La prensa internacional ha informado sobre un movimiento protagonizado fundamentalmente por jóvenes, que tomó desprevenidos a los partidos políticos españoles, enfrascados en los preparativos para las elecciones que se celebraron el 22 de mayo, con los resultados conocidos. Este movimiento, denominado “Democracia real ya” o 15-M, tomó la céntrica plaza madrileña del Sol y plazas de otras ciudades, en una especie de interpelación ciudadana hacia la sociedad, los partidos y el estado españoles.
En el manifiesto dado a conocer dicen lo siguiente: “Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.”
Es un movimiento que abarca un conjunto social de personas de diversas clases sociales, desempleados, subcontratados, con trabajo en precario, jubilados con bajas pensiones, emigrantes explotados, pese a que muchos de ellos, sobre todo los jóvenes, son graduados de carreras técnicas o tienen títulos universitarios y hablan varios idiomas. Estos últimos son los llamados mileuristas, porque pasaron por la universidad pero sus salarios no superan los mil euros, cantidad que apenas les alcanza para pagar una vivienda colectiva y mal comer.
Pero la protesta está también dirigida contra un estado de cosas que les parece inaceptable, y que abarca los privilegios de la clase política, la crisis de representación, el gasto militar, la calidad de los servicios públicos, las reformas que recortan derechos sociales, el control de las entidades bancarias y el resguardo de las libertades ciudadanas. En su página en Internet, dicen lo siguiente: “Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo.”
Es difícil prever si esta protesta logrará mantenerse más allá del momento de las elecciones regionales y locales españolas, y provocar un fuerte impacto sostenido en la política y en el conjunto de la sociedad. Por ahora han llamado suficientemente la atención sobre la difícil situación que enfrentan y han introducido aire fresco en el enrarecido ambiente político europeo, porque en otras ciudades de ese continente se han producido movimientos similares.
¡Me pregunto si en Costa Rica no hay ya suficientes motivos para sentirnos más que indignados, sobre todo después de lo acontecido últimamente en el gobierno central, la Asamblea Legislativa y el poder judicial!
martes, 31 de mayo de 2011
martes, 24 de mayo de 2011
El financiamiento de los partidos
La investigación en torno a la procedencia de los fondos que financiaron gran parte de la campaña del Partido Movimiento Libertario ha vuelto a elevar la temperatura del pleno legislativo, ya de por sí caliente por lo ocurrido el 1 de mayo y sus secuelas. Está bien que se aclare de una vez por todas el origen de los fondos y que “cada palo aguante su vela”, como dijo el propio Otto Guevara.
El control de las contribuciones a partidos es una de las debilidades de la normativa vigente, lo que amerita una nueva discusión del capítulo y la aprobación de las reformas necesarias para evitar, en lo posible, que se repitan los problemas detectados. Aunque seguramente otros aparecerán, porque el problema de fondo no son los controles, sino la forma de plantear y desarrollar las campañas electorales.
Como se ha dicho muchas veces, aquellas no son precisamente períodos que favorezcan la reflexión ciudadana alrededor de la escogencia de autoridades y representantes, y mucho menos sobre la situación del país y su futuro. Son carnavales donde se promueven mercancías políticas, recurriendo a las modas impuestas por publicistas, donde lo que predomina son los lemas, las cantinelas, las imágenes, los colorines y los fuegos artificiales, para saturar y aturdir a las poblaciones y llevarlas a las urnas electorales sin meditación alguna sobre las consecuencias del voto que van a emitir.
Pero como en todo carnaval, se necesita mucho dinero, sobre todo porque la presencia en la televisión es vital. Como se dice, quien no está en ese medio no existe. Así es la realidad. Hay que buscar entonces el dinero como sea, porque el financiamiento público no alcanza y su tramitación es lenta, además de que hay otros gastos elevados, como el transporte, a pesar de que los estudios han mostrado que la gran mayoría de los votantes se desplaza hacia las urnas por sus propios medios. Por supuesto que ese mundo está vedado a los partidos nuevos o pequeños, porque como se demostró en la última campaña electoral, la posibilidad de financiamiento previo es letra muerta. Bancos y financistas no están dispuestos a correr riesgos más allá de ciertos límites.
