Operación embarre

Importantes dirigentes del PAC han sido denunciados por el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Fiscalía, por la presunción de varios delitos cometidos en el manejo de los gastos reportados en la cuenta de servicios especiales de la pasada campaña electoral. Estafa, tentativa de estafa, falsificación de documento privado, uso de documento falso y donaciones al partido no reportadas, son algunos de los posibles delitos.

Con esta denuncia el cuadro está prácticamente completo: a quince meses de las elecciones de 2014, el PLN, el ML y el PAC enfrentan denuncias ante la Fiscalía. La duda está sembrada y para la ciudadana y el ciudadano común, que no entran en detalles y sutilezas, y que se dejan llevar por informaciones e editoriales de medios de comunicación, la corrupción enloda a todos los partidos, o lo que es peor: quien se mete en política termina embarrado.

Sin que se haya aclarado lo que pasó en el anterior, entramos a un nuevo proceso electoral. ¿Qué tal si cuando estemos en plena campaña la Fiscalía procede y los cargos se concretan contra uno o varios partidos? Dada la lentitud con que proceden Fiscalía y tribunales, no sería extraño que eso sucediera, es más, que no se resolviera sino meses o años después de terminado el proceso electoral de 2014. La situación no es del todo inverosímil.

Los resultados de la elección podrían ser afectados en forma determinante. De todas maneras ya el daño está hecho y no sería raro que el abstencionismo aumentara mucho, alimentado por las dudas sembradas: mejor no votar porque todos están enlodados.

Algo está mal. Es difícil entender por qué se dura tanto tiempo en las investigaciones, y, todavía más, por qué se dan a conocer en momentos importantes para la vida de los partidos. Desde meses atrás se anunció que los resultados de la investigación sobre el PAC estaban prácticamente listos. Incluso se habló que serían presentados en junio y posteriormente en setiembre. Ocurre la filtración conocida, que permite a un diario armar el escándalo por adelantado y, finalmente, se dan a conocer un día antes de una complicada Asamblea programada para el 20 de octubre.

Todos los procesos de investigación en estas materias deben tener su tiempo. Es decir, no pueden prolongarse más allá de ciertos límites, so pena de tener efectos contradictorios, como está sucediendo en la actualidad. Porque no deja de ser curioso que un organismo que cada cuatro años nos llama a votar, como obligación ciudadana, con sus acciones termine encaminando a buena parte de la ciudadanía por la senda de la desafección política y eventualmente del abstencionismo.

Si hay denuncias y presunción de delitos, el TSE no puede hacer otra cosa que proceder en consecuencia. Pero tiene que tomar en cuenta el tiempo y el momento político, porque al fin y al cabo, lo quiera o no, es un actor de la mayor importancia dentro de la política nacional.

Dos niños Ngöbe se ahogaron

Venían de la escuela. Eran dos hermanos, un varón de 9 años y una niña de 13. Iban de regreso a su casa con otros compañeros. Intentaron cruzar de la mano la Quebrada Los Umaña, pero la corriente, crecida por las lluvias, los arrastró. No hay puente para cruzarla. La comunidad había solicitado a la Municipalidad de Corredores la construcción de un puente desde hace más de dos años. Eran de la comunidad indígena Ngöbe Bajo Los Indios.

El Presidente Municipal de Corredores dijo que conocía la solicitud, pero la Municipalidad carecía de los fondos necesarios para realizar la construcción, y la Alcaldesa, según La Nación, “…alegó desconocer la gestión de los vecinos de Bajo Indios, dijo que […] ordenó a la ingeniera municipal realizar una inspección en el sitio de la tragedia para determinar si se requiere un puente”.

Pero dos niños se ahogaron; dos niños que no volverán a sus hogares y ni tampoco a la escuela; dos niños cuyos sueños acabaron abruptamente; en fin, dos niños costarricenses que no debieron morir así.

Son frecuentes las noticias sobre muertes de niños en accidentes, como el recientemente ocurrido en Parrita. Una tragedia, por supuesto; pero las circunstancias son diferentes. La muerte de los dos niños Ngöbe ocurre por la carencia de un puente que les permitiera un paso seguro para ir a la escuela. Un puente que cuesta unos 180 millones de colones, según dijo el Presidente Municipal.

Las circunstancias en que ocurre la muerte de esta niña y este niño nos enfrentan, como sociedad, nuevamente a la realidad del país. A las diferencias en condiciones de vida y acceso a la educación, según sector social, ubicación geográfica y grupo étnico.

Diferencias que terminan estableciendo ciudadanías de diferentes niveles según la posibilidad de acceso a bienes y servicios. También diferentes en cuanto al ejercicio de derechos sociales y políticos.

