En los últimos días me ha tocado andar de presa en presa vehicular. No hay caso, casi por cualquier lugar donde usted se mueva se va a encontrar con una presa y casi a todas horas del día. La situación es prácticamente inaguantable en las horas pico, y ni hablar si ha ocurrido un choque o si hay alguna protesta en las calles.
Si le toca un bloqueo de la llamada "flota roja", de los arroceros, de los motociclistas, de los taxistas piratas o de cualquier otro grupo social o político, que con justa razón o sin ella, se sienta molesto o agraviado por alguna medida tomada por el gobierno, por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa o por la falta de respuesta institucional a sus demandas, mejor no salir de la casa. Busque alguna excusa válida para no llegar a donde va, o agéncieselas para que le den una incapacidad en la Caja.
Lo cotidiano ha sido alterado por la irracionalidad del flujo del tránsito. Si usted quiere llegar a un sitio a una determinada hora, ya sea que use transporte público o auto privado, tendrá que salir mucho antes de lo acostumbrado y quizás ni aún así logre llegar a tiempo. Tal vez en una moto, irrespetando las leyes del tránsito. Como resultado, las jornadas de trabajo se han alargado, los períodos de descanso se han acortado y ha aumentado la tensión en las gentes.
Cuando usted está en medio de una presa nada se puede hacer. No puede moverse ni para adelante ni para atrás. Es como si de pronto usted fuera parte de un enorme reptil que lentamente se arrastra por calles y carreteras. Tiene que moverse al ritmo de un colectivo que depende a su vez de la velocidad de otros, de vías en mal estado, de señales mal colocadas o de ausencia de ellas, de semáforos nada “inteligentes” o de oficiales que dan vía o detienen el tránsito sin obedecer a ninguna lógica. En fin, el caos como parte de nuestras vidas o algo muy cercano a él.
¿Acaso no sucede lo mismo con el país? ¿No tiene usted la sensación de que estamos atrapados, como sociedad, en una inmensa presa que no se mueve, que no se sabe si se moverá, y si lo hace, cuál dirección tomará? ¿En una presa ante la cual los tráficos, léase los políticos, enfrascados en juegos de interés y peleas partidarias sin sentido, no están en disposición o son incapaces de dirigir eficientemente al colectivo hacia mejores y mayores metas de bienestar general? Y lo peor, ¿que a la mayoría de nosotros, ciudadanas y ciudadanos, no parece importarnos tampoco el destino final del colectivo, tal vez porque se siente impotente y prefiere la búsqueda individual de la subsistencia en medio de esa presa interminable?
No se si estoy cargando demasiado las tintas, pero antes de escribir esta columna me quedé otra vez atrapado en una presa y me dio por filosofar, mientras esperaba impotente que en algún momento del día se reanudara la circulación.
martes, 29 de noviembre de 2011
martes, 22 de noviembre de 2011
Los ticos: ¿hipercríticos o incongruentes?
Frecuentemente los medios de comunicación destacan resultados de encuestas y otros estudios que alimentan el ego nacional. Por ejemplo, que somos el país más feliz del mundo. No le dan igual divulgación a otros resultados que ponen en entredicho algunos de los lugares comunes que se repiten sin la menor pizca de crítica, o a las incongruencias entre respuestas.
La Corporación Latinobarómetro ha venido realizando encuestas anuales en 18 países de América Latina, entre ellos Costa Rica, que suministran importante información política, con las limitaciones, por supuesto, que tienen estos estudios. Se miden opiniones y percepciones, y se parte del supuesto de que todas las personas que se entrevistan tienen información sobre lo que se pregunta, lo cual no siempre es cierto. Con ese cuidado veamos algunos de los resultados sobre nuestro país.
Lo primero que llama la atención es la desaprobación a la gestión de los gobiernos, entre los años 2000 y 2011. Aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas desaprueba la gestión de los presidentes y presidenta, salvo en 2003 y 2005, cuando ese porcentaje se vino abajo (37 y 32 por ciento respectivamente), y en 2009, cuando la evaluación fue muy alta: 75 por ciento.
El apoyo a la democracia como forma de gobierno se ha mantenido oscilante desde el 2000, con una tendencia a la disminución que se agudiza en el último año: disminuye 7 puntos porcentuales entre 2010 y 2011, situándose en el 65%. Pero el nivel de satisfacción con la democracia real del país es mucho más bajo: 44%. Además, a las personas entrevistadas se les pidió calificar la democracia de Costa Rica en una escala de 1 a 10. El promedio de las calificaciones resulto ser 7,5. Es decir, que pasamos raspando.