Sería quizás hora de ir más allá en el tema del financiamiento y exonerar a los partidos de la búsqueda de fondos para propaganda. En otros países se han ensayado mecanismos que han resultado útiles. Por ejemplo, en México los partidos políticos no pueden contratar espacio en la televisión y otros medios de comunicación. Es el Instituto Federal Electoral el que hace directamente la contratación y distribuye el espacio entre los partidos: una parte, la mayor, proporcionalmente, de acuerdo a los votos obtenidos en la anterior elección, y el sobrante, igualitariamente entre todos ellos.
No se satura la televisión y otros medios con propaganda cansina e irrelevante, y los partidos quedan liberados de conseguir el dinero y talvez mejoren las campañas.
El control de las contribuciones a partidos es una de las debilidades de la normativa vigente, lo que amerita una nueva discusión del capítulo y la aprobación de las reformas necesarias para evitar, en lo posible, que se repitan los problemas detectados. Aunque seguramente otros aparecerán, porque el problema de fondo no son los controles, sino la forma de plantear y desarrollar las campañas electorales.
Como se ha dicho muchas veces, aquellas no son precisamente períodos que favorezcan la reflexión ciudadana alrededor de la escogencia de autoridades y representantes, y mucho menos sobre la situación del país y su futuro. Son carnavales donde se promueven mercancías políticas, recurriendo a las modas impuestas por publicistas, donde lo que predomina son los lemas, las cantinelas, las imágenes, los colorines y los fuegos artificiales, para saturar y aturdir a las poblaciones y llevarlas a las urnas electorales sin meditación alguna sobre las consecuencias del voto que van a emitir.
Pero como en todo carnaval, se necesita mucho dinero, sobre todo porque la presencia en la televisión es vital. Como se dice, quien no está en ese medio no existe. Así es la realidad. Hay que buscar entonces el dinero como sea, porque el financiamiento público no alcanza y su tramitación es lenta, además de que hay otros gastos elevados, como el transporte, a pesar de que los estudios han mostrado que la gran mayoría de los votantes se desplaza hacia las urnas por sus propios medios. Por supuesto que ese mundo está vedado a los partidos nuevos o pequeños, porque como se demostró en la última campaña electoral, la posibilidad de financiamiento previo es letra muerta. Bancos y financistas no están dispuestos a correr riesgos más allá de ciertos límites.
Sería quizás hora de ir más allá en el tema del financiamiento y exonerar a los partidos de la búsqueda de fondos para propaganda. En otros países se han ensayado mecanismos que han resultado útiles. Por ejemplo, en México los partidos políticos no pueden contratar espacio en la televisión y otros medios de comunicación. Es el Instituto Federal Electoral el que hace directamente la contratación y distribuye el espacio entre los partidos: una parte, la mayor, proporcionalmente, de acuerdo a los votos obtenidos en la anterior elección, y el sobrante, igualitariamente entre todos ellos.
No se satura la televisión y otros medios con propaganda cansina e irrelevante, y los partidos quedan liberados de conseguir el dinero y talvez mejoren las campañas.
martes, 17 de mayo de 2011
Los juicios y la política
Escasas tres semanas mediaron entre la sentencia en el juicio ICE-ALCATEL y el fallo de la Sala III que ratificó la condena del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y demás imputados en el juicio CAJA-Fischel. Dos expresidentes condenados, uno en primera instancia y el otro definitivamente.
