El informe

En un acto sin precedentes en la historia política del país, el presidente Luis Guillermo Solís presentó el esperado informe de los cien días de su gobierno. No se le permitió hacerlo frente a los diputados por razones conocidas, pero lejos de desanimarlo en su propósito, se atrevió a realizarlo en un escenario público, de cara a representantes de sectores diversos de la sociedad costarricense, con resultados en general positivos, sobre todo si el análisis se hace desde el ángulo del desarrollo democrático del país.

Pudo haber sido un acto politiquero más, como seguramente muchos estaban esperando que lo fuera, para poder desacreditarlo rápidamente, pero no lo fue. Si bien es cierto que se le pueden señalar defectos y carencias, fue un buen intento de mostrar la realidad de un aparato estatal no solamente anquilosado y por tanto ineficiente, sino también desviado en muchos casos de sus funciones originales por los intereses de partidos, burocracias y grupos de interés de la sociedad civil.

La primera parte del informe se concentró en el análisis descarnado de la realidad de las instituciones del estado, mostrando una vez más la necesidad de cambio en su dirección y funcionamiento, que la mayoría ciudadana había venido sintiendo, seguramente sin la claridad con que ahora se puede mirar la situación. No se señalaron culpables concretos, pero no había necesidad de hacerlo; la ciudadanía conoce sus nombres y el de los partidos y grupos a los que pertenecen. Esperamos que las investigaciones de los casos de corrupción denunciados finalicen con la acusación de los culpables ante los respectivos estrados judiciales.

Faltó, a mi juicio, un encuadre de la situación en términos de la dirección en la que se ha empujado a la sociedad costarricense desde los gobiernos anteriores. Porque la forma en que el país ha sido gobernado en las últimas décadas es en mucho el resultado del rumbo tomado. En otras palabras, que los males que afectan a la institucionalidad costarricense no deben verse solamente en términos de desempeños individuales, partidarios y de grupos de interés, sino que también deben ser analizados sobre el telón de fondo de las transformaciones de la economía y la sociedad puestas en marcha desde principios de los años ochenta del siglo pasado.

La segunda parte se dedicó a la enumeración de medidas correctivas concretas que se han ido poniendo en práctica en los primeros 100 días de su gobierno, que según el Presidente indican el rumbo al que se dirige. Ética en la función pública, transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto parecen ser los elementos guía; pero, ¿en función de cuáles objetivos sociales y políticos? Esperamos que el Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará en diciembre próximo, arrojé mayor claridad en este aspecto.

En fin, que fue un ejercicio de ampliación de la democracia, con limitaciones por supuesto, que debe repetirse, mejorado, muchas veces en el futuro próximo.

Cortos de miras

En la columna anterior comentábamos sobre la anticipación como una virtud escasa en la mayoría de los políticos. En esa ocasión analizábamos la falta de previsión del momento difícil --para no hablar de crisis-- que vivió el gobierno con la obligada salida del asesor Barrantes. Debemos volver ahora la mirada hacia la fracción parlamentaria del PLN y la forma en que manejó la anunciada presentación del informe del presidente Solís a la Asamblea Legislativa, sobre el estado en que encontró las instituciones públicas, con el señalamiento, además, de las metas de su gobierno en el corto y el mediano plazo.

La fracción liberacionista, previendo una andanada de denuncias sobre malos manejos de los asuntos públicos y corrupción en los dos últimos gobiernos de su partido, decidió cerrar las puertas de la Asamblea y enviar a Solís con su música a otra parte. Por supuesto que los diputados verdiblanco no van aceptar que eso era lo que se buscaba; pero después de haber llegado a un acuerdo con los jefes de fracción. al cambiar de criterio y proponer una modalidad que haría interminable la comparecencia presidencial, estaban liquidando la posibilidad de realizar un ejercicio inédito en las relaciones entre ejecutivo y legislativo.

¿Qué lograron? En realidad nada positivo para su imagen partidaria: no pudieron parar el informe de Solís; más bien ayudaron a aumentar las expectativas ciudadanas sobre su contenido. Si hay más denuncias de grueso calibre, como las que se han venido haciendo en las últimas semanas, no tendrán tribuna para desacreditarlas, porque la presentación presidencial se hará el jueves por la noche y el viernes no sesiona la Asamblea Legislativa. El lunes siguiente será tarde para hacerlo.

