Venían de la escuela.
Eran dos hermanos, un varón de 9 años y una niña de 13. Iban de regreso a su
casa con otros compañeros. Intentaron cruzar de la mano la Quebrada Los Umaña,
pero la corriente, crecida por las lluvias, los arrastró. No hay puente para
cruzarla. La comunidad había solicitado a la Municipalidad de Corredores la
construcción de un puente desde hace más de dos años. Eran de la comunidad indígena
Ngöbe Bajo Los Indios.
El Presidente
Municipal de Corredores dijo que conocía la solicitud, pero la Municipalidad
carecía de los fondos necesarios para realizar la construcción, y la Alcaldesa,
según La Nación, “…alegó desconocer la gestión de los vecinos de Bajo Indios,
dijo que […] ordenó a la ingeniera municipal realizar una inspección en el
sitio de la tragedia para determinar si se requiere un puente”.
Pero dos niños se
ahogaron; dos niños que no volverán a sus hogares y ni tampoco a la escuela;
dos niños cuyos sueños acabaron abruptamente; en fin, dos niños costarricenses
que no debieron morir así.
Son frecuentes las
noticias sobre muertes de niños en accidentes, como el recientemente ocurrido
en Parrita. Una tragedia, por supuesto; pero las circunstancias son diferentes.
La muerte de los dos niños Ngöbe ocurre por la carencia de un puente que les
permitiera un paso seguro para ir a la escuela. Un puente que cuesta unos 180
millones de colones, según dijo el Presidente Municipal.
Las circunstancias en
que ocurre la muerte de esta niña y este niño nos enfrentan, como sociedad,
nuevamente a la realidad del país. A las diferencias en condiciones de vida y
acceso a la educación, según sector social, ubicación geográfica y grupo
étnico.
Diferencias que
terminan estableciendo ciudadanías de diferentes niveles según la posibilidad
de acceso a bienes y servicios. También diferentes en cuanto al ejercicio de
derechos sociales y políticos.
Bajo Los Indios es
una comunidad situada al borde de la frontera con Panamá; seguramente de las
más pobres del país. Una comunidad de indígenas Ngöbe que solamente fueron
considerados costarricenses hasta la aprobación de la Ley 7225, de 1991.
No hay plata para un
puente, pero se van a gastar más de 40 mil millones de colones en la próxima
campaña electoral, si no se aprueba a tiempo la reforma para reducir ese monto
al 0,11 del PIB. No hay dinero para ese puente, pero ¿cuánto se gasta en una
Sele que no termina de dar el tono? ¿Y cuánto se va en los conciertos internacionales
que se realizan constantemente en los estadios? ¿Y cuánto habrá gastado un
precandidato que desde hace meses mantiene una costosa campaña publicitaria en
la televisión?
Seguramente muchos
otros niños atraviesan quebradas y ríos para ir a la escuela. ¿Cuántos tendrán
que morir antes de que el Estado les proporcione las condiciones sociales y
materiales adecuadas para educarse? ¡Ah, pero vivimos en el país más feliz del
mundo!
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