El impacto sobre la ciudadanía ha sido fuerte, aunque pareciera que para un importante sector en ambos casos las condenas no cumplieron con sus expectativas. Dados los perfiles de los principales imputados y la índole de los delitos, se esperaban condenas mayores. La gente se hace sus ideas sobre culpabilidades y castigos, pero los jueces emiten sus fallos con base en pruebas válidas y declaraciones de testigos, de acuerdo a lo que señalan las leyes, sus interpretaciones y sus conciencias. Pese a la diferencia entre expectativas y resultados, lo cierto es que ambos expresidentes han sido condenados, y la forma en que votaron los jueces es conocida. Aquí no hay posibilidad de eludir responsabilidades.
Con las condenatorias los actuales dirigentes del PUSC esperan poder pasar la página y dedicarse a reconstruir el Partido, pero el daño sufrido es enorme y no es tan fácil deshacerse de tan pesado fardo. Seguramente tendrán que pasar muchos años antes de que se logren mitigar esos daños, y no antes de que emerja, si logra hacerlo, una nueva generación de dirigentes, sin nexos directos con la historia del Partido en estas décadas. El PUSC apenas ha iniciado “la travesía del desierto”, para usar la imagen bíblica, y veremos si logra completarla. Mientras tanto no le queda otro camino que tratar de sacar el mejor provecho posible de su situación de partido minoritario.
Los desenlaces de los juicios no solamente tocan a ese Partido. Afectan a la política en general y por tanto al conjunto de los partidos políticos. No hay que olvidar, además, que aunque sobre el expresidente Figueres Olsen no pesa ninguna causa pendiente, el grueso de la ciudadanía piensa que hizo algo indebido, aunque no necesariamente ilegal, y que no se arriesgó, como los otros dos expresidentes, a dar la cara y exponer su versión de los hechos en el momento y ámbito apropiados. Prefirió tomar el camino de una especie de autoexilio.
Según los datos del Latinobarómetro para 2010, en Costa Rica solamente el 24% de las personas encuestadas indicó que le interesaba algo la política. La gran mayoría se mostró poco o nada interesada. Seguramente los resultados de los juicios a los expresidentes y otros personajes políticos no ayudarán a cambiar estas opiniones, y amplios sectores de la ciudadanía reafirmarán su creencia de que la política es sucia y que los políticos son desconfiables y solamente persiguen intereses personales o de grupo.
La verdad es que muchos de los actuales diputados y algunos otros políticos poco o nada hacen por cambiar esa percepción. Más bien parece que se han puesto de acuerdo para reafirmarla.
El impacto sobre la ciudadanía ha sido fuerte, aunque pareciera que para un importante sector en ambos casos las condenas no cumplieron con sus expectativas. Dados los perfiles de los principales imputados y la índole de los delitos, se esperaban condenas mayores. La gente se hace sus ideas sobre culpabilidades y castigos, pero los jueces emiten sus fallos con base en pruebas válidas y declaraciones de testigos, de acuerdo a lo que señalan las leyes, sus interpretaciones y sus conciencias. Pese a la diferencia entre expectativas y resultados, lo cierto es que ambos expresidentes han sido condenados, y la forma en que votaron los jueces es conocida. Aquí no hay posibilidad de eludir responsabilidades.
Con las condenatorias los actuales dirigentes del PUSC esperan poder pasar la página y dedicarse a reconstruir el Partido, pero el daño sufrido es enorme y no es tan fácil deshacerse de tan pesado fardo. Seguramente tendrán que pasar muchos años antes de que se logren mitigar esos daños, y no antes de que emerja, si logra hacerlo, una nueva generación de dirigentes, sin nexos directos con la historia del Partido en estas décadas. El PUSC apenas ha iniciado “la travesía del desierto”, para usar la imagen bíblica, y veremos si logra completarla. Mientras tanto no le queda otro camino que tratar de sacar el mejor provecho posible de su situación de partido minoritario.
Los desenlaces de los juicios no solamente tocan a ese Partido. Afectan a la política en general y por tanto al conjunto de los partidos políticos. No hay que olvidar, además, que aunque sobre el expresidente Figueres Olsen no pesa ninguna causa pendiente, el grueso de la ciudadanía piensa que hizo algo indebido, aunque no necesariamente ilegal, y que no se arriesgó, como los otros dos expresidentes, a dar la cara y exponer su versión de los hechos en el momento y ámbito apropiados. Prefirió tomar el camino de una especie de autoexilio.
