionarios con independencia política y calidades morales a prueba de presiones. Solamente unos pocos escapaban a ese tipo de cálculo y eran nombrados por méritos, más allá de sus simpatías o preferencias partidarias. A veces eso ocurría porque los nombramientos se empantanaban y la única forma de acabar con el atasco era la designación de personas que ni siquiera se mencionaban como candidatas al cargo.
En la última década, sin embargo, en la debacle del bipartidismo y el tránsito hacia otro arreglo partidario, el equilibrio se rompió y algunos gobernantes y partidos sucumbieron a la tentación del control total, sobre todo después de que la Sala Constitucional, por incapacidad de la Asamblea Legislativa, terminó resolviendo asuntos que en sentido estricto correspondían a esta. Se abusó y por eso ahora todos los partidos manejan con pinzas los nombramientos, procurando de alguna manera restablecer el equilibrio perdido en otro nivel, como corresponde a un sistema de multipartidismo moderado. Eso cuesta entenderlo.
El complicado mecanismo que se usa para establecer ternas, parecido al que se utiliza para nombrar profesores universitarios, de poco ha servido, porque al final quien tiene los votos es escogido. Ha servido, eso sí, para obligar a las personas que buscan una designación a recorrer un penoso camino, yendo de una a otra oficina de diputados, e incluso transitando por otros pasadizos no tan visibles al público, en la promoción de sus candidaturas.
Pero los tiempos han cambiado. El bipartidismo no existe y la negociación parlamentaria se ha vuelto muy complicada. Quizás sea el momento para que los partidos reflexionen a fondo y busquen un sistema de nombramientos donde se valoren adecuadamente méritos, la independencia política y, sobre todo, la integridad moral de las personas. Solo de esa manera la ciudadanía volverá a recuperar la credibilidad en las instituciones, ahora tan maltrecha.
martes, 14 de junio de 2011
Solo gas
La zona norte del país se ha convertido en una especie de territorio en disputa. No se ha terminado de cerrar los capítulos de Crucitas e Isla Calero, cuando nos cae este nuevo enredo de la explotación de gas y de petróleo.
Ahora resulta que el gobierno de Rodríguez adjudicó en marzo de 2000 una licitación a la empresa estadounidense Mallon Oil Company, para explorar y explotar hidrocarburos en las planicies de San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Seis bloques en tres provincias: casi nada.
Calladito se lo tenían. Diez años de tramitaciones y de pronto, ¡plaf!, el asunto nos estalla en las narices. Ahora la empresa anuncia que está lista para firmar la contratación y advirtió a la administración de Laura Chinchilla que, de no hacerlo, el país podría sufrir serias consecuencias económicas y legales. Y de paso recordó que el reclamo tiene amparo tanto en la legislación costarricense como en el TLC.
En vista de tales amenazas, en el MINAET se informó que se afinan los últimos detalles para firmar una concesión de 20 años con la compañía estadounidense. Interrogado sobre el asunto en un medio radial, el primer vicepresidente Alfio Piva expresó su desconocimiento y la Presidenta Chinchilla dijo, tras enterarse de la existencia del contrato, que abogaba por la exploración y explotación de gas natural, pero no de petróleo.
En fin, que por culpa de las ambigüedades, las medias tintas y las inconsistencias en materia de defensa del ambiente y de sustento real de la idea de un país verde, nuevamente estamos de cara a un conflicto interno y una demanda internacional, que se uniría a la que ya enfrentamos con la petrolera Harken Corporation.
No podemos seguir jugando con dos caras. Si queremos un país verde, dispuesto a alcanzar la meta de carbono neutral, debemos decir no de una vez por todas, a la cantidad y diversidad de agresiones a la naturaleza que se realizan con y sin autorización pública, de extensas zonas del país: bosques, praderas, humedales, ríos, cuencas hidrográficas y zonas costeras. No solamente con explotaciones turísticas, mineras y de otros recursos naturales, sino también con una ampliación desordenada e irresponsable de las zonas urbanas, con carencias serias en servicios básicos, entre ellos un transporte público limpio y eficiente.
Por supuesto que el país, el gobierno central y las instituciones públicas necesitan generar ingresos que no se obtienen solamente contemplando la naturaleza. Pero es posible encontrar formas de hacerlo sin violentar el ambiente, como el turismo ecológico. Dinero rápido sin importar el cómo nos llevará a la ruina como nación.
En su reciente visita al país el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, dijo que “Costa Rica es héroe en la protección de la naturaleza.” Los aplausos que recibió no alcanzan para tapar esta doble realidad.
Con que solo gas, ¿eh?
