Construcción

Seguramente ustedes, amigas y amigos lectores, tendrán sus propias conclusiones sobre la indagatoria legislativa en la que se trató la conversación sostenida por la señora Procuradora General de la República y el exviceministro de la Presidencia. No sé si al final de cuentas se sabrá quién dice la verdad y quién miente, porque lo que tenemos son dos versiones contradictorias de los hechos, sostenidas por la señora Brenes y el señor Soley.

La pregunta que salta es si se debió llegar tan lejos en un asunto que pudo haber quedado zanjado en la conversación que mantuvieron el presidente Solís y la señora Brenes, donde, por lo que ella misma dijo, se le dio seguridades de que no se estaba buscando su renuncia, con ofrecimientos de embajadas y demás. ¿Cómo este asunto saltó al espacio público y se convirtió en un escándalo político? Ese aspecto no quedó claro en la indagatoria legislativa, quizás porque no era de interés de los diputados arrojar luz sobre la construcción del escándalo y sobre la intencionalidad subyacente: aparentemente precipitar la caída del ministro Jiménez e imponerle pautas al gobierno.

¿Quién ganó y quién perdió? Creo que todos los actores involucrados y la institucionalidad política del país salieron lesionados. El más perjudicado ha sido hasta ahora don Daniel Soley, quien tuvo que abandonar su cargo, aunque salió bien librado de la indagatoria legislativa, a pesar de que todas las baterías estaban dirigidas hacia él. Los términos en los que trazó su alegato inicial en la Comisión, desinflaron los cuestionamientos preparados por más de uno. ¿Por qué su contundente descargo no fue hecho antes?

El interrogatorio al que se sometió a la señora Brenes y a los señores Jiménez y Soley, deja mucho que desear de la forma en que buena parte de diputadas y diputados encara estos asuntos, con preguntas anodinas, con juicios de valor, con prejuicios y hasta con actitudes francamente machistas. Estos espectáculos no ayudan a mejorar la alicaída imagen de la Asamblea Legislativa: al contrario,   reafirman la necesidad de revisar integralmente la forma de elección de los diputados.

Otro asunto: esta es la última columna de la serie inaugurada hace más de cuatro años. No es un adiós sino un hasta luego. Otra forma de participación en el devenir político del país requiere ahora de mi atención. Me dedicaré a ella con la misma actitud crítica con la que he observado los hechos políticos nacionales e internacionales a lo largo de mi vida, y con el mismo propósito: contribuir al mejoramiento de la sociedad y la política costarricense.

Agradezco a Diario Extra y los editores de Página Abierta el haberme permitido comunicar mis ideas y opiniones en todos estos años. No sé si lo logré, pero lo hice con el afán de ayudar a esclarecer los no siempre transparentes hechos políticos. Espero volver a estas páginas en algún momento en el futuro próximo.

Milena

Durante las vacaciones de fin de año estuve leyendo una entretenida y reveladora novela del periodista y escritor mexicano, Jorge Zepeda Patterson, que ganó el Premio Planeta en 2014. Reveladora porque, como en su momento lo hizo Roberto Saviano con Gomorra, nos acerca a una realidad que ignoramos o preferimos ignorar. A un submundo cuya dinámica influye y altera el funcionamiento "normal" de la economía y de la política: el de la trata de personas, el del narcotráfico, el de los negocios ilícitos, etc. Un submundo donde las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad se vuelven viscosas y desaparecen.

En un pasaje de la novela, uno de los oscuros personajes dice lo siguiente: “Los verdaderos amos del universo no son los jefes de Estado y ni siquiera los empresarios de la lista de Forbes: son los operadores de los grandes fondos de inversión y los brokers que se mueven en las fronteras elásticas de la legalidad. Son ellos los que ocasionan que Perú aumente su PIB porque un mineral adquiere una cotización récord o que Grecia pueda respirar otros seis meses a cambio de entregar a los mercados financieros alguna isla o una empresa paraestatal.”