Un poco más de la mitad de los ticos, aproximadamente, considera que a esta democracia le falta reducir los niveles de corrupción, y a una tercera parte le parece que le falta garantizar la justicia social, aumentar la transparencia del Estado y la participación ciudadana. Solamente un 11% considera que está bien como está. Por otra parte, la confianza en la Asamblea Legislativa es muy baja (27%), lo mismo sucede con el Poder Judicial (34%), y los partidos políticos apenas alcanzan un 19%.
En cuanto a distribución del ingreso, solo el 24% considera que es justa y muy justa. En concordancia con esa respuesta, únicamente el 18% considera que el gobierno actúa para el bien de todo el pueblo, con una caída espectacular de 13 puntos con relación a la medición de 2010. Además, la mayoría de las personas considera que el país está estancado (82%).
En medio de estos descontentos, ¿cómo entender que la mayoría de los entrevistados dice estar satisfecha con la vida (88%)? ¿Hipercríticos, incongruentes, o fallas en la medición? ¡Vaya usted a saber!
La Corporación Latinobarómetro ha venido realizando encuestas anuales en 18 países de América Latina, entre ellos Costa Rica, que suministran importante información política, con las limitaciones, por supuesto, que tienen estos estudios. Se miden opiniones y percepciones, y se parte del supuesto de que todas las personas que se entrevistan tienen información sobre lo que se pregunta, lo cual no siempre es cierto. Con ese cuidado veamos algunos de los resultados sobre nuestro país.
Lo primero que llama la atención es la desaprobación a la gestión de los gobiernos, entre los años 2000 y 2011. Aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas desaprueba la gestión de los presidentes y presidenta, salvo en 2003 y 2005, cuando ese porcentaje se vino abajo (37 y 32 por ciento respectivamente), y en 2009, cuando la evaluación fue muy alta: 75 por ciento.
El apoyo a la democracia como forma de gobierno se ha mantenido oscilante desde el 2000, con una tendencia a la disminución que se agudiza en el último año: disminuye 7 puntos porcentuales entre 2010 y 2011, situándose en el 65%. Pero el nivel de satisfacción con la democracia real del país es mucho más bajo: 44%. Además, a las personas entrevistadas se les pidió calificar la democracia de Costa Rica en una escala de 1 a 10. El promedio de las calificaciones resulto ser 7,5. Es decir, que pasamos raspando.
Un poco más de la mitad de los ticos, aproximadamente, considera que a esta democracia le falta reducir los niveles de corrupción, y a una tercera parte le parece que le falta garantizar la justicia social, aumentar la transparencia del Estado y la participación ciudadana. Solamente un 11% considera que está bien como está. Por otra parte, la confianza en la Asamblea Legislativa es muy baja (27%), lo mismo sucede con el Poder Judicial (34%), y los partidos políticos apenas alcanzan un 19%.
En cuanto a distribución del ingreso, solo el 24% considera que es justa y muy justa. En concordancia con esa respuesta, únicamente el 18% considera que el gobierno actúa para el bien de todo el pueblo, con una caída espectacular de 13 puntos con relación a la medición de 2010. Además, la mayoría de las personas considera que el país está estancado (82%).
En medio de estos descontentos, ¿cómo entender que la mayoría de los entrevistados dice estar satisfecha con la vida (88%)? ¿Hipercríticos, incongruentes, o fallas en la medición? ¡Vaya usted a saber!
martes, 15 de noviembre de 2011
Centroamérica importa
En general los ticos tendemos a pensar que el resto de países que conforman Centroamérica poco tienen que ver con nosotros, con nuestra realidad social y política. Miramos los toros desde la barrera, como se dice, y solamente reaccionamos cuando tenemos algún problema fronterizo con Nicaragua.
Se olvida que, para bien y para mal, ocupamos una porción del territorio conocido como Centroamérica, y por tanto, importa lo que sucede en el resto de países de la subregión, pese a las características sociales y políticas distintivas de cada uno de ellos. No solamente compartimos un pasado histórico y muchos rasgos culturales, sino que también estamos conectados en el plano comercial, con ventajas evidentes para Costa Rica.
