Conforme se acerca el día de las elecciones, la atención de
la mayoría ciudadana inevitablemente se concentra en los posibles
resultados. En un proceso como el
actual, donde no se vislumbra con claridad un posible ganador, la incertidumbre
invade mentes y corazones, las expectativas y los miedos se disparan, las conjeturas
se vuelven pan cotidiano y cada encuesta que se da a conocer acelera el pulso y
provoca regocijo o malestar.
Pero, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer el próximo 2 de
febrero? Pues votar por candidatos a la
presidencia y listas de posibles diputados que nos presentan los diferentes
partidos, en cuya confección hemos participado poco o nada. Quizás ahí está la esencia de la aparente
apatía ciudadana que tanto preocupa a políticos y a supuestos intérpretes del
momento electoral. Porque
independientemente de sus calidades personales, el hecho es que todos los
candidatos han sido designados en procesos internos limitados, unos más que
otros, por partidos que no gozan de extendida confianza ciudadana.
La perdieron por su desempeño en gobiernos, Asamblea
Legislativa y municipalidades. Porque se
olvidaron del origen del poder concedido:
el pueblo, que lo otorga a través del mecanismo electoral, con base en
la confianza que le merezcan candidatos y propuestas de acción gubernamental o
legislativa. Y esa confianza está rota. Una vez pasadas las elecciones, los partidos generalmente
le vuelven la espalda al pueblo que votó por ellos y actúan de acuerdo con otros
designios.
El sistema electoral limita la inscripción de candidaturas a
partidos políticos organizados según las normas legales existentes. No hay otras posibilidades por ahora, y como
los partidos generalmente terminan siendo manejados por camarillas de interés
político o económico, la posibilidad de postulación de candidaturas independientes
de esos grupos se reduce casi a cero, en el plano nacional y en el local. En otras palabras, que en la mayoría de los
casos la cacareada democracia interna de los partidos solamente existe en el
papel.
Por otro lado, independientemente de lo que ocurra en las
elecciones nacionales, la realidad es que existen otros poderes económicos y
políticos, con posibilidades de decisión y de veto en el campo de las políticas
públicas. Son poderes de hecho, con los
cuales tienen que verse inevitablemente gobiernos y Asamblea Legislativa:
conglomerados empresariales, cámaras patronales, sindicatos, medios de
comunicación, iglesias, etc. No están
sujetos al escrutinio público y ordinariamente no actúan a la luz del día. Tienen sus propias reglas de juego y sus
relaciones con los poderes públicos son más bien opacas. Pero existen, y su peso puede ser mayor que
el voto ciudadano expresado en las urnas.
Así que, ¿por quién me dijo que va usted a votar el 2 de
febrero?
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