Todo cambia

"Cambia, todo cambia", es el estribillo que se repite una y otra vez en la hermosa interpretación que hace Mercedes Sosa de la canción de Julio Numhauser. Una bella forma de recordarnos lo que vivimos cotidianamente, pero que muchas veces negamos, aunque sea parcialmente. Ni modo, no podemos negar que envejecemos; tampoco que el paisaje cambia; ni las variaciones del clima. A la fuerza tenemos que adaptarnos a esas transformaciones; pero en las ideas somos reacios al cambio.

Permanecemos prisioneros de planteamientos y creencias que pensamos inmutables. Tenía razón el gran historiador francés Fernand Braudel, cuando afirmaba que "Las ideas son cárceles de larga duración"; pero agregaba que "no es indispensable que permanezcamos todo el tiempo en dichas cárceles". Es decir, que tenemos la libertad para salirnos, pero no lo hacemos por ignorancia, terquedad o conveniencia; o por una combinación de los tres factores. Resultado: el presente se nos va convirtiendo en una entelequia; en algo incomprensible, que termina por aislarnos de la realidad del mundo que nos rodea. Eso le pasa a las personas viejas, pero no necesariamente a las que tienen mayor edad, porque hay viejos de 20, 30 y 40 años. Y hay jóvenes de setenta y más años.

Acontecimientos de los últimos días recuerdan dramáticamente la realidad del cambio y la imposibilidad de comprensión para muchas personas. Mientras que en Costa Rica ciertos sectores reaccionaban histéricamente ante el levantamiento del veto a la ley que reforma el Código Procesal Laboral, acusando al gobierno de abrirle las puertas al "comunichavismo", Obama ponía fin al último resabio que quedaba de la "guerra fría" en este lado del mundo. El restablecimiento de las relaciones con Cuba debe haber sido un golpe duro para quienes permanecen encarcelados en viejas ideas y concepciones del mundo.

La decisión de Obama no es un mero acto de voluntarismo; la toma porque hay un clima ciudadano que le permite hacerlo. Los resultados de encuestas realizadas en los Estados Unidos y en Florida, un Estado con una comunidad de origen cubano de considerable influencia política, le indicaban que la decisión iba a levantar mucho menos polvo del que se pensaba, como en efecto parece haber sucedido. Como lo había dicho Hillary Clinton en su libro "Decisiones difíciles", el embargo a Cuba había dejado de ser funcional desde hace mucho tiempo y obstaculizaba las relaciones con una América Latina que ha cambiado mucho políticamente. Buena parte de los países cuentan con gobiernos de centro o centro izquierda, que no se pliegan fácilmente, como en el pasado, a los dictados de Washington.

Otros cambios: el Parlamento Europeo votó a favor del reconocimiento del Estado Palestino.  Ya lo habían hecho varios países miembros y parlamentos de esa región. Y en América Latina las FARC, en Colombia, decretaron un alto al fuego unilateral e indefinido.

¡El mundo se mueve y cambia! Buenos presagios para el 2015.

El veto

Se alborotó el cotarro con el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral. Fracasaron todos los intentos de negociación entre el gobierno y las fracciones legislativas en la búsqueda de una alternativa al punto muerto al que se había llegado. No le quedó al presidente Solís otro camino que proceder al levantamiento y afrontar las consecuencias políticas de ese acto, fundamentalmente la ruptura de la triple alianza PAC, FA y PUSC. Una ruptura que seguramente también se hubiera producido de no hacerlo. En otras palabras, que se llegó a una encrucijada y no quedaba más remedio que tomar una decisión.

Es bueno recordar que el Código Procesal Laboral fue aprobado en 2012, con el voto de 40 diputados de diferentes partidos políticos, después de ocho años de discusión y de una negociación que en su momento fue señalada como ejemplar, entre los sindicatos y la cúpula de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCAAEP), y que fue avalada por la entonces ministra de trabajo y bienestar social del gobierno anterior, Sandra Pisk. Lo positivo de la ley, la novedad que encierra, es el aligeramiento de los juicios laborales, que favorece principalmente a los trabajadores, porque se prolongan por años con la consiguiente inversión de elevados recursos que pocos pueden enfrentar.  Aparentemente sobre eso hubo acuerdo, aunque ciertamente, algunos de los sectores integrantes de la UCAAEP criticaron el arreglo al  que se había llegado.

El tema de las huelgas en los servicios esenciales de salud, educación, electricidad, etc., es el que ha despertado supuestamente la oposición de partidos y grupos empresariales, porque me temo que algunos de ellos no están para nada interesados en la aprobación de la ley en su conjunto. La ley procura reglamentar dichas huelgas, que se siguen realizando a pesar de la prohibición constitucional existente. Ciertamente, este es un punto delicado, porque los trabajadores tienen derecho a huelga, pero esos movimientos huelguísticos afectan a terceros, es decir, a los usuarios de los servicios públicos, que constituyen la mayoría ciudadana.