Perdieron la oportunidad para contrastar en forma inmediata lo que el Presidente diga; y quedaron como representantes de un partido a la defensiva, que no logra digerir las derrotas de febrero y abril; que sigue atrapado en las redes de una forma antidiluviana de hacer política, sin posibilidades de comprensión de los cambios ocurridos en el comportamiento electoral de buena parte de la ciudadanía y por tanto carente de un planteamiento que responda a las necesidades actuales de la sociedad costarricense. Dicho sea de paso, si la mayoría ciudadana no hubiera votado por Solís, seguramente las revelaciones dadas a conocer de mayo a la fecha habrían permanecido ocultas.

El país perdió la oportunidad de presenciar un ejercicio de democracia parlamentaria, con limitaciones, por supuesto, que podría haber abierto la puerta para una discusión razonable sobre el tema, en momentos en los que una comisión parlamentaria se apresta a analizar las posibilidades de una reforma política que podría transformar el régimen presidencial existente.

En fin, que la fracción del PLN le hizo un flaco servicio al país, sin que le salieron sus cálculos de mejoramiento de la difícil situación en que se encuentra el partido.

Anticipación

No son muchos los políticos que gozan de la habilidad de prever el curso posible de un conjunto de acontecimientos, que puede resultar favorable o desfavorable para el proyecto que se han propuesto conseguir. La anticipación resulta ser vital para la supervivencia en un ámbito de la actividad humana que se caracteriza por la competencia y la hostilidad casi permanente. Quizás por eso el militar prusiano Carl von Clausewitz decía que "La guerra es la continuación de la política por otros medios".

Muchos jefes de gobierno se hacen asesorar por grupos de consejeros dedicados por entero al análisis de la situación política del país, generalmente con el apoyo de sofisticados métodos de recolección de informaciones diversas. Grupos que generalmente permanecen en las sombras, sin imagen pública alguna, con comunicación exclusiva con el político que asesoran. Aunque no se garantiza el éxito, su logro depende en mucho del apoyo que estos grupos brindan.

No sé si el presidente Solís dispone de tal apoyo, pero la forma en que enfrentaron los acontecimientos de las últimas semanas indica un faltante de anticipación. Seguramente en Casa Presidencial estarán molestos con Ottón Solís, con el PAC, con los medios y con otros posibles participantes en la forzada salida de Iván Barrantes del grupo íntimo de Luis Guillermo Solís. La verdad es que el “asunto” se veía venir, puesto que periodistas, comentaristas u “opinadores” como les calificó Barrantes, militantes del PAC e incluso miembros del gobierno, habían puesto el ojo en el trío integrado por el ministro de la Presidencia, el director de la DIS y el propio ex asesor: los hombres del Presidente, como se les denominó.

Un trío que se percibía, con razón o sin ella, como concentrador de poder y por tanto hacedor de las principales decisiones del gobierno; pero un trío con debilidades. Particularmente, el ministro Jiménez no ha logrado desarrollar una imagen pública compatible con el cargo que desempeña y no son pocos los grupos de la sociedad civil que se quejan de su incapacidad para actuar como interlocutor del gobierno. No le favorece, además, el hecho de que su continuidad en el cargo dependa de una resolución de la Sala Constitucional.

El eslabón más débil del trío era Barrantes, quien además mostró los ajustados límites de su experticia política con el inadecuado manejo de los medios que hizo durante los días en que duró la crisis, incluyendo el anuncio de su salida como una decisión personal, dejando en entredicho al Presidente, quien horas más tarde afirmó que se trataba de una separación decidida por él tres días antes.

Preguntas: ¿por qué entonces no se hizo un comunicado de prensa para evitar que la Asamblea del PAC aprobara la exigencia de salida de Barrantes? ¿Si se hubiera hecho, los acontecimientos siguientes hubieran tomado otro curso, evitando la derrota política que sufrió Solís y el fortalecimiento de sus enemigos internos y externos? ¿Sigue ahora Melvin Jiménez?

¿Quién gobierna?

Las denuncias sobre dineros gastados innecesariamente por el PAC en la autenticación de firmas, y las elevadas sumas pagadas a quien supuestamente condujo a la victoria a Luis Guillermo Solís –hoy asesor ad honorem--, hace saltar nuevamente la interrogante sobre el grado de influencia de los partidos en los gobiernos que eligen.

La realidad es que en Costa Rica los partidos políticos proporcionan el andamiaje para elegir presidente de la República, diputados y otros funcionarios, pero en sentido estricto no gobiernan. Esa es una de las grandes paradojas del sistema político costarricense. No lo hacen por varias razones, entre las que conviene destacar la debilidad de los partidos, que solamente funcionan como maquinarias más o menos eficientes en la consecución de los votos, y el anticuado ordenamiento legal que obliga a la separación formal entre partido y gobierno.