Bajo Los Indios es una comunidad situada al borde de la frontera con Panamá; seguramente de las más pobres del país. Una comunidad de indígenas Ngöbe que solamente fueron considerados costarricenses hasta la aprobación de la Ley 7225, de 1991.

No hay plata para un puente, pero se van a gastar más de 40 mil millones de colones en la próxima campaña electoral, si no se aprueba a tiempo la reforma para reducir ese monto al 0,11 del PIB. No hay dinero para ese puente, pero ¿cuánto se gasta en una Sele que no termina de dar el tono? ¿Y cuánto se va en los conciertos internacionales que se realizan constantemente en los estadios? ¿Y cuánto habrá gastado un precandidato que desde hace meses mantiene una costosa campaña publicitaria en la televisión?

Seguramente muchos otros niños atraviesan quebradas y ríos para ir a la escuela. ¿Cuántos tendrán que morir antes de que el Estado les proporcione las condiciones sociales y materiales adecuadas para educarse? ¡Ah, pero vivimos en el país más feliz del mundo!

Merino: la buena política

En una entrevista aparecida en La Nación del pasado 16 de setiembre, José Merino decía lo siguiente: “…se ha reducido muchísimo el espacio de la política que yo considero buena y ese proceso continua”. Su reciente fallecimiento, lamentablemente, se inscribe dentro de esa reducción, porque, sin duda alguna, Merino era uno de los pocos representantes de la “buena política” que quedan en el país.

Para recalcar este hecho, su fallecimiento ocurre sobre el telón de fondo de múltiples denuncias sobre corrupción en diferentes niveles de la administración pública, que apuntan directamente hacia muchos de los personajes masculinos y femeninos de la política nacional, y a los partidos a los que pertenecen.

La buena política, si nos atenemos a la trayectoria de Merino, sería aquella que se practica como ejercicio responsable de participación en la toma decisiones de política pública, que responde a fines no egoístas. Es decir, que se realiza pensando en favorecer a colectividades extendidas de personas dentro del territorio nacional, teniendo presente que no existe algo así como el denominado “bien común”, sino, irremediablemente, intereses en conflicto que muchas veces no pueden conciliarse.

Un ejercicio que se realiza de cara a la ciudadanía, que huye de las componendas, que no rehúye el debate abierto y la confrontación, pero que tampoco excluye la búsqueda del consenso y las alianzas, si favorecen la aprobación de medidas que empujen la transformación social. En fin, una acción política que se hace con norte claro, que no se oculta ni se disfraza, aceptando los costos que implica el sostener posiciones y ser consecuente con lo que se predica.

No es el tipo de política que prevalece en nuestro medio hoy en día. Porque lo que predomina es la otra, la política mala, mediante la cual se busca el ejercicio del poder con un norte donde campean ocultos los fines personalistas o de limitados grupos de interés, donde señorean los arreglos por debajo, los favores económicos, las zancadillas y el discurso vacío, todo en nombre de un “pueblo” borroso, que para los fines de la acción política importa poco, salvo como clientelas a las que hay que sostener para que les favorezcan con sus votos cada cuatro años.

Merino se movió dentro de la buena política, y, como se acostumbra a decir, se compró el pleito y fue consecuente con sus ideales a lo largo de su vida. Su voz muchas veces clamaba en el desierto, pero no por ello desfallecía. Era una voz que intentaba dinamizar el escaso debate político nacional; una voz que había que escuchar, independientemente de las posiciones políticas en que uno se situara.

Ha caído. Es otro árbol que desaparece en la línea del horizonte, aumentando la desolación del arrasado campo de la política nacional. Pero hay que seguir adelante, porque, como bien decía Emilia Prieto en un artículo de 1946, “Ser apolítico es como ser nonato, difunto u orate” (citada por Ruth Cubillo P., 2005).

Hace cinco años

Hace cinco años fue aprobado en referéndum el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica. Aproximadamente la mitad más uno de los participantes votó por la opción “Sí”, aunque casi el 41 por ciento de las personas empadronadas no participó en la consulta.

Se llegó al referéndum después de un complicado proceso político que dividió a la sociedad costarricense.Los dos bloques se enfrentaron en desigualdad de condiciones, pues quienes estaban a favor del Tratado disponían de una gran cantidad de recursos económicos y humanos, incluyendo el control de las instituciones del Estado y la parcialidad de los medios. Fue una lucha en la que se desplegaron armas inusuales, como la famosa campaña del miedo, y la coerción directa y las amenazas en algunos centros de trabajo. La coalición entre poder político, poder económico y medios de comunicación fue manifiesta, dejando pocos espacios para quienes estaban en contra del TLC. Además, se observaron manifestaciones de extrema intolerancia y autoritarismo en ambos bloques.

