El mes de los descabezamientos

Abril ha sido un mes plagado de sorpresivos acontecimientos políticos.  Rodaron cabezas, en términos figurativos, de altos funcionarios del gobierno de la presidenta Chinchilla y de personajes de la oposición; se cayó la Ley de Solidaridad Tributaria y una nueva encuesta de UNIMER mostró la realidad del deterioro de la imagen del gobierno, que se vino en picada hasta niveles parecidos a los de Figueres y Pacheco, que han sido los gobernantes peor evaluados de las últimas décadas.  Finalmente, el matutino La Nación, que con sus investigaciones provocó las caídas de funcionarios, también quedó maltrecho al revelarse que puede enfrentar un juicio por impuestos no pagos por un monto de 1.918 millones de colones.

La Alianza por Costa Rica no logró reponerse a tiempo del descabezamiento, y mientras los diputados del PAC no terminaban de aceptar los nombres que ofrecía el Movimiento Libertario, los dirigentes de la fracción liberacionista, ni cortos ni perezosos, se los madrugaron ofreciendo al PASE el confite de la presidencia legislativa y otros  cargos, a cambio del control de las comisiones y, por debajo, del Directorio de la Asamblea.  Un acuerdo llamado de “gobernabilidad”, que no está sustentado en propuestas compartidas para sacar al país del atolladero en que está metido, sino en negaciones:  no al estado laico, no a las uniones entre personas del mismo sexo, no al aborto.

¿Por qué le llamarán acuerdo de gobernabilidad a este parto de los montes?  Ya debería prohibirse el uso indiscriminado del término gobernabilidad, que igual sirve para un roto que un cosido, pero que en la retórica de los gobernantes, significa disponer del suficiente poder para hacer lo que venga en gana, sin tener que negociar con incómodas oposiciones. 

Llegamos así a un nuevo primero de mayo, con un gobierno prácticamente en el suelo, en buena parte por culpa del anterior, sin reforma tributaria, con poco que mostrar de obra real y sin aparente perspectiva sobre el camino a seguir en los dos años que le quedan.  Con una Asamblea Legislativa dividida en dos bloques, cuyo accionar seguramente no va a ser nada fluido, porque el acuerdo PASE-PLN podría haber reunificado a la oposición.  Pero también --hay que decirlo-- con partidos de oposición que no dan muestras de claridad sobre como salir del actual empantanamiento.

Tiempos oscuros nos esperan, a menos que aparezcan iluminados que nos indiquen qué hacer.  Poco se puede esperar de los partidos y menos de un PLN enfrascado en una prematura lucha de tendencias, pese a que Figueres ha amenazado con presentar en breve una propuesta de país que entregará al gobierno para su desarrollo.  Pero de estas propuestas que vienen de afuera ya estamos curados.

¿No será que ha llegado la hora de la sociedad civil, que ante la ausencia de pensamiento en el gobierno y los partidos, promueva acuerdos políticos amplios y viables antes de que la situación se deteriore aún más?

Cambiar las campañas electorales

Entre las medidas de emergencia propuestas por la presidenta Chinchilla para mitigar el déficit fiscal, que están lejos de conformar todavía un plan B, alternativo a la fenecida Ley de Solidaridad Tributaria, se ha mencionado la disminución del aporte estatal a las campañas electorales. Como se sabe la Constitución Política fija dicho monto en el 0,19 % del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de las elecciones para presidente, vicepresidentes y diputados.

Para de 2010 se logró aprobar una reforma transitoria que redujo dicho aporte al 0,11% del PIB; ahora se propone reducirlo al 0,08%, es decir, a menos de la mitad de lo estipulado en la Constitución. La propuesta seguramente contará con la simpatía y el apoyo amplio de la ciudadanía, pero, aunque los jefes de fracción de los principales partidos, con la excepción del Movimiento Libertario, han dicho que están de acuerdo, habrá que esperar la opinión de los aspirantes a candidatos presidenciales, quienes en última instancia podrán sentirse perjudicados, además, por supuesto, de la madeja de proveedores privados que esperan con ansia los períodos electorales para engordar sus arcas.

Si la reducción propuesta se vuelve efectiva, quizás ayude a cambiar la forma en que se realizan las campañas, donde el dinero de los contribuyentes se tira improductivamente en cortos de televisión y de radio, en signos externos, en transporte y en otros gastos innecesarios. Eso sin mencionar los gastos fantasmas y los abusos, con fuerte olor a corrupción, que han sido de conocimiento de la ciudadanía y que son investigados por la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. Investigaciones que tocan por ahora a los partidos Movimiento Libertario, Liberación Nacional y Renovación Costarricense.

Estos manejos no virtuosos de dineros, que podrían ser muy bien aprovechados en otros menesteres, ponen de manifiesto la necesidad de cambiar las campañas electorales. Que deben ser más cortas y más efectivas en el planteamiento de programas viables de gobierno y en el debate de ideas. La mayoría ciudadana ya está cansada de los cortos de televisión vacíos, que promueven las candidaturas como si fueran marcas de jabón o prendas de vestir, campañas que lejos de elevar la capacidad analítica de electoras y electores, les rebaja en su calidad de personas que deben hacer escogencias ojalá con la mayor información posible.

Si no hay voluntad de reforma en los partidos para mejorar las campañas electorales, si no sienten la presión ciudadana para que ello ocurra, los gastos seguirán siendo millonarios, pero esta vez para sostenerlos se tendrán que ampliar los montos de las contribuciones individuales, con las consecuencias políticas que conocemos, en términos de influencia en gobiernos y otros males. Además, más dineros de procedencia dudosa se podrían introducir a hurtadillas, burlando los controles establecidos.

¡Todo se derrumbó!