Durante la campaña electoral los partidos son tomados por el candidato y su grupo íntimo de “cocina”, generalmente muy pequeño y no necesariamente integrado en su totalidad por miembros del partido. Toda la estructura partidaria se supedita a ese mandato, incluyendo las estructuras formales, que entran en una especie de letargo invernal. El candidato y su grupo toman la mayoría de las decisiones y manejan a su antojo la campaña y las finanzas, a veces saltándose las reglas establecidas por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La presidencia del partido y la secretaría son escasamente consultadas, y sus criterios a menudo son mal vistos, porque mientras unos piensan en ganar elecciones, los otros lo hacen en el futuro partidario, más allá de un probable gobierno. Si se ganan las elecciones, el grupo íntimo sigue tomando las decisiones con el presidente electo, excluyendo a las estructuras formales partidarias. Sin embargo, a la hora de las verdades es el comité ejecutivo el que tiene que rendir cuentas de los gastos al TSE y hacerse responsable de las tortas que otros pueden haber cometido.

El caso particular del PAC es aún más complicado, porque ha elegido por primera vez un gobierno, y como se trata de un partido pequeño, resultaba imposible llenar los cargos solo con militantes y simpatizantes con las calidades necesarias para desempeñarlos. Hubo que recurrir a personas ajenas al partido, muchas con visiones alejadas de lo que ha sido el planteamiento tradicional del PAC. Pero el cedazo empleado como filtro cumplió su papel a medias y no son pocos los “colados”, con las consiguientes inconsistencias en la acción gubernamental.

Resultado: la separación entre partido y gobierno ha empezado a ahondarse. Sin embargo, uno y otro se necesitan. Para seguir manteniéndose como partido el PAC requiere un gobierno exitoso; a su vez el gobierno necesita el apoyo del partido, sobre todo de cara a las elecciones de 2016. ¿Profundizaran sus diferencias o lograran un acuerdo aceptable para ambos, aunque se tenga que sacrificar personas?

¿Dónde está la bola?

No vamos a hablar más del culebrón de la "Sele" y Pinto. Tampoco de fútbol, aunque usemos algunos términos del argot de ese deporte. En realidad queremos hablar sobre lo que sucede en la cancha política, una vez pasadas las distracciones del mundial y sus sorpresivas secuelas.

La bola ahora está del lado del gobierno; le toca moverla y los ojos de la mayoría ciudadana están enfocados en el Presidente y en los ministros. Es el momento de presentación de las principales líneas estratégicas y de los planes y proyectos específicos que guiarán al equipo gubernamental en los próximos tres años y resto. Los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa en el corto período de extraordinarias del mes de agosto deberían formar parte de ese movimiento. 

Sin embargo, la convocatoria realizada no permite vislumbrar con claridad ese rumbo:  70 proyectos de ley conforman un revoltillo, producto, se ha dicho, de una negociación con las diferentes fracciones parlamentarias. Se afirma, además, que solamente seis son cosecha del gobierno de Solís y de la fracción del PAC; y que los 64 restantes son herencia de la administración anterior. Afuera quedaron FIV y sociedades de convivencia.

En todo caso, demasiados proyectos para tan poco tiempo; nos hubiera gustado una agenda más depurada y con una dirección manifiesta, pero no podemos olvidar que el PAC solamente logró elegir a trece diputados, uno de ellos todavía no integrado oficialmente a la fracción, pese a que acompañó al Presidente en su gira por Guanacaste, donde hizo gala de su cercanía con él. Así que ni modo, había que negociar con las otras fracciones, cuyos intereses son difusos en la mayoría de los casos. Es una pena que no se pueda negociar paquetes completos con base en coincidencias sobre el rumbo que mejor convenga al país en su conjunto.

Aparte de eso, también existe la necesidad de apagar incendios, como la situación insostenible del FONABE. Dicho sea de paso, los medios han estado plagados de denuncias y más denuncias sobre malos manejos, ineficiencia y corrupción monda y lironda en las instituciones públicas del país.  Aparte del FONABE, en la Caja, en el ICE, en el MEP, en el Ministerio de Cultura, en FONABE, en el INVU, en RECOPE, en ARESEP y seguramente la lista seguirá ampliándose. Denuncias que obligan al gobierno a ocuparse de ellas y a intentar cambios sobre la marcha.

Ahora las expectativas están enfocadas en el mensaje presidencial de los próximos días. Se ha dicho que el presidente Solís visitará la Asamblea para dar un informe sobre la situación en la que encontró ministerios e instituciones públicas --lo que ha denominado "finca encharralada"-- y donde fijará las metas de su gobierno y los medios para alcanzarlas durante su período presidencial. Está por verse si dicho mensaje será seguido de un debate con los diputados de las diferentes fracciones, en lo que sería un acto sin precedentes en la historia política del país.