Traigo esto a colación a raíz de las elecciones en Nicaragua, donde Ortega fue reelecto por una sorprendente mayoría, pese a las denuncias de la oposición, y la segunda vuelta en Guatemala, que confirmó al general Otto Pérez Molina, como presidente electo de la República. Aunque los medios han destacado estos procesos electorales, sobre todo el nicaragüense, lo cierto es que la mayoría ciudadana ha permanecido ajena, sin conectarlos con nuestro particular momento histórico.
Importa, sin embargo, saber si el gobierno ha analizado los resultados de ambas elecciones en el marco de una política exterior hacia la subregión y si está reaccionando de acuerdo con ella. Porque, ¿cómo podemos interpretar la felicitación al presidente electo guatemalteco y el silencio frente al reelecto Ortega? Está bien, el asunto de Isla Calero, cuya resolución depende del Tribunal Internacional de La Haya, ha tensado las relaciones entre ambos gobiernos y ha dado origen a subidos intercambios verbales. Pero, nos guste o no, el hecho es que Ortega estará en el sillón presidencial por cinco años más, al menos, y seguirá por tanto siendo interlocutor del gobierno de Costa Rica.
Puesto que Ortega no tuvo que usar el Río San Juan e Isla Calero como elementos destacados de su campaña, es posible que el clima de tensión entre ambos gobiernos cambie, pero hay que enviar una señal, o un globo de ensayo, para saber a que atenerse. Una protocolaria felicitación por el triunfo obtenido tal vez hubiera servido para ese propósito.
Guatemala está un poco más al norte, pero la elección de un general con un pasado no muy claro durante los años de la guerra interna en ese país, debería preocuparnos. Ha prometido reducir la criminalidad y el narcotráfico con una ofensiva combinada de la policía y de unidades del ejército como los kaibiles, un cuerpo de élite que ha sido objeto de no pocas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque ha afirmado que no está entre sus intenciones seguir el camino mexicano de guerra interna al narcotráfico, esa posibilidad no se puede desechar. Las consecuencias serían funestas para el resto de la subregión.
Así que ojo con las felicitaciones y los silencios.
Se olvida que, para bien y para mal, ocupamos una porción del territorio conocido como Centroamérica, y por tanto, importa lo que sucede en el resto de países de la subregión, pese a las características sociales y políticas distintivas de cada uno de ellos. No solamente compartimos un pasado histórico y muchos rasgos culturales, sino que también estamos conectados en el plano comercial, con ventajas evidentes para Costa Rica.
Traigo esto a colación a raíz de las elecciones en Nicaragua, donde Ortega fue reelecto por una sorprendente mayoría, pese a las denuncias de la oposición, y la segunda vuelta en Guatemala, que confirmó al general Otto Pérez Molina, como presidente electo de la República. Aunque los medios han destacado estos procesos electorales, sobre todo el nicaragüense, lo cierto es que la mayoría ciudadana ha permanecido ajena, sin conectarlos con nuestro particular momento histórico.
Importa, sin embargo, saber si el gobierno ha analizado los resultados de ambas elecciones en el marco de una política exterior hacia la subregión y si está reaccionando de acuerdo con ella. Porque, ¿cómo podemos interpretar la felicitación al presidente electo guatemalteco y el silencio frente al reelecto Ortega? Está bien, el asunto de Isla Calero, cuya resolución depende del Tribunal Internacional de La Haya, ha tensado las relaciones entre ambos gobiernos y ha dado origen a subidos intercambios verbales. Pero, nos guste o no, el hecho es que Ortega estará en el sillón presidencial por cinco años más, al menos, y seguirá por tanto siendo interlocutor del gobierno de Costa Rica.
Puesto que Ortega no tuvo que usar el Río San Juan e Isla Calero como elementos destacados de su campaña, es posible que el clima de tensión entre ambos gobiernos cambie, pero hay que enviar una señal, o un globo de ensayo, para saber a que atenerse. Una protocolaria felicitación por el triunfo obtenido tal vez hubiera servido para ese propósito.
Guatemala está un poco más al norte, pero la elección de un general con un pasado no muy claro durante los años de la guerra interna en ese país, debería preocuparnos. Ha prometido reducir la criminalidad y el narcotráfico con una ofensiva combinada de la policía y de unidades del ejército como los kaibiles, un cuerpo de élite que ha sido objeto de no pocas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque ha afirmado que no está entre sus intenciones seguir el camino mexicano de guerra interna al narcotráfico, esa posibilidad no se puede desechar. Las consecuencias serían funestas para el resto de la subregión.