A dos semanas de cumplir dos años de gestión, la situación del gobierno de la presidenta Chinchilla es complicada.  Está en medio del río, a merced de la corriente, en un bote con el motor ahogado y sin remos que le permitan moverse hacia alguna orilla. 

Así luce después de la cadena de acontecimientos de las últimas semanas, que le dejaron sin ministro de hacienda, sin director de tributación, sin asesora política, con otros altos funcionarios cuestionados y, lo más grave, sin Ley de Solidaridad Tributaria.  Los errores cometidos en la tramitación, que fueron advertidos por los diputados Mendoza y Fishman en su momento, llevaron finalmente a la Sala Constitucional a echarla por tierra, sumiendo en el desconcierto al gobierno y a los diputados del PAC que la votaron favorablemente.

¿Y el plan B?  Pues parece que no se tenía ninguno.  El gobierno apostó todo a la Ley caída y ahora no tiene nada.  Aunque la Presidenta sigue de alguna manera jugando con la idea de la resurrección de la Ley, la mayoría de los actores políticos lo consideran imposible, porque la correlación de fuerzas ha cambiado en la Asamblea Legislativa, y no se cuenta con el número necesario de votos para echarla a andar nuevamente.  Políticamente la Ley está muerta y hay que buscar otros caminos para rehabilitar las alicaídas arcas públicas.

Si nuestro sistema fuera parlamentario, el gobierno habría caído y estaríamos enfrentados a un nuevo proceso electoral.  Pero como ese no es el caso, y nos faltan dos años para un cambio de gobierno, ¿qué nos espera?  La convocatoria en busca de luces a economistas que han sido ministros y presidentes del Banco Central, y que por tanto son de alguna manera corresponsables de la situación que vive el país, arroja signos de interrogación.  ¿No habría que recurrir también a otros economistas que podrían tener ideas diferentes sobre cómo conducir el país en la actual coyuntura nacional e internacional?  No son tiempos para repetir medicinas.

Mientras tanto los aprietos en que está el gobierno favorecieron el destrabe de la Alianza por Costa Rica, que parece que finalmente continuará con la dirección del Directorio Legislativo, esta vez bajo la presidencia del libertario Danilo Cubero.  El comunicado de la Comisión  Política del PAC, aceptando el fallo de la Sala Constitucional y renovando su compromiso de generar espacios de convergencia y acuerdos, empujó a la fracción a apoyar a Cubero, en contraposición a lo que había venido sosteniendo Otón Solís.  Es decir, que el fallo de la Sala parece que también está ayudando a restablecer los equilibrios dentro de ese Partido, rotos en el último año por la preeminencia adquirida por Solís.

Y mientras el gobierno de su Partido enfrenta el derrumbe, esquizofrénicamente Figueres recorre el país, en velada precampaña, a veces vestido de policía, y Rodrigo Arias sigue con su propaganda en radio y televisión, con miras a las elecciones de 2014. 

¡La felicidad, ja, ja, ja, ja!

El estribillo de una vieja canción de Palito Ortega me viene a la memoria cuando oigo hablar de ese cuento del país más feliz del mundo.

Es que acríticamente políticos y medios de comunicación le han dado amplia divulgación a los resultados del informe denominado “The Happy Planet”, que nos coloca en el primer lugar, entre 143 países, ignorando otros estudios que andan por ahí intentando dar cuenta de algo tan subjetivo como la felicidad. Lo cierto es que, como lo indica su autor, el psicólogo Saamah Abdalla, en entrevista para la BBC, el título del informe resulta engañoso, porque “No estamos diciendo que la gente que vive en estos países es la más feliz del mundo. Lo que hace el índice es medir la eficiencia ecológica que permitiría tener vidas prolongadas y felices para todos los ciudadanos”.

O sea, que lo que se mide es la posibilidad de ser felices. Podríamos serlo, pero, ¿lo somos? Seguramente algunas personas, incluso muchas, lo son, pero no se vale generalizar y afirmar, con la combinación de solamente tres instrumentos, uno de ellos una encuesta de opinión, que somos como país, el más feliz del mundo. Tenemos muchos problemas que resolver antes de alcanzar un estado generalizado de felicidad para toda la población. Así que andar navegando por el mundo con esa banderita tiene sus riesgos, pues la realidad se encarga de mostrarnos caras ciertamente no felices.

Así pasó la semana anterior, pues mientras la Presidenta y su comitiva intercambiaban notas en New York con el Primer Ministro de Bután sobre países felices, acá tres importantes funcionarios del gobierno, que han estado empujando una reforma tributaria que no hace precisamente feliz a la mayoría, abandonaron obligados sus cargos por esa falta de congruencia entre el dicho y el hecho que padece nuestra clase política. No fue una semana feliz para el gobierno.

Dicho sea de paso, Bután ha venido desarrollando un Índice de Felicidad Interna Bruta, con 73 variables que intentan medir el bienestar y la satisfacción con la vida de los habitantes de ese reino del centro de Asia. Sería interesante seguir su ejemplo, así saldríamos de dudas.

Como lo he señalado otras veces, lo que ocurre es que tendemos a mirar el país desde nuestra particular realidad, generalizando, sin interrogarnos sobre la diversidad de situaciones que conforman nuestra realidad social. Así como desde la altura de un monte todo se mira verde, también desde la altura del poder político y económico las diferencias se borran y se corre el riesgo de terminar mirando todo color de rosa. La soledad del poder produce distorsiones que muchas veces hacen perder pie a quienes ejercen cargos públicos.

¿Será eso lo que les ha pasado a los diputados autores del proyecto de ley para otorgar inmunidad permanente a los altos funcionarios públicos, o al Presidente de la Corte con su insistencia en un viaje a China, acompañado de los presidentes de las diferentes salas?