Ahora resulta que el gobierno de Rodríguez adjudicó en marzo de 2000 una licitación a la empresa estadounidense Mallon Oil Company, para explorar y explotar hidrocarburos en las planicies de San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Seis bloques en tres provincias: casi nada.
Calladito se lo tenían. Diez años de tramitaciones y de pronto, ¡plaf!, el asunto nos estalla en las narices. Ahora la empresa anuncia que está lista para firmar la contratación y advirtió a la administración de Laura Chinchilla que, de no hacerlo, el país podría sufrir serias consecuencias económicas y legales. Y de paso recordó que el reclamo tiene amparo tanto en la legislación costarricense como en el TLC.
En vista de tales amenazas, en el MINAET se informó que se afinan los últimos detalles para firmar una concesión de 20 años con la compañía estadounidense. Interrogado sobre el asunto en un medio radial, el primer vicepresidente Alfio Piva expresó su desconocimiento y la Presidenta Chinchilla dijo, tras enterarse de la existencia del contrato, que abogaba por la exploración y explotación de gas natural, pero no de petróleo.
En fin, que por culpa de las ambigüedades, las medias tintas y las inconsistencias en materia de defensa del ambiente y de sustento real de la idea de un país verde, nuevamente estamos de cara a un conflicto interno y una demanda internacional, que se uniría a la que ya enfrentamos con la petrolera Harken Corporation.
No podemos seguir jugando con dos caras. Si queremos un país verde, dispuesto a alcanzar la meta de carbono neutral, debemos decir no de una vez por todas, a la cantidad y diversidad de agresiones a la naturaleza que se realizan con y sin autorización pública, de extensas zonas del país: bosques, praderas, humedales, ríos, cuencas hidrográficas y zonas costeras. No solamente con explotaciones turísticas, mineras y de otros recursos naturales, sino también con una ampliación desordenada e irresponsable de las zonas urbanas, con carencias serias en servicios básicos, entre ellos un transporte público limpio y eficiente.
Por supuesto que el país, el gobierno central y las instituciones públicas necesitan generar ingresos que no se obtienen solamente contemplando la naturaleza. Pero es posible encontrar formas de hacerlo sin violentar el ambiente, como el turismo ecológico. Dinero rápido sin importar el cómo nos llevará a la ruina como nación.
En su reciente visita al país el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, dijo que “Costa Rica es héroe en la protección de la naturaleza.” Los aplausos que recibió no alcanzan para tapar esta doble realidad.
Con que solo gas, ¿eh?
martes, 7 de junio de 2011
Honduras: ¿pasar la página?
Con el regreso de Mel Zelaya y la readmisión en la OEA, aparentemente se cierra la página abierta en Honduras en junio de 2009. Pero las cosas no son tan sencillas. Casi dos años después del golpe que tumbó a Zelaya y sumió a la sociedad hondureña en otra era de oscuridad, su retorno es un reconocimiento explícito de que el rompimiento del orden constitucional obedecía simplemente a la protección de los intereses de las elites económicas y políticas de ese país, que se sentían amenazadas por algunas de las medidas tomadas por el entonces presidente.
¿Dónde quedaron los procesos judiciales y las declaraciones de jueces, políticos, periodistas y empresarios, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque si la situación era tan terrible como la pintaban, la resistencia popular no habría podido sobrevivir en medio de tanta represión, ni el Presidente Lobo se hubiera sentido presionado a buscar un acuerdo que abriera el camino a un proceso de reconciliación nacional.
Pero la página no puede cerrarse con olvido de lo sucedido a partir del golpe, es decir, de los asesinatos de opositores al régimen golpista de Micheletti y las innumerables violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles ocurridas en estos dos años. Tampoco la comunidad internacional, en especial América Latina, puede olvidar que el golpe significó un serio retroceso para el desarrollo de la institucionalidad democrática en la región.
El Acuerdo de Cartagena de Indias, del 22 de mayo de 2011, constituye un paso significativo en la búsqueda de una salida a la crisis política hondureña, pero, ¿qué pasa con las personas que sufrieron la represión, la muerte y el exilio? No se establecen mecanismos efectivos para la investigación de los casos, la sanción y la adecuada reparación. La reconciliación de la sociedad hondureña no podrá ocurrir si no se llama a cuentas a quienes instigaron y consumaron el golpe, y a quienes han asesinado y violado derechos humanos en estos dos años. Pero, ¿cómo hacerlo si se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado?