Una afirmación que no hay forma de corroborar con encuestas y otros instrumentos con los cuales las ciencias sociales pretenden legitimarse como tales, y que solamente un escritor puede darse el lujo de ponerla en blanco y negro sin que lo acusen de exageración, imprecisión o falta de rigurosidad académica. Para una cierta ciencia social lo que no puede medirse no existe, y este submundo no puede ciertamente medirse, pero existe. Está ahí, influyendo directa o indirectamente en nuestras vidas aunque intentemos disminuir su importancia o ignorarlo.

Zepeda Patterson además de periodista y escritor, es analista político y economista. Novela entonces una realidad que conoce bien y que algunos señalan como un caso extremo de maridaje entre poderes legales e ilegales, que ha seccionado la debilitada institucionalidad del país, dejando a buena parte de la ciudadanía en condiciones de indefensión en muchas zonas, como el extenso norte. ¿Pero solamente México se encuentra en tal situación o de alguna manera la historia se repite en la mayoría de los países de la región?

Difícil saber la situación de Costa Rica en esos aspectos, pero es necesario empezar de alguna manera a tomarlo en cuenta en nuestros análisis. A lo mejor ciertos inexplicables acontecimientos políticos y económicos podrían empezar a clarificarse. Al fin y al cabo la pretensión de la ciencia social es poner en duda la ilusión de transparencia que proyecta el acontecer social.

En fin, que recomiendo la lectura de "Milena o el fémur más bello del mundo", de Jorge Zepeda Patterson. No se van a arrepentir, sobre todo si lo hacen pensando que no se trata solamente de una  invención sino de una trama que revela partes de una realidad sumergida, que no puede explorarse a fondo sin arriesgar el pellejo.

No perdamos el 2015

En el 2014 esta sociedad vivió un socollón que alteró radicalmente lo que podríamos llamar, en términos figurativos, la topografía política del país. Después del 2 de febrero de 2014 las cosas dejaron de ser como antes: se cayeron paredes, se ladearon construcciones y desaparecieron de pronto los trillos y las veredas por los que estábamos acostumbrados a transitar confiadamente.

Hay que aprender a moverse en esas nuevas condiciones y en ese proceso nos encontramos, aunque parece que algunos no se han dado cuenta de las transformaciones y caminan tropezando por aquí y por allá, añorando un pasado que no volverá.

Como sucede después de un temblor de intensidad considerable, hay que quitar los escombros, reconstruir lo que sea posible, levantar nuevas edificaciones y trazar otros caminos. Y esto tiene que hacerse en el 2015.

Por supuesto que la responsabilidad mayor de la reconstrucción recae sobre el gobierno encabezado por Luis Guillermo Solís. Se le eligió con la esperanza de que pudiera hacerlo en un plazo prudencial. Por lo menos un sector significativo del electorado así lo consideró; pero el gobierno no lo puede hacer todo. Una reconstrucción en serio de la institucionalidad pública, eliminando rémoras y mejorando substancialmente sus niveles de desempeño, solamente puede hacerse si el conjunto de la sociedad se lo propone y si los actores sociales y políticos asumen la responsabilidad que les compete, levantando su mirada por encima de intereses particulares, egoísmos y aspiraciones políticas de corto plazo.

Las diferencias de criterio, los intereses particulares y los conflictos no van a desaparecer. Ellos forman parte de la salsa de la democracia, como también es parte integrante de ella la tolerancia y el respeto a las diferencias y la búsqueda racional de lo que nos une a pesar de las diferencias. Los sectores de oposición, especialmente el PLN, deben entender que el combate frontal al gobierno sin propuestas alternativas no les va a llevar a ningún lado, menos a la victoria en las elecciones de 2018. Pero, ¿tienen esas propuestas?

También el partido de gobierno es responsable de lo bueno y lo malo que suceda en este año. La desorganización imperante, la imposibilidad de diálogo continuo en el más alto nivel, así como las dificultades para la acción unitaria de la fracción paquista en la Asamblea, y de ésta con la dirigencia partidaria, son elementos que dificultan la negociación. ¿Cómo negociar con los adversarios si las filas del PAC están desorganizadas y envueltas en conflictos domésticos?

