Los miserables

La película “Los miserables” conmueve a las mayorías de espectadores hasta el punto de las lágrimas, por situaciones escenificadas en la Francia del siglo diecinueve. La novela del escritor Víctor Hugo, presentada ahora como comedia musical, es en realidad una reflexión sobre la justicia, sobre el bien y el mal, sobre la ley y la ética, entre otras cosas. No sé si esto lo percibe esa mayoría de espectadores, que seguro tampoco relacionan lo que miran y les conmueve, con lo que sucede en Costa Rica con la justicia y el sistema carcelario actual.

Para empezar, la diferencia entre la capacidad real de la mayoría de los centros carcelarios está rebasada por mucho. Esto quiere decir que la generalidad de las personas indiciadas o condenadas se encuentra en condiciones que chocan abiertamente con lo que se pregona dentro y fuera del país: que somos respetuosos de los derechos humanos.

Los datos son contundentes. La sobrepoblación carcelaria es de 35,6 por ciento en todo el país; pero en San José es de 64,9 por ciento y en La Reforma de 59,5 por ciento. En otras palabras, que si pagar con cárcel un delito implica restricciones, penurias y estigmas para quienes los cometen, les estamos recetando un castigo adicional, al obligarles a vivir en condiciones de hacinamiento propios de otra época. La televisión a veces nos permite asomarnos a ese mundo oscuro y desconocido para la mayor parte de la población.

Llama la atención el número de indiciados, es decir, de personas que están en prisión preventiva porque son sospechosas de haber cometido delitos, pero que aún no han sido formalmente acusados: 3259 personas. Como se sabe, los tribunales no son precisamente expeditos, y no pocas veces el indiciado termina siendo liberado de toda culpa, pero ¿qué pasa con el tiempo que estuvo encarcelado?

Las gentes demandan mano dura y cárcel para delincuentes y se queja de que muchos son liberados rápidamente, pero no se dan cuenta que las cárceles están a reventar, y que hay una sobrepoblación carcelaria que vive en condiciones sórdidas, que de ninguna manera favorecen la reincorporación de una buena parte de esas personas, sobre todo de quienes cometieron delitos menores.

Las pésimas condiciones en que viven estas personas no son solamente producto de la incapacidad de las instituciones encargadas de construir y mantener en buenas condiciones las cárceles. Son también el resultado de legislación aprobada en los últimos veinte años, que receta cárcel a personas cuyos delitos podrían ser tratados de otra forma. Es la vieja discusión en el derecho penal entre los llamados “abolicionistas”, y quienes consideran que la cárcel es la única solución frente al delito.

Una discusión que está presente en nuestro medio, que seguramente está en el fondo de las aguas que se mueven en torno a la próxima elección de la persona que presidirá el Poder Judicial, y de quienes ocuparán las vacantes en la Sala Constitucional.

La antipolítica entre nosotros

Estamos a once meses de las elecciones presidenciales y legislativas de 2014. Sin embargo, el clima preelectoral está como el de este marzo: frio. Y por los aires que corren, parece que no va a calentar mucho en el resto del año, salvo que ocurra algún hecho extraordinario. La reciente encuesta de UNIMER muestra un panorama general de desconfianza ciudadana frente a partidos, candidatos y probables coaliciones en el sector de la oposición.

El 62% de las personas entrevistadas dijo no simpatizar con ningún partido y entre los inclinados a votar, Araya apenas logra el 27% de los posibles votos. Nos encontramos como país en una situación donde gran parte de la ciudadanía mira con enorme desconfianza todo lo que se parezca a política partidaria o electoral. No me parece aventurado decir que estamos en medio de un campo fértil para la aparición y crecimiento de un movimiento “antipolítica”, como el que ha liderado Beppe Grillo en las recientes elecciones italianas. Sin propaganda en medios, usando las redes sociales y buscando el contacto directo con los descontentos, Grillo logró que su partido fuera individualmente el más votado, porque los otros fueron en coalición a las elecciones.

Sin embargo, partidos y candidatos designados o en búsqueda de la designación, no parecen darse por enterados de lo que sucede. Para ellos la vida sigue igual, como la pegajosa canción desde hace varias décadas. Con los ojos puestos en el primer domingo de febrero de 2014, lo demás no parece importarles. Como si hubieran sido atacados por algún virus que produce esquizofrenia, viven a medias en el mundo real y a medias en un mundo que se han construido a su medida, para no enfrentar con los pies en la tierra las difíciles circunstancias en las que estamos como país.

¿Será que no hay solución y que estamos irremediablemente perdidos? A veces pienso que a la política le sucede lo mismo que al tránsito, ya no solamente en horas pico, sino todo el día y parte de la noche. Es decir, que estamos en una situación de bloqueo, sin que se logre avistar solución alguna real a corto plazo. Se hicieron diagnósticos, pero no se tomaron a tiempo las acciones que correspondían. Lamentablemente en política no hay trenes que sirvan de paliativo para aliviar sus males.

Algunos dirán que en unos meses estaremos como cada cuatro años, inmersos en una campaña donde candidatas y candidatos de turno ofrecen espejitos y collares de cuentas a fascinadas multitudes consumidoras de esa clase de política. Puede ser, no lo niego. Hay incautos y hay sectores ciudadanos que buscan como usar su voto de la manera más útil. Unos porque dependen de ayudas de instituciones del estado; otros porque necesitan asegurar que las políticas públicas, sobre todo en el ámbito económico, seguirán favoreciendo sus negocios e intereses. Y eso lo saben quienes se dedican a esa forma de hacer la política.

