De acuerdo con informaciones dadas a conocer la semana
anterior por el diario La Nación, de los préstamos otorgados a Costa Rica por diversas
entidades financieras, que ascienden a 2.574 millones de dólares, solamente se
ha ejecutado un 26%. No se usan los
recursos pero se tiene que pagar sumas elevadas por intereses anuales y
comisiones. ¡Qué buen negocio para el
país!
Esta revelación muestra algunas de las facetas del
funcionamiento institucional del país.
Por un lado, falta de planificación a mediano y largo plazo. Los gobiernos definen sus planes sin tomar en
cuenta, la gran mayoría de las veces, lo que plantearon los anteriores. Es así como los créditos solicitados por un
gobierno pueden no interesar al siguiente, incluso si es del mismo partido. Por tanto, proyectos de beneficio para el
país y las comunidades no se ejecutan o su desarrollo se hace tan lentamente,
que terminan siendo irrelevantes. Quizás
el caso más significativo sea el proyecto Limón Ciudad-Puerto, para cuyo
desarrollo el Banco Mundial otorgó un crédito de 72 millones de dólares. Solamente se ha ejecutado el 12% en cinco
años y el resto del préstamo está a punto de perderse. ¿Quiénes son los responsables?
La otra cara de la moneda es la ineficiencia institucional,
tanto en el diseño de los proyectos como en su ejecución. Se pide dinero pero luego no se sabe como
emplearlo o como vencer inconvenientes no previstos. Pero el tiempo transcurre y las oportunidades
se pierden. Si se mira hacia atrás se
podrá observar una serie de iniciativas que medio se pusieron en marcha pero
que luego se dejaron de lado, pese a la inversión de recursos económicos que se
emplearon en su planificación. La
ampliación de la avenida segunda, que se inició en los años cincuenta del siglo
pasado, sin que todavía haya concluido, es una muestra de la incapacidad
nacional para plantearse grandes metas en el plano del desarrollo vial y
concluirlas en plazos razonables.
Por supuesto que en este señalamiento de factores no se
puede dejar de lado la corrupción, que juega también un papel manifiesto en la
ineficiencia institucional. Por esa
razón el anuncio del presidente Solís de un informe al país, al cumplirse 100
días de su gestión, sobre el estado en que ha encontrado el aparato
gubernamental, ha despertado las expectativas ciudadanas. Dijo que desgraciadamente los casos de
corrupción que han descubierto no son pocos ni pequeños.
Está bien que lo haga, porque mal haría en quedarse callado
e intentar construir las bases de su administración sobre estructuras
carcomidas. La ciudadanía votó
mayoritariamente por un cambio en la gestión gubernamental, sobre todo en el
fortalecimiento de la eficiencia y de la honestidad en el manejo de los fondos
públicos. Esa esperanza no se ha
debilitado. Así que adelante con el
informe, pero también con un planteamiento de acción gubernamental que recoja
las otras promesas formuladas durante la campaña.
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