El diálogo político

Con base en las tendencias observadas desde principios de siglo, se podía prever que quien resultare ganador en las elecciones de 2014 no obtuviera mayoría parlamentaria, como en otras épocas, teniéndose que conformar con una primera minoría. No ocurrió así. En primer lugar, no hubo candidato ganador en la primera ronda. Al que quedó de segundo y que posteriormente se retiró, el electorado le otorgó 18 diputados, mientras que al que había logrado el primer lugar, y que la postre fue el ganador indiscutido, le concedió 13. El resto ya sabemos cómo se distribuyó en 7 partidos más. 

En segundo lugar, el 6 de abril el grueso del electorado se volcó en las urnas a favor de Luis Guillermo Solís, dándole un extraordinario voto de confianza, que contrastaba con la relativamente magra cosecha parlamentaria. Es decir, que los resultados de las elecciones de este año agregaron nuevos ingredientes a la ya de por sí compleja situación política y social del país, porque establecieron una distribución de fuerzas en los poderes ejecutivo y legislativo desequilibrada y contradictoria. Pero así suele suceder en las democracias.

El hecho es que emergió una realidad política que es reflejo de cambios más profundos, cuyos síntomas se han venido observando a lo largo de los últimos catorce años; cambios que obligan a una búsqueda ardua de acuerdos entre partidos y con la sociedad civil. Una tarea difícil por varias razones. Menciono solamente dos: primero, la mayoría de políticos y partidos sigue procediendo como si nada hubiera cambiado; sigue sin enchufarse con las nuevas circunstancias del país y no parece sentirse obligada a repensar los planteamientos y la acción política. Es decir, que el vino nuevo quieren verterlo en odres viejos, que, como lo advierte la parábola bíblica, terminarán resquebrajándose.

Un segundo elemento: los partidos ya no pueden reclamar el monopolio en el ejercicio de la representación política. Hay otras instancias a través de las cuales la ciudadanía también ejercita la representación, sobre todo en ámbitos en los que los partidos han quedado fuera, como casi la mayoría de temas relativos a los derechos humanos. No se debe olvidar, como nos lo recuerda la nueva encuesta de CID-Gallup, que la mayoría ciudadana indica no tener preferencias partidarias definidas. El partido de los “sin partido” sigue siendo el más grande.

Ese es el telón de fondo sobre el cual hay que localizar el intento de diálogo político que ha propuesto el presidente Solís. Con un ingrediente adicional: la mayoría de los partidos de oposición carece de perspectivas definidas sobre el rumbo que el país debe tomar. Acusan al gobierno de no tenerlas, pero ocultan la realidad: tampoco ellos las tienen. Así que el gobierno no puede esperar grandes iniciativas por ese lado. Tiene que tomar el timón para evitar que el intento de diálogo político se convierta en un estrepitoso fracaso. Y el tiempo marcha en su contra.

El presupuesto nacional

Las discusiones alrededor del presupuesto nacional son saludables y la mayoría ciudadana debería seguirlas con particular atención. Al fin y al cabo el presupuesto define lo que el gobierno va a hacer en el año siguiente a su aprobación, por lo menos en teoría, como veremos posteriormente.

Cuando un gobierno dispone de mayoría parlamentaria suficiente, esas discusiones generalmente son restringidas y la aprobación del presupuesto se vuelve ritual, pese a lo que digan los partidos de oposición. Cuando se carece de esa fuerza, como el gobierno actual, las discusiones se vuelven más interesantes porque afloran las diferencias de criterio en torno al papel del estado, la forma de conducción de los asuntos públicos y las metas que se quieren alcanzar. No es una simple discusión acerca de cuánto dinero entra a las arcas públicas y cuánto se puede gastar sin endeudarse demasiado y poner en peligro la estabilidad económica del país.

Independientemente de su fortaleza en la Asamblea Legislativa, lo cierto es que los gobiernos se enfrentan a obligaciones contraídas a lo largo del tiempo, que definen en mucho lo que se puede hacer en materia de orientación del gasto público. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto en discusión, que asciende a la suma de 7.5 billones de colones, ha sido calificado por políticos y técnicos como demasiado elevado y con un déficit peligroso; sin embargo, de ese total un 33,8% se dedicará al pago de obligaciones derivadas de la deuda externa que se vencen en 2015, y que son herencia de los gobiernos pasados. Con el resto se cubren salarios y otras obligaciones, y una parte relativamente pequeña queda para los programas que el gobierno desea impulsar.

Quizás ha faltado mayor claridad y firmeza en las explicaciones dadas por Hacienda, porque lo que se destaca en la discusión pública es el aumento del 18,9% en relación al presupuesto de este año, y se insiste en la falta de dirección y los supuestos excesos en aumentos salariales, que parece contradictorio con las denuncias sobre la ineficiencia institucional en el Informe de los 100 días, y en el financiamiento a las universidades, que no se ha aclarado suficientemente que forma parte de las negociaciones realizadas por el gobierno anterior en el marco del FEES 2010-2015. Sin embargo, otras lecturas podrían indicarnos que hay una apuesta por el mejoramiento de la educación pública y un apoyo al sector agropecuario del país a través del ministerio del ramo.

Seguramente hay excesos en algunos gastos, como lo han señalado el diputado Ottón Solís, la Contralora General de la República y la fracción del PUSC. Bienvenidos los cortes si esos excesos existen, pero mucho cuidado con lo que se va a eliminar, porque se pueden afectar programas de beneficio social general. En todo caso la discusión nos vuelve a enfrentar al problema de los ingresos, la necesidad de mayor inversión pública y la urgencia de una reforma tributaria.

