Indulto controvertido

La semana anterior el Consejo de Gobierno concedió el indulto a cuatro mujeres y cinco hombres, de un total de 82 solicitudes presentadas. De los indultos concedidos, uno ha sido objeto de controversia, por varias circunstancias: la Sala Tercera había confirmado la sentencia; la persona beneficiada se encontraba en la fase inicial de cumplimiento de ella; el Instituto Nacional de Criminología no había recomendado el indulto, por esa y otras razones, y, finalmente, porque en la gestión realizada por vecinos de la comunidad medió la mano de un connotado diputado de oposición.

Es delicado emitir criterio sobre un asunto que involucra directamente las vidas de dos personas concretas, e indirectamente la de muchas más. Dos personas que no tenían historial delictivo, que se ven enfrentadas desigualmente en un hecho de violencia, que termina por afectar también desigualmente sus vidas y su futuro. Uno de ellos convicto y ahora indultado; el otro, con las huellas del incidente en su cuerpo y en su alma, que le acompañarán por el resto de sus días. No sobra decir que los protagonistas del incidente están en dos situaciones sociales diametralmente diferentes, que les ayudarán o les impedirán retomar la línea de desarrollo de sus vidas.

Por eso llama poderosamente la atención que en hecho tan controvertido, ministros del gobierno y la propia presidenta Chinchilla hayan tomado partido, olvidando la otra cara de la moneda. No solamente estuvieron de acuerdo con el indulto, sino que a posteriori se han dedicado a defender a quien en su momento un tribunal condenó, y a justificar la acción con argumentos destinados a tocar fibras sensibles de un sector posiblemente amplio de la ciudadanía: la defensa de la familia y la propiedad privada. En esta línea de argumentaciones les ha salido un cirineo: Ottón Solís.

Se olvida el marco social en que ocurrió este desgraciado incidente, y otros similares: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que enfrentan importantes sectores de la población. En la región Huetar Norte la pobreza afecta al 25% de las personas. Una situación marcada, además, por inseguridad ciudadana, exagerada a veces por los medios de comunicación, que lleva a algunas personas a adquirir armas que les proporcionan un falso sentimiento de seguridad, pero que entrañan un doble peligro: la propia muerte por accidentes o por enfrentar delincuentes expertos y la toma de la justicia por mano propia.

La Presidenta y los ministros, con el indulto y su argumentación, están incentivando esta última acción, con los peligros que entraña para la estropeada institucionalidad costarricense. También este indulto lleva inevitablemente a preguntarse si se cumple el precepto constitucional de igualdad ante la ley, o si estamos ante un sistema que al final de cuentas distribuye la justicia desigualmente. Es decir ante una justicia para ricos y otra para pobres.

Estamos en diciembre

Lo que más me gusta de esta época del año es el cambio en la declinación del sol. Al iluminar desde otro ángulo los árboles, las edificaciones y las montañas, de pronto, redescubrimos lo que vemos todos los días. Mejor dicho, lo que no vemos, por estar más preocupados por llegar a tiempo al trabajo o temprano a casa, o por las tensiones y congojas que sufrimos diariamente. Paisajes y realidades del presente que se nos escapan por vivir en las alegrías o en las amarguras del pasado, o en las incertidumbres del futuro.

Vivo con sentimientos encontrados la alegría y las muestras de afecto que se desbordan en este mes, porque me parece que detrás de las apariencias hay mucha hipocresía. Eso de alegrarse por decreto y tener que sonreír cuando no se tienen ganas, me produce un poco de picazón.

Lo que menos me gusta de esta época es el consumismo desatado. Un consumismo que ahora se inicia en noviembre, con las supuestas o reales ofertas del llamado “viernes negro”. Una moda que viene del norte y que empieza a arrastrar en mayor o menor medida a una parte de nuestra sociedad. Porque para la otra las ofertas no significan nada. Son aquellas personas que con grandes dificultades logran, un día sí y otro quizás no, conseguir lo mínimo necesario para mantenerse vivos.

