Rescatar la Caja

Lo que está pasando en la Caja Costarricense de Seguro Social es algo que se veía venir desde hace muchos años. Decisiones equivocadas, deudas no cubiertas por gobiernos, morosidad privada, intentos de privatización o semiprivatización, expoliación de recursos y otras agresiones han terminado por llevar a la institución a la difícil situación en que se encuentra, amenazando la salud de todo el país.

Por enésima vez se vuelve a hablar de comisiones técnicas y propuestas integrales de reestructuración, pero la verdad es que muchos diagnósticos se han realizado y muchas propuestas se han hecho, con escasos resultados prácticos. El problema es que no se trata de un asunto meramente de ingeniería organizacional, sino que también lo ideológico y lo político están presentes. No se puede olvidar, además, que alrededor de la Caja y su destino gira una maraña de intereses económicos de la más diversa índole, porque es mucho el dinero que está en juego. También internamente se mueve una madeja de intereses de los diversos estamentos de profesionales médicos y funcionarios que operan en los diferentes niveles de atención.

Ahora todos piden acciones para salvar y transformar la Caja, pero aunque unos y otros parece que están hablando de lo mismo, lo cierto es que están pensando en cosas diferentes. Lo que puede estar conjeturando una persona identificada con el modelo solidario que dio origen a la Caja seguramente es muy diferente a lo que proponen individuos y grupos que consideran que los servicios médicos deben estar sujetos a las leyes del mercado, y que, primordialmente, deben ser proporcionados por la empresa privada. Probablemente entre estos dos extremos hay una gama de posiciones intermedias.

Por eso, cuando se habla de una comisión de expertos para que elaboren una propuesta, hay que preguntar quiénes son y cuáles pueden ser los intereses que representan. Porque, con todo respeto, no hay expertos en el vacío, químicamente puros. En todo caso, la discusión sobre el rumbo que ha de tomar la Caja no puede quedar solamente en manos de expertos, políticos, empresarios y sindicatos. Es un asunto que atañe a la mayoría ciudadana que contribuye al funcionamiento de la institución, y que, diaria y pacientemente acude a EBAIS, clínicas y hospitales, soportando largas colas y demoras en las citas especializadas, porque no tiene otra posibilidad de recibir atención médica.

Mientras la institución se deteriora, hay personas concretas que sufren por falta de atención médica oportuna y de calidad, como el padre de un lector de estas columnas, que sufrió una quebradura de cadera a sus ochenta años, y que yace dos semanas hospitalizado sin que, hasta la hora en que escribo estas líneas, se haya programado su operación. Me pregunto cuántos de los que opinan sobre la crisis de la Caja alguna vez habrán tenido que enfrentar situaciones como la que señalo.

¡Hay que rescatar la Caja para el pueblo!

Derrumbes políticos

De acuerdo con los resultados de la última encuesta de UNIMER publicados por el matutino La Nación, al gobierno y a la clase política les ha pasado lo de la ruta a Caldera: están afrontando serios derrumbes. ¡Y el invierno apenas está comenzando!

El gobierno de la presidenta Chinchilla sale mal en casi todos los aspectos contemplados en esta medición, confirmando una tendencia al deterioro de la imagen en las percepciones de la mayoría ciudadana. El principal reclamo, aparte del incumplimiento de las promesas de campaña, apunta hacia el insuficiente control del timón del barco. La sensación que flota en el ambiente, que la encuesta viene a confirmar, es que la presidenta no toma decisiones en el momento oportuno y que le hace falta firmeza. Seguramente no pocos casos se podrían señalar donde no actuó ni con la celeridad ni con la firmeza requeridas.

Muchas justificaciones pueden darse a estas percepciones de la ciudadanía, pero no se puede negar la gravedad del derrumbe gubernamental, precisamente al cumplirse un año de mandato y cuando todavía le faltan tres. Tampoco puede negarse la existencia de serios problemas, algunos de ellos heredados de la anterior administración, ni la indolencia con que algunos jerarcas de ministerios e instituciones los encaran. Y ni hablar de los abusos y la corrupción.

Pero no solo el gobierno central sale mal en esta medición. La encuesta deja entrever una crítica generalizada a la clase política, por lo menos a las cabezas más visibles, que ven disminuida considerablemente la apreciación popular. Para empezar, el expresidente Arias, quien cae 14 puntos porcentuales en las opiniones favorables, a pesar de que sigue encabezando la lista. Su hermano comparte el frio sótano con dos controvertidos expresidentes.

Las instituciones públicas no salen muy bien paradas tampoco, salvo unas pocas, como la Defensoría de los Habitantes y la misma Caja, ahora tan bombardeada. La Cruz Roja, que seguramente es la que mayor presencia tiene en los medios, tanto por la cantidad de accidentes y hechos violentos, como por el manejo de las noticias, es la institución aparentemente más apreciada. Mucho más abajo se localizan instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala IV y la Contraloría.

