El
carácter confesional del Estado costarricense no aparece, como creen algunas
personas, con la Constitución de 1949. Es bueno recordar que ya en el Pacto
Social Fundamental Interino de Costa Rica, del 1 de diciembre de 1821, en el
artículo 3 se dice lo siguiente: "La religión de la Provincia es y será siempre
la Católica, Apostólica, Romana, como única verdadera, con exclusión de
cualquiera otra". La intolerancia explícita seguramente se explica como
resabio del período colonial.
A
lo largo del tiempo esa declaración, con reformas, se fue repitiendo. En la
Constitución de raigambre liberal de 1871, considerada la base de nuestro
ordenamiento republicano, en el artículo 51 se señala que "La Religión Católica,
Apostólica y Romana es la de la República; el Gobierno la protege y no
contribuye con sus rentas a los gastos de otros cultos, cuyo ejercicio sin
embargo tolera". Empero, dicho precepto constitucional no fue un obstáculo
para la expulsión en del obispo Thiel, la prohibición de las órdenes
religiosas, la expulsión de los jesuitas y la secularización de los
cementerios. En otras palabras, para la promulgación de las llamadas leyes
anticlericales.
Las
relaciones entre los gobiernos y la iglesia católica se han movido en una
especie de subibaja, con períodos de mayor o menor distanciamiento. En general
los gobernantes han manejado el asunto con discreción, hasta el gobierno de
Laura Chinchilla, que favoreció el inicio de una etapa de agresiva presencia del
conservadurismo religioso en el plano de lo público, protagonizada tanto por la
jerarquía católica como por las iglesias cristianas fundamentalistas, que han
avanzado en su representación legislativa. Juntos se han embarcado en una
verdadera cruzada contra la discusión y toma de decisiones en asuntos como las
uniones de personas del mismo sexo, el contenido de los programas de educación
sexual, el uso del condón, la anticoncepción de emergencia y, por supuesto, la
fecundación in vitro, a pesar de la resolución emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Esta
situación ha colocado nuevamente en la agenda la necesidad de la laicización
del Estado, aunque no es seguro que un paso en esa dirección facilite la
discusión de dichos temas. También dentro de este marco hay que colocar la
discusión en torno a la permanencia de Melvin Jiménez como ministro de la
Presidencia, dado su supuesto carácter de clérigo luterano. Pese a la resolución
de la Sala Constitucional, me parece que la discusión continuará por lo que
algunos han señalado como discriminación contra los católicos, y también porque
la presencia de Jiménez en el ministerio más importante, independientemente si
es religioso o no, inquieta a otros por su pasado de activista contra las políticas
neoliberales y por su oposición al TLC. Y a los conservadores religiosos, por
su posición aparentemente favorable a los llamados derechos sexuales y
reproductivos.
(si no desea recibir más la
columna indíquemelo por favor. ¡Gracias!)
Los cristianos siempre piensan en si mismos como integrantes del único universo válido. De allí que les resulte posible visualizar la Reforma de Lutero como asunto de la mayor vigencia aun hoy.
ResponderEliminarInvito a definir el alcance de la propuesta de laicidad más allá de la cristiandad europeizante, más allá de su dicotomía ideológica de los últimos dos siglos hacia un estado verdaderamente laico.
Confundir sectas con religiones es propio de la pretendida universalidad cristiana. Oigo a no pocos hablar de "otras religiones" cuando en realidad se refieren a sectas cristianas surgidas por diferencias eclesiásticas y no por diferencias de fe.
Cautela. Vamos hacia un encuentro con nosotros mismos que nos obligará a replantear ética y moral y otras cosas necesarias de sustentar en la organización de un estado, pero con la salvedad de que si lo queremos laico no podemos basarnos únicamente en principios cristianos pretendiéndolos universales.