Los enigmas del discurso

Finalmente la Presidenta habló después de unos días de mutismo.  Dijo que en resguardo de los más altos intereses de la patria, había decidido poner fin a la concesión de la carretera San José-San Ramón.  Admitió que no era posible seguir adelante con la concesión defendida a capa y espada por el ministro Castro. 

Desde Maquiavelo hasta nuestros días se pregona que la política es el arte de lo posible.  Es casi un axioma de la ciencia política.  Dicho en cristiano: saber cuándo empujar o presionar, y cuándo retroceder o conceder.  Hacer cualquiera de estas cosas a destiempo implica grandes costos políticos.  En ambos casos se pueden provocar reacciones amenazante para la estabilidad social y política, y quien gobierne, sea hombre o mujer, lleva las de perder.  En regímenes de carácter parlamentario esas salidas en falso provocan renuncias y hasta caída de gabinetes.  Pero en el país más feliz del mundo nada de eso ocurre.

Se retrocedió tarde –como en el intento de aumentar los salarios de los diputados--, cuando el espacio político se había acabado y en el horizonte se vislumbraba un encontronazo con las comunidades afectadas y con otros sectores que se habían sumado a la justa protesta o amenazaban con hacerlo.  Había que salir del entuerto de la mejor manera posible.  Pero el discurso del 22 de marzo no sirvió para zanjar el diferendo en buenos términos.  Aumentó distancias y arrojó dudas sobre el acuerdo con la empresa OAS.  ¿Qué significa “mutuo acuerdo”?

En segundo lugar, la Presidenta lamentó que los opositores al proyecto no aceptaran nunca el diálogo.  ¿Pero no era eso lo que demandaban ciudadanos y ciudadanas organizados en el Foro de Occidente?  La Presidenta hizo en el discurso una diferencia entre las personas que participaron de buena fe en el movimiento y otras que no lo hicieron así.  Queda la duda de quienes serán esos opositores, o sectores, como dice más adelante, “…que a partir de estrechos intereses, decidieron atacar la obra, contaminar la discusión y exacerbar los ánimos”.  Fuerte aseveración que no se aclara, con el agravante que pone en entredicho al movimiento popular, porque más adelante habló de “…mezquinos intereses políticos y económicos que a menudo entorpecen proyectos, simplemente, para generar agitación, o porque no se les adjudicaron a sus empresas”.  ¿Nos estará enviando una clave para la compresión profunda del movimiento porque tiene más información que nosotros o simplemente es una figura retórica?  Vaya usted a saber.

Finalmente, dijo estar totalmente decidida “…a poner fin, de una vez por todas, a las múltiples irregularidades que, de forma crónica, han plagado la construcción de carreteras en nuestro país”.  ¿Por qué no lo habría hecho antes?  ¿Dentro de los proyectos con irregularidades incluirá la “trocha” y la carretera San José-San Ramón?  Otro punto sin aclarar.

Conclusión: el discurso no tendió puentes y más bien dejó muchas interrogantes.

¿Qué pasa en la Corte?

La presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha estado vacante desde el 17 de febrero pasado, a raíz del fallecimiento de don Luis Paulino Mora. Se fijó para el 10 de abril la elección de la persona que desempeñaría el cargo por el período correspondiente, pero posteriormente se decidió, a instancias del magistrado Jinesta, postergar dicha elección hasta tanto no se realizaran unas jornadas de reflexión sobre el Poder Judicial y su rumbo. Hasta el momento en que esta columna fue escrita no se había fijado una nueva fecha para la elección, a pesar de que han pasado más de sesenta días desde que quedó vacante.

El magistrado Vega Robert, en declaraciones para el diario La Nación, ha afirmado que la demora obedece a cálculos políticos de posibles a aspirantes al cargo, que esperan que la demora desgaste a los rivales y aumente sus posibilidades de alcanzar la presidencia. No hay que olvidar que la magistrada Calzada se retira al final del mes, y que, por tanto, no votará, y que la Asamblea Legislativa debe hacer dos nuevos nombramientos para llenar las vacantes en la Sala Constitucional. Nombramientos que pueden alterar, positiva o negativamente, las aspiraciones de unos y de otros. Por supuesto que la mayoría de magistradas y magistrados negó lo afirmado por Vega Robert o dio la callada por respuesta, salvo el magistrado Fernando Cruz, quien admitió la existencia de una situación anómala.

Por ahora no hay candidaturas abiertas, pero en corrillos se manejan algunos nombres, incluyendo por supuesto el de la magistrada Zarela Villanueva, hermana del también aspirante a conducir la Asamblea Legislativa en el último año de la Administración Chinchilla, Luis Gerardo Villanueva. Seguramente esta situación es uno de los factores que ha demorado la elección de la presidencia de la Corte, como también los juegos de poder internos, producto de diferencias personales, políticas, ideológicas y de criterio en torno al ejercicio de la justicia.

