A troche y moche

No encuentro un calificativo mejor para lo que se hizo en la llamada ruta 1856, en la línea fronteriza con Nicaragua. Primero, por el escandaloso y grosero escamoteo de fondos públicos en unos cuantos meses, precisamente en momentos en que el gobierno alegaba problemas fiscales y buscaba desesperadamente pasar a toda costa la Ley de Solidaridad Tributaria.

Segundo, porque no solo hay corrupción sino también improvisación, chambonada e irresponsabilidad, tanto en lo referente a la construcción de la vía --ni planos se hicieron--, como en el manejo de lo ambiental, precisamente en una zona muy rica en flora y fauna, pero también sumamente frágil por el clima y los tipos de suelo. ¿En dónde quedan ahora las denuncias que el dragado del San Juan estaba afectando los ecosistemas? ¿Y el respeto a la Convención Ramsar sobre la conservación de los humedales de importancia internacional?

Después de leer y escuchar las informaciones de los medios, lo menos que uno puede sentir es indignación, o, quizás mejor dicho: cabreo. ¿Cómo es posible que esto haya pasado y solamente se hubiera reaccionado cuando el daño estaba hecho y era imposible ocultarlo? ¿Qué estaban haciendo las autoridades correspondientes, o para dónde estaban mirando, que no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo?

No es de recibo ninguna justificación basada en argumentos de tipo seguridad nacional o de índole patriotera. El “peligro” nicaragüense no puede ser esgrimido como excusa por hacer las cosas mal, y menos por no haber establecido los controles necesarios para evitar las substracción de dineros públicos, o su canalización hacia fines muy lejanos de los originales. Todo este asunto del conflicto fronterizo parece que se ha manejado mal desde el principio. ¡A troche y moche, o mejor dicho, a “trocha” y moche!

Pero el problema principal es que no se trata de un caso aislado sino que forma parte de una larga cadena de corrupción, que al parecer crece día a día. Tanto que el Fiscal General manifestó su preocupación por la gran cantidad de casos que manejan los seis fiscales anticorrupción: un promedio de 32 de alta complejidad, por fiscal. Esto es algo que atañe no solamente a la administración Chinchilla; viene de atrás, pero ahora nos ha explotado en la cara.

Creíamos que con el procesamiento y condena de dos expresidentes se había dado una lección que disuadiría a muchos de cometer tropelías con los fondos públicos. Pensábamos que habíamos tocado fondo en este asunto, pero cuan equivocados estábamos. Ahora no sabemos adónde va a parar todo esto.

¿Qué es lo que le ha ocurrido a esta sociedad en las últimas dos o tres décadas que ha provocado un cambio siniestro en la relación de una parte de la ciudadanía con las instituciones del Estado? ¿Será producto de la pérdida de brújula y la decadencia de los partidos? ¿O de la inversión de valores que ha acompañado al consumo desaforado?

Acuerdos y acuerditos

El jueves pasado, en declaraciones dadas al diario La República, el nuevo titular de Hacienda, Edgar Ayales, anunció que en los próximos seis meses la Presidenta Chinchilla presentará a consideración de la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de reforma tributaria. Me temo que muchas personas arrugaron la cara, a pesar de que aclaró que previo a esa presentación se buscará alcanzar el consenso con los sectores sociales y productivos, y con los partidos políticos. En otras palabras, que se intentará que el debate se haga antes de que el proyecto entre en la corriente legislativa, posiblemente buscando que no se entrampe en los vericuetos del juego político, sobre todo a las puertas de un nuevo proceso electoral.
Bueno, algo se aprendió del fracaso del proyecto de solidaridad tributaria. Pero, ¿se volverá a caer en el error de presentar otra propuesta compleja, mezclando impuestos diferentes, o se intentará primero una reforma del impuesto de renta, y, separadamente, la reforma de otros impuestos, incluyendo por supuesto consumo? Veremos qué sale de Hacienda en los próximos meses. Por ahora el ministro Ayales nos tranquilizó, porque afirmó que “…la situación económica a corto tiempo no es preocupante y puede sostenerse con el Plan ‘B’ que se lanzó luego de que la Sala Constitucional frenara el proyecto fiscal…” ¡Y tanto miedo que nos metieron!

Dicho sea de paso, jugar abusivamente con el factor “miedo” es peligroso, porque las gentes terminan por acostumbrarse, echan callo y dejan de preocuparse. Total, tantas veces nos han asustado con que el mundo se acaba si no se aprueba tal ley o tratado, que cuando eso efectivamente vaya a suceder, pues no lo vamos a creer.

En todo caso, el ofrecimiento de un proceso de consulta previa no puede despreciarse, como dicen los entendidos, a priori. Es decir, antes de que nos presenten la nueva propuesta y la “metodología” de consulta a diferentes sectores.

Porque en este país se necesitan acuerdos amplios sobre el rumbo a seguir en política económica y social, en reforma del estado y en reforma política. Acuerdos en serio, y no “acuerditos” como los que se han venido realizando en las últimas semanas en el ámbito legislativo sobre unos cuantos proyectos, algunos sin ninguna importancia nacional, pero que pomposamente se anuncian como “acuerdos de gobernabilidad”.

La gobernabilidad se alcanza cuando se logra movilizar al grueso de la sociedad en pos de una propuesta o un proyecto que prenda la imaginación colectiva, que haga a la mayoría partícipe en su construcción y en sus beneficios a mediano y largo plazo. Una propuesta o un proyecto que, por encima de los sacrificios presentes, permita vislumbrar un nuevo horizonte de bienestar general.

