La doble sustitución

Me declaro incompetente para valorar con ecuanimidad a Luis Paulino Mora como juez y como persona. Realmente lo conocí muy poco y lo que recuerdo de su paso por la Sala Constitucional son algunos sonados votos que en su momento estimé positivos o negativos, según mi particular punto de vista. Otras personas con mayor conocimiento de su trayectoria pueden hacer una evaluación con autoridad.

Sin embargo, releyendo el discurso que pronunció en la sesión de la Corte que se realizó después de que 38 diputados intentaran acabar con la magistratura de Fernando Cruz, no puedo dejar de reconocer lo sensato de su diagnóstico sobre el origen de la judicialización de la política. Según Mora el colapso del estado de bienestar y la incapacidad de los gobiernos de cumplir con el pacto social por medio de políticas públicas, ha terminado en demandas sociales que tienen que litigarse. En sus palabras: “Esa judicialización que tanto molesta a un sector de los políticos, no es más que un grito de auxilio de una sociedad que clama por justicia social y por soluciones”.

Dicho sea de paso, poco o nada de este discurso se recogió en los pronunciados en sus honras fúnebres, que en su mayor parte fueron recuentos apresurados de acciones y acontecimientos, sin valoración en profundidad del significado del paso de Mora por el Poder Judicial, para bien y para mal de su situación actual.

El fallecimiento de Luis Paulino Mora plantea el reto de su doble sustitución, como presidente de la Corte y como magistrado de la Sala Constitucional. En el ámbito de la Corte, donde Mora establecía una especie de balance entre fuerzas diversas, su sustitución pondrá a prueba la prudencia y la capacidad de negociación de magistradas y magistrados. Lo que ahí pase será objeto de atención nacional. En otras palabras, que están en una especie de vitrina.

Pero también lo están diputadas y diputados. ¿Volverá la fracción del PLN a intentar una maniobra similar a la realizada en el caso de Fernando Cruz, para imponer una persona que asegure votos acordes con sus intereses políticos y con determinadas visiones de mundo? ¿Predominará la lógica de la sacada de clavo y la imposición? O por el contrario, ¿se hará un esfuerzo para lanzar la mirada hacia el mediano y largo plazo, buscando sin banderías políticas o posiciones ideológicas lo mejor para el país?

Lo ideal sería que predominara la cordura, y que el nombramiento recayera en una persona creyente en la independencia del poder judicial y, en particular, de la Sala Constitucional. Una persona dispuesta a rechazar las presiones provenientes del mundo de la política partidaria, y con el desapego suficiente para dejar de lado sus simpatías políticas, sus creencias religiosas y sus visiones de la vida en sociedad, a la hora de resolver las consultas de constitucionalidad y otros asuntos que competen a la jurisdicción constitucional.

¿Es mucho pedir a la actual Asamblea Legislativa?

La deuda política

El financiamiento público a las campañas electorales está de nuevo en la picota. A más de una persona le ha parado el pelo el anuncio que el proceso que se avecina podría costar más de 40 mil millones de colones. Una enorme suma que se quemaría en pólvora electoral, no precisamente destinada a estimular un voto reflexivo, sino a mover pasiones y evitar que la gente piense.

Algunas personas consideran que este financiamiento debería suprimirse del todo. Creen que no tiene sentido gastar sumas elevadas de dinero de los contribuyentes en esa especie de carnaval electoral que se celebra cada cuatro años, que en nada contribuye a elevar el nivel de información ciudadana sobre candidatos y propuestas. Además, la desigualdad en la distribución de los recursos favorece la permanencia de algunos partidos y perjudica el desarrollo de otros. Se trata, según estos criterios, de una herencia del bipartidismo que ha dejado de ser eficaz en las actuales condiciones de la sociedad costarricense.

Otros pensamos que el principio que dio origen a esta historia era sano: evitar que los intereses del poder económico fueran los que manejaran los hilos de los partidos. Principio que en la práctica no se cumplió, porque los mecanismos usados dejaron suficientes portillos para la penetración de esos intereses, que mantuvieron su presencia, torciendo las intenciones del legislador. ¿Cuál es la alternativa? 

En primer lugar, hay que modificar radicalmente el monto de la contribución estatal. Destinar el 0,19% del Producto Interno Bruto es demasiado. Aun reduciéndolo al 0,08%, que es lo que se ha propuesto, la suma a gastar es todavía elevada. En segundo lugar, el dinero que se les adelante a los partidos no debe ser para propaganda.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería asignar una suma global para la contratación de espacio en los medios, que podría distribuir entre los partidos, usando criterios de igualdad y proporcionalidad. Esta asignación debería ir acompañada de exigencias en cuanto al uso de los espacios, que deberían ser dedicados fundamentalmente a la exposición de ideas, evitando los mensajes vacíos que acostumbra elaborar la mercadotecnia electoral.

En tercer lugar, debe eliminarse el gasto en transporte el día de las elecciones, porque ya se ha probado que no es necesario ni efectivo en los tiempos en que vivimos. Quizás en lugares alejados aun se justifique, en cuyo caso la contratación de servicios también podría hacerla el Tribunal. En cuarto lugar, deben eliminarse los bonos de deuda política, como lo ha propuesto el mismo Tribunal, porque constituyen, además de un negocio muy rentable para algunos, una máscara para encubrir donaciones fuera de la ley.

Finalmente, por lo ocurrido con el control de los gastos de la campaña anterior, que puso en evidencia las limitaciones del TSE en esa materia, conviene que esas tareas vuelvan a ser realizadas por la Contraloría General de la República.