Se cierra una página a medias, pero se abre otra, porque uno de los acuerdos permite al Frente Nacional de Resistencia Popular solicitar su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de participar como partido en los procesos electorales. Dicha participación seguramente mostrará la profundidad de los cambios políticos ocurridos en ese país, incluyendo la decadencia del binomio Partido Liberal y Partido Nacional.
Pero como los retrógrados grupos empresariales y políticos que instigaron y perpetraron el golpe siguen más o menos saludables, están lejos de desaparecer los amenazantes nubarrones sobre el horizonte de la democracia hondureña, que no termina de consolidarse.
¿Dónde quedaron los procesos judiciales y las declaraciones de jueces, políticos, periodistas y empresarios, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque si la situación era tan terrible como la pintaban, la resistencia popular no habría podido sobrevivir en medio de tanta represión, ni el Presidente Lobo se hubiera sentido presionado a buscar un acuerdo que abriera el camino a un proceso de reconciliación nacional.
Pero la página no puede cerrarse con olvido de lo sucedido a partir del golpe, es decir, de los asesinatos de opositores al régimen golpista de Micheletti y las innumerables violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles ocurridas en estos dos años. Tampoco la comunidad internacional, en especial América Latina, puede olvidar que el golpe significó un serio retroceso para el desarrollo de la institucionalidad democrática en la región.
El Acuerdo de Cartagena de Indias, del 22 de mayo de 2011, constituye un paso significativo en la búsqueda de una salida a la crisis política hondureña, pero, ¿qué pasa con las personas que sufrieron la represión, la muerte y el exilio? No se establecen mecanismos efectivos para la investigación de los casos, la sanción y la adecuada reparación. La reconciliación de la sociedad hondureña no podrá ocurrir si no se llama a cuentas a quienes instigaron y consumaron el golpe, y a quienes han asesinado y violado derechos humanos en estos dos años. Pero, ¿cómo hacerlo si se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado?
Se cierra una página a medias, pero se abre otra, porque uno de los acuerdos permite al Frente Nacional de Resistencia Popular solicitar su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de participar como partido en los procesos electorales. Dicha participación seguramente mostrará la profundidad de los cambios políticos ocurridos en ese país, incluyendo la decadencia del binomio Partido Liberal y Partido Nacional.
Pero como los retrógrados grupos empresariales y políticos que instigaron y perpetraron el golpe siguen más o menos saludables, están lejos de desaparecer los amenazantes nubarrones sobre el horizonte de la democracia hondureña, que no termina de consolidarse.
martes, 31 de mayo de 2011
¡Indignados!
La prensa internacional ha informado sobre un movimiento protagonizado fundamentalmente por jóvenes, que tomó desprevenidos a los partidos políticos españoles, enfrascados en los preparativos para las elecciones que se celebraron el 22 de mayo, con los resultados conocidos. Este movimiento, denominado “Democracia real ya” o 15-M, tomó la céntrica plaza madrileña del Sol y plazas de otras ciudades, en una especie de interpelación ciudadana hacia la sociedad, los partidos y el estado españoles.
En el manifiesto dado a conocer dicen lo siguiente: “Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.”
Es un movimiento que abarca un conjunto social de personas de diversas clases sociales, desempleados, subcontratados, con trabajo en precario, jubilados con bajas pensiones, emigrantes explotados, pese a que muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, son graduados de carreras técnicas o tienen títulos universitarios y hablan varios idiomas. Estos últimos son los llamados mileuristas, porque pasaron por la universidad pero sus salarios no superan los mil euros, cantidad que apenas les alcanza para pagar una vivienda colectiva y mal comer.
Pero la protesta está también dirigida contra un estado de cosas que les parece inaceptable, y que abarca los privilegios de la clase política, la crisis de representación, el gasto militar, la calidad de los servicios públicos, las reformas que recortan derechos sociales, el control de las entidades bancarias y el resguardo de las libertades ciudadanas. En su página en Internet, dicen lo siguiente: “Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo.”
Es difícil prever si esta protesta logrará mantenerse más allá del momento de las elecciones regionales y locales españolas, y provocar un fuerte impacto sostenido en la política y en el conjunto de la sociedad. Por ahora han llamado suficientemente la atención sobre la difícil situación que enfrentan y han introducido aire fresco en el enrarecido ambiente político europeo, porque en otras ciudades de ese continente se han producido movimientos similares.
¡Me pregunto si en Costa Rica no hay ya suficientes motivos para sentirnos más que indignados, sobre todo después de lo acontecido últimamente en el gobierno central, la Asamblea Legislativa y el poder judicial!
En el manifiesto dado a conocer dicen lo siguiente: “Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.”
