La doble sustitución

Me declaro incompetente para valorar con ecuanimidad a Luis Paulino Mora como juez y como persona. Realmente lo conocí muy poco y lo que recuerdo de su paso por la Sala Constitucional son algunos sonados votos que en su momento estimé positivos o negativos, según mi particular punto de vista. Otras personas con mayor conocimiento de su trayectoria pueden hacer una evaluación con autoridad.

Sin embargo, releyendo el discurso que pronunció en la sesión de la Corte que se realizó después de que 38 diputados intentaran acabar con la magistratura de Fernando Cruz, no puedo dejar de reconocer lo sensato de su diagnóstico sobre el origen de la judicialización de la política. Según Mora el colapso del estado de bienestar y la incapacidad de los gobiernos de cumplir con el pacto social por medio de políticas públicas, ha terminado en demandas sociales que tienen que litigarse. En sus palabras: “Esa judicialización que tanto molesta a un sector de los políticos, no es más que un grito de auxilio de una sociedad que clama por justicia social y por soluciones”.

Dicho sea de paso, poco o nada de este discurso se recogió en los pronunciados en sus honras fúnebres, que en su mayor parte fueron recuentos apresurados de acciones y acontecimientos, sin valoración en profundidad del significado del paso de Mora por el Poder Judicial, para bien y para mal de su situación actual.

El fallecimiento de Luis Paulino Mora plantea el reto de su doble sustitución, como presidente de la Corte y como magistrado de la Sala Constitucional. En el ámbito de la Corte, donde Mora establecía una especie de balance entre fuerzas diversas, su sustitución pondrá a prueba la prudencia y la capacidad de negociación de magistradas y magistrados. Lo que ahí pase será objeto de atención nacional. En otras palabras, que están en una especie de vitrina.

Pero también lo están diputadas y diputados. ¿Volverá la fracción del PLN a intentar una maniobra similar a la realizada en el caso de Fernando Cruz, para imponer una persona que asegure votos acordes con sus intereses políticos y con determinadas visiones de mundo? ¿Predominará la lógica de la sacada de clavo y la imposición? O por el contrario, ¿se hará un esfuerzo para lanzar la mirada hacia el mediano y largo plazo, buscando sin banderías políticas o posiciones ideológicas lo mejor para el país?

Lo ideal sería que predominara la cordura, y que el nombramiento recayera en una persona creyente en la independencia del poder judicial y, en particular, de la Sala Constitucional. Una persona dispuesta a rechazar las presiones provenientes del mundo de la política partidaria, y con el desapego suficiente para dejar de lado sus simpatías políticas, sus creencias religiosas y sus visiones de la vida en sociedad, a la hora de resolver las consultas de constitucionalidad y otros asuntos que competen a la jurisdicción constitucional.

¿Es mucho pedir a la actual Asamblea Legislativa?

La deuda política

El financiamiento público a las campañas electorales está de nuevo en la picota. A más de una persona le ha parado el pelo el anuncio que el proceso que se avecina podría costar más de 40 mil millones de colones. Una enorme suma que se quemaría en pólvora electoral, no precisamente destinada a estimular un voto reflexivo, sino a mover pasiones y evitar que la gente piense.

Algunas personas consideran que este financiamiento debería suprimirse del todo. Creen que no tiene sentido gastar sumas elevadas de dinero de los contribuyentes en esa especie de carnaval electoral que se celebra cada cuatro años, que en nada contribuye a elevar el nivel de información ciudadana sobre candidatos y propuestas. Además, la desigualdad en la distribución de los recursos favorece la permanencia de algunos partidos y perjudica el desarrollo de otros. Se trata, según estos criterios, de una herencia del bipartidismo que ha dejado de ser eficaz en las actuales condiciones de la sociedad costarricense.