Los jóvenes tienen la palabra

Aunque suene a repetición, son los jóvenes de hoy los que van a vivir el futuro. Si estiramos la cobija e incluimos en esa categoría a quienes tienen menos de cuarenta años en la actualidad, tendríamos que admitir que son ellos, principalmente, los que van a manejar este país en los próximos treinta años. En todos los niveles laborales y políticos.

Pero no hay que irse muy lejos: ya su peso político podría ser considerable. Según se ha informado, las personas que están en edades comprendidas entre los 18 y los 34 años conforman el 42 por ciento, aproximadamente, del padrón electoral. En otras palabras, que si la mayoría de ellas decidiera votar por un determinado partido, podría elegir sin duda a su candidata o candidato. También podría poner en aprietos al sistema si decidiera abstenerse y no concurrir a las urnas electorales en 2014.

La mayoría de los jóvenes no se manifiesta todavía abiertamente. Son una especie de espectadores de un espectáculo aburrido que les interesa muy poco. Pero su futuro, en gran parte, se está jugando hoy, y son las generaciones más viejas las que están tomando decisiones que en mucho cuadrarán las circunstancias económicas y políticas en las que les tocará vivir.

En los últimos meses varias propuestas de reforma institucional y de políticas públicas han sido dadas a conocer. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, es necesario que la sociedad civil se involucre en la discusión de ellas y no se atenga a lo que pueda salir, bueno y malo, de acciones del poder ejecutivo o de la Asamblea Legislativa.

Me pregunto cuántas personas jóvenes, hombres y mujeres, han estado involucradas en la discusión y la redacción de las propuestas, o cuántas de ellas provienen de sectores menores de cuarenta años. Seguramente la participación de las personas jóvenes en estos proyectos ha sido muy pequeña. Somos los adultos mayores de cuarenta, bastantes en edades avanzadas, los que pareciera que nos interesamos en esos ejercicios de ingeniería política y social.

No puedo aceptar que a las personas jóvenes les interese solamente las barras libres, la “sele”, las “tomatingas” desenfrenadas de Palmares o los conciertos de bandas y cantantes que se suceden semana tras semana, exprimiendo los agotados bolsillos de más de uno. Seguramente para muchos a eso se reduce la vida, pero seguramente también son muchos los que ven con preocupación lo que está sucediendo, tal vez sin encontrar los mecanismos para manifestarse y hacer oír su voz. A lo mejor es que no existen, más allá del facebook o mecanismos similares, que a veces solo sirven para desahogarse, sin consecuencias prácticas.

Ya es hora que se manifiesten. Los adultos hemos echado a perder este mundo por acción o por omisión. Por favor, hombres y mujeres jóvenes, no dejen que hagamos lo mismo con su futuro. La palabra y la acción son ahora de ustedes.

¿Qué hacer con informes y propuestas?

No sé si hubo un tiempo en que los partidos políticos “pensaron”. Es decir, si hubo una época en la cual la discusión interna se realizaba no solo en torno a candidaturas, sino también alrededor de posiciones sobre el papel del estado, sus instituciones y sus relaciones con la sociedad. Si la hubo, hace rato que quedó atrás.

Congresos ideológicos y otras actividades similares siguieron realizándose casi ritualmente, pero el hecho es que a partir de los años ochenta entramos en una era en la que se establecieron límites bastante rígidos para la acción de los gobiernos, debido a los acuerdos que se firmaron con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Agencia para el Desarrollo Internacional. Las recetas del llamado “consenso de Washington” nos obligaron a hacer cambios y desarrollar políticas restrictivas que transformaron el perfil del país, dando origen a muchas de las contradicciones que padecemos.

La globalización 1.0, como la califican en un libro reciente dos autores estadounidenses, Berggruen y Gardels, terminó de configurar el escenario internacional, y el país tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones, TLC incluido, en un proceso en el que hubo ganadores y muchos perdedores. Pensar independientemente se volvió subversivo o inútil, porque la ruta estaba trazada. Los esfuerzos por desarrollar planteamientos y congresos ideológicos fueron abandonados, y los famosos planes de gobierno elaborados para las campañas electorales se convirtieron, como se dice coloquialmente, en “saludos a la bandera”. Es decir, en actos desprovistos de utilidad práctica.

Pero ahora estamos en la globalización 2.0, como la llaman los autores mencionados, donde la crisis y la presencia de otros países poderosos económicamente hacen contrapeso a los Estados Unidos. Hay más espacio para las decisiones de política interna, pero los partidos siguen sin pensar. Es así como ciudadanos con filiaciones políticas diversas o sin ellas se han dado a la tarea de elaborar informes y propuestas sobre políticas públicas y reformas al gobierno central y al resto de las instituciones públicas, incluyendo la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Está bien que la Asamblea gaste tiempo en discutir el informe de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, pero ¿no debería realizarse una discusión más amplia sobre el conjunto de propuestas hechas en los últimos meses, fuera de los límites de ese cuerpo, entre grupos proponentes, partidos y algunas otras instancias de la sociedad civil? ¿Una discusión que permitiera llegar a unos acuerdos mínimos de reforma, que pudieran ser ejecutados en este año o a inicios del próximo gobierno, independientemente de quién sea el ganador?

 Un nuevo intento de concertación, solo que esta vez se dispone de documentos base para una discusión sistemática, y la presión ciudadana para llegar a acuerdos es manifiesta.