Según los datos del Latinobarómetro para 2010, en Costa Rica solamente el 24% de las personas encuestadas indicó que le interesaba algo la política. La gran mayoría se mostró poco o nada interesada. Seguramente los resultados de los juicios a los expresidentes y otros personajes políticos no ayudarán a cambiar estas opiniones, y amplios sectores de la ciudadanía reafirmarán su creencia de que la política es sucia y que los políticos son desconfiables y solamente persiguen intereses personales o de grupo.
La verdad es que muchos de los actuales diputados y algunos otros políticos poco o nada hacen por cambiar esa percepción. Más bien parece que se han puesto de acuerdo para reafirmarla.
martes, 10 de mayo de 2011
No es cogobierno
Los sucesos del 1 de mayo han dado lugar a muchas confusiones, originadas en los discursos de políticas y políticos. Ha quedado de manifiesto la ignorancia y la poca rigurosidad en el uso de ciertos términos y conceptos, pero también los intentos de justificar lo injustificable y enredar a la ciudadanía.
Lo del voto secreto parece que se ha aclarado suficientemente. Se trata de una conquista ciudadana que se practica en procesos electorales de carácter nacional o local, con el fin de evitar la coerción de autoridades y caciques políticos.
No es algo extensivo automáticamente a otros espacios y mucho menos a aquellos en los cuales votan representantes, que deben hacerlo de la manera más transparente posible.
Después de la elección del directorio legislativo multicolor, el discurso de los perdedores ha cambiado y ahora intentan nuevamente confundir a la opinión pública, responsabilizando a las fracciones que componen la “Alianza por Costa Rica” de lo que el gobierno pueda hacer o no hacer en los próximos doce meses.
El artículo 9 de la Constitución Política dice lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” Más adelante la Constitución señala claramente las funciones de cada uno de los poderes, y al Legislativo le corresponde, por delegación del pueblo, la potestad de legislar. Al Poder Ejecutivo le competen otras funciones que no están siendo asumidas o disputadas por la Alianza.
Tampoco hemos entrado en una etapa de cogobierno. Cogobernar implicaría repartición de cargos tanto en el ejecutivo como en el legislativo, entre partidos o coaliciones, con base en un acuerdo o programa a ejecutar en un plazo determinado. Nada más alejado de lo que ha ocurrido.
Lo que hemos empezado a vivir en Costa Rica es más bien una especie de “gobierno dividido”, porque el Ejecutivo está en manos del Partido Liberación Nacional, y el control del directorio legislativo en manos de la Alianza. Eso no altera, por supuesto, la distribución de funciones señalada constitucionalmente, pero obliga a la búsqueda o construcción de puntos de acuerdo, salvo que se quiera crear caos político.
El hecho de que la Alianza no sea homogénea, es decir, que esté conformada por partidos con posiciones ideológicas programáticas diferentes, complica el panorama, hay que admitirlo, pero no necesariamente crea ingobernalidad. Aumenta, eso sí, la responsabilidad de los diferentes actores políticos, de cara a una ciudadanía que espera respuestas efectivas a los problemas que enfrenta el país.
Si prima la madurez y la racionalidad, mayo de 2011 podría convertirse no solamente en un punto de quiebre en lo que han sido las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino también en las formas de relacionarse los partidos entre sí y, en general, en la manera de hacer política.
Lo del voto secreto parece que se ha aclarado suficientemente. Se trata de una conquista ciudadana que se practica en procesos electorales de carácter nacional o local, con el fin de evitar la coerción de autoridades y caciques políticos.
No es algo extensivo automáticamente a otros espacios y mucho menos a aquellos en los cuales votan representantes, que deben hacerlo de la manera más transparente posible.