Es un movimiento que abarca un conjunto social de personas de diversas clases sociales, desempleados, subcontratados, con trabajo en precario, jubilados con bajas pensiones, emigrantes explotados, pese a que muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, son graduados de carreras técnicas o tienen títulos universitarios y hablan varios idiomas. Estos últimos son los llamados mileuristas, porque pasaron por la universidad pero sus salarios no superan los mil euros, cantidad que apenas les alcanza para pagar una vivienda colectiva y mal comer.
Pero la protesta está también dirigida contra un estado de cosas que les parece inaceptable, y que abarca los privilegios de la clase política, la crisis de representación, el gasto militar, la calidad de los servicios públicos, las reformas que recortan derechos sociales, el control de las entidades bancarias y el resguardo de las libertades ciudadanas. En su página en Internet, dicen lo siguiente: “Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo.”
Es difícil prever si esta protesta logrará mantenerse más allá del momento de las elecciones regionales y locales españolas, y provocar un fuerte impacto sostenido en la política y en el conjunto de la sociedad. Por ahora han llamado suficientemente la atención sobre la difícil situación que enfrentan y han introducido aire fresco en el enrarecido ambiente político europeo, porque en otras ciudades de ese continente se han producido movimientos similares.
¡Me pregunto si en Costa Rica no hay ya suficientes motivos para sentirnos más que indignados, sobre todo después de lo acontecido últimamente en el gobierno central, la Asamblea Legislativa y el poder judicial!
martes, 24 de mayo de 2011
El financiamiento de los partidos
La investigación en torno a la procedencia de los fondos que financiaron gran parte de la campaña del Partido Movimiento Libertario ha vuelto a elevar la temperatura del pleno legislativo, ya de por sí caliente por lo ocurrido el 1 de mayo y sus secuelas. Está bien que se aclare de una vez por todas el origen de los fondos y que “cada palo aguante su vela”, como dijo el propio Otto Guevara.
El control de las contribuciones a partidos es una de las debilidades de la normativa vigente, lo que amerita una nueva discusión del capítulo y la aprobación de las reformas necesarias para evitar, en lo posible, que se repitan los problemas detectados. Aunque seguramente otros aparecerán, porque el problema de fondo no son los controles, sino la forma de plantear y desarrollar las campañas electorales.
Como se ha dicho muchas veces, aquellas no son precisamente períodos que favorezcan la reflexión ciudadana alrededor de la escogencia de autoridades y representantes, y mucho menos sobre la situación del país y su futuro. Son carnavales donde se promueven mercancías políticas, recurriendo a las modas impuestas por publicistas, donde lo que predomina son los lemas, las cantinelas, las imágenes, los colorines y los fuegos artificiales, para saturar y aturdir a las poblaciones y llevarlas a las urnas electorales sin meditación alguna sobre las consecuencias del voto que van a emitir.
Pero como en todo carnaval, se necesita mucho dinero, sobre todo porque la presencia en la televisión es vital. Como se dice, quien no está en ese medio no existe. Así es la realidad. Hay que buscar entonces el dinero como sea, porque el financiamiento público no alcanza y su tramitación es lenta, además de que hay otros gastos elevados, como el transporte, a pesar de que los estudios han mostrado que la gran mayoría de los votantes se desplaza hacia las urnas por sus propios medios. Por supuesto que ese mundo está vedado a los partidos nuevos o pequeños, porque como se demostró en la última campaña electoral, la posibilidad de financiamiento previo es letra muerta. Bancos y financistas no están dispuestos a correr riesgos más allá de ciertos límites.
Sería quizás hora de ir más allá en el tema del financiamiento y exonerar a los partidos de la búsqueda de fondos para propaganda. En otros países se han ensayado mecanismos que han resultado útiles. Por ejemplo, en México los partidos políticos no pueden contratar espacio en la televisión y otros medios de comunicación. Es el Instituto Federal Electoral el que hace directamente la contratación y distribuye el espacio entre los partidos: una parte, la mayor, proporcionalmente, de acuerdo a los votos obtenidos en la anterior elección, y el sobrante, igualitariamente entre todos ellos.
No se satura la televisión y otros medios con propaganda cansina e irrelevante, y los partidos quedan liberados de conseguir el dinero y talvez mejoren las campañas.
El control de las contribuciones a partidos es una de las debilidades de la normativa vigente, lo que amerita una nueva discusión del capítulo y la aprobación de las reformas necesarias para evitar, en lo posible, que se repitan los problemas detectados. Aunque seguramente otros aparecerán, porque el problema de fondo no son los controles, sino la forma de plantear y desarrollar las campañas electorales.