¡Por eso estamos como estamos!

Aumentar el número

El gobierno ha anunciado el envío a sesiones legislativas extraordinarias de cuatro proyectos de reforma institucional, derivados del informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática.

Entre las reformas a la Constitución Política que se proponen, se toca el espinoso asunto de la integración de la Asamblea Legislativa. Se plantea reformar el artículo 106, manteniendo el número de diputados en 57, pero reformando su forma de elección: 42 por distritos electorales uninominales y 15 electos en un único distrito nacional, con base en un sistema proporcional, presumiblemente igual al que se usa en la actualidad. Se introduce además la posibilidad de reelección de los diputados hasta un máximo de tres períodos consecutivos, y la revocatoria del mandato.

La propuesta en su conjunto hay que analizarla con pinzas; pero hay que discutir el asunto y tomar decisiones porque estamos atrasados en la puesta al día de las instituciones que conforman nuestro sistema político. Avancemos entonces despacio y con buena letra, porque medias reformas o cambios hechos a la medida de intereses partidistas podrían complicar la situación. En otras palabras, que sin un adecuado diagnóstico y una serena discusión sobre lo que mejor conviene al conjunto social, la medicina propuesta podría más bien agravar al paciente.

La ciudadanía quiere intervenir más en la conformación de las fracciones legislativas. No quiere votar solamente por las listas cerradas y bloqueadas que presentan los partidos cada cuatro años. Se intenta responder a esas inquietudes con los distritos uninominales, es decir, agrupaciones de votantes definidas por un conjunto de criterios –habrá que ver que se propone al respecto--, que eligen solamente un diputado entre los candidatos y candidatas que los diferentes partidos presentan: el que saca el mayor número de votos es electo.

La experiencia internacional muestra que sin mecanismos de compensación, los votos en estos distritos tienden a favorecer desproporcionadamente a los partidos de mayor arraigo. Se propone entonces la lista de diputados nacionales. Pero si solamente son quince, eso significa que con un padrón electoral de 3.011.866 electores, se necesitaría poco más de 200 mil votos para que un partido logre obtener un diputado o diputada. Es decir, que el mecanismo también tiende a favorecer las grandes agrupaciones. Aunque se utilice un sistema de distribución proporcional, los pequeños partidos saldrán perjudicados.

No es políticamente correcto proponer el aumento del número de diputaciones, dado el desprestigio de la Asamblea Legislativa. Pero para mejorar la representación y dar cabida a las diferentes corrientes de pensamiento político presentes en el país, es necesario plantearse el asunto del número: mantener 57 por distritos electorales y elegir unos 30 por un único distrito nacional. Seguiremos hablando sobre el tema en otras columnas.

¿Es justo?

Es justo el malestar y la indignación que ha provocado en un amplio grupo de costarricenses, entre los que me incluyo, las últimas declaraciones del diputado Orozco. No es justo ni aceptable que un representante popular se exprese en la forma en que lo ha hecho, irrespetando no solamente a las personas gay sino a la mayoría ciudadana, pues justifica sus palabras con acomodadizos argumentos religiosos y alega que él habla como lo hacen los hombres del pueblo.

Lo justo es, sin embargo, no enfilar las baterías solamente sobre Orozco, opacando el fondo del asunto. Él llegó a la Asamblea Legislativa gracias al voto de grupos cristianos fundamentalistas, cuyos dirigentes han encontrado en los partidos Renovación Costarricense y Restauración Nacional, formas para articular sus intereses en el plano político. Se mueven en una zona gris, encubriendo sus motivaciones reales, aprovechando los vacíos legales o las vacilaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir las regulaciones existentes. Porque el problema no se resuelve solamente prohibiendo el uso de símbolos con evocaciones religiosas, como hizo recientemente el Tribunal Supremo de Elecciones con Renovación Costarricense y el pez de su bandera.

Lo justo es señalar que la particularidad de los intereses que defienden hace que los diputados de estos grupos se muevan alrededor de los focos del poder, mercadeando bien sus votos en la conformación de directorios legislativos, en la aprobación de leyes y en los informes de comisiones investigativas. Han sido exitosos en ese cometido, distorsionando los procesos legislativos, porque las fracciones gubernamentales saben manejarlos bien para su provecho. Por esa razón Avendaño está en el directorio y Orozco preside la Comisión de Derechos Humanos.

Lo justo es entonces denunciar y fustigar a quienes permitieron irresponsablemente que Orozco llegara hasta ahí: los integrantes de la fracción del Partido Liberación Nacional y de la fracción del PASE. Si no fuera presidente de esa Comisión, sus declaraciones pasarían como una muestra más del folklore legislativo. El hecho es que la ocupa, convirtiéndose así en el testimonio evidente del grado de estima que la fracción liberacionista tiene de los derechos humanos. ¿Pero se trata solamente de la fracción liberacionista?

Lo justo es no olvidarnos que el gobierno de ese mismo Partido sufrió una derrota en el asunto de la fecundación in vitro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ese mismo gobierno ha declarado de interés público el V Congreso Centroamericano de Bioética, que patrocinan grupos conocidos por sus posiciones conservadoras en temas relativos a la sexualidad, las relaciones entre parejas del mismo sexo y la fecundación asistida. Grupos que tratan de imponer a la mayoría ciudadana, por las vías legales, sus particulares valores religiosos, en clara contraposición con la democracia y con la marcha de la historia.