Dinámica parlamentaria

En la última semana hemos asistido a cristalizaciones momentáneas de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, que escapan a las calificaciones fáciles: derecha e izquierda o conservadores y progresistas. La primera de ellas se dio en torno a un nuevo proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral, con el que se busca romper el impase provocado por el veto hecho a la ley original por el gobierno de Laura Chinchilla. El proyecto fue presentado por las fracciones del PUSC, del PAC y del FA, es decir, por el bloque que eligió al actual directorio legislativo.

Un bloque progresista, se diría, porque inmediatamente los nueve diputados del ML y el bloque cristiano anunciaron su oposición; los del PLN también lo hicieron pero, además, presentaron otro proyecto donde se establece la prohibición de las huelgas en los servicios esenciales. ¿Progresistas versus conservadores?

Sin embargo, al día siguiente, la conformación de fuerzas varió en torno al nombramiento de la persona que debería encabezar la Defensoría de los Habitantes. La elección de la señora Montserrat Solano Carboni, inicialmente apoyada por la totalidad de la fracción parlamentaria del PLN, terminó siendo el resultado, después de varias votaciones, de una negociación política entre las bancadas del PAC y del FA, con el apoyo de siete diputados liberacionistas.

La mayoría de la bancada verdiblanca se plegó al bloque conformado por los cristianos, el PASE, el PUSC y el ML. Esta vez los diputados de esa fracción se pasaron de acera; mientras que los del PAC y del FA, inicialmente enfrentados, al final unificaron fuerzas para evitar que la posición más conservadora se impusiera, como estuvo a punto de hacerlo.

Por cierto, el tiempo dirá si fue acertado el nombramiento que se hizo de Defensora de los Habitantes. La señora Solano Carboni parece ser una persona competente para el cargo, que ha dedicado años al estudio y al trabajo en el tema de los derechos humanos. Es la primera titular del cargo con formación expresa y experiencia en la defensa de derechos, y con una visión que trasciende los estrechos límites nacionales.

Ojalá su nombramiento haya roto la práctica de nominar diputados o diputadas próximos a quedar desempleados, con la excepción de las designaciones de Rodrigo Alberto Carazo y Lizbeth Quesada. Dichosamente la Defensoría logró desarrollar desde sus inicios una firme institucionalidad, que ha ido moldeando a quienes llegaron al cargo básicamente por razones políticas. Si no hubiera sido así, seguramente la Defensoría habría sido un completo desastre después de que Carazo dejó el cargo.

Esperamos que esta vez no solamente la institucionalidad funcione otra vez, sino que también se produzca una feliz fusión entre aquella y los aportes, ahora sí, que pueda hacer la nueva Defensora.

Productos históricos

Es común escuchar enjuiciamientos de la situación actual sin referencia alguna a las condiciones sociales y políticas que llevaron a tal estado de cosas. Por ejemplo, se habla de la ineficiencia de las instituciones públicas y de la corrupción como si hubieran aparecido ayer, sin perspectiva histórica alguna que permita la comprensión de sus orígenes y por tanto la implantación de medidas efectivas en su combate. Otras veces, ineficiencia y corrupción son vistas como condiciones inherentes al sector público y a los seres humanos. Por supuesto que el pesimismo impregna este tipo de enfoques.

Se olvida, en primer lugar, que no todo el sector público es ineficiente --incluso hay secciones de instituciones catalogadas como tales, que trabajan muy bien-- y que, por supuesto, no todas las personas que trabajan en la institucionalidad estatal hacen mal su trabajo o son corruptas. En estos casos las generalizaciones no solamente resultan odiosas, sino también inmovilizantes, porque prácticamente nada se podría hacer. Es una posición propia de una ideología que le hace las cruces a todo lo estatal y que considera al sector privado como el remedio mágico para todos los males.

En segundo lugar, se ignora que desde principios de los años ochenta del siglo pasado la asociación entre gobiernos y empresarios provocó un verdadero golpe de timón a la dirección que hasta entonces seguía la institucionalidad pública costarricense. La economía y el estado se ajustaron a las nuevas condiciones señaladas por los organismos multinacionales, con los consiguientes cambios en la sociedad y en la política. Fueron los años en los que vivimos bajo la presión del llamado consenso de Washington, es decir, la unanimidad de criterios entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia Internacional para el Desarrollo y el mismo Banco Interamericano de Desarrollo. El país fue conducido por los vericuetos del llamado ajuste estructural, de la mano de los gobiernos del PLN y del PUSC, o del PLUSC, si se quiere.

Las funciones de las instituciones públicas fueron encuadradas en del marco del mercado. Muchas fueron arrinconadas, enfrentaron restricciones presupuestarias y se volvieron ineficientes, a otras se les reformularon sus objetivos y no pocas se crearon para facilitar los procesos de exportación de mercancías. Los programas de movilidad laboral asolaron el sector público, dejándolo desprovisto de los cuadros técnicos que habían sido capacitados dentro de la visión anterior del estado; algunos programas fueron trasladados al ámbito privado o se semi privatizaron, y el enfoque solidario fue sustituido, en general, por el logro individual exacerbado.

Ese es el marco en el que la ineficiencia y la corrupción estatales deben ser analizadas; no solamente en términos de desempeños individuales, partidarios o de grupos de interés. Si esto no se entiende, es imposible plantear medidas correctivas apropiadas.