Y eso, amigas y amigos, no se logra con acuerditos entre partidos que representan muy poco, o a nadie, en el ámbito legislativo. A propósito, ¿quién les representa a ustedes en la Asamblea?

Identidades políticas diluidas

 Una de las funciones que cumplían los partidos políticos en el pasado era proporcionar identidad política a sectores más o menos amplios de la población. Cuando la mayoría de los partidos se corrió hacia un centro derecha, y los diferentes gobiernos comenzaron a parecerse cada vez más en materia de política económica y social; cuando se borraron las fronteras entre social demócratas y neoliberales, y la política fue absorbida por la economía y la tecnocracia, la identidad política se perdió y la confusión se instaló en la mayoría ciudadana.

Hoy en día la “identidad política”, si se puede hablar de ella, la adquiere la ciudadanía a través de los medios de comunicación, fundamentalmente por los noticieros de televisión, como lo revela una encuesta telefónica realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, en las dos últimas semanas de abril. Como es telefónica, a pesar de que se realizaron 810 entrevistas, los resultados solamente son generalizables a las personas en hogares con teléfono fijo, que es aproximadamente el 65% del total. Es posible, sin embargo, que el conjunto de la población piense y actúe en forma similar.

La mayoría de las personas entrevistadas (74%) afirmó que es a través de los noticieros de televisión donde se informa sobre política. Dada la preponderancia de la nota roja en esos espacios y la ausencia de análisis sobre la política nacional e internacional, la conclusión es fácil de obtener: ciudadanas y ciudadanos con identidades políticas nulas o diluidas. Por supuesto que no toda la carga de esta disolución la llevan los medios, sino que partidos -o lo que queda de ellos- y políticos, con sus diarias actuaciones, incluyendo la corrupción, se encargan de aumentarla y de alejar a la masa ciudadana de la política. Entre más lejos esté, mejor para sus propósitos.

Por eso no debe extrañar que las diferentes encuestas indiquen que aproximadamente el 50% de la población afirme no simpatizar, y menos pertenecer, a algún partido, y que una elevada proporción de las y los votantes cambie de partido de una elección a otra.

En la encuesta del CIEP, el 50% de las personas que afirmaron haber votado en 2010 indicaron que no volverían a votar igual para presidente, si las elecciones se realizaran hoy. Ese porcentaje se eleva al 56% cuando se pregunta por la elección de diputados.

Los porcentajes de personas arrepentidas son entonces altos y afectan a todos los partidos, pero fundamentalmente a quienes votaron por el PLN (54%), al Movimiento Libertario (59%), y al PUSC (57%). Menor desgaste sufrieron el PASE (40%), el PAC (45%) y el Frente Amplio (50%). ¿Han cumplido con lo que ofrecieron candidatas y candidatos de hace poco más de dos años? El 85% de las personas entrevistadas dijo que no: una mayoría contundente.

En esas condiciones, ¿qué podemos esperar del escenario electoral de 2014?

Cambio de vía

 Lo sucedido el primero de mayo ha sido objeto de amplios y sesudos análisis. Sin embargo, creo que nadie se ha preguntado sobre el sentido de lo que se hace en la Asamblea Legislativa ese día. Ciertamente, es la fecha de arranque de un nuevo año legislativo, ocasión en la cual el presidente o presidenta en ejercicio visita la Asamblea para dirigir una alocución a los diputados y al país. Pero, ¿tiene esa ceremonia algún significado para el conjunto de la sociedad?

La visita presidencial es una tradición que se remonta a 1849, cuando José María Castro Madriz inauguró las sesiones del primer Congreso Constitucional de la recién creada República. Tradición que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque en algunos años la visita ocurrió en otras fechas.

En el discurso que pronunció Castro Madriz, después de hacer un corto relato de la situación de la naciente República, dijo que no iba a entrar en los detalles y pormenores de los diferentes ramos de la administración; que eso lo dejaba para los informes impresos de los ministros, que debían ser enviados dentro del término constitucional. Es decir, el sentido original de los mensajes presidenciales era la apertura del año legislativo, momento apropiado para hacer un examen general de la situación del país, trazar rumbos y señalar responsabilidades.

Incluso en el inciso 4 del artículo 139 de la actual Constitución, el énfasis del mensaje escrito que se pide al presidente o presidenta de la República está colocado en la perspectiva, en lo propositivo, en el mirar adelante.

Esa intencionalidad se ha perdido casi totalmente, y los discursos presidenciales del primero de mayo se han convertido en una aburrida lectura de reales o supuestos logros de la gestión de ministerios e instituciones, una especie de “lista de supermercado”, carente de un marco de interpretación que permita su localización dentro de una cierta perspectiva política.

El segundo informe de la presidenta Chinchilla siguió esa pauta, fue más de lo mismo. La salsa con que se sirvió no logró ocultar el carácter de la lista. No hubo un análisis profundo de la situación del país y de su gobierno, muy maltrecho por los últimos acontecimientos. El momento era el apropiado para decir hacia dónde quiere llevarnos en lo que resta de su mandato, y qué es lo que se necesita hacer desde el ejecutivo y desde el legislativo para el logro de esas metas.

No se cuánta gente escuchó el mensaje y cuánta siguió con algún nivel de atención lo que pasó en la Asamblea ese día. Pese a que los medios se vuelcan sobre esos actos, me temo que es una minoría la que realmente siente que lo que ahí sucede tiene alguna conexión con su vida cotidiana. De lo que estoy seguro es que este primero de mayo no se produjo ningún cambio de vía del tren de la política, que siguió circulando por una que se separa cada vez más de la que sigue el tren de la sociedad. ¿Hasta cuándo será posible aguantar esa separación?