Los anuncios hechos en los días posteriores a la elección
del 6 de abril, de cierre de la planta de INTEL en Costa Rica y del centro de
servicios del Bank of America, se han prestado para toda clase de conjeturas. Y no es para menos, dadas las amenazas
proferidas durante el proceso electoral sobre una posible salida de la
inversión externa si los resultados favorecían a ciertos partidos, dentro de
los cuales estaba el PAC. Mucho se
especuló sobre las señales supuestamente negativas que se estarían enviando a
posibles inversores; sin embargo, el grueso del electorado hizo caso omiso de
las advertencias y votó masivamente por Luis Guillermo Solís.
Se ha afirmado que ambas empresas habían tomado mucho antes
la decisión de cerrar gradualmente sus operaciones en el país. Lo que no está claro es cuándo comunicaron
esa decisión a los personeros del gobierno y a CINDE. Según la directora de esta coalición, no
tenían ninguna información sobre la decisión del Bank of America; pero en el
caso de la otra empresa, aparentemente si se disponía de información que no fue
hecha pública, vaya usted a saber por cuáles razones: ¿no interferir en el proceso electoral o no
afectar aún más la maltratada imagen del gobierno saliente?
El hecho es que los dos anuncios han provocado un sismo de
considerable magnitud porque se van a quedar 3000 personas sin empleo, con los
consiguientes efectos sociales e institucionales –por ejemplo sobre la Caja
Costarricense de Seguro Social--, y porque desaparecerán de las estadísticas de
comercio exterior el rubro de los circuitos integrados y las microestructuras
electrónicas, el más importante componente de las exportaciones industriales
del país. Se insiste en que los anuncios
nada tienen que ver con los resultados electorales. Aceptémoslo, pero lo cierto es que
contribuyen a complicarle aún más la situación al nuevo gobierno.
El expresidente Figueres, posiblemente tratando de
posicionarse con vistas a las elecciones de 2018, ha salido a lanzar culpas a
uno y otro lado, afirmando que no se ha hecho la tarea. No dice nada sobre la necesidad de
reflexionar una vez más sobre las debilidades del “modelo” económico que se ha
establecido en el país, donde las zonas francas constituyen el sector más dinámico.
Según datos de PROCOMER, un poco más de la mitad de las
exportaciones de bienes del país en los años 2006-2010 fue producto de las
empresas establecidas en zonas francas.
El problema es que se trata de capital extranjero que puede mover sus
inversiones en busca de mayor rentabilidad, pese a las facilidades que se les
ha otorgado para su establecimiento en Costa Rica. Y más allá de ciertos límites, al país le
resulta imposible competir con países y regiones donde los precios de los
insumos y de la mano de obra son más baratos.
No digo que hay que
acabar con las zonas francas, pero no podemos depender solamente de ellas
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