De acuerdo con lo que han informado los medios, en el proceso electoral
que estamos a punto de iniciar abiertamente no habrá novedades. Las reformas
propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones no fueron bien recibidas y no
se aprobaron, así como otras iniciativas de diputados y diputadas. En los seis
meses siguientes solamente podrían aprobarse reformas con las que esté de
acuerdo el Tribunal.
Seguramente se sancionarán algunas de las propuestas del TSE que no
irriten mucho la sensible piel de los partidos con representación legislativa.
Las más espinosas se abandonarán a la incertidumbre del futuro. Preocupa
sobremanera la imposibilidad de aprobar la disminución del monto de la
contribución estatal a la campaña electoral, que según los números oficiales
costaría 36.295 millones de colones. Una cantidad exagerada de dinero para un
país cuyo gobierno sufre una seria crisis fiscal, y que carece, por tanto, de
financiamiento para multitud de obras de interés general y necesarias para las
comunidades.
En la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa
la Presidenta no incluyó el proyecto para bajar esa contribución al 0,11 del
PIB, lo que significaría un ahorro aproximado de 20.000 millones de colones. No
se atrevió a enfrentarse a la fracción legislativa de su Partido.
El diputado Fabio Molina dijo en declaraciones públicas, que la
propuesta de disminución presentada por la diputada Jeannette Ruiz, del PAC,
solo contaba con el apoyo del 20% del plenario legislativo y que el restante
80% prefiere una iniciativa de los legisladores verdiblancos Villanueva y
Calderón que incluye, además, el restablecimiento de la contribución de
sociedades a los partidos, seguramente en un afán por aminorar el golpe que
significaría la eliminación de los certificados partidarios, ahora suspendidos
provisionalmente por resolución expresa de la Sala Constitucional. Según el
mismo TSE, los certificados han sido “…un portillo abierto para la recepción de
donaciones ilegales por parte de personas extranjeras y de dineros de fuentes
indeseables”.
Así que estamos notificados: con la excepción del PAC y del FA, los
partidos quieren disponer de la mayor cantidad de dinero posible,
independientemente de las fuentes, para malgastarlo en la campaña electoral.
Trágica situación, porque mientras el “rancho está que arde”, como se dice
popularmente, diputadas y diputados de esos partidos se dan el lujo de volver
la espalda a las tímidas reformas electorales planteadas, y se niegan a
disminuir el monto de la contribución estatal.
Las señales son indiscutibles: mientras que el legislativo esté en manos
de estos partidos, las reformas profundas que necesitamos para revitalizar la
democracia seguirán sin discutirse y aprobarse. Una gruesa venda cubre los ojos
de la mayoría de las y los legisladores, impidiéndoles la lectura de la
gravedad del momento político actual.
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