No creo que la prohibición total de las huelgas en esos servicios sea la solución del problema. Las quejas o demandas de los trabajadores no pueden eliminarse de golpe y porrazo, so pena de dejarles en una situación de indefensión frente a probables abusos de gobiernos o jerarquías institucionales. La huelgas se seguirán produciendo, como ha ocurrido hasta ahora, porque como en alguna ocasión lo señalara don Pepe Figueres, las huelgas no son ni legales ni ilegales, son simplemente huelgas. Lo adecuado entonces es su reglamentación, para que la protesta justificada o no, se produzca con el menor daño posible a terceros, sean estos pacientes, estudiantes o empresarios.

Es una lástima que sobre este último punto no se hubiera podido llegar a un acuerdo razonable entre gobierno, partidos y sectores sociales y empresariales.

El huevo o la gallina

Las discusiones sobre las finanzas públicas, como lo hemos señalado varias veces, no rebasan en la mayoría de los casos el nivel de pulpería. Dicho esto con todo respeto para los propietarios de esos establecimientos, por cierto hoy casi desaparecidos del territorio nacional o bien reciclados por laboriosos emigrantes como "minimarkets".

Es la mala filosofía que solamente se puede gastar lo que se recauda. Si se incumple con ese precepto inevitablemente caeremos en la bancarrota. Y también está prohibido cualquier intento de elevación de impuestos, sobre todo al capital, so pena de asustarlo indebidamente. Se reclama la falta de inversión pública en servicios esenciales, que se atribuye al elevado gasto gubernamental en salarios, pensiones y demás, y se insiste en que todo se resolvería con tijeretazos a diestra y siniestra, sin ton ni son, porque el déficit ha alcanzado niveles inaceptables para la economía del país.

Por supuesto que no se hacen distinciones entre gastos e inversiones, y entre endeudamiento para enfrentar el gasto corriente y el endeudamiento productivo a mediano y largo plazo. No se discute, además, con base en un programa de desarrollo nacional, con metas claramente establecidas en educación, salud, infraestructura vial y modernización de aeropuertos y puertos. Cuando se osa hablar de reformar la estructura impositiva, abundan los que se paran en la escoba, haciendo  oposición cerrada a cualquier proyecto que lleve esa intención. O, en el mejor de los casos, se condiciona la aprobación de iniciativas con esos fines a la disminución del gasto del gobierno y las instituciones públicas, y al mejoramiento de su eficiencia.

¿Qué es lo primero: los impuestos o la transformación de la institucionalidad pública? ¿El huevo o la gallina? Condicionar una cosa a la otra es dar vueltas en círculo; ambas son igualmente necesarias y se debería avanzar en su logro simultáneamente. Es cierto que hay un problema de eficiencia en el funcionamiento institucional y de capacidad de gestión, aun cuando se disponga de recursos, como sucede con algunos préstamos. Y también hay gasto innecesario; pero igualmente  cierto es que muchas instituciones fueron colocadas en la fila de las posibles privatizaciones y vieron por tanto cercenados sus recursos. Como aquella ocurrió a medias, se quedaron en una especie de limbo: cargadas de funcionarios y trabajadores, pero carentes de presupuesto operativo. Otras vieron crecer sus planillas innecesariamente, por razones políticas.

En resumen, gobiernos van y vienen, cada vez con menos recursos para inversión, postergando una y otra vez las tareas urgentes que el país necesita realizar en la economía y el bienestar social. Dos intentos de reforma tributaria se han realizado en lo que va del siglo. Ambos fracasaron porque fueron torpedeados por quienes se benefician con la situación actual. ¿Por cuánto tiempo más se podrá impedir una reforma tributaria?

Entre muros andamos

En noviembre de 1989 el Muro de Berlín no resistió la presión popular y se derrumbó, dando paso al proceso de reunificación alemana. Poco después la Unión Soviética se desintegró y toda una etapa de la historia de la humanidad quedó atrás. No pocos ilusos pregonaron “el fin de la historia” y el inicio de una era de paz, democracia y prosperidad, marcada por un capitalismo victorioso. Veinticinco años después es evidente que nada de eso se cumplió y que el mundo sigue tan o más complicado que entonces.

Nuevos bloques de poder económico y político emergieron, las guerras no han cesado, las crisis económicas se han incrementado, la pobreza y la desigualdad siguen imperando, y el exterminio de poblaciones y la violación de derechos humanos siguen ocurriendo ante nuestros ojos, que han ido perdiendo la capacidad de asombro ante tanta injusticia e inequidad.

Desapareció el Muro de Berlín, de 45 kilómetros de longitud, pero otros muros físicos y mentales se han construido. En el medio oriente, en junio de 2002 el gobierno israelí aprobó la construcción de un muro que segrega los territorios ocupados por la Autoridad Palestina, de más de 700 kilómetros de longitud y 9 metros de alto. La zona de Gaza, convertida en un gueto, está rodeada por un muro de 51 kilómetros, que la aísla del resto del mundo, porque la franja marítima está fuertemente custodiada por la armada israelí, que impide cualquier intento de acceso por esta vía. Para peores la invade cuando le viene en gana, sin que la comunidad internacional lo impida.

Estados Unidos ha construido un muro en la frontera con México, que se estima alcanzará una longitud de 1.125 kilómetros. De esa forma esperan controlar la emigración mexicana y centroamericana que continua fluyendo hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida. Búsqueda que termina abruptamente para muchos de ellos, víctimas de la violencia que se ha instaurado en casi todo el territorio mexicano. Para otros el sueño americano se hace añicos al llegar a una sociedad que les explota económicamente y les discrimina social y culturalmente.