Como se ha dicho muchas veces, aquellas no son precisamente períodos que favorezcan la reflexión ciudadana alrededor de la escogencia de autoridades y representantes, y mucho menos sobre la situación del país y su futuro. Son carnavales donde se promueven mercancías políticas, recurriendo a las modas impuestas por publicistas, donde lo que predomina son los lemas, las cantinelas, las imágenes, los colorines y los fuegos artificiales, para saturar y aturdir a las poblaciones y llevarlas a las urnas electorales sin meditación alguna sobre las consecuencias del voto que van a emitir.
Pero como en todo carnaval, se necesita mucho dinero, sobre todo porque la presencia en la televisión es vital. Como se dice, quien no está en ese medio no existe. Así es la realidad. Hay que buscar entonces el dinero como sea, porque el financiamiento público no alcanza y su tramitación es lenta, además de que hay otros gastos elevados, como el transporte, a pesar de que los estudios han mostrado que la gran mayoría de los votantes se desplaza hacia las urnas por sus propios medios. Por supuesto que ese mundo está vedado a los partidos nuevos o pequeños, porque como se demostró en la última campaña electoral, la posibilidad de financiamiento previo es letra muerta. Bancos y financistas no están dispuestos a correr riesgos más allá de ciertos límites.
Sería quizás hora de ir más allá en el tema del financiamiento y exonerar a los partidos de la búsqueda de fondos para propaganda. En otros países se han ensayado mecanismos que han resultado útiles. Por ejemplo, en México los partidos políticos no pueden contratar espacio en la televisión y otros medios de comunicación. Es el Instituto Federal Electoral el que hace directamente la contratación y distribuye el espacio entre los partidos: una parte, la mayor, proporcionalmente, de acuerdo a los votos obtenidos en la anterior elección, y el sobrante, igualitariamente entre todos ellos.
No se satura la televisión y otros medios con propaganda cansina e irrelevante, y los partidos quedan liberados de conseguir el dinero y talvez mejoren las campañas.
martes, 17 de mayo de 2011
Los juicios y la política
Escasas tres semanas mediaron entre la sentencia en el juicio ICE-ALCATEL y el fallo de la Sala III que ratificó la condena del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y demás imputados en el juicio CAJA-Fischel. Dos expresidentes condenados, uno en primera instancia y el otro definitivamente.
El impacto sobre la ciudadanía ha sido fuerte, aunque pareciera que para un importante sector en ambos casos las condenas no cumplieron con sus expectativas. Dados los perfiles de los principales imputados y la índole de los delitos, se esperaban condenas mayores. La gente se hace sus ideas sobre culpabilidades y castigos, pero los jueces emiten sus fallos con base en pruebas válidas y declaraciones de testigos, de acuerdo a lo que señalan las leyes, sus interpretaciones y sus conciencias. Pese a la diferencia entre expectativas y resultados, lo cierto es que ambos expresidentes han sido condenados, y la forma en que votaron los jueces es conocida. Aquí no hay posibilidad de eludir responsabilidades.
Con las condenatorias los actuales dirigentes del PUSC esperan poder pasar la página y dedicarse a reconstruir el Partido, pero el daño sufrido es enorme y no es tan fácil deshacerse de tan pesado fardo. Seguramente tendrán que pasar muchos años antes de que se logren mitigar esos daños, y no antes de que emerja, si logra hacerlo, una nueva generación de dirigentes, sin nexos directos con la historia del Partido en estas décadas. El PUSC apenas ha iniciado “la travesía del desierto”, para usar la imagen bíblica, y veremos si logra completarla. Mientras tanto no le queda otro camino que tratar de sacar el mejor provecho posible de su situación de partido minoritario.
Los desenlaces de los juicios no solamente tocan a ese Partido. Afectan a la política en general y por tanto al conjunto de los partidos políticos. No hay que olvidar, además, que aunque sobre el expresidente Figueres Olsen no pesa ninguna causa pendiente, el grueso de la ciudadanía piensa que hizo algo indebido, aunque no necesariamente ilegal, y que no se arriesgó, como los otros dos expresidentes, a dar la cara y exponer su versión de los hechos en el momento y ámbito apropiados. Prefirió tomar el camino de una especie de autoexilio.
Según los datos del Latinobarómetro para 2010, en Costa Rica solamente el 24% de las personas encuestadas indicó que le interesaba algo la política. La gran mayoría se mostró poco o nada interesada. Seguramente los resultados de los juicios a los expresidentes y otros personajes políticos no ayudarán a cambiar estas opiniones, y amplios sectores de la ciudadanía reafirmarán su creencia de que la política es sucia y que los políticos son desconfiables y solamente persiguen intereses personales o de grupo.