Este año es crucial para mejorar la eficiencia de la administración pública y bajar el déficit fiscal, frenando gastos innecesarios, mejorando la recaudación, pero también realizando una reforma impositiva de carácter progresivo que permita al gobierno disponer de recursos frescos para aumentar la inversión pública.

¡No dejemos que el 2015 se nos escape como agua entre los dedos!

Las perspectivas políticas

Estamos en los inicios del 2015. Buen momento para reflexionar en dónde estamos y hacia dónde pretendemos llegar como sociedad. Otros se han encargado de las perspectivas de la economía del país en el año que se inicia, indicando que no son tan lúgubres, sobre todo si se logra aprobar un conjunto de medidas que mejorarían la situación fiscal. Esa aprobación, sin embargo, tendría que ser el producto de un acuerdo básico entre partidos y sectores sociales, sobre el rumbo que debería tomar el país en su conjunto.

Pero ese acuerdo no existe y tampoco hay señales de que se pueda alcanzar a corto plazo. Los diálogos intersectoriales no han arrojado frutos y más bien lucen estancados por efecto de las medidas y acciones que ha debido tomar el gobierno, porque el tiempo no se detiene y los problemas y las demandas de solución saltan por doquier. Como sociedad estamos en una etapa en la cual predominan los intereses particulares, y donde los grupos de presión intentan halar la nave del estado por el rumbo que a cada uno de ellos mejor le conviene, en una competencia insensata que nos mantiene varados sin solucionar los serios problemas que nos aquejan.

Los partidos políticos, que supuestamente se deben encargar de la agregación de intereses diversos, dentro de rangos establecidos por sus diferentes visiones de mundo, están desorientados, fragmentados y apocados, sin que en su seno fuerzas renovadoras hagan su aparición. Acusan al gobierno de falta de rumbo, como maniobra distractora para ocultar su realidad: la carencia de norte. Seguramente por eso en las encuestas postelectorales los "sin partido" sigue siendo el grupo más grande. Incluso en el último año han decrecido notablemente los simpatizantes del PLN, debido seguramente a su pobre desempeño electoral, con un candidato que decidió sin razones claras no jugar el segundo tiempo del partido, y la desteñida actuación de la fracción en la Asamblea Legislativa en  2014.

La cercanía de las elecciones municipales seguramente no favorecerá el escudriñamiento interno, la depuración y la emergencia de planteamientos partidarios remozados. Las viejas dirigencias, sobre todo en la constelación opositora, siguen presas en las lógicas del pasado, registrando y agrandando los supuestos errores del gobierno, pensando que en 2018 ganarán las elecciones prácticamente caminando. No entienden que el mundo cambió y que al pasado pertenecen muchos líderes y dirigentes, esquemas y formas de acción política. La debilidad y el temor han sustituido la audacia de antaño, imposibilitando el pensar en grande.

En la sociedad civil hay mayores muestras de renovación, aunque el espacio público lo siguen ocupando viejas organizaciones y dirigencias gremiales y empresariales. En todo caso, los retoños son todavía escasos y carecen de la articulación necesaria para influir en forma determinante en la política, forzando la renovación de pensamiento, cuadros y partidos. 

Todo cambia

"Cambia, todo cambia", es el estribillo que se repite una y otra vez en la hermosa interpretación que hace Mercedes Sosa de la canción de Julio Numhauser. Una bella forma de recordarnos lo que vivimos cotidianamente, pero que muchas veces negamos, aunque sea parcialmente. Ni modo, no podemos negar que envejecemos; tampoco que el paisaje cambia; ni las variaciones del clima. A la fuerza tenemos que adaptarnos a esas transformaciones; pero en las ideas somos reacios al cambio.