Pero en el mundo hay muchos muros y vallas más, no por menos conocidos menos importantes, en Europa, Asia y África. Paradójicamente, en tiempos de globalización, cuando se postula la apertura comercial y la internet se extiende hasta lo profundo de las selvas africanas y las desoladas estepas del norte, la libre y digna circulación de personas se impide o se dificulta en muchas partes del planeta.

Veinticinco años después de la caída del Muro, las vallas y los muros de la intolerancia y la intransigencia entre naciones y entre personas no solamente se mantienen, sino que se han incrementado. Los conflictos de índole religiosa o étnica pululan y miles y miles de personas mueren por su causa, precisamente en momentos en que los flujos de información no tienen parangón en la historia de la humanidad. ¿Por qué no sirven para hacernos mejores seres humanos?

Rumbo

Con frecuencia escuchamos la aseveración: "Este gobierno no tiene rumbo". Se usó mucho para enjuiciar el gobierno anterior y se está usando bastante para hacer lo mismo con el actual. Pero los gobiernos siempre tienen rumbo. Lo que ocurre es que unos lo declaran abiertamente o realizan acciones que no dejan dudas sobre el destino que buscan y otros no. Por ejemplo, la lucha abierta dada por Oscar Arias a favor del TLC y su constante prédica por la privatización de algunas de las empresas estatales, indicaba claramente el rumbo que seguía su administración.

El gobierno de Chinchilla no siguió un camino diferente; aunque daba la impresión de que no había logrado definir claramente sus contornos, al final de cuentas siguió en lo fundamental el rumbo marcado por su predecesor. Es decir, que rumbo siempre tuvo, sobre todo en materia de política económica, en los intentos de atracción de la inversión externa y en la política comercial. Que nos guste o no el derrotero seguido es otra cosa.

¿Cuál es el rumbo del gobierno de Luis Guillermo Solís? Antes de intentar responder a la pregunta es conveniente recordar que es el primero electo por un partido que nunca había ganado unas elecciones; que lo fue en segunda ronda, con la mayor cantidad de votos obtenida por candidato alguno en la historia del país, pero con un número de diputados en la Asamblea Legislativa que no alcanza siquiera para constituirse en primera minoría. Además, que su gabinete está integrado básicamente por personas competentes en sus campos profesionales, pero sin experiencia en el manejo de las instituciones del estado costarricense. Instituciones que, además de ser complicadas,  cargan, buena parte de ellas, con las inercias de un pasado de ineficiencia y corrupción. Obligatoriamente, entonces, debían pasar por un período de aprendizaje, de afianzamiento en sus mandos y de desarrollo de capacidades de manejo político. Ese período, ciertamente, está finalizando.

A inicios de la semana anterior fue dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, con antelación a la fecha prevista, colocado, seguro intencionalmente, en medio de la discusión sobre el presupuesto para el 2015. La pregunta que salta es si esa discusión debe darse solamente en términos de ingresos, egresos y déficit --como se ha venido haciendo--, o si debe incluir también el examen de lo que se intenta hacer desde el gobierno según dicho Plan. Se dirá que el papel aguanta lo que le pongan y que, además, la planificación en Costa Rica es puramente indicativa. En otras palabras, que nadie puede asegurar que se va a cumplir lo que ahí se estipula, a pesar de que se señalan metas e indicadores de cumplimiento.

Pero lo cierto es que el Plan está marcando un rumbo que, independientemente de lo que pensemos sobre su pertinencia, no se debería ignorar en la discusión sobre el principal instrumento financiero que permite el accionar gubernamental.

Estado laico

El carácter confesional del Estado costarricense no aparece, como creen algunas personas, con la Constitución de 1949. Es bueno recordar que ya en el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, del 1 de diciembre de 1821, en el artículo 3 se dice lo siguiente: "La religión de la Provincia es y será siempre la Católica, Apostólica, Romana, como única verdadera, con exclusión de cualquiera otra". La intolerancia explícita seguramente se explica como resabio del período colonial.

A lo largo del tiempo esa declaración, con reformas, se fue repitiendo. En la Constitución de raigambre liberal de 1871, considerada la base de nuestro ordenamiento republicano, en el artículo 51 se señala que "La Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la República; el Gobierno la protege y no contribuye con sus rentas a los gastos de otros cultos, cuyo ejercicio sin embargo tolera". Empero, dicho precepto constitucional no fue un obstáculo para la expulsión en del obispo Thiel, la prohibición de las órdenes religiosas, la expulsión de los jesuitas y la secularización de los cementerios. En otras palabras, para la promulgación de las llamadas leyes anticlericales.