La verdad es que muchos de los actuales diputados y algunos otros políticos poco o nada hacen por cambiar esa percepción. Más bien parece que se han puesto de acuerdo para reafirmarla.
El impacto sobre la ciudadanía ha sido fuerte, aunque pareciera que para un importante sector en ambos casos las condenas no cumplieron con sus expectativas. Dados los perfiles de los principales imputados y la índole de los delitos, se esperaban condenas mayores. La gente se hace sus ideas sobre culpabilidades y castigos, pero los jueces emiten sus fallos con base en pruebas válidas y declaraciones de testigos, de acuerdo a lo que señalan las leyes, sus interpretaciones y sus conciencias. Pese a la diferencia entre expectativas y resultados, lo cierto es que ambos expresidentes han sido condenados, y la forma en que votaron los jueces es conocida. Aquí no hay posibilidad de eludir responsabilidades.
Con las condenatorias los actuales dirigentes del PUSC esperan poder pasar la página y dedicarse a reconstruir el Partido, pero el daño sufrido es enorme y no es tan fácil deshacerse de tan pesado fardo. Seguramente tendrán que pasar muchos años antes de que se logren mitigar esos daños, y no antes de que emerja, si logra hacerlo, una nueva generación de dirigentes, sin nexos directos con la historia del Partido en estas décadas. El PUSC apenas ha iniciado “la travesía del desierto”, para usar la imagen bíblica, y veremos si logra completarla. Mientras tanto no le queda otro camino que tratar de sacar el mejor provecho posible de su situación de partido minoritario.
Los desenlaces de los juicios no solamente tocan a ese Partido. Afectan a la política en general y por tanto al conjunto de los partidos políticos. No hay que olvidar, además, que aunque sobre el expresidente Figueres Olsen no pesa ninguna causa pendiente, el grueso de la ciudadanía piensa que hizo algo indebido, aunque no necesariamente ilegal, y que no se arriesgó, como los otros dos expresidentes, a dar la cara y exponer su versión de los hechos en el momento y ámbito apropiados. Prefirió tomar el camino de una especie de autoexilio.
Según los datos del Latinobarómetro para 2010, en Costa Rica solamente el 24% de las personas encuestadas indicó que le interesaba algo la política. La gran mayoría se mostró poco o nada interesada. Seguramente los resultados de los juicios a los expresidentes y otros personajes políticos no ayudarán a cambiar estas opiniones, y amplios sectores de la ciudadanía reafirmarán su creencia de que la política es sucia y que los políticos son desconfiables y solamente persiguen intereses personales o de grupo.
La verdad es que muchos de los actuales diputados y algunos otros políticos poco o nada hacen por cambiar esa percepción. Más bien parece que se han puesto de acuerdo para reafirmarla.
martes, 10 de mayo de 2011
No es cogobierno
Los sucesos del 1 de mayo han dado lugar a muchas confusiones, originadas en los discursos de políticas y políticos. Ha quedado de manifiesto la ignorancia y la poca rigurosidad en el uso de ciertos términos y conceptos, pero también los intentos de justificar lo injustificable y enredar a la ciudadanía.
Lo del voto secreto parece que se ha aclarado suficientemente. Se trata de una conquista ciudadana que se practica en procesos electorales de carácter nacional o local, con el fin de evitar la coerción de autoridades y caciques políticos.
No es algo extensivo automáticamente a otros espacios y mucho menos a aquellos en los cuales votan representantes, que deben hacerlo de la manera más transparente posible.
Después de la elección del directorio legislativo multicolor, el discurso de los perdedores ha cambiado y ahora intentan nuevamente confundir a la opinión pública, responsabilizando a las fracciones que componen la “Alianza por Costa Rica” de lo que el gobierno pueda hacer o no hacer en los próximos doce meses.
El artículo 9 de la Constitución Política dice lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” Más adelante la Constitución señala claramente las funciones de cada uno de los poderes, y al Legislativo le corresponde, por delegación del pueblo, la potestad de legislar. Al Poder Ejecutivo le competen otras funciones que no están siendo asumidas o disputadas por la Alianza.
Tampoco hemos entrado en una etapa de cogobierno. Cogobernar implicaría repartición de cargos tanto en el ejecutivo como en el legislativo, entre partidos o coaliciones, con base en un acuerdo o programa a ejecutar en un plazo determinado. Nada más alejado de lo que ha ocurrido.