Otros pensamos que el principio que dio origen a esta historia era sano: evitar que los intereses del poder económico fueran los que manejaran los hilos de los partidos. Principio que en la práctica no se cumplió, porque los mecanismos usados dejaron suficientes portillos para la penetración de esos intereses, que mantuvieron su presencia, torciendo las intenciones del legislador. ¿Cuál es la alternativa? 

En primer lugar, hay que modificar radicalmente el monto de la contribución estatal. Destinar el 0,19% del Producto Interno Bruto es demasiado. Aun reduciéndolo al 0,08%, que es lo que se ha propuesto, la suma a gastar es todavía elevada. En segundo lugar, el dinero que se les adelante a los partidos no debe ser para propaganda.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería asignar una suma global para la contratación de espacio en los medios, que podría distribuir entre los partidos, usando criterios de igualdad y proporcionalidad. Esta asignación debería ir acompañada de exigencias en cuanto al uso de los espacios, que deberían ser dedicados fundamentalmente a la exposición de ideas, evitando los mensajes vacíos que acostumbra elaborar la mercadotecnia electoral.

En tercer lugar, debe eliminarse el gasto en transporte el día de las elecciones, porque ya se ha probado que no es necesario ni efectivo en los tiempos en que vivimos. Quizás en lugares alejados aun se justifique, en cuyo caso la contratación de servicios también podría hacerla el Tribunal. En cuarto lugar, deben eliminarse los bonos de deuda política, como lo ha propuesto el mismo Tribunal, porque constituyen, además de un negocio muy rentable para algunos, una máscara para encubrir donaciones fuera de la ley.

Finalmente, por lo ocurrido con el control de los gastos de la campaña anterior, que puso en evidencia las limitaciones del TSE en esa materia, conviene que esas tareas vuelvan a ser realizadas por la Contraloría General de la República.

Los jóvenes tienen la palabra

Aunque suene a repetición, son los jóvenes de hoy los que van a vivir el futuro. Si estiramos la cobija e incluimos en esa categoría a quienes tienen menos de cuarenta años en la actualidad, tendríamos que admitir que son ellos, principalmente, los que van a manejar este país en los próximos treinta años. En todos los niveles laborales y políticos.

Pero no hay que irse muy lejos: ya su peso político podría ser considerable. Según se ha informado, las personas que están en edades comprendidas entre los 18 y los 34 años conforman el 42 por ciento, aproximadamente, del padrón electoral. En otras palabras, que si la mayoría de ellas decidiera votar por un determinado partido, podría elegir sin duda a su candidata o candidato. También podría poner en aprietos al sistema si decidiera abstenerse y no concurrir a las urnas electorales en 2014.

La mayoría de los jóvenes no se manifiesta todavía abiertamente. Son una especie de espectadores de un espectáculo aburrido que les interesa muy poco. Pero su futuro, en gran parte, se está jugando hoy, y son las generaciones más viejas las que están tomando decisiones que en mucho cuadrarán las circunstancias económicas y políticas en las que les tocará vivir.

En los últimos meses varias propuestas de reforma institucional y de políticas públicas han sido dadas a conocer. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, es necesario que la sociedad civil se involucre en la discusión de ellas y no se atenga a lo que pueda salir, bueno y malo, de acciones del poder ejecutivo o de la Asamblea Legislativa.

Me pregunto cuántas personas jóvenes, hombres y mujeres, han estado involucradas en la discusión y la redacción de las propuestas, o cuántas de ellas provienen de sectores menores de cuarenta años. Seguramente la participación de las personas jóvenes en estos proyectos ha sido muy pequeña. Somos los adultos mayores de cuarenta, bastantes en edades avanzadas, los que pareciera que nos interesamos en esos ejercicios de ingeniería política y social.