Pero, en segundo lugar, muy por encima de las otras instituciones, destacan las universidades públicas, hecho que llama sumamente la atención, dada la campaña orquestada contra ellas el año anterior, cuando se discutía su financiamiento. No es la primera vez que esto ocurre. Seguramente en medio de derrumbes, la mayoría ciudadana sigue visualizando en las universidades públicas una esperanza de mejoramiento futuro. Ojalá universitarios y universitarias sepan responder a estas expectativas ciudadanas.

En fin, es un hecho: Caldera, el gobierno y la clase política, provocan inseguridad y desconfianza a la mayoría ciudadana.

Conversaciones en Rohrmoser

El martes de la semana anterior se realizó una nueva conversación entre la presidenta Chinchilla y el exmandatario Arias, esta vez, aparentemente, por iniciativa del ministro de la presidencia, Carlos Ricardo Benavides. No hubo declaraciones al finalizar el encuentro. El ministro Benavides dijo que fue una reunión de amigos, donde se trataron temas importantes de gobierno, pero no dio detalles.

Que la presidenta converse con un exmandatario y le pida consejo no tiene nada de raro; está dentro de la normalidad de la política que tales intercambios se realicen. Que no se informe en detalle sobre lo conversado es comprensible en la mayoría de los casos, pero no en este, porque las conversaciones entre Chinchilla y Arias no pueden catalogarse precisamente de intercambios entre amigos.

Se sabe que las relaciones han sido tensas no solamente porque Arias ha mantenido una actitud crítica sobre el gobierno de Chinchilla, sino por el asunto de las interferencias abiertas y veladas de su hermano Rodrigo, virtual precandidato del PLN, quien tiene una importante cuota de poder dentro de la fracción liberacionista en la Asamblea Legislativa.

Como en política lo simbólico cuenta a veces más que lo discursivo, no podemos dejar de recalcar que esta vez el intercambio no se realizó en terreno más o menos neutral, como la casa de Francisco Antonio Pacheco, sino en Rohrmoser, en la casa de Arias. No en la Casa Presidencial ni en la casa particular de la presidenta, sino en la de Arias. Puesto que el expresidente no está enfermo de gravedad ni cosa parecida, la visita no parece procedente dadas las circunstancias señaladas. Inevitablemente, entonces, tenemos que preguntarnos si se nos está enviando algún mensaje sobre la realidad actual del poder político en Costa Rica.

En la partida Zapote versus Rohrmoser ¿hubo algún acuerdo o alguien habrá puesto en jaque al otro? No lo sabemos, porque no hubo declaración sobre el contenido de las conversaciones, pero como con Arias nunca se sabe por dónde salta la liebre, resulta que dos días después, en una actividad organizada por las cámaras empresariales suelta un par de frases que dejan nuevamente mal parada, o quizás bien parada, depende como se vea la situación, a la presidenta Chinchilla.

Arias se une al coro que señala al gobierno falta de claridad en el rumbo a seguir, aunque, por supuesto, por razones diferentes a las que pueden tener otros sectores de la ciudadanía. No pidió apoyo para la presidenta, sino que volvió a reafirmar su criterio de que su gobierno había dejado todo muy armado, o la mesa servida, y lo que se ha hecho después es chapucería. No lo dijo con esas palabras, pero no hay que hacer grandes esfuerzos de interpretación para sacar conclusiones.

Otra bandera blanca rechazada. ¿Hasta cuándo la presidenta decidirá tomar las riendas, dejar de depender de esta especie de poder fáctico, y hacer su propio camino?

¿Los trapos sucios se lavan adentro?

Una desafortunada salida del director general del Hospital Nacional de Niños, motivada por informaciones publicadas por un matutino sobre problemas en el área de cirugías cardíacas, resulta ser, sin embargo, una contribución importante al debate sobre transparencia y rendición de cuentas de la institucionalidad pública.

Porque, seguramente, al igual que este funcionario, muchos otros pensarán lo mismo: que los problemas, las diferencias de criterio y los errores se discuten y se resuelven en casa o, lo que es lo mismo, que los chuicas sucios se lavan adentro, como se dice popularmente. Pero las instituciones públicas, llámense ministerios, instituciones autónomas, juzgados u hospitales, no son precisamente familias ni entes privados que responden a intereses particulares. Son instituciones públicas que deben estar sujetas al escrutinio directo o indirecto de la ciudadanía, no solo porque son financiadas por el conjunto de la población del país, sino, porque, fundamentalmente, de sus decisiones buenas o malas, depende en mucho el destino de esta sociedad.