Permanecemos prisioneros de planteamientos y creencias que pensamos inmutables. Tenía razón el gran historiador francés Fernand Braudel, cuando afirmaba que "Las ideas son cárceles de larga duración"; pero agregaba que "no es indispensable que permanezcamos todo el tiempo en dichas cárceles". Es decir, que tenemos la libertad para salirnos, pero no lo hacemos por ignorancia, terquedad o conveniencia; o por una combinación de los tres factores. Resultado: el presente se nos va convirtiendo en una entelequia; en algo incomprensible, que termina por aislarnos de la realidad del mundo que nos rodea. Eso le pasa a las personas viejas, pero no necesariamente a las que tienen mayor edad, porque hay viejos de 20, 30 y 40 años. Y hay jóvenes de setenta y más años.

Acontecimientos de los últimos días recuerdan dramáticamente la realidad del cambio y la imposibilidad de comprensión para muchas personas. Mientras que en Costa Rica ciertos sectores reaccionaban histéricamente ante el levantamiento del veto a la ley que reforma el Código Procesal Laboral, acusando al gobierno de abrirle las puertas al "comunichavismo", Obama ponía fin al último resabio que quedaba de la "guerra fría" en este lado del mundo. El restablecimiento de las relaciones con Cuba debe haber sido un golpe duro para quienes permanecen encarcelados en viejas ideas y concepciones del mundo.

La decisión de Obama no es un mero acto de voluntarismo; la toma porque hay un clima ciudadano que le permite hacerlo. Los resultados de encuestas realizadas en los Estados Unidos y en Florida, un Estado con una comunidad de origen cubano de considerable influencia política, le indicaban que la decisión iba a levantar mucho menos polvo del que se pensaba, como en efecto parece haber sucedido. Como lo había dicho Hillary Clinton en su libro "Decisiones difíciles", el embargo a Cuba había dejado de ser funcional desde hace mucho tiempo y obstaculizaba las relaciones con una América Latina que ha cambiado mucho políticamente. Buena parte de los países cuentan con gobiernos de centro o centro izquierda, que no se pliegan fácilmente, como en el pasado, a los dictados de Washington.

Otros cambios: el Parlamento Europeo votó a favor del reconocimiento del Estado Palestino.  Ya lo habían hecho varios países miembros y parlamentos de esa región. Y en América Latina las FARC, en Colombia, decretaron un alto al fuego unilateral e indefinido.

¡El mundo se mueve y cambia! Buenos presagios para el 2015.

El veto

Se alborotó el cotarro con el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral. Fracasaron todos los intentos de negociación entre el gobierno y las fracciones legislativas en la búsqueda de una alternativa al punto muerto al que se había llegado. No le quedó al presidente Solís otro camino que proceder al levantamiento y afrontar las consecuencias políticas de ese acto, fundamentalmente la ruptura de la triple alianza PAC, FA y PUSC. Una ruptura que seguramente también se hubiera producido de no hacerlo. En otras palabras, que se llegó a una encrucijada y no quedaba más remedio que tomar una decisión.

Es bueno recordar que el Código Procesal Laboral fue aprobado en 2012, con el voto de 40 diputados de diferentes partidos políticos, después de ocho años de discusión y de una negociación que en su momento fue señalada como ejemplar, entre los sindicatos y la cúpula de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCAAEP), y que fue avalada por la entonces ministra de trabajo y bienestar social del gobierno anterior, Sandra Pisk. Lo positivo de la ley, la novedad que encierra, es el aligeramiento de los juicios laborales, que favorece principalmente a los trabajadores, porque se prolongan por años con la consiguiente inversión de elevados recursos que pocos pueden enfrentar.  Aparentemente sobre eso hubo acuerdo, aunque ciertamente, algunos de los sectores integrantes de la UCAAEP criticaron el arreglo al  que se había llegado.

