martes, 26 de febrero de 2013

La doble sustitución



Me declaro incompetente para valorar con ecuanimidad a Luis Paulino Mora como juez y como persona. Realmente lo conocí muy poco y lo que recuerdo de su paso por la Sala Constitucional son algunos sonados votos que en su momento estimé positivos o negativos, según mi particular punto de vista. Otras personas con mayor conocimiento de su trayectoria pueden hacer una evaluación con autoridad.

Sin embargo, releyendo el discurso que pronunció en la sesión de la Corte que se realizó después de que 38 diputados intentaran acabar con la magistratura de Fernando Cruz, no puedo dejar de reconocer lo sensato de su diagnóstico sobre el origen de la judicialización de la política. Según Mora el colapso del estado de bienestar y la incapacidad de los gobiernos de cumplir con el pacto social por medio de políticas públicas, ha terminado en demandas sociales que tienen que litigarse. En sus palabras: “Esa judicialización que tanto molesta a un sector de los políticos, no es más que un grito de auxilio de una sociedad que clama por justicia social y por soluciones”.

Dicho sea de paso, poco o nada de este discurso se recogió en los pronunciados en sus honras fúnebres, que en su mayor parte fueron recuentos apresurados de acciones y acontecimientos, sin valoración en profundidad del significado del paso de Mora por el Poder Judicial, para bien y para mal de su situación actual.

El fallecimiento de Luis Paulino Mora plantea el reto de su doble sustitución, como presidente de la Corte y como magistrado de la Sala Constitucional. En el ámbito de la Corte, donde Mora establecía una especie de balance entre fuerzas diversas, su sustitución pondrá a prueba la prudencia y la capacidad de negociación de magistradas y magistrados. Lo que ahí pase será objeto de atención nacional. En otras palabras, que están en una especie de vitrina.

Pero también lo están diputadas y diputados. ¿Volverá la fracción del PLN a intentar una maniobra similar a la realizada en el caso de Fernando Cruz, para imponer una persona que asegure votos acordes con sus intereses políticos y con determinadas visiones de mundo? ¿Predominará la lógica de la sacada de clavo y la imposición? O por el contrario, ¿se hará un esfuerzo para lanzar la mirada hacia el mediano y largo plazo, buscando sin banderías políticas o posiciones ideológicas lo mejor para el país?

Lo ideal sería que predominara la cordura, y que el nombramiento recayera en una persona creyente en la independencia del poder judicial y, en particular, de la Sala Constitucional. Una persona dispuesta a rechazar las presiones provenientes del mundo de la política partidaria, y con el desapego suficiente para dejar de lado sus simpatías políticas, sus creencias religiosas y sus visiones de la vida en sociedad, a la hora de resolver las consultas de constitucionalidad y otros asuntos que competen a la jurisdicción constitucional.

¿Es mucho pedir a la actual Asamblea Legislativa?

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