Productos históricos

Es común escuchar enjuiciamientos de la situación actual sin referencia alguna a las condiciones sociales y políticas que llevaron a tal estado de cosas. Por ejemplo, se habla de la ineficiencia de las instituciones públicas y de la corrupción como si hubieran aparecido ayer, sin perspectiva histórica alguna que permita la comprensión de sus orígenes y por tanto la implantación de medidas efectivas en su combate. Otras veces, ineficiencia y corrupción son vistas como condiciones inherentes al sector público y a los seres humanos. Por supuesto que el pesimismo impregna este tipo de enfoques.

Se olvida, en primer lugar, que no todo el sector público es ineficiente --incluso hay secciones de instituciones catalogadas como tales, que trabajan muy bien-- y que, por supuesto, no todas las personas que trabajan en la institucionalidad estatal hacen mal su trabajo o son corruptas. En estos casos las generalizaciones no solamente resultan odiosas, sino también inmovilizantes, porque prácticamente nada se podría hacer. Es una posición propia de una ideología que le hace las cruces a todo lo estatal y que considera al sector privado como el remedio mágico para todos los males.

En segundo lugar, se ignora que desde principios de los años ochenta del siglo pasado la asociación entre gobiernos y empresarios provocó un verdadero golpe de timón a la dirección que hasta entonces seguía la institucionalidad pública costarricense. La economía y el estado se ajustaron a las nuevas condiciones señaladas por los organismos multinacionales, con los consiguientes cambios en la sociedad y en la política. Fueron los años en los que vivimos bajo la presión del llamado consenso de Washington, es decir, la unanimidad de criterios entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia Internacional para el Desarrollo y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo. El país fue conducido por los vericuetos del llamado ajuste estructural, de la mano de los gobiernos del PLN y del PUSC, o del PLUSC, si se quiere.

Las funciones de las instituciones públicas fueron encuadradas en del marco del mercado. Muchas fueron arrinconadas, enfrentaron restricciones presupuestarias y se volvieron ineficientes, a otras se les reformularon sus objetivos y no pocas se crearon para facilitar los procesos de exportación de mercancías. Los programas de movilidad laboral asolaron el sector público, dejándolo desprovisto de los cuadros técnicos que habían sido capacitados dentro de la visión anterior del estado; algunos programas fueron trasladados al ámbito privado o se semi privatizaron, y el enfoque solidario fue sustituido, en general, por el logro individual exacerbado.

Ese es el marco en el que la ineficiencia y la corrupción estatales deben ser analizadas; no solamente en términos de desempeños individuales, partidarios o de grupos de interés. Si esto no se entiende, es imposible plantear medidas correctivas apropiadas.