Las relaciones entre los gobiernos y la iglesia católica se han movido en una especie de subibaja, con períodos de mayor o menor distanciamiento. En general los gobernantes han manejado el asunto con discreción, hasta el gobierno de Laura Chinchilla, que favoreció el inicio de una etapa de agresiva presencia del conservadurismo religioso en el plano de lo público, protagonizada tanto por la jerarquía católica como por las iglesias cristianas fundamentalistas, que han avanzado en su representación legislativa. Juntos se han embarcado en una verdadera cruzada contra la discusión y toma de decisiones en asuntos como las uniones de personas del mismo sexo, el contenido de los programas de educación sexual, el uso del condón, la anticoncepción de emergencia y, por supuesto, la fecundación in vitro, a pesar de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta situación ha colocado nuevamente en la agenda la necesidad de la laicización del Estado, aunque no es seguro que un paso en esa dirección facilite la discusión de dichos temas. También dentro de este marco hay que colocar la discusión en torno a la permanencia de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, dado su supuesto carácter de clérigo luterano. Pese a la resolución de la Sala Constitucional, me parece que la discusión continuará por lo que algunos han señalado como discriminación contra los católicos, y también porque la presencia de Jiménez en el ministerio más importante, independientemente si es religioso o no, inquieta a otros por su pasado de activista contra las políticas neoliberales y por su oposición al TLC. Y a los conservadores religiosos, por su posición aparentemente favorable a los llamados derechos sexuales y reproductivos.

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Día de la democracia

No deja de ser paradójico que la conmemoración anual del 7 de noviembre como día de la democracia fuera instaurada en 1942, seis años antes de que ocurriera una corta pero sangrienta guerra civil cuyo principal móvil, se dice, fue la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero así es la vida en sociedad, llena de paradojas.

No está mal dedicar un día al año a la reflexión sobre la democracia, siempre y cuando no se centre solamente alrededor de las elecciones periódicas para elegir autoridades. Porque si bien es cierto que el voto popular es un componente esencial de la democracia, no es el único; debe ir acompañado de un conjunto de libertades ciudadanas que garanticen la libre circulación de las ideas y una deliberación pública amplia.

Libertades civiles, deliberación pública, tolerancia y respeto extendidos y, por supuesto, elecciones periódicas, son los ingredientes básicos para definir un régimen y una sociedad como democráticos. Pero no se trata solamente de la existencia de libertades y derechos definidos en constituciones y leyes, sino también de posibilidades reales de ejercerlos y exigirlos. En otras palabras, que las diferencias económicas y sociales no deberían ser pronunciadas, a fin de evitar influencias incontestables sobre el poder político y, por tanto, la presencia de ciudadanías de segunda y tercera clase.

Esta celebración del día de la democracia nos ha pillado en medio de un aumento significativo de la pobreza, según lo indican los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de julio de este año, realizada por el INEC: 32.727 hogares desmejoraron sus condiciones de ingreso y cayeron por debajo de lo que se denomina "línea de pobreza". En total, el número de hogares en esta situación es de 318.810. La pobreza, entonces, según estas cifras, afecta a 1.170.634 personas, es decir, prácticamente a la cuarta parte de la población del país (24,6%). Pero estas son estimaciones relativamente conservadoras, que no toman en cuenta a las personas que están ligeramente por encima de la línea indicada, y que, por tanto, tienen iguales carencias y pasan por similares penurias que aquellas oficialmente declaradas como pobres.

Malas noticias: ha aumentado la pobreza y la desigualdad se mantiene elevada. El 20% de la población mejor situada económicamente concentra la mitad del total de los ingresos de los hogares en el ámbito nacional; mientras que el 20% más pobre, se debe contentar con un 4%. En otras palabras, que el 20% de la población se esta engullendo un trozo del pastel de los ingresos 18 veces más grande que el que recibe el 20% más pobre.

El país más feliz del mundo, según ciertas cuestionadas mediciones, sigue mostrando una cara que muchos no quieren ver, que permanece semi oculta en áreas segregadas del valle central y en las zonas periféricas del país. Pero ahí está, recordándonos que como sociedad no hemos hecho bien la tarea.

Celebrar la democracia, pero...

A la altura

Ante la ausencia de estudios concluyentes sobre las motivaciones profundas del comportamiento ciudadano durante el proceso electoral pasado, tenemos que movernos todavía en el campo de las hipótesis. No en el de ideas descabelladas o antojadizas sobre lo sucedido, porque algunas de las encuestas realizadas entre febrero y abril, arrojan información útil y no pocas pistas a seguir por estudios detallados. En particular han sido muy útiles las encuestas telefónicas realizadas por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, de la Universidad de Costa Rica.

Sigue dando vuelta la hipótesis de una transformación en la forma de relacionarse ciudadanas y ciudadanos con partidos políticos, con los políticos y con la institucionalidad pública. Un cambio que va más allá del apoyo masivo que recibió Luis Guillermo Solís en la cita del 6 de abril y del mayor o menor caudal político que disponga ahora, casi seis meses después del inicio de su gobierno. Porque no es solamente un cambio momentáneo en las preferencias partidarias, originado en el pésimo desempeño del candidato del PLN, que podría revertirse fácilmente en las próximas elecciones, como ocurría en el pasado, en los tiempos del bipartidismo. Quienes así están pensando han quedado atorados en las redes de otras épocas.

