El tipo de partido que prevalece en el país, con
excepciones por supuesto, es el descafeinado. Conservan el saborcillo, pero han
perdido algunos de sus componentes esenciales, quedando reducidos a maquinarias
electorales que funcionan cada cuatro años. Ya no proporcionan la energía
movilizadora de antaño, ni proveen a las personas de identidades políticas
basadas en visiones particulares sobre el papel del estado y la vida en
sociedad.
En los períodos electorales buscan atraer
“consumidores” con frases y lemas que sean atractivos a públicos diversos,
promoviendo candidaturas con maquillajes vistosos que buscan disimular
carencias, intenciones ocultas o los grupos de interés que manejan el partido.
Como en un espectáculo de títeres, se trata de distraer la atención de los
potenciales votantes, que terminan olvidándose de quienes manejan los hilos de
los muñecos y votan, entonces, por candidaturas y listas de diputados y
regidores que aparentemente representan a todos y a nadie en particular.
Los partidos políticos y la representación
ciudadana en la Asamblea Legislativa son dos incómodas piedras en los zapatos
de esta democracia. Se necesitan reformas urgentes en ambos ámbitos, pero,
¿cómo llevarlas a cabo si la mayor parte de las transformaciones deben hacerse
con la aprobación de los partidos y estos no muestran mayor interés en
empujarlas? ¿Hasta dónde tendremos que caer en el pozo de la desconfianza y la
falta de legitimidad social para que las camarillas y grupos que los controlan
las acepten?
Para muestra un botón: la propuesta para bajar el
monto de la deuda política del 0,19% al 0,11% del Producto Interno Bruto ocupa
el lugar 57 de la agenda legislativa, sin que se sepa si se va a aprobar, a
unos pocos meses de iniciar la campaña electoral. Si no se aprueba se
derrocharían miles de millones de colones que podrían tapar muchos de los
agujeros existentes.
Un mejoramiento de la representación pasa por
invertir la dinámica prevaleciente: primero se elige al candidato o candidata y
luego se intenta montarle una plataforma electoral. Si fuera al revés, es
decir, si los partidos definieran sus plataformas con anterioridad y con base
en ellas se seleccionaran las candidaturas, sabríamos a qué atenernos al votar.
Además, las y los potenciales electores deberían intervenir más en la selección
de las listas partidarias y en la elección final de diputadas y diputados. Eso
pasa por el establecimiento de un sistema mixto de elección: listas nacionales
o provinciales y candidaturas individuales en nuevos distritos electorales.
También por la existencia de mecanismos
institucionalizados de relación con la ciudadanía, y de participación directa
de ésta en algunos ámbitos de la toma de decisiones, lo que de todas maneras ha
venido ocurriendo en lo que va del siglo, a la fuerza, en las calles, desde el
“combo del ICE” en adelante.
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