El financiamiento público a las campañas electorales está de nuevo en la picota. A más de una persona le ha parado el pelo el anuncio que el proceso que se avecina podría costar más de 40 mil millones de colones. Una enorme suma que se quemaría en pólvora electoral, no precisamente destinada a estimular un voto reflexivo, sino a mover pasiones y evitar que la gente piense.
Algunas personas consideran que este financiamiento debería suprimirse del todo. Creen que no tiene sentido gastar sumas elevadas de dinero de los contribuyentes en esa especie de carnaval electoral que se celebra cada cuatro años, que en nada contribuye a elevar el nivel de información ciudadana sobre candidatos y propuestas. Además, la desigualdad en la distribución de los recursos favorece la permanencia de algunos partidos y perjudica el desarrollo de otros. Se trata, según estos criterios, de una herencia del bipartidismo que ha dejado de ser eficaz en las actuales condiciones de la sociedad costarricense.
Otros pensamos que el principio que dio origen a esta historia era sano: evitar que los intereses del poder económico fueran los que manejaran los hilos de los partidos. Principio que en la práctica no se cumplió, porque los mecanismos usados dejaron suficientes portillos para la penetración de esos intereses, que mantuvieron su presencia, torciendo las intenciones del legislador. ¿Cuál es la alternativa?
En primer lugar, hay que modificar radicalmente el monto de la contribución estatal. Destinar el 0,19% del Producto Interno Bruto es demasiado. Aun reduciéndolo al 0,08%, que es lo que se ha propuesto, la suma a gastar es todavía elevada. En segundo lugar, el dinero que se les adelante a los partidos no debe ser para propaganda.
El Tribunal Supremo de Elecciones debería asignar una suma global para la contratación de espacio en los medios, que podría distribuir entre los partidos, usando criterios de igualdad y proporcionalidad. Esta asignación debería ir acompañada de exigencias en cuanto al uso de los espacios, que deberían ser dedicados fundamentalmente a la exposición de ideas, evitando los mensajes vacíos que acostumbra elaborar la mercadotecnia electoral.
En tercer lugar, debe eliminarse el gasto en transporte el día de las elecciones, porque ya se ha probado que no es necesario ni efectivo en los tiempos en que vivimos. Quizás en lugares alejados aun se justifique, en cuyo caso la contratación de servicios también podría hacerla el Tribunal. En cuarto lugar, deben eliminarse los bonos de deuda política, como lo ha propuesto el mismo Tribunal, porque constituyen, además de un negocio muy rentable para algunos, una máscara para encubrir donaciones fuera de la ley.
Finalmente, por lo ocurrido con el control de los gastos de la campaña anterior, que puso en evidencia las limitaciones del TSE en esa materia, conviene que esas tareas vuelvan a ser realizadas por la Contraloría General de la República.
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