Dinámica parlamentaria

En la última semana hemos asistido a cristalizaciones momentáneas de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, que escapan a las calificaciones fáciles: derecha e izquierda o conservadores y progresistas. La primera de ellas se dio en torno a un nuevo proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, con el que se busca romper el impase provocado por el veto hecho a la ley original por el gobierno de Laura Chinchilla. El proyecto fue presentado por las fracciones del PUSC, del PAC y del FA, es decir, por el bloque que eligió al actual directorio legislativo.

Un bloque progresista, se diría, porque inmediatamente los nueve diputados del ML y el bloque cristiano anunciaron su oposición; los del PLN también lo hicieron pero, además, presentaron otro proyecto donde se establece la prohibición de las huelgas en los servicios esenciales. ¿Progresistas versus conservadores?

Sin embargo, al día siguiente, la conformación de fuerzas varió en torno al nombramiento de la persona que debería encabezar la Defensoría de los Habitantes. La elección de la señora Montserrat Solano Carboni, inicialmente apoyada por la totalidad de la fracción parlamentaria del PLN, terminó siendo el resultado, después de varias votaciones, de una negociación política entre las bancadas del PAC y del FA, con el apoyo de siete diputados liberacionistas.

La mayoría de la bancada verdiblanca se plegó al bloque conformado por los cristianos, el PASE, el PUSC y el ML. Esta vez los diputados de esa fracción se pasaron de acera; mientras que los del PAC y del FA, inicialmente enfrentados, al final unificaron fuerzas para evitar que la posición más conservadora se impusiera, como estuvo a punto de hacerlo.

Por cierto, el tiempo dirá si fue acertado el nombramiento que se hizo de Defensora de los Habitantes. La señora Solano Carboni parece ser una persona competente para el cargo, que ha dedicado años al estudio y al trabajo en el tema de los derechos humanos. Es la primera titular del cargo con formación expresa y experiencia en la defensa de derechos, y con una visión que trasciende los estrechos límites nacionales.

Ojalá su nombramiento haya roto la práctica de nominar diputados o diputadas próximos a quedar desempleados, con la excepción de las designaciones de Rodrigo Alberto Carazo y Lizbeth Quesada. Dichosamente la Defensoría logró desarrollar desde sus inicios una firme institucionalidad, que ha ido moldeando a quienes llegaron al cargo básicamente por razones políticas. Si no hubiera sido así, seguramente la Defensoría habría sido un completo desastre después de que Carazo dejó el cargo.

Esperamos que esta vez no solamente la institucionalidad funcione otra vez, sino que también se produzca una feliz fusión entre aquella y los aportes, ahora sí, que pueda hacer la nueva Defensora.