No puedo aceptar que a las personas jóvenes les interese solamente las barras libres, la “sele”, las “tomatingas” desenfrenadas de Palmares o los conciertos de bandas y cantantes que se suceden semana tras semana, exprimiendo los agotados bolsillos de más de uno. Seguramente para muchos a eso se reduce la vida, pero seguramente también son muchos los que ven con preocupación lo que está sucediendo, tal vez sin encontrar los mecanismos para manifestarse y hacer oír su voz. A lo mejor es que no existen, más allá del facebook o mecanismos similares, que a veces solo sirven para desahogarse, sin consecuencias prácticas.

Ya es hora que se manifiesten. Los adultos hemos echado a perder este mundo por acción o por omisión. Por favor, hombres y mujeres jóvenes, no dejen que hagamos lo mismo con su futuro. La palabra y la acción son ahora de ustedes.

¿Qué hacer con informes y propuestas?

No sé si hubo un tiempo en que los partidos políticos “pensaron”. Es decir, si hubo una época en la cual la discusión interna se realizaba no solo en torno a candidaturas, sino también alrededor de posiciones sobre el papel del estado, sus instituciones y sus relaciones con la sociedad. Si la hubo, hace rato que quedó atrás.

Congresos ideológicos y otras actividades similares siguieron realizándose casi ritualmente, pero el hecho es que a partir de los años ochenta entramos en una era en la que se establecieron límites bastante rígidos para la acción de los gobiernos, debido a los acuerdos que se firmaron con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia para el Desarrollo Internacional. Las recetas del llamado “consenso de Washington” nos obligaron a hacer cambios y desarrollar políticas restrictivas que transformaron el perfil del país, dando origen a muchas de las contradicciones que padecemos.

La globalización 1.0, como la califican en un libro reciente dos autores estadounidenses, Berggruen y Gardels, terminó de configurar el escenario internacional, y el país tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones, TLC incluido, en un proceso en el que hubo ganadores y muchos perdedores. Pensar independientemente se volvió subversivo o inútil, porque la ruta estaba trazada. Los esfuerzos por desarrollar planteamientos y congresos ideológicos fueron abandonados, y los famosos planes de gobierno elaborados para las campañas electorales se convirtieron, como se dice coloquialmente, en “saludos a la bandera”. Es decir, en actos desprovistos de utilidad práctica.

Pero ahora estamos en la globalización 2.0, como la llaman los autores mencionados, donde la crisis y la presencia de otros países poderosos económicamente hacen contrapeso a los Estados Unidos. Hay más espacio para las decisiones de política interna, pero los partidos siguen sin pensar. Es así como ciudadanos con filiaciones políticas diversas o sin ellas se han dado a la tarea de elaborar informes y propuestas sobre políticas públicas y reformas al gobierno central y al resto de las instituciones públicas, incluyendo la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Está bien que la Asamblea gaste tiempo en discutir el informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, pero ¿no debería realizarse una discusión más amplia sobre el conjunto de propuestas hechas en los últimos meses, fuera de los límites de ese cuerpo, entre grupos proponentes, partidos y algunas otras instancias de la sociedad civil? ¿Una discusión que permitiera llegar a unos acuerdos mínimos de reforma, que pudieran ser ejecutados en este año o a inicios del próximo gobierno, independientemente de quién sea el ganador?

 Un nuevo intento de concertación, solo que esta vez se dispone de documentos base para una discusión sistemática, y la presión ciudadana para llegar a acuerdos es manifiesta.

Mejorar la representación

El informe final de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, mejor conocida como “notables”, con tono cargado de descalificación, ha despertado reacciones diversas, que van desde el rechazo sin concesiones hasta la aceptación elogiosa. Sin menosprecio alguno del trabajo realizado, hay que decir que la mayoría de los problemas que ahí se señalan ha sido identificada en repetidas ocasiones, así como también buena parte de las soluciones propuestas. Pero el enfoque es diferente.

Cuando analizamos problemas y formulamos propuestas de solución, partimos de visiones particulares sobre la sociedad, la política y el estado. Estamos cargados de subjetividad. Por más esfuerzos que hagamos para deshacernos de conceptos y suposiciones, siempre estarán ahí, impidiéndonos alcanzar la ansiada objetividad.