Después de la elección del directorio legislativo multicolor, el discurso de los perdedores ha cambiado y ahora intentan nuevamente confundir a la opinión pública, responsabilizando a las fracciones que componen la “Alianza por Costa Rica” de lo que el gobierno pueda hacer o no hacer en los próximos doce meses.
El artículo 9 de la Constitución Política dice lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.” Más adelante la Constitución señala claramente las funciones de cada uno de los poderes, y al Legislativo le corresponde, por delegación del pueblo, la potestad de legislar. Al Poder Ejecutivo le competen otras funciones que no están siendo asumidas o disputadas por la Alianza.
Tampoco hemos entrado en una etapa de cogobierno. Cogobernar implicaría repartición de cargos tanto en el ejecutivo como en el legislativo, entre partidos o coaliciones, con base en un acuerdo o programa a ejecutar en un plazo determinado. Nada más alejado de lo que ha ocurrido.
Lo que hemos empezado a vivir en Costa Rica es más bien una especie de “gobierno dividido”, porque el Ejecutivo está en manos del Partido Liberación Nacional, y el control del directorio legislativo en manos de la Alianza. Eso no altera, por supuesto, la distribución de funciones señalada constitucionalmente, pero obliga a la búsqueda o construcción de puntos de acuerdo, salvo que se quiera crear caos político.
El hecho de que la Alianza no sea homogénea, es decir, que esté conformada por partidos con posiciones ideológicas programáticas diferentes, complica el panorama, hay que admitirlo, pero no necesariamente crea ingobernalidad. Aumenta, eso sí, la responsabilidad de los diferentes actores políticos, de cara a una ciudadanía que espera respuestas efectivas a los problemas que enfrenta el país.
Si prima la madurez y la racionalidad, mayo de 2011 podría convertirse no solamente en un punto de quiebre en lo que han sido las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, sino también en las formas de relacionarse los partidos entre sí y, en general, en la manera de hacer política.
lunes, 2 de mayo de 2011
Echar la democracia por la borda
Lo sucedido el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa no es un hecho aislado; forma parte de un conjunto de golpes que ha sufrido la democracia costarricense, sobre todo en la última década. Golpes que amenazan con colocarla en situación difícil si los diversos actores no toman conciencia sobre lo que se está jugando. Golpes que no provienen precisamente de grupos subversivos sino de políticos y autoridades que un día sí y otro también, afirman ser acérrimos defensores de la democracia.
Los acontecimientos de los que hablamos muestran con claridad que es muy fácil afirmar la creencia en los valores democráticos, pero que es muy difícil ser consecuente con ellos, sobre todo cuando entra en juego el control del poder y cuando intereses individuales o de grupo se sienten amenazados. Intereses que muchas veces se hacen pasar como los reales “intereses nacionales”, cuya defensa justifica el uso de cualquier medio, aunque se quebranten los principios democráticos.
Se golpea a la democracia cuando se usan triquiñuelas para pasar por encima de la Constitución y forzar una reelección, o cuando se recurre a medias verdades y mentiras para asustar a sectores sociales vulnerables, que se sienten obligados a votar de una determinada manera, para supuestamente defender los puestos de trabajo de los cuales dependen, como sucedió durante el referéndum de 2007. Y mejor no hablamos sobre el llamado “memorando del miedo.”
El juego democrático implica, entre otras cosas, incertidumbre sobre el resultado de los procesos, incluyendo por supuesto elecciones y votaciones. Pretender tener todo amarrado antes de aventurarse a una consulta determinada, no es precisamente ser democrático, sobre todo cuando se recurre a mecanismos como el chantaje o a la compra de votos, aprovechando las debilidades o las ambiciones de personas o grupos sociales determinados.
El voto secreto es una prerrogativa ciudadana, pero no debe cobijar también a las y los representantes legislativos, que deben ser responsables de sus actos y deben rendir cuentas a sus electores sobre su gestión, incluyendo su voto en la elección de autoridades legislativas. El voto secreto en este caso atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública y constituye un elemento que propicia el chantaje y la corrupción.
