Honduras: ¿pasar la página?

Con el regreso de Mel Zelaya y la readmisión en la OEA, aparentemente se cierra la página abierta en Honduras en junio de 2009. Pero las cosas no son tan sencillas. Casi dos años después del golpe que tumbó a Zelaya y sumió a la sociedad hondureña en otra era de oscuridad, su retorno es un reconocimiento explícito de que el rompimiento del orden constitucional obedecía simplemente a la protección de los intereses de las elites económicas y políticas de ese país, que se sentían amenazadas por algunas de las medidas tomadas por el entonces presidente.

¿Dónde quedaron los procesos judiciales y las declaraciones de jueces, políticos, periodistas y empresarios, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque si la situación era tan terrible como la pintaban, la resistencia popular no habría podido sobrevivir en medio de tanta represión, ni el Presidente Lobo se hubiera sentido presionado a buscar un acuerdo que abriera el camino a un proceso de reconciliación nacional.

Pero la página no puede cerrarse con olvido de lo sucedido a partir del golpe, es decir, de los asesinatos de opositores al régimen golpista de Micheletti y las innumerables violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles ocurridas en estos dos años. Tampoco la comunidad internacional, en especial América Latina, puede olvidar que el golpe significó un serio retroceso para el desarrollo de la institucionalidad democrática en la región.

El Acuerdo de Cartagena de Indias, del 22 de mayo de 2011, constituye un paso significativo en la búsqueda de una salida a la crisis política hondureña, pero, ¿qué pasa con las personas que sufrieron la represión, la muerte y el exilio? No se establecen mecanismos efectivos para la investigación de los casos, la sanción y la adecuada reparación. La reconciliación de la sociedad hondureña no podrá ocurrir si no se llama a cuentas a quienes instigaron y consumaron el golpe, y a quienes han asesinado y violado derechos humanos en estos dos años. Pero, ¿cómo hacerlo si se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado?

Se cierra una página a medias, pero se abre otra, porque uno de los acuerdos permite al Frente Nacional de Resistencia Popular solicitar su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de participar como partido en los procesos electorales. Dicha participación seguramente mostrará la profundidad de los cambios políticos ocurridos en ese país, incluyendo la decadencia del binomio Partido Liberal y Partido Nacional.

Pero como los retrógrados grupos empresariales y políticos que instigaron y perpetraron el golpe siguen más o menos saludables, están lejos de desaparecer los amenazantes nubarrones sobre el horizonte de la democracia hondureña, que no termina de consolidarse.