Aquí no vale el escudo protector de la técnica o del conocimiento especializado, muy usado para mantener la opacidad en las decisiones. Alegar que no es conveniente discutir decisiones y políticas institucionales públicamente, porque la mayoría de las personas carece de información o de formación y, por tanto, no está en capacidad de entender, y puede ser fácilmente manipulada, es una mala escusa para justificar un ocultamiento que favorece la irresponsabilidad institucional. El hermetismo que caracteriza a algunas instituciones no va con la democracia ni con los tiempos, porque hoy en día mucha información y muchos documentos pueden ser conseguidos con relativa facilidad a través de internet.

Si la ciudadana y el ciudadano de a pie no son versados en la materia, para eso están las discusiones públicas entre especialistas y las investigaciones realizadas por los medios. Y si los medios destapan tortas, corrupción o asuntos mal manejados, sobre todo en el ámbito de la salud, bienvenido sea el destape. Estoy de acuerdo que a veces se abusa, sobre todo porque un cierto periodismo lo que busca es el escándalo, el drama, la nota roja, la noticia teatralizada, en suma, el sensacionalismo sin análisis alguno. Pero es peor un periodismo complaciente con funcionarios e instituciones, que ayuda a cubrir la realidad, a disimular los errores, porque responde más al volumen de la facturación por la publicidad institucional que a los intereses de la mayoría ciudadana.

Durante mucho tiempo la transparencia y la rendición de cuentas no han pasado de ser, en la gran mayoría de los casos, pura palabrería institucional; pero hoy son demandas sentidas de la ciudadanía. Los funcionarios y políticos que no lo entiendan, como sucedió con algunos diputados y diputadas el 1 de mayo, están fuera de este mundo.

Son nombramientos políticos

A qué viene eso de horrorizarse de que la política intervenga en los nombramientos que hace la Asamblea Legislativa. Si alguna vez no fue así, por favor que alguien me recuerde esa dorada época.

Hasta donde recuerdo, la política partidista ha estado presente en los nombramientos de magistrados, contralores y subcontralores, y, desde hace más de una década, de defensores y defensores adjuntos de los habitantes. Lo que ocurre es que los tiempos han cambiado y ahora resulta difícil ocultar el trasfondo político de las designaciones. Antes, sin negar la honorabilidad y preparación de muchas y muchos de los escogidos, los nombramientos se manejaban por debajo, de acuerdo a cuotas. Se valoraban los méritos, pero, en general, la simpatía o militancia política terminaba imponiéndose.

Sobre todo en los tiempos del bipartidismo, se procuraba mantener un equilibrio que les asegurara a ambos partidos que sus intereses no iban a ser inquietados más allá de ciertos límites, por funcionarios con independencia política y calidades morales a prueba de presiones. Solamente unos pocos escapaban a ese tipo de cálculo y eran nombrados por méritos, más allá de sus simpatías o preferencias partidarias. A veces eso ocurría porque los nombramientos se empantanaban y la única forma de acabar con el atasco era la designación de personas que ni siquiera se mencionaban como candidatas al cargo.

En la última década, sin embargo, en la debacle del bipartidismo y el tránsito hacia otro arreglo partidario, el equilibrio se rompió y algunos gobernantes y partidos sucumbieron a la tentación del control total, sobre todo después de que la Sala Constitucional, por incapacidad de la Asamblea Legislativa, terminó resolviendo asuntos que en sentido estricto correspondían a esta. Se abusó y por eso ahora todos los partidos manejan con pinzas los nombramientos, procurando de alguna manera restablecer el equilibrio perdido en otro nivel, como corresponde a un sistema de multipartidismo moderado. Eso cuesta entenderlo.

El complicado mecanismo que se usa para establecer ternas, parecido al que se utiliza para nombrar profesores universitarios, de poco ha servido, porque al final quien tiene los votos es escogido. Ha servido, eso sí, para obligar a las personas que buscan una designación a recorrer un penoso camino, yendo de una a otra oficina de diputados, e incluso transitando por otros pasadizos no tan visibles al público, en la promoción de sus candidaturas.

Pero los tiempos han cambiado. El bipartidismo no existe y la negociación parlamentaria se ha vuelto muy complicada. Quizás sea el momento para que los partidos reflexionen a fondo y busquen un sistema de nombramientos donde se valoren adecuadamente méritos, la independencia política y, sobre todo, la integridad moral de las personas. Solo de esa manera la ciudadanía volverá a recuperar la credibilidad en las instituciones, ahora tan maltrecha.

Solo gas

La zona norte del país se ha convertido en una especie de territorio en disputa. No se ha terminado de cerrar los capítulos de Crucitas e Isla Calero, cuando nos cae este nuevo enredo de la explotación de gas y de petróleo.

Ahora resulta que el gobierno de Rodríguez adjudicó en marzo de 2000 una licitación a la empresa estadounidense Mallon Oil Company, para explorar y explotar hidrocarburos en las planicies de San Carlos, Sarapiquí y Pococí. Seis bloques en tres provincias: casi nada.