Si la hipótesis de un cambio en la cultura política se mantiene y llega a probarse, estaríamos frente a un ejercicio de la ciudadanía diferente, más informado, más activo, menos comprometido con divisas partidarias y herencias del pasado, con demandas claras en torno al eficiente funcionamiento de las instituciones, de responsabilidad de los políticos, de transparencia en el ejercicio de la función pública y de compromiso en el combate frontal a la corrupción. Una ciudadanía difícil de movilizar con los discursos retóricos y vacíos del pasado que, sin embargo, algunos todavía siguen repitiendo en la Asamblea Legislativa.

Con ese escenario de fondo lo deseable sería un "aggiornamento" de la clase política, es decir una  renovación de cuadros y perspectivas dentro de todos los actores que se mueven en el espacio político, incluyendo organizaciones gremiales y empresariales. Me temo que eso no está ocurriendo,   y que la mayoría de dichos actores sigue sin comprender que la historia varió y que las exigencias del presente no pueden satisfacerse con viejas fórmulas. Atrapados en la coyuntura, en lo que hace o no hace el gobierno y en cómo resguardar los intereses particulares, se pierde de vista la nueva realidad social y política que se está conformando. En suma, no están a la altura de los acontecimientos.

Nada mal les haría lanzar miradas hacia el sur del continente, donde se han electo y reelecto gobiernos que buscan armonizar los mercados con estados reconstituidos y nuevas políticas en el plano social, en lo que se ha dado en llamar sociedades postneoliberales. Pero explicar sus alcances será tema de otro comentario.

Intereses

Invocar el “interés nacional” o la defensa de la soberanía para justificar el inicio de un conflicto, o para reprimirlo, es moneda de uso corriente en nuestro país. Seguramente también lo es en muchos más; sin embargo, en la mayoría de los casos, me atrevo a afirmarlo, se trata de una especie de máscara detrás de la cual se ocultan intereses privados de diversa índole. Desde los más nobles hasta los más mezquinos. Así que hay que tener cuidado antes de tomar partido. En otras palabras: hay que saber separar la paja del trigo.

En sociedades como la nuestra, atravesadas por múltiples divisiones y contradicciones, el “interés nacional” tiende a convertirse en una entelequia, razón por la cual ningún grupo puede atribuirse su representación en sus luchas particulares, por más justas que sean para los beneficios de sus asociados. Por supuesto que los ideales y el altruismo también existen; pero la mayoría de las luchas de sindicatos y de grupos empresariales, para mencionar solamente dos grupos de interés, nada o poco tienen que ver con el interés general. Es más, muchas veces van en contra de él.

En una democracia se supone que una amplia deliberación pública favorece la construcción de un “interés nacional”, pero lograr la unanimidad de criterios es imposible; siempre existirán posiciones contrarias, a las que hay que respetar, sin que ello signifique la paralización de la acción pública. Amplia deliberación y ciudadanía más informada y consciente de lo que se discute y se juega, son requisitos absolutamente necesarios para acercarse a una democracia más plena.

En el actual conflicto originado en la concesión dada a la firma holandesa APM Terminals para operar la Terminal de Contenedores de Limón, el gobierno y los sindicalistas han invocado abierta o veladamente el “interés nacional”. Este es un país en donde las empresas públicas han sido determinantes en el desarrollo económico y social alcanzado. Esa realidad no la aceptan los defensores a ultranza del mercado, a pesar de que se han beneficiado de muchas de las condiciones creadas por las empresas públicas en infraestructura, electricidad, salud y educación, además de las exenciones y otros apoyos.

La concesión de obra no es una solución que me haga gracia; sin embargo, tengo la impresión que, salvo que se eleven a muy corto plazo los impuestos a niveles parecidos a los países nórdicos, es imposible solventar los rezagos que padecemos en infraestructura y transporte, con los limitados recursos con que cuentan los gobiernos. El quid del asunto es que la negociación y los controles de lo que se concesiona han estado fallando, originando discusiones y conflictos innecesarios si las cosas se hubieran hecho bien.

Seguramente el escenario futuro más adecuado a nuestra realidad sea el de una combinación de empresas públicas eficientes, con concesiones bien negociadas y con estrictos mecanismos de control. ¿Ustedes que opinan?

El lenguaje y la mesura

Irse de la lengua es decir lo que no se quería o no se debía exteriorizar en una conversación o en una declaración determinada. Seguramente a ustedes y a mí nos ha sucedido en más de una ocasión. La mayoría de las veces no pasa nada; son errores o deslices no siempre advertidos por las otras personas, pero en otras puede ser el origen de situaciones embarazosas, en el mejor de los casos y, en el peor, de conflictos, distanciamientos y riñas.

Porque al hablar transmitimos ideas, sentimientos, visiones de mundo, percepciones, prejuicios, juicios de valor y muchas otras cosas más. Hablamos no solamente con palabras: los énfasis que ponemos, los gestos que hacemos y, en general, el movimiento del cuerpo, nos ayudan a comunicarnos, aunque también a veces dificultan el entendimiento, porque mientras que con las palabras intentamos decir algo, con el lenguaje corporal podemos estar transmitiendo otras cosas.

Los altos cargos de la administración pública, desde el Presidente hacia abajo, deben tener especial cuidado en lo que dicen, sobre todo cuando les entrevistan formalmente o cuando los periodistas se abalanzan sobre ellos, como ocurre todos los días, a la salida de un acto público o de una reunión específica, para interrogarles sobre lo que se dijo, lo que ocurre en el país o lo que sucede en el terreno internacional.