Así que ojo con las felicitaciones y los silencios.
martes, 8 de noviembre de 2011
Los vivillos y la Asamblea
El historial de acusaciones penales y civiles por deudas y otros comportamientos punibles, de un diputado liberacionista, debe llamarnos a la reflexión, una vez más, sobre la forma en que los partidos designan las candidaturas a diputados y otros cargos de elección popular.
Como lo que prevalece en la mayoría de los partidos es la adhesión incuestionada o el vasallaje al líder de turno, los otros aspectos de la trayectoria de las personas que aspiran a cargos como los señalados quedan ocultos o se disimulan, sobre todo si tienen que ver con la falta de honorabilidad, la inconsistencia política ideológica y, por supuesto, con la ausencia de vínculos con las comunidades que aspiran representar. Y mejor no hablemos del grado de conocimientos sobre el funcionamiento del estado y sus instituciones, sobre su razón de ser y sobre sus funciones dentro de una democracia.
••
No existen los filtros que impidan a personas con antecedentes delictivos o moralmente cuestionables postularse y llegar a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades y a las alcaldías municipales. Las listas que se presentan a consideración de los electores muchas veces contienen nombres de personas que no deberían aspirar a ningún cargo, por alguna de las razones señaladas. La posibilidad de inmunidad parlamentaria resulta muy atractiva para algunos de estos personajes.
Una vez que logran “colarse” en una papeleta, sobre todo en uno de los lugares elegibles, difícilmente se les puede parar, porque el sistema de listas cerradas y bloqueadas impide a la ciudadanía confeccionar, al menos parcialmente, su propia lista de candidatos y candidatas. Hay que votar por las listas que nos presenta cada partido, donde van personas que merecen ser electas pero también otras que no deberían figurar. Por supuesto que queda la opción de no votar o de anular el voto, pero eso es una especie de derecho al berreo.
••
La ciudadanía no está exenta de culpa. Ingenuamente algunos votantes justifican su voto por un partido porque figura una persona que les gusta o les parece bien, sin darse cuenta del efecto de arrastre que tiene ese acto. Es decir, que ese voto favorece al conjunto, no la candidatura específica que le interesa. Por eso llegan a las municipalidades y a la Asamblea personas “non sanctas”, que seguramente no pasarían, o tendrían dificultades para hacerlo, si el sistema de elección fuera cuando menos mixto.
La mayor parte de los votantes solamente se fija, cuando lo hace, en las cualidades y propuestas de candidatas y candidatos a la presidencia de la República y, por arrastre también, vota por las listas de candidaturas que aquellos les presentan a consideración.
Si no nos dejáramos llevar por la pasión y fuéramos un poco más reflexivos, a pesar de los defectos señalados en el sistema electoral, podríamos evitar que algunos ángeles del cielo, como los que se mencionan en estos días, llegaran a la Asamblea Legislativa.
Como lo que prevalece en la mayoría de los partidos es la adhesión incuestionada o el vasallaje al líder de turno, los otros aspectos de la trayectoria de las personas que aspiran a cargos como los señalados quedan ocultos o se disimulan, sobre todo si tienen que ver con la falta de honorabilidad, la inconsistencia política ideológica y, por supuesto, con la ausencia de vínculos con las comunidades que aspiran representar. Y mejor no hablemos del grado de conocimientos sobre el funcionamiento del estado y sus instituciones, sobre su razón de ser y sobre sus funciones dentro de una democracia.
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No existen los filtros que impidan a personas con antecedentes delictivos o moralmente cuestionables postularse y llegar a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades y a las alcaldías municipales. Las listas que se presentan a consideración de los electores muchas veces contienen nombres de personas que no deberían aspirar a ningún cargo, por alguna de las razones señaladas. La posibilidad de inmunidad parlamentaria resulta muy atractiva para algunos de estos personajes.
Una vez que logran “colarse” en una papeleta, sobre todo en uno de los lugares elegibles, difícilmente se les puede parar, porque el sistema de listas cerradas y bloqueadas impide a la ciudadanía confeccionar, al menos parcialmente, su propia lista de candidatos y candidatas. Hay que votar por las listas que nos presenta cada partido, donde van personas que merecen ser electas pero también otras que no deberían figurar. Por supuesto que queda la opción de no votar o de anular el voto, pero eso es una especie de derecho al berreo.
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La ciudadanía no está exenta de culpa. Ingenuamente algunos votantes justifican su voto por un partido porque figura una persona que les gusta o les parece bien, sin darse cuenta del efecto de arrastre que tiene ese acto. Es decir, que ese voto favorece al conjunto, no la candidatura específica que le interesa. Por eso llegan a las municipalidades y a la Asamblea personas “non sanctas”, que seguramente no pasarían, o tendrían dificultades para hacerlo, si el sistema de elección fuera cuando menos mixto.
La mayor parte de los votantes solamente se fija, cuando lo hace, en las cualidades y propuestas de candidatas y candidatos a la presidencia de la República y, por arrastre también, vota por las listas de candidaturas que aquellos les presentan a consideración.
Si no nos dejáramos llevar por la pasión y fuéramos un poco más reflexivos, a pesar de los defectos señalados en el sistema electoral, podríamos evitar que algunos ángeles del cielo, como los que se mencionan en estos días, llegaran a la Asamblea Legislativa.
martes, 1 de noviembre de 2011
¡Ahora la culpa la tiene el PAC!
El acuerdo del PAC con el gobierno, que parecía una buena jugada de Otón Solís para mostrar patriotismo, capacidad de gobierno y perspectiva de mediano y largo plazo en el análisis de los problemas del país, pasadas unas pocas semanas parece estarse convirtiendo en un gran clavo en el zapato del Partido.
En este momento el proyecto de reforma tributaria es de todo, menos popular. Está siendo torpedeado por todos lados, mientras el gobierno está calladito, no lo defiende más allá de ciertos límites, incluso la Presidenta ha dicho que es un proyecto malo, dejando que al PAC le llueva tieso y parejo. En una especie de transmutación de las almas, el proyecto para mal, se convirtió en el proyecto del PAC, con consecuencias sumamente negativas para su imagen.
¿Qué ha pasado? En primer lugar, en un escenario dominado por el descalabro de la Caja, que ha mostrado más que claramente a los extremos a que se puede llegar en el mal manejo de los dineros aportados por trabajadores y empresarios, la iniciativa de darle más recursos al gobierno no puede ser vista con buenos ojos, salvo que existan garantías de que los nuevos fondos van a ser empleados adecuadamente. Dentro de ese escenario la precaria situación del fisco ha pasado a un segundo o tercer plano en el ámbito de las preocupaciones ciudadanas.
Quizás esta sea, vista en perspectiva, una de las fallas del acuerdo del PAC con el gobierno: la ausencia de un marco de reformas institucionales, de mejoramiento del desempeño y de garantías de cumplimiento que aseguren que los nuevos ingresos van a ser bien empleados. Porque, ¿quién podrá afirmar que dentro de unos años no estemos en una situación similar a la actual? El PAC pudo haber pedido mucho más por sus votos, sobre todo por la vía rápida, porque ahora resulta que el proyecto del gobierno podría ser votado fácilmente sin su ayuda: solamente necesita veintinueve votos.
En segundo lugar, me parece que el PAC carece de posibilidades de respuesta rápida a los interrogantes que se le han lanzado al proyecto. Por ejemplo, en la sesión legislativa del lunes 24 de octubre, el diputado José María Villalta hizo una serie de cuestionamientos y arrojó un conjunto de dudas sobre el proyecto. Enfiló las baterías contra el impuesto al valor agregado (IVA) que supuestamente servirá para recaudar el 70 por ciento de los nuevos recursos, lo que según él, se reflejará en una alza generalizada de precios, incluyendo un conjunto de bienes y servicios hasta ahora exentos del pago de impuestos, alza que afectará a grupos sociales de menores ingresos y al funcionamiento de muchas instituciones. Fue una extensa intervención que no fue replicada por nadie. Las dudas entonces quedaron sembradas.
Para colmo de males, el jueves 27 de octubre, el diputado del PAC Claudio Monge, dijo en Diario Extra que su partido pecó de ingenuo en el acuerdo con el gobierno. ¿A quién creerle?
En este momento el proyecto de reforma tributaria es de todo, menos popular. Está siendo torpedeado por todos lados, mientras el gobierno está calladito, no lo defiende más allá de ciertos límites, incluso la Presidenta ha dicho que es un proyecto malo, dejando que al PAC le llueva tieso y parejo. En una especie de transmutación de las almas, el proyecto para mal, se convirtió en el proyecto del PAC, con consecuencias sumamente negativas para su imagen.
¿Qué ha pasado? En primer lugar, en un escenario dominado por el descalabro de la Caja, que ha mostrado más que claramente a los extremos a que se puede llegar en el mal manejo de los dineros aportados por trabajadores y empresarios, la iniciativa de darle más recursos al gobierno no puede ser vista con buenos ojos, salvo que existan garantías de que los nuevos fondos van a ser empleados adecuadamente. Dentro de ese escenario la precaria situación del fisco ha pasado a un segundo o tercer plano en el ámbito de las preocupaciones ciudadanas.
Quizás esta sea, vista en perspectiva, una de las fallas del acuerdo del PAC con el gobierno: la ausencia de un marco de reformas institucionales, de mejoramiento del desempeño y de garantías de cumplimiento que aseguren que los nuevos ingresos van a ser bien empleados. Porque, ¿quién podrá afirmar que dentro de unos años no estemos en una situación similar a la actual? El PAC pudo haber pedido mucho más por sus votos, sobre todo por la vía rápida, porque ahora resulta que el proyecto del gobierno podría ser votado fácilmente sin su ayuda: solamente necesita veintinueve votos.
En segundo lugar, me parece que el PAC carece de posibilidades de respuesta rápida a los interrogantes que se le han lanzado al proyecto. Por ejemplo, en la sesión legislativa del lunes 24 de octubre, el diputado José María Villalta hizo una serie de cuestionamientos y arrojó un conjunto de dudas sobre el proyecto. Enfiló las baterías contra el impuesto al valor agregado (IVA) que supuestamente servirá para recaudar el 70 por ciento de los nuevos recursos, lo que según él, se reflejará en una alza generalizada de precios, incluyendo un conjunto de bienes y servicios hasta ahora exentos del pago de impuestos, alza que afectará a grupos sociales de menores ingresos y al funcionamiento de muchas instituciones. Fue una extensa intervención que no fue replicada por nadie. Las dudas entonces quedaron sembradas.
Para colmo de males, el jueves 27 de octubre, el diputado del PAC Claudio Monge, dijo en Diario Extra que su partido pecó de ingenuo en el acuerdo con el gobierno. ¿A quién creerle?
martes, 25 de octubre de 2011
Trifulcas y carreras
La semana política ha estado movida. La posibilidad de un recorte presupuestario que aparentemente pondría en aprietos a instituciones y programas en 2012, provocó una repentina y desconocida movilización hacia la Asamblea Legislativa de jerarcas de los poderes de la República, de instituciones y ministerios. Ya quisiera la Federación de Fútbol tener un llenazo en el partido contra España como el que tuvo la Asamblea el miércoles.
Y mientras todos corrían en Cuesta de Moras, en Casa Presidencial alguien tuvo la genial idea de darle una dosis adicional de dramatismo al asunto, dejando oír los acordes del “Duelo de la Patria” al inicio de una conferencia de prensa de los ministros de la Presidencia y de Hacienda. En fin, todo un “follón” político, como dirían los españoles.
••
Al final el primer acto de esta tragicomedia terminó como sabemos: la diputada Bejarano del PUSC le zafó la tabla a su jefe de fracción y los recortes se esfumaron por ahora, no sin antes dejar algunas cosas al descubierto que es conveniente señalar, más allá de las machaconas críticas a la Alianza por Costa Rica y su manejo del parlamento.
En primer lugar, que la Asamblea Legislativa no está para aprobar todo lo que sale de Zapote y que la oposición parlamentaria existe porque una parte importante de la ciudadanía considera que el poder ejecutivo tiene que ser moderado y controlado. Si la razón de ser de la Asamblea fuera solamente la aprobación de leyes más o menos sensatas, bien podría ser sustituida por un cuerpo integrado por tecnócratas, designados por un mecanismo diferente a la elección popular.
En segundo lugar, que en una democracia todo es discutible, que nada está escrito en piedra en materia de decisiones políticas y que las discusiones y remezones son útiles para aclarar el aire y sacar a la luz lo que hay en el fondo de los asuntos que se plantean. Los presupuestos son instrumentos de trabajo, muchos de ellos muy bien elaborados pero otros no tanto y algunos son pésimos. El legislador está en la obligación de examinar con lupa lo que se le presenta, de leer entre líneas, de cuestionar y de pedir explicaciones. Un dolor de cabeza para los tecnócratas de la política, pero es parte de la esencia de la democracia.
Por supuesto que pueden darse excesos, por posiciones ideológicas, ignorancia, impericia, politiquería o una combinación de todos esos elementos. La discusión abierta, frente a la ciudadanía, es la que se encarga de aclarar hasta qué punto los cuestionamientos son razonables.
••
En tercer lugar, pese a quien le pese, lo sucedido es un indicador más de que la Asamblea ha comenzado a recuperar el protagonismo perdido en todos estos años, animando la discusión entre las figuras de la política y permitiendo que se ventilen públicamente asuntos de interés general.
En política prefiero las trifulcas y las carreras que la paz de los cementerios de la pretendida gobernabilidad absoluta.
Y mientras todos corrían en Cuesta de Moras, en Casa Presidencial alguien tuvo la genial idea de darle una dosis adicional de dramatismo al asunto, dejando oír los acordes del “Duelo de la Patria” al inicio de una conferencia de prensa de los ministros de la Presidencia y de Hacienda. En fin, todo un “follón” político, como dirían los españoles.
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Al final el primer acto de esta tragicomedia terminó como sabemos: la diputada Bejarano del PUSC le zafó la tabla a su jefe de fracción y los recortes se esfumaron por ahora, no sin antes dejar algunas cosas al descubierto que es conveniente señalar, más allá de las machaconas críticas a la Alianza por Costa Rica y su manejo del parlamento.
En primer lugar, que la Asamblea Legislativa no está para aprobar todo lo que sale de Zapote y que la oposición parlamentaria existe porque una parte importante de la ciudadanía considera que el poder ejecutivo tiene que ser moderado y controlado. Si la razón de ser de la Asamblea fuera solamente la aprobación de leyes más o menos sensatas, bien podría ser sustituida por un cuerpo integrado por tecnócratas, designados por un mecanismo diferente a la elección popular.
En segundo lugar, que en una democracia todo es discutible, que nada está escrito en piedra en materia de decisiones políticas y que las discusiones y remezones son útiles para aclarar el aire y sacar a la luz lo que hay en el fondo de los asuntos que se plantean. Los presupuestos son instrumentos de trabajo, muchos de ellos muy bien elaborados pero otros no tanto y algunos son pésimos. El legislador está en la obligación de examinar con lupa lo que se le presenta, de leer entre líneas, de cuestionar y de pedir explicaciones. Un dolor de cabeza para los tecnócratas de la política, pero es parte de la esencia de la democracia.
Por supuesto que pueden darse excesos, por posiciones ideológicas, ignorancia, impericia, politiquería o una combinación de todos esos elementos. La discusión abierta, frente a la ciudadanía, es la que se encarga de aclarar hasta qué punto los cuestionamientos son razonables.
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En tercer lugar, pese a quien le pese, lo sucedido es un indicador más de que la Asamblea ha comenzado a recuperar el protagonismo perdido en todos estos años, animando la discusión entre las figuras de la política y permitiendo que se ventilen públicamente asuntos de interés general.
En política prefiero las trifulcas y las carreras que la paz de los cementerios de la pretendida gobernabilidad absoluta.
martes, 18 de octubre de 2011
Intereses en juego
Advertimos que alrededor de la discusión sobre la reforma tributaria se irían perfilando los diferentes grupos de interés, tratando de acarrear agua a sus molinos, o lo que es lo mismo, evitando que lo que salga de la Asamblea Legislativa los perjudique.
El acuerdo entre el Gobierno y el PAC ha sido el detonador. Dos elementos dignos de señalar: primero, que la discusión inicialmente se ha centrado en torno al tema de los dividendos de las empresas de zonas francas, que se pretende gravar con la tarifa general del 15 por ciento y con impuestos municipales hasta 100 mil dólares, a partir del 2015. Los defensores de este tipo de inversión externa, que en algún momento se dijo que solamente era necesaria por un tiempo, usan los argumentos de siempre: el peligro de que emigre a otros países, perjudicando a la economía nacional, porque se alega que deja 8 dólares por cada uno de exención, y que emplea a cerca de 60.000 trabajadores.
