Me
declaro incompetente para valorar con ecuanimidad a Luis Paulino Mora como juez
y como persona. Realmente lo conocí muy poco y lo que recuerdo de su paso por
la Sala Constitucional son algunos sonados votos que en su momento estimé
positivos o negativos, según mi particular punto de vista. Otras personas con
mayor conocimiento de su trayectoria pueden hacer una evaluación con autoridad.
Sin
embargo, releyendo el discurso que pronunció en la sesión de la Corte que se
realizó después de que 38 diputados intentaran acabar con la magistratura de
Fernando Cruz, no puedo dejar de reconocer lo sensato de su diagnóstico sobre
el origen de la judicialización de la política. Según Mora el colapso del
estado de bienestar y la incapacidad de los gobiernos de cumplir con el pacto
social por medio de políticas públicas, ha terminado en demandas sociales que
tienen que litigarse. En sus palabras: “Esa judicialización que tanto molesta a
un sector de los políticos, no es más que un grito de auxilio de una sociedad
que clama por justicia social y por soluciones”.
Dicho
sea de paso, poco o nada de este discurso se recogió en los pronunciados en sus
honras fúnebres, que en su mayor parte fueron recuentos apresurados de acciones
y acontecimientos, sin valoración en profundidad del significado del paso de
Mora por el Poder Judicial, para bien y para mal de su situación actual.
El
fallecimiento de Luis Paulino Mora plantea el reto de su doble sustitución,
como presidente de la Corte y como magistrado de la Sala Constitucional. En el
ámbito de la Corte, donde Mora establecía una especie de balance entre fuerzas
diversas, su sustitución pondrá a prueba la prudencia y la capacidad de
negociación de magistradas y magistrados. Lo que ahí pase será objeto de
atención nacional. En otras palabras, que están en una especie de vitrina.
Pero
también lo están diputadas y diputados. ¿Volverá la fracción del PLN a intentar
una maniobra similar a la realizada en el caso de Fernando Cruz, para imponer
una persona que asegure votos acordes con sus intereses políticos y con
determinadas visiones de mundo? ¿Predominará la lógica de la sacada de clavo y
la imposición? O por el contrario, ¿se hará un esfuerzo para lanzar la mirada
hacia el mediano y largo plazo, buscando sin banderías políticas o posiciones
ideológicas lo mejor para el país?
Lo
ideal sería que predominara la cordura, y que el nombramiento recayera en una
persona creyente en la independencia del poder judicial y, en particular, de la
Sala Constitucional. Una persona dispuesta a rechazar las presiones
provenientes del mundo de la política partidaria, y con el desapego suficiente
para dejar de lado sus simpatías políticas, sus creencias religiosas y sus
visiones de la vida en sociedad, a la hora de resolver las consultas de
constitucionalidad y otros asuntos que competen a la jurisdicción
constitucional.
¿Es
mucho pedir a la actual Asamblea Legislativa?
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