Las presiones externas también existen y en determinadas situaciones políticas la proclamada independencia de poderes tiende a volverse muy débil, como durante la discusión del TLC. No es posible descartar tampoco los intentos del poder político y económico de integrar una Corte vasalla a sus intereses. Como bien lo señaló el desaparecido Luis Paulino Mora en su discurso “Una silla vacía”, en noviembre del año pasado, hay fuerzas a las que les gustaría tener a su disposición una Corte complaciente.

En este marco hay que situar, además, el nombramiento de la presidencia de la Sala Tercera, también en la mira de ciertos intereses políticos y económicos. Como es conocido, a esta Sala le ha tocado examinar y fallar algunos de los sonados casos de corrupción política. Para muestra un botón: en 2012 la Sala resolvió 29 procesos contra miembros de los supremos poderes. Así que no solamente lo que pasa en la Sala Constitucional preocupa a esos intereses.

Once del cuatro del 13

Es posible hacer varias lecturas de lo sucedido el 11 de abril en Alajuela. Unas más narrativas y denunciantes, y otras más inclinadas hacia el análisis de lo ocurrido dentro de la evolución política del país. Resumo esto último con una pregunta: ¿lo que pasó en Alajuela muestra con claridad, incluso espacialmente, la ruptura existente entre ciudadanía, gobernantes y políticos?

Escuchando y leyendo los comentarios de personas entrevistadas por los medios, así como las acotaciones hechas por los mismos periodistas, salta un común denominador: el señalamiento y la queja de la división tajante de lo que antes estaba reunido. Hasta ese día la celebración de la hazaña de Santamaría congregaba en un solo espacio a todos y todas. El 11 del cuatro del 13 aparentemente separó a unos y otros. Por un lado, la presidenta Chinchilla, sus ministros e invitados, aislados por vallas y retenes policiales, frente a niños y niñas de preescolar, que no atendían a los discursos ni entendían lo que pasaba; por el otro, ciudadanos y ciudadanas de a pie, muchos en actitud de protesta por la concesión de la carretera a San Ramón, y otros que simplemente no entendían el motivo de la segregación, pero que terminaron tan indignados como los que protestaban.

Pero no se trata de una separación accidental, producto del momento. Es una representación vívida de la división que se ha venido asentando en el país desde finales del siglo veinte, que ha sido observada a lo largo de todos estos años en movimientos como el “combo del ICE” y el referéndum de 2007 sobre el TLC, que ahora parece estar llegando a un punto determinante. Una división que se niega reconocer la mayoría de la “clase política”, haciendo lo del avestruz o tirando la pelota hacia adelante. Una división agravada por la “mesa servida” que dejó Oscar Arias, que solamente ha alimentado a unos pocos e insaciables comensales, y por los desaciertos y la corrupción que parece se ha establecido en todo lo que toca el actual gobierno.

Se equivocan quienes piensan que se trata solamente de minorías vociferantes. También quienes piensan que todo se resuelve con las elecciones de 2014 y un nuevo gobierno. El origen del malestar es más profundo y no se contiene con vallas, que son saltables, ni con represión. El descontento es más generalizado de lo que se cree y podría volverse incontrolable, si no se hace un esfuerzo nacional, más allá de los partidos, por recuperar lo que es posible y cambiar lo que sea necesario.

No sé si es dable restaurar todo lo dañado. En todo caso es imposible hacerlo dentro de los límites de este gobierno, sobre todo porque la presidenta Chinchilla lamentablemente se ha convertido en digna representante de esa “clase política” ensimismada, incapaz de leer los signos de los tiempos, que no escucha y que no es capaz de dar respuestas políticas apropiadas a los problemas que enfrentamos como conjunto.

El bloqueo nuestro de cada día

La situación ha llegado a tal punto que antes de bañarse y desayunar, hay que escuchar con atención las noticias de la radio para saber en cuáles carreteras, calles o intersecciones hay bloqueos, para trazar una ruta de llegada a trabajos, citas médicas o escuelas, si se debe dejar a los niños. No importa si usted se moviliza en vehículo propio, en bus o en taxi. Solo se salvan quienes van a pie, usan motocicletas o bicicletas, porque se escurren por cualquier rendija, no siempre sin riesgo. Aclaro que no todos los bloqueos se deben a protestas: a veces son provocados por obras del MOPT, de AyA o de alguna otra institución, sin aviso previo.