Muchas veces los agarran fuera de balance y se van de lengua, sin medir el efecto real de sus palabras, los significados que trasmiten, y lo que revelan sobre su personalidad, sus sentimientos y sus creencias más íntimas o las opiniones que hubieran preferido guardarse. Pero otras veces lo que se dice lleva una clara intensión, aun cuando se hable en sentido figurativo. Por supuesto que a veces las limitaciones en el lenguaje, común en políticos y no en pocos comentaristas deportivos, conducen a intentos fallidos de construcción de metáforas, que terminan convirtiéndose en ejercicios ofensivos para terceros.

Pero no nos perdamos, hay calificativos que no pueden aceptarse, vengan de donde vengan. El diputado Solís Fallas tiene derecho a manifestar su disgusto con la forma en que algunos personajes de gobierno se han comportado frente a su díscola conducta en la discusión del presupuesto, incluyendo a compañeros de su fracción; pero calificar de “sicarios” a colaboradores cercanos del Presidente es un exceso en el lenguaje imposible de justificar amparándose en lo figurativo. Un “sicario” es un asesino pagado por alguien que prefiere no ensuciarse las manos; no hay otra interpretación posible. Así que por golpear a unos terminó dándole muy duro al Presidente. ¿Desliz o golpe premeditado? Sólo él lo sabrá.

Mesura en la palabra y, consecuentemente, menos desborde, es lo que la mayoría ciudadana demanda a los viejos y a los nuevos políticos en esta etapa de cambios de nuestra historia. 

Acumulaciones

Cierto, las cosas no están bien; hay signos de preocupación en el ambiente por las controversias alrededor del presupuesto del año próximo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa. Pero, ¿realmente el grueso de la ciudadanía está tan alarmado como lo están algunos periodistas, no pocos analistas y muchos empresarios? ¿No se estará intentando generalizar los miedos de esos grupos, sus intolerancias hacia lo nuevo y a lo que rompe con esquemas, y, sobre todo, el temor a que ciertos intereses particulares terminen siendo afectados?

No son pocos los que expresan nostalgia por un pasado bipartidista donde “la sangre no llegaba al río”, porque el interés superior de los dos partidos representativos de ese período señalaba límites precisos a los conflictos, más allá de los cuales se podía poner en peligro la estabilidad del sistema, como ocurrió a mitad de los años noventa del siglo pasado, cuando el neofiguerismo quiso aplastar al PUSC y a su líder.

En esa ocasión rápidamente se movilizaron los “guardianes del templo”, y llevaron a Figueres Olsen y a Calderón Fournier a firmar aquel famoso pacto que empezaba con la frase: "Nosotros, hijos de dos caudillos queridos por el pueblo de Costa Rica…" Pero las aguas volvieron a su nivel parcialmente, porque en el subsuelo se estaba gestando el descontento político que afloró en los años siguientes, dando inicio al proceso de cambio en que estamos todavía inmersos.

Los problemas que hoy vivimos son en gran parte el producto de una acumulación de errores, de tareas incompletas o postergadas, de bloqueos y vetos entre grupos de poder, de ineficiencia institucional y de corrupción. Seguramente nada de esto hubiera emergido de pronto, como lo ha hecho, si los resultados de las elecciones de febrero y abril hubieran sido otros. Posiblemente los problemas se hubieran tapado o disimulado, pateando la bola hacia adelante, evitando el señalamiento de responsabilidades, como lo hizo Laura Chinchilla  con su antecesor, con las funestas consecuencias conocidas.

La impericia e improvisación que se señala al actual gobierno, en buena parte se origina en esa acumulación de situaciones. Los problemas son tan grandes y las necesidades tan inmensas, que su enfrentamiento se vuelve muy costoso. El elevado déficit en las finanzas públicas, es una herencia dejada por los dos últimos gobiernos del PLN, que es imposible corregir en unos cuantos meses. Seguramente se puede intentar bajar gastos y hacer otras economías, pero es imposible que el presupuesto para 2015 no incluya un déficit apreciable. Sólo una especie de apagón gubernamental podría eliminarlo del todo; pero el costo social y político sería sumamente elevado.

Para bajar el déficit, a la par de la revisión concienzuda del gasto público, hay que entrarle al tema de los ingresos: mejorar la recaudación, perseguir la evasión y allegar nuevos recursos, es decir, enfrentar la postergada y combatida reforma tributaria.

Desgaste

No se puede disimular los notables desencuentros entre el gobierno, la fracción legislativa del PAC y la cúpula partidaria. Al partido y a su fracción les está costando mucho encontrar su papel en un gobierno electo por ellos, en buena parte debido a la cultura de oposición a que estaban acostumbrados muchos de sus integrantes. Esa cultura se desarrolló a través de las enconadas luchas que libró el partido en sus doce años de vida, no solamente en los escenarios electorales y legislativos, sino también fuera de ellos, como ocurrió durante la discusión alrededor del referendo sobre el TLC. Hay que recordar, además, que no pocos de sus fundadores también dieron la pelea en contra del llamado "combo del ICE", en el año 2000.

