La sospecha razonable

Mucho se insiste que los gobiernos no pueden hacer nada, porque el entramado legal y las presiones de grupos y comunidades operan como un conjunto de obstáculos que abortan o demoran la toma de decisiones y la ejecución de obras y programas.  Seguramente hay mucho de eso, pero si no fuera por esos filtros los perjuicios para el país de ciertas decisiones serían mayores.  No solamente porque algunas son erradas o costosas, sino porque también pueden incluir componentes indeseables:  los negocios personales o “chorizos”. 

La sospecha razonable pende sobre las decisiones que toman los poderes de la República, fundamentalmente el ejecutivo.  Todo hay que examinarlo con cuidado y pese a ello los filtros a veces no funcionan por descuido o por mandatos omisos, que impiden la acción de los órganos contralores.  En esos casos la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental, como ha sucedido con la concesión a OAS, que la Contraloría había dejado pasar sin más.

La semana anterior, en un artículo de opinión publicado en La Nación, el ministro René Castro dejó en claro las presiones recibidas en torno al asunto de Crucitas, por parte del ex presidente Arias.  Dijo que había exigido que en la campaña electoral de 2010 se “…diera seguridades en privado y en público a Industrias Infinito”.  Probablemente se sentía con derecho a hacer esa y otras exigencias, a una candidata que él impulsó y que consideraba debería seguir en lo fundamental las líneas trazadas por su gobierno.  Al fin y al cabo “la mesa quedaba servida”, como afirmó Arias en abril de 2010, y Laura Chinchilla tenía que limitarse a administrar la herencia que se le dejaba.

Menuda herencia:  déficit fiscal, Crucitas, negociación con la empresa china para la construcción de una refinería en Limón, una carretera a Caldera con problemas, la concesión de la carretera La Sabana – San Ramón y otros asuntillos.  Parte fundamental de esa herencia se ha caído en estos días, gracias a las luchas desarrolladas por comunidades y organizaciones ciudadanas y a las denuncias formuladas ante las instancias correspondientes. 

Primero se detuvo la concesión de obra en la carretera Sabana-San Ramón, asunto que todavía no termina de finiquitarse.  En segundo lugar, la Sala Constitucional parece haber puesto fin al capítulo de Crucitas, al menos en los estrados nacionales.  Finalmente, la Contraloría, tarde pero no demasiado, se trajo prácticamente abajo el proyecto de la refinería, alegando vicios en la contratación del estudio de factibilidad.  Una refinería que parece ser un buen negocio para los chinos, pero pésimo para las y los costarricenses.

Pero no todo es herencia.  En estos días también la Contraloría ha dictado nulidad en la adjudicación del diseño de la Trocha Fronteriza, que forma parte de la colección de meteduras de pata de este gobierno.