Lo que hemos empezado a vivir en Costa Rica es más bien una especie de “gobierno dividido”, porque el Ejecutivo está en manos del Partido Liberación Nacional, y el control del directorio legislativo en manos de la Alianza. Eso no altera, por supuesto, la distribución de funciones señalada constitucionalmente, pero obliga a la búsqueda o construcción de puntos de acuerdo, salvo que se quiera crear caos político.
El hecho de que la Alianza no sea homogénea, es decir, que esté conformada por partidos con posiciones ideológicas programáticas diferentes, complica el panorama, hay que admitirlo, pero no necesariamente crea ingobernalidad. Aumenta, eso sí, la responsabilidad de los diferentes actores políticos, de cara a una ciudadanía que espera respuestas efectivas a los problemas que enfrenta el país.
Si prima la madurez y la racionalidad, mayo de 2011 podría convertirse no solamente en un punto de quiebre en lo que han sido las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino también en las formas de relacionarse los partidos entre sí y, en general, en la manera de hacer política.
Lo del voto secreto parece que se ha aclarado suficientemente. Se trata de una conquista ciudadana que se practica en procesos electorales de carácter nacional o local, con el fin de evitar la coerción de autoridades y caciques políticos.
No es algo extensivo automáticamente a otros espacios y mucho menos a aquellos en los cuales votan representantes, que deben hacerlo de la manera más transparente posible.
Después de la elección del directorio legislativo multicolor, el discurso de los perdedores ha cambiado y ahora intentan nuevamente confundir a la opinión pública, responsabilizando a las fracciones que componen la “Alianza por Costa Rica” de lo que el gobierno pueda hacer o no hacer en los próximos doce meses.
El artículo 9 de la Constitución Política dice lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” Más adelante la Constitución señala claramente las funciones de cada uno de los poderes, y al Legislativo le corresponde, por delegación del pueblo, la potestad de legislar. Al Poder Ejecutivo le competen otras funciones que no están siendo asumidas o disputadas por la Alianza.
Tampoco hemos entrado en una etapa de cogobierno. Cogobernar implicaría repartición de cargos tanto en el ejecutivo como en el legislativo, entre partidos o coaliciones, con base en un acuerdo o programa a ejecutar en un plazo determinado. Nada más alejado de lo que ha ocurrido.
Lo que hemos empezado a vivir en Costa Rica es más bien una especie de “gobierno dividido”, porque el Ejecutivo está en manos del Partido Liberación Nacional, y el control del directorio legislativo en manos de la Alianza. Eso no altera, por supuesto, la distribución de funciones señalada constitucionalmente, pero obliga a la búsqueda o construcción de puntos de acuerdo, salvo que se quiera crear caos político.
El hecho de que la Alianza no sea homogénea, es decir, que esté conformada por partidos con posiciones ideológicas programáticas diferentes, complica el panorama, hay que admitirlo, pero no necesariamente crea ingobernalidad. Aumenta, eso sí, la responsabilidad de los diferentes actores políticos, de cara a una ciudadanía que espera respuestas efectivas a los problemas que enfrenta el país.
Si prima la madurez y la racionalidad, mayo de 2011 podría convertirse no solamente en un punto de quiebre en lo que han sido las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino también en las formas de relacionarse los partidos entre sí y, en general, en la manera de hacer política.
lunes, 2 de mayo de 2011
Echar la democracia por la borda
Lo sucedido el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa no es un hecho aislado; forma parte de un conjunto de golpes que ha sufrido la democracia costarricense, sobre todo en la última década. Golpes que amenazan con colocarla en situación difícil si los diversos actores no toman conciencia sobre lo que se está jugando. Golpes que no provienen precisamente de grupos subversivos sino de políticos y autoridades que un día sí y otro también, afirman ser acérrimos defensores de la democracia.
Los acontecimientos de los que hablamos muestran con claridad que es muy fácil afirmar la creencia en los valores democráticos, pero que es muy difícil ser consecuente con ellos, sobre todo cuando entra en juego el control del poder y cuando intereses individuales o de grupo se sienten amenazados. Intereses que muchas veces se hacen pasar como los reales “intereses nacionales”, cuya defensa justifica el uso de cualquier medio, aunque se quebranten los principios democráticos.
Se golpea a la democracia cuando se usan triquiñuelas para pasar por encima de la Constitución y forzar una reelección, o cuando se recurre a medias verdades y mentiras para asustar a sectores sociales vulnerables, que se sienten obligados a votar de una determinada manera, para supuestamente defender los puestos de trabajo de los cuales dependen, como sucedió durante el referéndum de 2007. Y mejor no hablamos sobre el llamado “memorando del miedo.”