Ahora la situación es diferente: el gobierno es del PAC, aunque muchos de sus ministros y vice ministros, empezando por el de la Presidencia, no provienen del partido y seguramente no comparten o lo hacen a medias, la plataforma programática y otros planteamientos rojiamarillos. Es posible que buena parte de ministros y ministras, por no decir la mayoría, ni siquiera conocen a la dirigencia paquista. Como resultado general, tampoco el gobierno sabe como moverse frente al partido y la fracción.

Por otra parte, a lo largo de la historia de su partido la alta dirigencia se ha caracterizado por la forma pública en que enfrentan sus conflictos, sin contenerse, lo que es bueno y malo, según el punto de vista con que se mire. Bueno porque la hipocresía propia de la política cede su lugar a la transparencia; malo porque al no existir límites, fácilmente se cae en el exceso verbal, lo que da armas al enemigo y desalienta a partidarios y simpatizantes. Ejemplo: las lindezas que le han dicho a Ottón Solís, tanto el diputado Morales Zapata como algunas figuras destacadas del gobierno, por su posición dura en los recortes del presupuesto.

Quizás este nivel abierto de conflictividad se ve estimulado por el hecho que el principal partido de oposición sigue sin levantarse de los golpes recibidos en febrero y en abril. Es decir, que no hay una oposición real, un enemigo común, que les obligue a unirse; pero esa situación puede cambiar si Oscar Arias, que ha sacado la cabeza, logra darle alguna dirección a la fracción del PLN, la más grande del Congreso, pero inocua hasta ahora.

La encuesta de CID-Gallup indica que un 20% de las personas entrevistadas se declara simpatizante del PAC, en un porcentaje similar a quienes dicen ser del PLN. Por primera vez después de unas elecciones ese partido parece haber recogido una interesante cosecha, que puede evaporarse si el gobierno, la fracción y la dirigencia paquista no toman consciencia de que navegan en el mismo barco en aguas peligrosas, que pueden agitarse repentinamente, con el consiguiente peligro para el capitán y toda la tripulación.

Si quieren tener larga vida política, tienen que aprender a trabajar juntos y bajar el nivel de conflictividad abierta.

El diálogo político

Con base en las tendencias observadas desde principios de siglo, se podía prever que quien resultare ganador en las elecciones de 2014 no obtuviera mayoría parlamentaria, como en otras épocas, teniéndose que conformar con una primera minoría. No ocurrió así. En primer lugar, no hubo candidato ganador en la primera ronda. Al que quedó de segundo y que posteriormente se retiró, el electorado le otorgó 18 diputados, mientras que al que había logrado el primer lugar, y que la postre fue el ganador indiscutido, le concedió 13. El resto ya sabemos cómo se distribuyó en 7 partidos más. 

En segundo lugar, el 6 de abril el grueso del electorado se volcó en las urnas a favor de Luis Guillermo Solís, dándole un extraordinario voto de confianza, que contrastaba con la relativamente magra cosecha parlamentaria. Es decir, que los resultados de las elecciones de este año agregaron nuevos ingredientes a la ya de por sí compleja situación política y social del país, porque establecieron una distribución de fuerzas en los poderes ejecutivo y legislativo desequilibrada y contradictoria. Pero así suele suceder en las democracias.

El hecho es que emergió una realidad política que es reflejo de cambios más profundos, cuyos síntomas se han venido observando a lo largo de los últimos catorce años; cambios que obligan a una búsqueda ardua de acuerdos entre partidos y con la sociedad civil. Una tarea difícil por varias razones. Menciono solamente dos: primero, la mayoría de políticos y partidos sigue procediendo como si nada hubiera cambiado; sigue sin enchufarse con las nuevas circunstancias del país y no parece sentirse obligada a repensar los planteamientos y la acción política. Es decir, que el vino nuevo quieren verterlo en odres viejos, que, como lo advierte la parábola bíblica, terminarán resquebrajándose.

Un segundo elemento: los partidos ya no pueden reclamar el monopolio en el ejercicio de la representación política. Hay otras instancias a través de las cuales la ciudadanía también ejercita la representación, sobre todo en ámbitos en los que los partidos han quedado fuera, como casi la mayoría de temas relativos a los derechos humanos. No se debe olvidar, como nos lo recuerda la nueva encuesta de CID-Gallup, que la mayoría ciudadana indica no tener preferencias partidarias definidas. El partido de los “sin partido” sigue siendo el más grande.

Ese es el telón de fondo sobre el cual hay que localizar el intento de diálogo político que ha propuesto el presidente Solís. Con un ingrediente adicional: la mayoría de los partidos de oposición carece de perspectivas definidas sobre el rumbo que el país debe tomar. Acusan al gobierno de no tenerlas, pero ocultan la realidad: tampoco ellos las tienen. Así que el gobierno no puede esperar grandes iniciativas por ese lado. Tiene que tomar el timón para evitar que el intento de diálogo político se convierta en un estrepitoso fracaso. Y el tiempo marcha en su contra.

El presupuesto nacional

Las discusiones alrededor del presupuesto nacional son saludables y la mayoría ciudadana debería seguirlas con particular atención. Al fin y al cabo el presupuesto define lo que el gobierno va a hacer en el año siguiente a su aprobación, por lo menos en teoría, como veremos posteriormente.