Por esa razón no es válido el argumento esgrimido por la fracción del PLN para cambiar las reglas del juego en lo que se refiere a la forma de votación de las y los diputados en la sesión del 1 de mayo. Con la supuesta defensa del voto secreto, lo que dicha fracción pretendía era lograr que algunos diputados palabreados rompieran, sin dar la cara, el acuerdo logrado por la Alianza opositora. ¿Así se defiende la democracia?
Admitamos que la oposición se excedió en sus controles, pero admitamos también que estaban enfrentando al poder y sus posibilidades de persuasión y compra de votos a ciertos diputados. Por supuesto que eso dice mucho también de lo que sucede dentro de algunas de las fracciones de oposición, de la congruencia de sus líneas de trabajo y de su disciplina interna.
Hay que aceptar que la democracia implica que a veces se gana pero que también muchas veces se pierde, y que aferrarse al poder a toda costa es echar la democracia por la borda. ¿Vale la pena enfrentar tal riesgo para mantener el control del directorio legislativo a como haya lugar? Lo que sucedió el 1 de mayo muestra claramente hasta donde algunos grupos políticos están dispuestos a llegar.
Los acontecimientos de los que hablamos muestran con claridad que es muy fácil afirmar la creencia en los valores democráticos, pero que es muy difícil ser consecuente con ellos, sobre todo cuando entra en juego el control del poder y cuando intereses individuales o de grupo se sienten amenazados. Intereses que muchas veces se hacen pasar como los reales “intereses nacionales”, cuya defensa justifica el uso de cualquier medio, aunque se quebranten los principios democráticos.
Se golpea a la democracia cuando se usan triquiñuelas para pasar por encima de la Constitución y forzar una reelección, o cuando se recurre a medias verdades y mentiras para asustar a sectores sociales vulnerables, que se sienten obligados a votar de una determinada manera, para supuestamente defender los puestos de trabajo de los cuales dependen, como sucedió durante el referéndum de 2007. Y mejor no hablamos sobre el llamado “memorando del miedo.”
El juego democrático implica, entre otras cosas, incertidumbre sobre el resultado de los procesos, incluyendo por supuesto elecciones y votaciones. Pretender tener todo amarrado antes de aventurarse a una consulta determinada, no es precisamente ser democrático, sobre todo cuando se recurre a mecanismos como el chantaje o a la compra de votos, aprovechando las debilidades o las ambiciones de personas o grupos sociales determinados.
El voto secreto es una prerrogativa ciudadana, pero no debe cobijar también a las y los representantes legislativos, que deben ser responsables de sus actos y deben rendir cuentas a sus electores sobre su gestión, incluyendo su voto en la elección de autoridades legislativas. El voto secreto en este caso atenta contra los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión pública y constituye un elemento que propicia el chantaje y la corrupción.
Por esa razón no es válido el argumento esgrimido por la fracción del PLN para cambiar las reglas del juego en lo que se refiere a la forma de votación de las y los diputados en la sesión del 1 de mayo. Con la supuesta defensa del voto secreto, lo que dicha fracción pretendía era lograr que algunos diputados palabreados rompieran, sin dar la cara, el acuerdo logrado por la Alianza opositora. ¿Así se defiende la democracia?
Admitamos que la oposición se excedió en sus controles, pero admitamos también que estaban enfrentando al poder y sus posibilidades de persuasión y compra de votos a ciertos diputados. Por supuesto que eso dice mucho también de lo que sucede dentro de algunas de las fracciones de oposición, de la congruencia de sus líneas de trabajo y de su disciplina interna.
Hay que aceptar que la democracia implica que a veces se gana pero que también muchas veces se pierde, y que aferrarse al poder a toda costa es echar la democracia por la borda. ¿Vale la pena enfrentar tal riesgo para mantener el control del directorio legislativo a como haya lugar? Lo que sucedió el 1 de mayo muestra claramente hasta donde algunos grupos políticos están dispuestos a llegar.
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