Enero ha arrancado con dos renuncias: una anunciada y otra efectiva. No todas las renuncias de cargos públicos son iguales. Algunas son esperadas y no causan sorpresa; otras son intrascendentes; las hay sorpresivas y a unas pocas hay que ponerles atención. La anunciada y la efectiva son de este tipo, porque revelan aspectos de cómo se concibe la función pública y cómo se maneja la institucionalidad.
Anuncia su renuncia el diputado Guillermo Zúñiga, alegando que no se siente parte de este gobierno. Se olvida don Guillermo, que los diputados por definición no son parte del gobierno, y que, al menos en teoría, integran otro poder en un sistema republicano como el nuestro: el legislativo. Se olvida por tanto, que representa a sus electores, a quienes debe dar cuenta de sus acciones. Si no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, debe actuar en consecuencia, de cara a sus representados, asumiendo la responsabilidad que le corresponde.
Las justificaciones del diputado Zúñiga muestran claramente la confusión presente en la gran mayoría de las y los parlamentarios. La Asamblea Legislativa no es correa de transmisión del ejecutivo. Existe porque en nuestro sistema hay separación de poderes, lo que supone que mediante controles y contrapesos (checks and balances) se evita que, sobre todo el ejecutivo, se convierta en un poder incontrastable.
Lamentablemente los diputados de gobierno, de esta y otras administraciones, o no lo saben o no lo entienden así; más bien se han prestado para un fortalecimiento inconveniente del ejecutivo, olvidando lo esencial de su función.
La renuncia en este caso es el camino fácil: no me complico la vida y le doy el campo a otro. Pero, ¿y mi responsabilidad con el electorado? ¡Piénselo, diputado Zúñiga!
La renuncia de la Viceministra de Seguridad, Flora Calvo, es harina de otro costal. Se fue alegando resistencias al cambio, fundamentalmente de parte de Walter Navarro, el otro Viceministro de Seguridad y de algunas jefaturas. En declaraciones posteriores, la señora Calvo dejó entrever que el quid del asunto tiene que ver con la situación de acoso sexual que sufren las mujeres policías: cuatro denuncias por mes en promedio.
En un cuerpo integrado fundamentalmente por hombres, acostumbrados a relacionarse con otros hombres, en el marco de una jerarquía militarista, a pesar de tratarse de una policía civil, no es de extrañar, aunque no es justificable, que a las mujeres policías no se les mire como iguales. Varias mujeres han sido ministras y viceministras de seguridad, pero parece que las cosas siguen igual. Se les soporta pero no se les llega a aceptar del todo, y por tanto se les agrede con cualquier pretexto.
No se trata de una situación nueva; lo novedoso en este caso es que se ha dejado ir a la Viceministra con alivio, como quien se quita un estorbo. En un gobierno presidido por una mujer, que en algún momento también fue Ministra de Seguridad, habríamos esperado otro tipo de reacción.
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