El juego democrático implica, entre otras cosas, incertidumbre sobre el resultado de los procesos, incluyendo por supuesto elecciones y votaciones. Pretender tener todo amarrado antes de aventurarse a una consulta determinada, no es precisamente ser democrático, sobre todo cuando se recurre a mecanismos como el chantaje o a la compra de votos, aprovechando las debilidades o las ambiciones de personas o grupos sociales determinados.
El voto secreto es una prerrogativa ciudadana, pero no debe cobijar también a las y los representantes legislativos, que deben ser responsables de sus actos y deben rendir cuentas a sus electores sobre su gestión, incluyendo su voto en la elección de autoridades legislativas. El voto secreto en este caso atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública y constituye un elemento que propicia el chantaje y la corrupción.
Por esa razón no es válido el argumento esgrimido por la fracción del PLN para cambiar las reglas del juego en lo que se refiere a la forma de votación de las y los diputados en la sesión del 1 de mayo. Con la supuesta defensa del voto secreto, lo que dicha fracción pretendía era lograr que algunos diputados palabreados rompieran, sin dar la cara, el acuerdo logrado por la Alianza opositora. ¿Así se defiende la democracia?
Admitamos que la oposición se excedió en sus controles, pero admitamos también que estaban enfrentando al poder y sus posibilidades de persuasión y compra de votos a ciertos diputados. Por supuesto que eso dice mucho también de lo que sucede dentro de algunas de las fracciones de oposición, de la congruencia de sus líneas de trabajo y de su disciplina interna.
Hay que aceptar que la democracia implica que a veces se gana pero que también muchas veces se pierde, y que aferrarse al poder a toda costa es echar la democracia por la borda. ¿Vale la pena enfrentar tal riesgo para mantener el control del directorio legislativo a como haya lugar? Lo que sucedió el 1 de mayo muestra claramente hasta donde algunos grupos políticos están dispuestos a llegar.
Los acontecimientos de los que hablamos muestran con claridad que es muy fácil afirmar la creencia en los valores democráticos, pero que es muy difícil ser consecuente con ellos, sobre todo cuando entra en juego el control del poder y cuando intereses individuales o de grupo se sienten amenazados. Intereses que muchas veces se hacen pasar como los reales “intereses nacionales”, cuya defensa justifica el uso de cualquier medio, aunque se quebranten los principios democráticos.
Se golpea a la democracia cuando se usan triquiñuelas para pasar por encima de la Constitución y forzar una reelección, o cuando se recurre a medias verdades y mentiras para asustar a sectores sociales vulnerables, que se sienten obligados a votar de una determinada manera, para supuestamente defender los puestos de trabajo de los cuales dependen, como sucedió durante el referéndum de 2007. Y mejor no hablamos sobre el llamado “memorando del miedo.”
El juego democrático implica, entre otras cosas, incertidumbre sobre el resultado de los procesos, incluyendo por supuesto elecciones y votaciones. Pretender tener todo amarrado antes de aventurarse a una consulta determinada, no es precisamente ser democrático, sobre todo cuando se recurre a mecanismos como el chantaje o a la compra de votos, aprovechando las debilidades o las ambiciones de personas o grupos sociales determinados.
El voto secreto es una prerrogativa ciudadana, pero no debe cobijar también a las y los representantes legislativos, que deben ser responsables de sus actos y deben rendir cuentas a sus electores sobre su gestión, incluyendo su voto en la elección de autoridades legislativas. El voto secreto en este caso atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública y constituye un elemento que propicia el chantaje y la corrupción.
Por esa razón no es válido el argumento esgrimido por la fracción del PLN para cambiar las reglas del juego en lo que se refiere a la forma de votación de las y los diputados en la sesión del 1 de mayo. Con la supuesta defensa del voto secreto, lo que dicha fracción pretendía era lograr que algunos diputados palabreados rompieran, sin dar la cara, el acuerdo logrado por la Alianza opositora. ¿Así se defiende la democracia?
Admitamos que la oposición se excedió en sus controles, pero admitamos también que estaban enfrentando al poder y sus posibilidades de persuasión y compra de votos a ciertos diputados. Por supuesto que eso dice mucho también de lo que sucede dentro de algunas de las fracciones de oposición, de la congruencia de sus líneas de trabajo y de su disciplina interna.
Hay que aceptar que la democracia implica que a veces se gana pero que también muchas veces se pierde, y que aferrarse al poder a toda costa es echar la democracia por la borda. ¿Vale la pena enfrentar tal riesgo para mantener el control del directorio legislativo a como haya lugar? Lo que sucedió el 1 de mayo muestra claramente hasta donde algunos grupos políticos están dispuestos a llegar.
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