Son las personas que se encuentran en una situación que las estadísticas oficiales denominan “pobreza extrema”. La Encuesta Nacional de Hogares indica que en 2012 hay cerca de 1.098.377 costarricenses que son pobres. De ese grupo, 336.997 están en condición de pobreza extrema. Hay que señalar, además, que en las zonas rurales la presencia de la pobreza es mayor, sobre todo en los confines de las regiones Chorotega, Brunca, Pacífico Central y Huetar Atlántica.

Desde los años setenta del siglo pasado el país no logra reducir significativamente los índices de pobreza, es decir, que por lo menos un 25% de la población está condenado a sufrir y reproducir esa inhumana condición. Es una realidad que no puede ocultar la propaganda engañosa que nos presenta como el país “más feliz” del mundo.

Muchas y muchos de nosotros no nos acordamos que existen, sumergidos en el consumismo que nos arrastra. O porque hacemos nuestras vidas en zonas en las que no les vemos. Como corrientemente no nos topamos con ellas, solo por excepción, terminamos borrándolas del paisaje o situándolas en una lejanía en la que se desdibujan totalmente sus contornos.

Pero las estadísticas están ahí. Nos indican que gobiernos vienen y gobiernos van, que no solamente no logran resolver los problemas básicos de infraestructura o transporte público, sino que fracasan, y nosotros con ellos, en disminuir la pobreza y bajar la creciente desigualdad económica y social que se percibe en el ambiente.

¡Que el consumismo innecesario, los tamales y el alcohol, no nos hagan perder de vista esta realidad!

Un país enredado

No sé cómo estarán evaluando los últimos acontecimientos en los predios presidenciales de Zapote o de Villarreal. En sus declaraciones públicas, la Presidenta y sus ministros de la presidencia y de comunicación tratan de restarles importancia. Pero si nos concentramos en el lenguaje no verbal, es decir, en la tensión de los rostros, en los ceños fruncidos y en la dureza de las miradas, nos atreveríamos a decir que reflejan tensión, molestia, frustración e impotencia. Como si la situación se les hubiera ido de las manos.

El país no está bien. Está enredado. Hay una acumulación de problemas de todo tipo, para los cuales no hay respuesta o la respuesta es tardía. No defiendo los excesos de la protesta de los motociclistas, pero su caso es un ejemplo de ineficacia institucional. El problema se desencadenó hace más de un año. Hubo tiempo suficiente para solucionar la desproporción en el pago del marchamo. Sin embargo, el año pasó y con el pase de bola institucional finalmente no se llegó a nada. Necesariamente la protesta callejera tenía que aflorar.

Algo similar sucedió con el Hospital de Grecia. ¿Desde cuándo los asegurados de ese cantón han venido señalando las insuficiencias y la necesidad de una acción decidida de las autoridades de la Caja? Hasta que se vinieron a San José y marcharon por la avenida segunda, con el apoyo de otros grupos, en una acción de protesta innecesariamente reprimida por la violencia policial, la Caja actuó. Muchos otros ejemplos similares pueden darse.

En general la gente no sale a las calles porque les gusta hacerlo o porque quiere incomodar a transeúntes y personas que se movilizan en vehículos. Lo hace porque no obtiene respuestas oportunas y adecuadas a sus demandas. Lo preocupante es que, como solamente así se les oye, el mecanismo de la protesta callejera tiende a “institucionalizarse”. En otras palabras, que empieza a ser visto como la única manera de recibir la atención que solicitan de instituciones y jerarcas. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, una mayoría considera la protesta callejera como “un acto legítimo de la democracia”.

Planteado así el cuadro, no puede dejar de preocupar la respuesta del gobierno. Por un lado la Presidenta se deja decir que se trata de un fenómeno internacional, provocado en parte por las redes sociales, al cual no hay que tenerle miedo (ver Diario Extra del 22 de noviembre). Nos damos por enterados: hay permiso presidencial para seguir marchando. ¡Bonita manera de evadir el análisis de sus causas reales en Costa Rica y de minimizar su importancia!

Como las redes sociales parecen ser la causa de la protesta, para el próximo año el gobierno va a gastar 220 millones de colones para refutar lo que ahí se diga, lo mismo que en los espacios de opinión. ¿También para acusaciones en los tribunales?