El tema de las huelgas en los servicios esenciales de salud, educación, electricidad, etc., es el que ha despertado supuestamente la oposición de partidos y grupos empresariales, porque me temo que algunos de ellos no están para nada interesados en la aprobación de la ley en su conjunto. La ley procura reglamentar dichas huelgas, que se siguen realizando a pesar de la prohibición constitucional existente. Ciertamente, este es un punto delicado, porque los trabajadores tienen derecho a huelga, pero esos movimientos huelguísticos afectan a terceros, es decir, a los usuarios de los servicios públicos, que constituyen la mayoría ciudadana.

No creo que la prohibición total de las huelgas en esos servicios sea la solución del problema. Las quejas o demandas de los trabajadores no pueden eliminarse de golpe y porrazo, so pena de dejarles en una situación de indefensión frente a probables abusos de gobiernos o jerarquías institucionales. La huelgas se seguirán produciendo, como ha ocurrido hasta ahora, porque como en alguna ocasión lo señalara don Pepe Figueres, las huelgas no son ni legales ni ilegales, son simplemente huelgas. Lo adecuado entonces es su reglamentación, para que la protesta justificada o no, se produzca con el menor daño posible a terceros, sean estos pacientes, estudiantes o empresarios.

Es una lástima que sobre este último punto no se hubiera podido llegar a un acuerdo razonable entre gobierno, partidos y sectores sociales y empresariales.

El huevo o la gallina

Las discusiones sobre las finanzas públicas, como lo hemos señalado varias veces, no rebasan en la mayoría de los casos el nivel de pulpería. Dicho esto con todo respeto para los propietarios de esos establecimientos, por cierto hoy casi desaparecidos del territorio nacional o bien reciclados por laboriosos emigrantes como "minimarkets".

Es la mala filosofía que solamente se puede gastar lo que se recauda. Si se incumple con ese precepto inevitablemente caeremos en la bancarrota. Y también está prohibido cualquier intento de elevación de impuestos, sobre todo al capital, so pena de asustarlo indebidamente. Se reclama la falta de inversión pública en servicios esenciales, que se atribuye al elevado gasto gubernamental en salarios, pensiones y demás, y se insiste en que todo se resolvería con tijeretazos a diestra y siniestra, sin ton ni son, porque el déficit ha alcanzado niveles inaceptables para la economía del país.

Por supuesto que no se hacen distinciones entre gastos e inversiones, y entre endeudamiento para enfrentar el gasto corriente y el endeudamiento productivo a mediano y largo plazo. No se discute, además, con base en un programa de desarrollo nacional, con metas claramente establecidas en educación, salud, infraestructura vial y modernización de aeropuertos y puertos. Cuando se osa hablar de reformar la estructura impositiva, abundan los que se paran en la escoba, haciendo  oposición cerrada a cualquier proyecto que lleve esa intención. O, en el mejor de los casos, se condiciona la aprobación de iniciativas con esos fines a la disminución del gasto del gobierno y las instituciones públicas, y al mejoramiento de su eficiencia.

¿Qué es lo primero: los impuestos o la transformación de la institucionalidad pública? ¿El huevo o la gallina? Condicionar una cosa a la otra es dar vueltas en círculo; ambas son igualmente necesarias y se debería avanzar en su logro simultáneamente. Es cierto que hay un problema de eficiencia en el funcionamiento institucional y de capacidad de gestión, aun cuando se disponga de recursos, como sucede con algunos préstamos. Y también hay gasto innecesario; pero igualmente  cierto es que muchas instituciones fueron colocadas en la fila de las posibles privatizaciones y vieron por tanto cercenados sus recursos. Como aquella ocurrió a medias, se quedaron en una especie de limbo: cargadas de funcionarios y trabajadores, pero carentes de presupuesto operativo. Otras vieron crecer sus planillas innecesariamente, por razones políticas.

En resumen, gobiernos van y vienen, cada vez con menos recursos para inversión, postergando una y otra vez las tareas urgentes que el país necesita realizar en la economía y el bienestar social. Dos intentos de reforma tributaria se han realizado en lo que va del siglo. Ambos fracasaron porque fueron torpedeados por quienes se benefician con la situación actual. ¿Por cuánto tiempo más se podrá impedir una reforma tributaria?