Volvamos a los bloqueos protesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Tener paciencia? ¿Tratar de convencer por las buenas a quienes bloquean para que nos dejen pasar o pelearnos a gritos y a golpes con ellos? No lo aconsejo, aunque me temo que si no se encuentran nuevas formas de canalización de las demandas que plantean los grupos y sectores protestantes, la violencia callejera terminará por imponerse. Feo panorama, ¿no les parece? Porque hasta hace un tiempo el bloqueo era la excepción; hoy parece que se ha convertido en la norma; en moneda de uso corriente por empleados públicos, comunidades, estudiantes, padres de familia y de tutti quanti.

Pero no nos perdamos. El frío no está en las cobijas. Los que protestan son solamente parte de un problema mayor: la ineficacia de mecanismos para canalizar institucionalmente los conflictos dentro de una democracia, porque ya no logran sintonía con las nuevas condiciones sociales y políticas del país, o porque la clase política ha perdido la capacidad de interpretación adecuada de la realidad y las habilidades para negociar y encontrar vías de resolución a dichos conflictos. Hay que recordar que estos, las diferencias de opinión y las controversias, son la salsa de la vida en democracia, y no necesariamente son indicadores de ingobernabilidad, como se apresuran a calificarlos gobiernos y funcionarios.

Dentro de este escenario, ¿qué papel juegan los partidos políticos, antaño útiles mecanismos para la canalización y resolución de demandas diversas? Pues casi ninguno. Por eso es que a quienes protestan no se les ocurre perder el tiempo y hacer plantones frente a la Asamblea Legislativa. Desde hace algunos decenios la gente aprendió que poco se puede esperar de Cuesta de Moras en términos de resolución de conflictos.

Diputadas y diputados están ocupados en otras cosas. Por ejemplo, en el nombramiento de los próximos magistrados o magistradas de la Sala Constitucional, quienes según el diputado jefe de fracción del PLN, Fabio Molina, en declaraciones dadas al Semanario Universidad, además de saber interpretar la Constitución, deben “provocar un clima de negocios…”. ¿Se habrá equivocado cuando dijo tal cosa? ¿Estaría pensando en llenar vacantes en la junta directiva del CINDE o en PROCOMER?

¿Los asegurados dónde están?

Las negociaciones entre la Caja y la UCR en torno a la administración de 45 EBAIS en los cantones de La Unión, Curridabat y Montes de Oca, me ha dejado un mal sabor en la boca. No fue una negociación orientada hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados a las personas aseguradas, sino una negociación centrada en los costos, es decir, en colones más o menos.

Las autoridades de la Universidad de Costa Rica llevaban la razón al pedir el pago de lo que vale la prestación del servicio. Sin embargo, esa exigencia no estuvo acompañada de una justificación sobre lo que la UCR ha aportado por encima de lo contratado, a los EBAIS. ¿O es que simplemente se dedicó a administrar y no hubo ningún aporte adicional en la calidad de los servicios? 

Me parece que en la génesis del Programa de Atención en Salud (PAIS), siendo rector Gabriel Macaya y vicerrectora de Acción social Leda Muñoz, se buscaba desarrollar un modelo de atención que pudiera generalizarse al conjunto de EBAIS. Nunca, que yo sepa, el PAIS fue planteado como un negocio para la UCR. En la decisión inicial que llevó a la construcción del PAIS prevaleció el mejoramiento de la calidad del servicio y la innovación, con la intervención de docentes y estudiantes.

Por supuesto que no le tocaba a la UCR financiar el costo del servicio con dineros públicos dedicados a los fines propios de la Institución. Por eso es inaceptable que la presidenta ejecutiva de la Caja se dejara decir que estaban en disposición de pagar más a oferentes privados por la administración de los EBAIS señalados, pero no a la UCR porque aquellos tienen como objetivo el lucro.

¿Y los derechos de las personas aseguradas dónde quedaron? Porque en toda esta discusión lo que realmente parecía importar eran los intereses de ambas instituciones en términos financieros, y no la defensa de mejores servicios para asegurados y aseguradas. Incluso el mismo personal de los EBAIS, al cerrar por dos o tres días la atención a pacientes, mostró los límites de su compromiso institucional. Como ha ocurrido en la gran mayoría de movimientos del sector salud, los paros y las huelgas perjudican a las personas que necesitan de los servicios, sobre todo los de especialidades médicas. Son personas que quedan atrapadas, sin posibilidades de protesta y sin que nadie les defienda, en medio de las discusiones entre jerarcas de las instituciones y huelguistas.

Pero cuando pueden hacerlo, tampoco lo hacen. En estas semanas, pese a los esfuerzos de activistas, poca movilización de asegurados y aseguradas perjudicados fue observada. En su ausencia, otros asumieron la pelea, aunque quizás no con los mismos objetivos, como los sindicatos y algunos partidos políticos. Por supuesto, no estaban tampoco presentes en las movilizaciones los estudiantes que cerraron los ingresos al Campus Rodrigo Facio, peleando por sus “derechos” a parquear vehículos dentro de la UCR.