Regresar a las fuentes

Cuando las interpretaciones sobre un principio terminan estableciendo la confusión generalizada, conviene regresar a las fuentes en busca de claridad. Este parece ser el caso de la actual discusión sobre la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Si se revisan las actas de la Asamblea Constituyente donde se trató el asunto, nos encontramos con que el grupo socialdemócrata (que fue uno de los orígenes del PLN), comandado por Rodrigo Facio, propuso el modelo estadounidense de nombramiento vitalicio de los magistrados. Perdieron la propuesta y en su lugar se adoptó en lo fundamental el texto actual de la Constitución. Pero la intención del conjunto era dar seguridades para la independencia de la Corte y de los magistrados. El filtro de los ocho años se estableció para el caso en que algunos resultaran incompetentes en sus funciones, pero la idea era que quienes las cumplieran a cabalidad siguieran adelante hasta que se retiraran o se murieran. Lo único que se exigía era la excelencia en el desempeño del cargo.

En tiempos del bipartidismo ese principio no se cuestionó. Los nombramientos se hacían en consulta entre las dos fuerzas políticas dominantes. Pocas personas que no estuvieran dentro de este esquema podían acceder a los cargos. Pese a ello, se puede decir que la mayoría de las selecciones fueron apropiadas, dichosamente. Pero hoy tenemos una gran dispersión de fuerzas políticas, y ponerse de acuerdo sobre un nombre cuesta mucho. De ahí que el último nombramiento para la Sala se demoró más de un año.

Por otra parte, desde el momento en que las mayorías desaparecieron de la Asamblea Legislativa, y los asuntos que no podían resolverse empezaron a ser enviados a la Sala Constitucional, su composición política se volvió un asunto de la mayor importancia. Dependiendo de dicha composición, podría esperarse resoluciones en uno u otro sentido. Recuérdese lo que pasó con la reelección presidencial, primero rechazada y luego aprobada, después de un cambio en la integración de la Sala.

Hoy en día hay asuntos que resolver que importan a ciertas fuerzas políticas y económicas, independientemente de los intereses generales del país. Así que no resulta extraño que ese sea el fondo de la no reelección de Fernando Cruz, impulsada por la bancada del PLN con el pretexto de “decisiones macropolíticas”, que nadie sabe lo que significan.

Por supuesto que se necesita revisar las funciones de la Sala y proponer las reformas que mejor convengan. Pero esa es una tarea que la Asamblea no ha abordado por razones que las diferentes fracciones partidarias sabrán explicar. Tratar de justificar la no reelección por la necesidad de reformas, no solamente no es creíble sino que es absolutamente ridículo.

Por ahora Fernando Cruz sigue en su cargo, y es deseable que continúe por ocho años más, porque los tiempos que vienen son difíciles y se necesitan magistrados como él en la Sala Constitucional.

¡Se alinean o no hay reelección!

Según el jefe de fracción legislativa del PLN, no reeligieron a Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional, porque se quería “…reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República…”, y porque también se le quería enviar un mensaje al Poder Judicial sobre la necesidad de renovarse, dado que “…la Corte Suprema de Justicia no está cumpliendo con el principio de justicia pronta y cumplida”.

Con argumentos tan fundamentados y convincentes, deberíamos dejar de lado cualquier tentación a buscar otras motivaciones, como el ajuste de cuentas por algunos votos de Fernando Cruz o la necesidad de retomar el control de la Sala Constitucional, que en los últimos tiempos había empezado a dar muestras de una independencia que algunos intereses políticos consideran inconveniente.

Pero el “sospechómetro” inevitablemente no para de sonar, sobre todo porque pasada la votación, la fracción liberacionista se fue a celebrar la gran jugada realizada, con la complicidad de libertarios, cristianos, pasistas y socialcristianos, con honrosas excepciones, por supuesto.  El hecho es que la jornada del jueves, a pesar de la gran manifestación popular de la mañana en demanda de soluciones a la situación de la Caja, terminó con un marcador de uno a cero a favor de la fracción liberacionista y sus aliados, y en contra de la institucionalidad democrática del país.

