Echar la democracia por la borda

Lo sucedido el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa no es un hecho aislado; forma parte de un conjunto de golpes que ha sufrido la democracia costarricense, sobre todo en la última década. Golpes que amenazan con colocarla en situación difícil si los diversos actores no toman conciencia sobre lo que se está jugando. Golpes que no provienen precisamente de grupos subversivos sino de políticos y autoridades que un día sí y otro también, afirman ser acérrimos defensores de la democracia.

Los acontecimientos de los que hablamos muestran con claridad que es muy fácil afirmar la creencia en los valores democráticos, pero que es muy difícil ser consecuente con ellos, sobre todo cuando entra en juego el control del poder y cuando intereses individuales o de grupo se sienten amenazados. Intereses que muchas veces se hacen pasar como los reales “intereses nacionales”, cuya defensa justifica el uso de cualquier medio, aunque se quebranten los principios democráticos.

Se golpea a la democracia cuando se usan triquiñuelas para pasar por encima de la Constitución y forzar una reelección, o cuando se recurre a medias verdades y mentiras para asustar a sectores sociales vulnerables, que se sienten obligados a votar de una determinada manera, para supuestamente defender los puestos de trabajo de los cuales dependen, como sucedió durante el referéndum de 2007. Y mejor no hablamos sobre el llamado “memorando del miedo.”

El juego democrático implica, entre otras cosas, incertidumbre sobre el resultado de los procesos, incluyendo por supuesto elecciones y votaciones. Pretender tener todo amarrado antes de aventurarse a una consulta determinada, no es precisamente ser democrático, sobre todo cuando se recurre a mecanismos como el chantaje o a la compra de votos, aprovechando las debilidades o las ambiciones de personas o grupos sociales determinados.

El voto secreto es una prerrogativa ciudadana, pero no debe cobijar también a las y los representantes legislativos, que deben ser responsables de sus actos y deben rendir cuentas a sus electores sobre su gestión, incluyendo su voto en la elección de autoridades legislativas. El voto secreto en este caso atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública y constituye un elemento que propicia el chantaje y la corrupción.

Por esa razón no es válido el argumento esgrimido por la fracción del PLN para cambiar las reglas del juego en lo que se refiere a la forma de votación de las y los diputados en la sesión del 1 de mayo. Con la supuesta defensa del voto secreto, lo que dicha fracción pretendía era lograr que algunos diputados palabreados rompieran, sin dar la cara, el acuerdo logrado por la Alianza opositora. ¿Así se defiende la democracia?

Admitamos que la oposición se excedió en sus controles, pero admitamos también que estaban enfrentando al poder y sus posibilidades de persuasión y compra de votos a ciertos diputados. Por supuesto que eso dice mucho también de lo que sucede dentro de algunas de las fracciones de oposición, de la congruencia de sus líneas de trabajo y de su disciplina interna.

Hay que aceptar que la democracia implica que a veces se gana pero que también muchas veces se pierde, y que aferrarse al poder a toda costa es echar la democracia por la borda. ¿Vale la pena enfrentar tal riesgo para mantener el control del directorio legislativo a como haya lugar? Lo que sucedió el 1 de mayo muestra claramente hasta donde algunos grupos políticos están dispuestos a llegar.