En el informe que mencionamos, predomina la visión del gobernante, la preocupación por eliminar obstáculos que impiden llevar adelante sus planes y propuestas. La gobernabilidad, como lo hemos indicado en otras ocasiones, por más que se le apellide democrática, es una mirada desde arriba; no es el reflejo de las preocupaciones ciudadanas. No quiere decir eso que no existan coincidencias, y no hay que olvidar, además, que quienes no están ahora en el gobierno, podrían estarlo el día de mañana, a menos que hayan decidido permanecer indefinidamente en la oposición.

Por esos motivos, la aceptación de las diferencias en miradas o en enfoques no nos debe llevar al rechazo absoluto a todo lo que proceda del territorio de los gobernantes. Antes bien, nos obliga a examinar con cuidado planteamientos como el que hace la Comisión Presidencial, y a replicar, si es del caso, desde nuestra particular perspectiva.

Por ejemplo, en el caso de las propuestas relativas a la integración y funcionamiento de la Asamblea Legislativa, desde la perspectiva ciudadana lo más importante es, a mi juicio, el mejoramiento de la calidad de la representación, hoy en día tan alicaída. Lo cual no significa dejar de lado la búsqueda de la eficiencia, que tiene sus límites, porque la Asamblea no es tan solo una fábrica de leyes, sino que también realiza tareas de control político.

Los mecanismos de selección de diputados y diputadas debe ser objeto de especial atención. No podemos seguir eligiendo sobre las listas cerradas y bloqueadas que nos presentan los partidos. Hay que buscar un sistema mixto que facilite, quizás con la adición de una lista nacional, una mayor participación ciudadana en la integración de la Asamblea. Y tenemos que encontrar mecanismos que permitan una mayor comunicación y control con quienes se dicen nuestras y nuestros representantes.

Finalmente, no podemos olvidar que éste no es el único diagnóstico ni las únicas propuestas realizadas en los últimos meses, y que otras están en camino. Por tanto hay que incorporar también ese material en la presente y necesaria discusión nacional.

La necesaria competencia

Como la carrera entre precandidatos del PLN acabó antes de llegar a la convención, no son pocas las personas que consideran que Johnny Araya tiene el gane en el bolsillo. Se basan en el hecho que no hay en la oposición un partido capaz de disputar en solitario el posible, aunque no seguro, triunfo de Araya, y porque las conversaciones para formar una coalición opositora no arrojan todavía resultados positivos.

Si las condiciones actuales no cambian, es posible que esas suposiciones se conviertan en realidades. Si así fuera, pasaríamos a ser una especie de observadores pasivos de una campaña política de carácter ritual, donde se sabría el desenlace de antemano. La incertidumbre en los resultados característica de los procesos democráticos desaparecería y las consecuencias de tal hecho para el desarrollo político costarricense serían sumamente negativas.

Los procesos electorales en las democracias representativas sirven para que la ciudadanía periódicamente, mediante el voto, elija o reelija a las personas que ocuparán las cúspides del poder político, y a quienes les representarán en el parlamento o asamblea legislativa, por un determinado número de años. Se supone que es un proceso de selección de las personas más calificadas para ocupar el cargo; aunque sabemos que ese requisito no se cumple buena parte de las veces. No son pocos los incompetentes, charlatanes y corruptos de todo tipo que se cuelan, desgraciadamente cada vez con mayor frecuencia.

Son procesos que implican competencia entre personas y grupos, generalmente organizados en partidos políticos. La competencia es entonces un aspecto esencial en las democracias. Me refiero a la competencia abierta, aceptando que casi nunca es totalmente transparente y que conlleva, por tanto, algún grado de oscuridad. Porque la ciudadanía vota muchas veces por candidaturas armadas y sostenidas a sus espaldas, por grupos de poder político o económico cuyas miras no son precisamente el bienestar general.