Con esta brillante jugada, treinta y ocho diputados despojaron al país de un perspicaz magistrado, que hacía su trabajo con seriedad y con total independencia de criterios políticos.  No siempre estuvimos de acuerdo con los votos de Fernando Cruz, pero siempre le hemos reconocido la profundidad de sus análisis, la solidez de sus argumentaciones y, sobre todo, su independencia.  Fernando Cruz no es ciertamente el único con esas calidades, pero tampoco son muchos los magistrados y magistradas que las poseen.  Porque para nadie es un secreto el manoseo político que se hace con los nombramientos de las magistraturas, manoseo que seguramente ocurrirá en el proceso de designación del sustituto de Cruz.

Advertidos están magistrados y magistradas que juegan a ser independientes:  se alinean o no hay reelección.  Y advertida también está la ciudadanía:  si la Asamblea Legislativa sigue integrada por una constelación de fuerzas políticas similar a la actual, muchas otras brillantes jugadas, como la del jueves, podemos esperar en el futuro próximo.

No reelegir a Fernando Cruz para reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República:  ¡menuda tontería, diputado Molina!  ¡Defender la separación de poderes echando a un magistrado que por cierto tiene muy clara esa división!

Fernando Cruz puede irse tranquilo, con la cabeza en alto, porque cumplió con probidad sus obligaciones.  No muchos pueden decir lo mismo, y menos en la Asamblea Legislativa.

¿En picada la democracia tica?

El malestar ciudadano con lo que pasa en el país es pan de cada día. Está en el ambiente; salta en las conversaciones con familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo y otras personas con las que nos relacionamos cotidianamente. No es solamente malestar con el gobierno de turno, o cabreo con los políticos. Es algo más profundo, que toca las bases mismas de la institucionalidad democrática construida a lo largo de años y décadas.

La sensación de que nada funciona, que las instituciones públicas están desbordadas; que no son capaces de darle solución rápida prácticamente a ningún problema, desde los relativamente simples hasta los más complejos, como la crisis financiera y de funcionamiento de la Caja. En fin, la sensación de que los problemas se van acumulando, por ineficiencia o corrupción, sin que se logre vislumbrar soluciones reales a mediano y largo plazo.

Mientras tanto la ciudadanía mira azorada como muchos de los políticos se saltan el presente, sin decir ni pio sobre lo que sucede en la sociedad costarricense, para prometernos el paraíso terrenal después de febrero de 2014, si nos decidimos a elegirlos. Otros se trenzan en estériles luchas personalistas dentro de los partidos, y solamente unos pocos se ocupan de los problemas que afectan a la gran mayoría ciudadana.

El malestar ha empezado a reflejarse sistemáticamente en las encuestas y otros estudios de opinión, bajo la forma de desilusión con la democracia. El Informe del Estado de la Nación, con datos del Barómetro de las Américas, muestra cómo el apoyo ciudadano al sistema político costarricense ha venido cayendo sostenidamente desde hace muchos años, hasta llegar en 2011 al punto más bajo. También la encuesta de UNIMER, recientemente dada a conocer, muestra resultados parecidos. El apoyo al sistema político costarricense y el respeto por las instituciones públicas están a la baja.

Me parece que ese desencanto tiene que ver en mucho con el hecho de que la elección libre y periódica de las principales autoridades no está sirviendo para elegir a mujeres y hombres con programa y con capacidad para ejecutarlo. Es cierto, existe una maraña de leyes y normas que obstaculizan la función pública, pero también lo es el hecho de que buena parte de quienes son electos o son nombrados por razones políticas no tienen los conocimientos, la experiencia ni la capacidad para desempeñar adecuadamente los cargos que ejercen. ¡Y ni qué decir de las calidades éticas!

El cabreo ciudadano está a flor de piel, por lo que no debe extrañar los frecuentes desbordes y excesos que ocurren. No otra cosa se puede esperar cuando un sistema no da respuestas rápidas y oportunas a los problemas que nos aquejan. Más bien es curioso que el país no esté inundado por protestas callejeras de diversa índole.

¡Es una realidad que no puede ser cambiada por la fuerza de los garrotes policiales!