No es cogobierno

Los sucesos del 1 de mayo han dado lugar a muchas confusiones, originadas en los discursos de políticas y políticos. Ha quedado de manifiesto la ignorancia y la poca rigurosidad en el uso de ciertos términos y conceptos, pero también los intentos de justificar lo injustificable y enredar a la ciudadanía.

Lo del voto secreto parece que se ha aclarado suficientemente. Se trata de una conquista ciudadana que se practica en procesos electorales de carácter nacional o local, con el fin de evitar la coerción de autoridades y caciques políticos.

No es algo extensivo automáticamente a otros espacios y mucho menos a aquellos en los cuales votan representantes, que deben hacerlo de la manera más transparente posible.

Después de la elección del directorio legislativo multicolor, el discurso de los perdedores ha cambiado y ahora intentan nuevamente confundir a la opinión pública, responsabilizando a las fracciones que componen la “Alianza por Costa Rica” de lo que el gobierno pueda hacer o no hacer en los próximos doce meses.

El artículo 9 de la Constitución Política dice lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” Más adelante la Constitución señala claramente las funciones de cada uno de los poderes, y al Legislativo le corresponde, por delegación del pueblo, la potestad de legislar. Al Poder Ejecutivo le competen otras funciones que no están siendo asumidas o disputadas por la Alianza.

Tampoco hemos entrado en una etapa de cogobierno. Cogobernar implicaría repartición de cargos tanto en el ejecutivo como en el legislativo, entre partidos o coaliciones, con base en un acuerdo o programa a ejecutar en un plazo determinado. Nada más alejado de lo que ha ocurrido.

Lo que hemos empezado a vivir en Costa Rica es más bien una especie de “gobierno dividido”, porque el Ejecutivo está en manos del Partido Liberación Nacional, y el control del directorio legislativo en manos de la Alianza. Eso no altera, por supuesto, la distribución de funciones señalada constitucionalmente, pero obliga a la búsqueda o construcción de puntos de acuerdo, salvo que se quiera crear caos político.

El hecho de que la Alianza no sea homogénea, es decir, que esté conformada por partidos con posiciones ideológicas programáticas diferentes, complica el panorama, hay que admitirlo, pero no necesariamente crea ingobernalidad. Aumenta, eso sí, la responsabilidad de los diferentes actores políticos, de cara a una ciudadanía que espera respuestas efectivas a los problemas que enfrenta el país.

Si prima la madurez y la racionalidad, mayo de 2011 podría convertirse no solamente en un punto de quiebre en lo que han sido las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino también en las formas de relacionarse los partidos entre sí y, en general, en la manera de hacer política.