A qué viene eso de horrorizarse de que la política intervenga en los nombramientos que hace la Asamblea Legislativa. Si alguna vez no fue así, por favor que alguien me recuerde esa dorada época.
Hasta donde recuerdo, la política partidista ha estado presente en los nombramientos de magistrados, contralores y subcontralores, y, desde hace más de una década, de defensores y defensores adjuntos de los habitantes. Lo que ocurre es que los tiempos han cambiado y ahora resulta difícil ocultar el trasfondo político de las designaciones. Antes, sin negar la honorabilidad y preparación de muchas y muchos de los escogidos, los nombramientos se manejaban por debajo, de acuerdo a cuotas. Se valoraban los méritos, pero, en general, la simpatía o militancia política terminaba imponiéndose.
Sobre todo en los tiempos del bipartidismo, se procuraba mantener un equilibrio que les asegurara a ambos partidos que sus intereses no iban a ser inquietados más allá de ciertos límites, por funcionarios con independencia política y calidades morales a prueba de presiones. Solamente unos pocos escapaban a ese tipo de cálculo y eran nombrados por méritos, más allá de sus simpatías o preferencias partidarias. A veces eso ocurría porque los nombramientos se empantanaban y la única forma de acabar con el atasco era la designación de personas que ni siquiera se mencionaban como candidatas al cargo.
En la última década, sin embargo, en la debacle del bipartidismo y el tránsito hacia otro arreglo partidario, el equilibrio se rompió y algunos gobernantes y partidos sucumbieron a la tentación del control total, sobre todo después de que la Sala Constitucional, por incapacidad de la Asamblea Legislativa, terminó resolviendo asuntos que en sentido estricto correspondían a esta. Se abusó y por eso ahora todos los partidos manejan con pinzas los nombramientos, procurando de alguna manera restablecer el equilibrio perdido en otro nivel, como corresponde a un sistema de multipartidismo moderado. Eso cuesta entenderlo.
El complicado mecanismo que se usa para establecer ternas, parecido al que se utiliza para nombrar profesores universitarios, de poco ha servido, porque al final quien tiene los votos es escogido. Ha servido, eso sí, para obligar a las personas que buscan una designación a recorrer un penoso camino, yendo de una a otra oficina de diputados, e incluso transitando por otros pasadizos no tan visibles al público, en la promoción de sus candidaturas.
Pero los tiempos han cambiado. El bipartidismo no existe y la negociación parlamentaria se ha vuelto muy complicada. Quizás sea el momento para que los partidos reflexionen a fondo y busquen un sistema de nombramientos donde se valoren adecuadamente méritos, la independencia política y, sobre todo, la integridad moral de las personas. Solo de esa manera la ciudadanía volverá a recuperar la credibilidad en las instituciones, ahora tan maltrecha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario