En
un acto sin precedentes en la historia política del país, el presidente Luis
Guillermo Solís presentó el esperado informe de los cien días de su gobierno.
No se le permitió hacerlo frente a los diputados por razones conocidas, pero
lejos de desanimarlo en su propósito, se atrevió a realizarlo en un escenario público,
de cara a representantes de sectores diversos de la sociedad costarricense, con
resultados en general positivos, sobre todo si el análisis se hace desde el ángulo
del desarrollo democrático del país.
Pudo
haber sido un acto politiquero más, como seguramente muchos estaban esperando
que lo fuera, para poder desacreditarlo rápidamente, pero no lo fue. Si bien es
cierto que se le pueden señalar defectos y carencias, fue un buen intento de
mostrar la realidad de un aparato estatal no solamente anquilosado y por tanto
ineficiente, sino también desviado en muchos casos de sus funciones originales
por los intereses de partidos, burocracias y grupos de interés de la sociedad
civil.
La
primera parte del informe se concentró en el análisis descarnado de la realidad
de las instituciones del estado, mostrando una vez más la necesidad de cambio
en su dirección y funcionamiento, que la mayoría ciudadana había venido sintiendo,
seguramente sin la claridad con que ahora se puede mirar la situación. No se señalaron
culpables concretos, pero no había necesidad de hacerlo; la ciudadanía conoce
sus nombres y el de los partidos y grupos a los que pertenecen. Esperamos que
las investigaciones de los casos de corrupción denunciados finalicen con la
acusación de los culpables ante los respectivos estrados judiciales.
Faltó,
a mi juicio, un encuadre de la situación en términos de la dirección en la que
se ha empujado a la sociedad costarricense desde los gobiernos anteriores.
Porque la forma en que el país ha sido gobernado en las últimas décadas es en
mucho el resultado del rumbo tomado. En otras palabras, que los males que
afectan a la institucionalidad costarricense no deben verse solamente en términos
de desempeños individuales, partidarios y de grupos de interés, sino que también
deben ser analizados sobre el telón de fondo de las transformaciones de la
economía y la sociedad puestas en marcha desde principios de los años ochenta
del siglo pasado.
La
segunda parte se dedicó a la enumeración de medidas correctivas concretas que
se han ido poniendo en práctica en los primeros 100 días de su gobierno, que
según el Presidente indican el rumbo al que se dirige. Ética en la función pública,
transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto parecen ser los
elementos guía; pero, ¿en función de cuáles objetivos sociales y políticos?
Esperamos que el Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará en diciembre próximo,
arrojé mayor claridad en este aspecto.
En
fin, que fue un ejercicio de ampliación de la democracia, con limitaciones por
supuesto, que debe repetirse, mejorado, muchas veces en el futuro próximo.
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