El Tratado entró en vigencia en enero de 2009, precisamente cuando la crisis internacional comenzaba a desplegarse. Los beneficios para el país que pregonaban sus defensores se han alcanzado a medias, y, quizás por la misma crisis, los aspectos más negativos no han terminado de desplegarse. Pero más allá de la discusión sobre beneficios y perjuicios, el hecho es que la decisión tomada nos fijó una ruta como sociedad que estamos siguiendo, independientemente de los resultados de elecciones, salvo que la crisis internacional nos obligue a rectificar. En todo caso, por ahora no se ven fuerzas políticas con vocación y capacidad para cambiar el rumbo.

Los resultados del referéndum permitieron la recomposición del Partido Liberación Nacional, que se vio reforzado con la llegada de sectores que antaño combatían sus desvaríos estatistas, marcando el declive final del llamado proyecto social demócrata. Paradójicamente, esos resultados, en lugar de favorecer la constitución de una nueva propuesta de centro izquierda, provocaron la desintegración de las fuerzas que se oponían al Tratado, incluyendo al PAC, que no logró atraer hacia sus tiendas a la mayoría de los opositores al proyecto de economía y sociedad que significaba el TLC.

Ese proyecto sigue contando con el fuerte apoyo de los sectores económica y políticamente más fuertes. Eso lo tienen claro los pretendientes a la candidatura liberacionista, así como algunos de los aspirantes en la oposición. Hay un acuerdo que va más allá de las divisiones entre gobierno y oposición sobre el rumbo a seguir como país. La discusión entonces se centra sobre quién debe conducir la nave del estado, sobre lo bien que pueden hacerlo algunos y lo mal que lo hacen, otros o los excesos que cometen; no sobre el rumbo

Por eso nos preguntábamos, en una columna anterior, sobre lo que se juega en el 2014.

La encuesta Mitofsky

En realidad no hay ninguna encuesta Mitofsky sobre popularidad de presidentes y presidentas de América Latina. Es decir, que la Consulta Mitofsky, que hace estudios de opinión diversos en México y en otros países, algunos con resultados discutibles, no ha hecho una consulta continental que permita ubicar, a partir de un solo instrumento de medición, a mandatarios y mandatarias de acuerdo a las opiniones de muestras nacionales. Se podría hacer, pero no se ha hecho.

Mitofsky lo que ha hecho es comparar encuestas realizadas por diferentes firmas en 20 países de la región, entre los meses de junio y setiembre de 2012. Para el caso costarricense ha usado la encuesta de la firma UNIMER, de julio pasado. Según se lee en el documento que se puede revisar en la página WEB de Mitofsky, “…aunque las metodologías utilizadas en cada país pueden variar, es una excelente oportunidad de ver en un solo documento el nivel que alcanza cada mandatario y compararlos entre sí.” Asunto altamente discutible.

El hecho es que con esos datos han realizado una clasificación en cinco niveles, ubicando en el nivel sobresaliente a los presidentes Correa y Funes, de Ecuador y El Salvador respectivamente, hasta llegar al nivel de evaluación muy baja, en donde se colocan Federico Franco, de Paraguay; Porfirio Lobo, de Honduras; y Laura Chinchilla, en el último lugar, con el 13% de aprobación, según los resultados de la mencionada encuesta de UNIMER.

No es posible discutir, como lo intentaron hacer algunos funcionarios de gobierno, por qué a Correa lo evalúan tan alto los ecuatorianos, o por qué Cháves y Ortega también están en lugares destacados. Los nacionales de cada país sabrán por qué les colocan en esos niveles de popularidad local. Como se acostumbra a decir, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato.

El hecho es que ticos y ticas valoran mal la gestión de doña Laura y parece que la situación no va a cambiar en el transcurso de los meses que le quedan, porque ya se ha establecido un patrón de evaluación ciudadana y porque, por mejores políticas de comunicación que se diseñen, se siguen cometiendo errores que consolidan la mala imagen conseguida. Por ejemplo, las contradicciones que se han dado alrededor de los mentados ocho millones de dólares donados por China, supuestamente para ser aplicados en lo que el gobierno dispusiera –por lo menos así se anunció inicialmente—pero que en realidad eran para la Escuela de Policía, no ayudan a mejorar la apreciación ciudadana. Proyectan una imagen de impericia y precipitación en el manejo del asunto.

La mejor política de comunicación es hablar con la verdad, admitir los errores cuando se cometen, asumir las responsabilidades que corresponden, debatir abiertamente los problemas y las diferencias de criterio, y predicar con el ejemplo. Si poco o nada de eso existe, los diseños sofisticados de políticas tendrán escasos efectos en la opinión pública.