Pese a lo dicho, no es posible que asistamos impasibles a un proceso electoral sin competencia. Sobre todo porque el posible ganador, en el mejor de los casos, lo que hará es dar continuidad a un proyecto político gastado, acomodado a un planteamiento económico que nos hace muy vulnerables en las actuales condiciones de crisis planetaria, y con un alto componente de corrupción.

Pero como no se trata solamente de combatir por combatir, si se llegara a ensamblar una coalición opositora, encabezada por un candidato capaz de movilizar las actuales fuerzas dispersas, tendría que dejar muy claro cuáles serían las diferencias principales con el liberacionismo. Aunque quizás sea suficiente con asegurar una especie de gobierno de transición -honesto eso sí-, que permita soltar amarras de los liderazgos y partidos del pasado, y agilice la floración de los nuevos que están en gestación.

¿Habemus praesidentis?

El retiro de la precandidatura de Rodrigo Arias dejó, ahora sí, la mesa servida a Johnny Araya, convirtiéndole en el candidato designado del PLN.  No sé si alguna vez la hubo, pero el caso es que desapareció la incertidumbre en ese Partido, y también desapareció el peligro de una lucha interna desgarradora.

En la orfandad quedaron no pocas figuras del mundillo liberacionista, tanto en el plano nacional como en el local.  El intento de mantener en alto la bandera del llamado arismo, con el montaje a toda carrera de una candidatura alterna no fructificó, y el grupo va camino a la desbandada.  Muchos seguramente se acomodarán a la nueva situación, esperando que Araya les tienda, si no la mano, por lo menos un dedo, pero otros tendrán que resignarse a quedar fuera.  Se embarcaron en una nave que no terminó de zarpar y ahora están en tierra, sin pasaje que les permita abordar el buque arayista.

Asistimos, entonces, al principio del fin de lo que se llamó arismo.  Fracasó la candidatura de Rodrigo y la popularidad de su hermano Oscar disminuye a pasos agigantados.  Como se dice, ¡a rey muerto, rey puesto!

Pero, todavía está lejos Araya de ser presidente.  No digo que no llegue a serlo, pero el camino a transitar puede ser muy duro.  Para empezar tendrá que enfrentar todas las dificultades que implica una candidatura después de dos gobiernos seguidos del PLN, que cada vez gozan de menor prestigio en el conjunto de la ciudadanía.  Por otro lado, le esperan intensas negociaciones dentro y fuera del partido.  Necesita asegurar las estructuras, para evitar que en las diputaciones se filtren personas que no son de su confianza, pero a la vez tendrá que hacer concesiones en nombramientos, que le otorguen firmeza interna a su candidatura.

Aunque no esté pensando en separarse del camino seguido por las administraciones de Arias y Chinchilla en materia de política económica y social –recuérdese que estuvo beligerantemente a favor del TLC--, necesita asegurar también el apoyo del grueso del sector empresarial.  Es decir, debe darle garantías de que “volver a las raíces” no pasa por quebrar el rumbo seguido por el país.  No se puede olvidar que fue en el gobierno de su tío, Luis Alberto Monge, cuando el país entró en la ruta del ajuste estructural.  Igualmente, algo tendrá que decir para atraer el voto de los sectores de medianos y bajos ingresos: ¿cómo va a enfrentar la desigualdad y la pobreza? ¿Cómo va a mejorar realmente los servicios de educación y salud? ¿Cuál será su política de empleo y salarios? 

Y al conjunto del país debe convencerlo de su capacidad para gobernar en tiempos difíciles.  Tantos años al frente de la alcaldía josefina no lo acreditan suficientemente, sobre todo porque la ciudad capital no ha experimentado una transformación global, más allá del núcleo central, y muchos son los problemas que siguen sin solucionarse.

Por ahora la oposición no constituye una amenaza, pero podría serlo en los próximos meses.