Cuando un gobierno dispone de mayoría parlamentaria suficiente, esas discusiones generalmente son restringidas y la aprobación del presupuesto se vuelve ritual, pese a lo que digan los partidos de oposición. Cuando se carece de esa fuerza, como el gobierno actual, las discusiones se vuelven más interesantes porque afloran las diferencias de criterio en torno al papel del estado, la forma de conducción de los asuntos públicos y las metas que se quieren alcanzar. No es una simple discusión acerca de cuánto dinero entra a las arcas públicas y cuánto se puede gastar sin endeudarse demasiado y poner en peligro la estabilidad económica del país.

Independientemente de su fortaleza en la Asamblea Legislativa, lo cierto es que los gobiernos se enfrentan a obligaciones contraídas a lo largo del tiempo, que definen en mucho lo que se puede hacer en materia de orientación del gasto público. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto en discusión, que asciende a la suma de 7.5 billones de colones, ha sido calificado por políticos y técnicos como demasiado elevado y con un déficit peligroso; sin embargo, de ese total un 33,8% se dedicará al pago de obligaciones derivadas de la deuda externa que se vencen en 2015, y que son herencia de los gobiernos pasados. Con el resto se cubren salarios y otras obligaciones, y una parte relativamente pequeña queda para los programas que el gobierno desea impulsar.

Quizás ha faltado mayor claridad y firmeza en las explicaciones dadas por Hacienda, porque lo que se destaca en la discusión pública es el aumento del 18,9% en relación al presupuesto de este año, y se insiste en la falta de dirección y los supuestos excesos en aumentos salariales, que parece contradictorio con las denuncias sobre la ineficiencia institucional en el Informe de los 100 días, y en el financiamiento a las universidades, que no se ha aclarado suficientemente que forma parte de las negociaciones realizadas por el gobierno anterior en el marco del FEES 2010-2015. Sin embargo, otras lecturas podrían indicarnos que hay una apuesta por el mejoramiento de la educación pública y un apoyo al sector agropecuario del país a través del ministerio del ramo.

Seguramente hay excesos en algunos gastos, como lo han señalado el diputado Ottón Solís, la Contralora General de la República y la fracción del PUSC. Bienvenidos los cortes si esos excesos existen, pero mucho cuidado con lo que se va a eliminar, porque se pueden afectar programas de beneficio social general. En todo caso la discusión nos vuelve a enfrentar al problema de los ingresos, la necesidad de mayor inversión pública y la urgencia de una reforma tributaria.

Dinámica parlamentaria

En la última semana hemos asistido a cristalizaciones momentáneas de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, que escapan a las calificaciones fáciles: derecha e izquierda o conservadores y progresistas. La primera de ellas se dio en torno a un nuevo proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, con el que se busca romper el impase provocado por el veto hecho a la ley original por el gobierno de Laura Chinchilla. El proyecto fue presentado por las fracciones del PUSC, del PAC y del FA, es decir, por el bloque que eligió al actual directorio legislativo.

Un bloque progresista, se diría, porque inmediatamente los nueve diputados del ML y el bloque cristiano anunciaron su oposición; los del PLN también lo hicieron pero, además, presentaron otro proyecto donde se establece la prohibición de las huelgas en los servicios esenciales. ¿Progresistas versus conservadores?

Sin embargo, al día siguiente, la conformación de fuerzas varió en torno al nombramiento de la persona que debería encabezar la Defensoría de los Habitantes. La elección de la señora Montserrat Solano Carboni, inicialmente apoyada por la totalidad de la fracción parlamentaria del PLN, terminó siendo el resultado, después de varias votaciones, de una negociación política entre las bancadas del PAC y del FA, con el apoyo de siete diputados liberacionistas.

La mayoría de la bancada verdiblanca se plegó al bloque conformado por los cristianos, el PASE, el PUSC y el ML. Esta vez los diputados de esa fracción se pasaron de acera; mientras que los del PAC y del FA, inicialmente enfrentados, al final unificaron fuerzas para evitar que la posición más conservadora se impusiera, como estuvo a punto de hacerlo.

Por cierto, el tiempo dirá si fue acertado el nombramiento que se hizo de Defensora de los Habitantes. La señora Solano Carboni parece ser una persona competente para el cargo, que ha dedicado años al estudio y al trabajo en el tema de los derechos humanos. Es la primera titular del cargo con formación expresa y experiencia en la defensa de derechos, y con una visión que trasciende los estrechos límites nacionales.

Ojalá su nombramiento haya roto la práctica de nominar diputados o diputadas próximos a quedar desempleados, con la excepción de las designaciones de Rodrigo Alberto Carazo y Lizbeth Quesada. Dichosamente la Defensoría logró desarrollar desde sus inicios una firme institucionalidad, que ha ido moldeando a quienes llegaron al cargo básicamente por razones políticas. Si no hubiera sido así, seguramente la Defensoría habría sido un completo desastre después de que Carazo dejó el cargo.

Esperamos que esta vez no solamente la institucionalidad funcione otra vez, sino que también se produzca una feliz fusión entre aquella y los aportes, ahora sí, que pueda hacer la nueva Defensora.