Lo segundo es que estos intereses han encontrado fuerte resonancia en la fracción legislativa de Liberación Nacional, lo que pone en entredicho el compromiso adquirido por la presidenta Chinchilla. Pero no nos precipitemos, la rebelión todavía no es abierta; por ahora se ha evitado ese escenario. La táctica empleada va por otro rumbo, al menos momentáneamente: se ha pateado la bola hacia el campo del PAC, pidiéndole que reconsidere su posición en torno a este asunto, dada la contundencia de los argumentos empleados, según se dice.
••
Como era de esperar, el PAC se ha sacudido rápidamente, y ha pedido a la Presidenta que honre el compromiso adquirido a cambio de los votos de sus diputados en la discusión sustantiva del proyecto de reforma tributaria, que ahora contiene los 17 puntos introducidos por aquel partido. Se entenderá que el PAC no puede echar marcha atrás en ese asunto ni hacer la mínima concesión so pena de perder credibilidad entre sus simpatizantes y dentro de la opinión pública en general. ¿Nos estamos entonces acercando a un escenario donde algunos votos de Liberación junto con los del Movimiento Libertario podrían frenar o atrasar la aprobación del proyecto?
••
El influjo de la Presidenta sobre su fracción legislativa está nuevamente en juego. Veremos si la Casa Presidencial logra mantener su posición y colocar en línea a diputados perturbadores del acuerdo, o si otros intereses terminan imponiéndose. En lugar de mantener una posición de defensa de su base social, donde destacan los sectores de ingresos bajos y medios, buena parte de la fracción del PLN ha perdido la brújula y se ha decantado por otros intereses sociales. De alguna manera el PLN ha sustituido al PUSC de antaño, que se asentaba en una base social popular, pero con una cúpula oligárquica.
Finalmente, en este asunto llama la atención la ausencia de presión sobre los diputados, hasta ahora, de grupos y organizaciones representativas de sectores de bajos y medios ingresos.
El acuerdo entre el Gobierno y el PAC ha sido el detonador. Dos elementos dignos de señalar: primero, que la discusión inicialmente se ha centrado en torno al tema de los dividendos de las empresas de zonas francas, que se pretende gravar con la tarifa general del 15 por ciento y con impuestos municipales hasta 100 mil dólares, a partir del 2015. Los defensores de este tipo de inversión externa, que en algún momento se dijo que solamente era necesaria por un tiempo, usan los argumentos de siempre: el peligro de que emigre a otros países, perjudicando a la economía nacional, porque se alega que deja 8 dólares por cada uno de exención, y que emplea a cerca de 60.000 trabajadores.
Lo segundo es que estos intereses han encontrado fuerte resonancia en la fracción legislativa de Liberación Nacional, lo que pone en entredicho el compromiso adquirido por la presidenta Chinchilla. Pero no nos precipitemos, la rebelión todavía no es abierta; por ahora se ha evitado ese escenario. La táctica empleada va por otro rumbo, al menos momentáneamente: se ha pateado la bola hacia el campo del PAC, pidiéndole que reconsidere su posición en torno a este asunto, dada la contundencia de los argumentos empleados, según se dice.
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Como era de esperar, el PAC se ha sacudido rápidamente, y ha pedido a la Presidenta que honre el compromiso adquirido a cambio de los votos de sus diputados en la discusión sustantiva del proyecto de reforma tributaria, que ahora contiene los 17 puntos introducidos por aquel partido. Se entenderá que el PAC no puede echar marcha atrás en ese asunto ni hacer la mínima concesión so pena de perder credibilidad entre sus simpatizantes y dentro de la opinión pública en general. ¿Nos estamos entonces acercando a un escenario donde algunos votos de Liberación junto con los del Movimiento Libertario podrían frenar o atrasar la aprobación del proyecto?
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El influjo de la Presidenta sobre su fracción legislativa está nuevamente en juego. Veremos si la Casa Presidencial logra mantener su posición y colocar en línea a diputados perturbadores del acuerdo, o si otros intereses terminan imponiéndose. En lugar de mantener una posición de defensa de su base social, donde destacan los sectores de ingresos bajos y medios, buena parte de la fracción del PLN ha perdido la brújula y se ha decantado por otros intereses sociales. De alguna manera el PLN ha sustituido al PUSC de antaño, que se asentaba en una base social popular, pero con una cúpula oligárquica.
Finalmente, en este asunto llama la atención la ausencia de presión sobre los diputados, hasta ahora, de grupos y organizaciones representativas de sectores de bajos y medios ingresos.
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