Calladito se lo tenían. Diez años de tramitaciones y de pronto, ¡plaf!, el asunto nos estalla en las narices. Ahora la empresa anuncia que está lista para firmar la contratación y advirtió a la administración de Laura Chinchilla que, de no hacerlo, el país podría sufrir serias consecuencias económicas y legales. Y de paso recordó que el reclamo tiene amparo tanto en la legislación costarricense como en el TLC.

En vista de tales amenazas, en el MINAET se informó que se afinan los últimos detalles para firmar una concesión de 20 años con la compañía estadounidense. Interrogado sobre el asunto en un medio radial, el primer vicepresidente Alfio Piva expresó su desconocimiento y la Presidenta Chinchilla dijo, tras enterarse de la existencia del contrato, que abogaba por la exploración y explotación de gas natural, pero no de petróleo.

En fin, que por culpa de las ambigüedades, las medias tintas y las inconsistencias en materia de defensa del ambiente y de sustento real de la idea de un país verde, nuevamente estamos de cara a un conflicto interno y una demanda internacional, que se uniría a la que ya enfrentamos con la petrolera Harken Corporation.

No podemos seguir jugando con dos caras. Si queremos un país verde, dispuesto a alcanzar la meta de carbono neutral, debemos decir no de una vez por todas, a la cantidad y diversidad de agresiones a la naturaleza que se realizan con y sin autorización pública, de extensas zonas del país: bosques, praderas, humedales, ríos, cuencas hidrográficas y zonas costeras. No solamente con explotaciones turísticas, mineras y de otros recursos naturales, sino también con una ampliación desordenada e irresponsable de las zonas urbanas, con carencias serias en servicios básicos, entre ellos un transporte público limpio y eficiente.

Por supuesto que el país, el gobierno central y las instituciones públicas necesitan generar ingresos que no se obtienen solamente contemplando la naturaleza. Pero es posible encontrar formas de hacerlo sin violentar el ambiente, como el turismo ecológico. Dinero rápido sin importar el cómo nos llevará a la ruina como nación.

En su reciente visita al país el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, dijo que “Costa Rica es héroe en la protección de la naturaleza.” Los aplausos que recibió no alcanzan para tapar esta doble realidad.

Con que solo gas, ¿eh?

Honduras: ¿pasar la página?

Con el regreso de Mel Zelaya y la readmisión en la OEA, aparentemente se cierra la página abierta en Honduras en junio de 2009. Pero las cosas no son tan sencillas. Casi dos años después del golpe que tumbó a Zelaya y sumió a la sociedad hondureña en otra era de oscuridad, su retorno es un reconocimiento explícito de que el rompimiento del orden constitucional obedecía simplemente a la protección de los intereses de las elites económicas y políticas de ese país, que se sentían amenazadas por algunas de las medidas tomadas por el entonces presidente.

¿Dónde quedaron los procesos judiciales y las declaraciones de jueces, políticos, periodistas y empresarios, incluyendo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos? Porque si la situación era tan terrible como la pintaban, la resistencia popular no habría podido sobrevivir en medio de tanta represión, ni el Presidente Lobo se hubiera sentido presionado a buscar un acuerdo que abriera el camino a un proceso de reconciliación nacional.

Pero la página no puede cerrarse con olvido de lo sucedido a partir del golpe, es decir, de los asesinatos de opositores al régimen golpista de Micheletti y las innumerables violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles ocurridas en estos dos años. Tampoco la comunidad internacional, en especial América Latina, puede olvidar que el golpe significó un serio retroceso para el desarrollo de la institucionalidad democrática en la región.

El Acuerdo de Cartagena de Indias, del 22 de mayo de 2011, constituye un paso significativo en la búsqueda de una salida a la crisis política hondureña, pero, ¿qué pasa con las personas que sufrieron la represión, la muerte y el exilio? No se establecen mecanismos efectivos para la investigación de los casos, la sanción y la adecuada reparación. La reconciliación de la sociedad hondureña no podrá ocurrir si no se llama a cuentas a quienes instigaron y consumaron el golpe, y a quienes han asesinado y violado derechos humanos en estos dos años. Pero, ¿cómo hacerlo si se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado?

Se cierra una página a medias, pero se abre otra, porque uno de los acuerdos permite al Frente Nacional de Resistencia Popular solicitar su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de participar como partido en los procesos electorales. Dicha participación seguramente mostrará la profundidad de los cambios políticos ocurridos en ese país, incluyendo la decadencia del binomio Partido Liberal y Partido Nacional.

Pero como los retrógrados grupos empresariales y políticos que instigaron y perpetraron el golpe siguen más o menos saludables, están lejos de desaparecer los amenazantes nubarrones sobre el horizonte de la democracia hondureña, que no termina de consolidarse.